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sábado, 2 de octubre de 2010

JEFE POLICIAL William Bratton QUE REDUJO CRIMINALIDAD EN NEW YORK SERÁ ASESOR DE GOBIERNO CHILENO


Elevó en más de 5.000 hombres la presencia policial en las calles, redujo en 77% la cantidad de denuncias de delitos en pocos meses y creó un reconocido sistema de control de la labor policial.

Se trata de William Bratton, ex jefe de la policía de Nueva York y principal ejecutor del denominado plan Tolerancia Cero, aplicado durante la década pasada en esa ciudad por el ex alcalde Rudolph Giuliani.
Hoy, a los 63 años, el ex jefe policial de Nueva York y Los Angeles se prepara para hacer sus maletas y radicarse en Chile como uno de los principales asesores en materia de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior.
Su intervención en Chile se gestó en junio pasado, cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el director de la División de Seguridad Pública de esa cartera, Jorge Nazer, visitaron Nueva York, en el marco de una gira destinada a explorar planes antidelictuales.
En esos días, Hinzpeter y Nazer se contactaron con expertos de diversas áreas para solicitarles diagnósticos y propuestas que contribuyeran a reducir los altos índices de victimización y denuncias registrados en Chile. Los que están muy por debajo de los indices de países vecinos.  Así, se solicitó una propuesta incluso a Rudolph Giuliani, pero fuentes de gobierno afirmaron que en La Moneda prefirieron el método de Bratton.

"Ventanas rotas"
Las mismas fuentes dijeron que el acuerdo entre La Moneda y Bratton está listo y que se espera que Bratton llegue en noviembre próximo al país.
Su método está basado en el modelo de combate al delito denominado "teoría de las ventanas rotas", desarrollado por George Kelling, que postula que si la comunidad no se ocupa de reparar las ventanas rotas de un edificio, al poco tiempo los vecinos se encargarán de romper el resto de ellas hasta que, eventualmente, el edificio entero sea destruido.
Por ello, se espera que el experto colabore también con la aplicación de medidas estratégicas que apunten a la reducción de conductas no penalizadas, pero sí rechazadas socialmente.
"La idea era que esas propuestas pudieran ser incorporadas en la nueva estrategia de Seguridad Pública 2010-2014. Se le indicó la necesidad de que la aplicación de su propuesta calzara con el caso a escala local y hubiera demostrado resultados concretos. Así fue y estamos muy satisfechos con su propuesta", explicó Jorge Nazer.
Si bien el gobierno no detalló el costo que significa traer al zar antidelito de Nueva York a Chile, informó que la asesoría de Bratton se hará a través de la firma estadounidense Altegrity, que él gerencia y que se financiará, en parte, gracias al aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Se espera que Bratton asesore la implementación del Centro Estratégico de Análisis del Delito (Cead) en su área tecnológica y aporte su experiencia en la intervención en barrios críticos, además de crear un modelo de compromiso de cumplimiento de metas planteadas por las propias policías

ARGENTINA: TESTIMONIO DE NUEVOS SOBORNOS EN ARMADA ARGENTINA


El ingeniero Angel Cadelli, ex vicepresidente del Astillero Río Santiago, prestó declaración testimonial en la causa judicial sobre presuntos sobornos que habría recibido la Armada argentina para firmar un contrato de compra del diseño de buques patrulleros al consorcio alemán Ferrostaal. En la audiencia reiteró que la propuesta que presentó para construir los buques era de 100 millones de dólares menos a la que negociaba la Armada con los alemanes y que a pesar de eso nunca fue tenida en cuenta.

Participaron del procedimiento judicial dos abogados de la empresa germana y un letrado de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina, además de dos funcionarios del juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, que tiene a cargo la investigación del caso.
La causa se inició cuando La Capital publicó el 10 de junio pasado el testimonio de un testigo arrepentido de identidad reservada, un alto ex ejecutivo de Ferrostaal, con sede central en Essen, Alemania, que reveló en Munich cómo fue el circuito de un soborno de 218.750 euros que habrían recibido funcionarios de la Armada para viabilizar el contrato de los planos de los barcos.
El Ministerio de Defensa denunció penalmente a ocho militares, funcionarios y empresarios argentinos y alemanes por cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional y pidió ser querellante en esa causa, situación procesal que aún no fue resuelta por el juez Lijo. El fiscal consideró que había mérito para iniciar la investigación y los imputó a todos los denunciados por esos probables delitos.
También, y en forma paralela, se inició otra investigación judicial, que lleva adelante el magistrado Norberto Oyarbide, por sospechas de una licitación digitada a favor de la misma empresa Ferrostaal para proveer de motores a la fragata Libertad, buque escuela de la Armada. En esta otra causa, siete altos oficiales de esa fuerza fueron imputados por administración fraudulenta, estafa y negociación incompatible con la función pública.
Entre ambas causas, la de la compra del diseño de los buques patrulleros y la de los motores de la fragata Libertad, hay 14 personas acusadas de diversos ilícitos.

Cotización más baja. Durante las tres horas y media de declaración testimonial en los tribunales porteños de Comodoro Py el ingeniero Cadelli, hoy en funciones no directivas en el Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada y de propiedad de la provincia de Buenos Aires, volvió a detallar la cotización que había hecho para construir en 2006 cuatro unidades del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM). “Por el diario La Capital nos enteramos de que Ferrostaal negociaba con la Armada un contrato de entre 230 y 250 millones de euros para hacer los barcos,cuando nosotros habíamos cotizado 100 millones de dólares menos por el mismo trabajo”, le dijo ayer Cadelli a este diario.
Cadelli se refería a la revelación de un testigo alemán arrepentido que dio esa cifra en su testimonio ante los fiscales de Munich, que también investigan a Ferrostaal por casos similares de corrupción en varios países. “Nadie ha salido a desmentir el valor de 230 a 250 millones de euros por el contrato. Ni la Armada, ni Ferrostaal, por lo que le otorgamos veracidad”, dijo Cadelli.
En realidad, ese contrato millonario con la empresa Ferrostaal nunca llegó a materializarse, pero sí otro menor por unos 3,5 millones de euros, para lo cual los alemanes le habrían pagado a los negociadores argentinos entre el 6 y 6,5 por ciento en sobornos.
Los trabajadores del astillero estatal enviaron sendas cartas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Defensa Nilda Garré para reclamar se adjudique a Río Santiago la construcción de los buques, por los cuales la Armada ya pagó 3.230.000 euros al astillero chileno Asmar para el desarrollo conjunto de los barcos, que todavía no comenzaron a construirse. Ese desembolso comenzó en 2007 y mientras la Armada nacional todavía no tiene ninguno en servicio, Chile ya cuenta con dos en operaciones, el “Piloto Pardo” y el “ Comandante Toro”, además de otros dos en construcción.
Estas naves se utilizan para patrullar las aguas jurisdiccionales y evitar la pesca ilegal, entre otras funciones. Su diseño está basado en los patrulleros alemanes BGS (Bundesgrenzenschutz) que el astillero Fassmer construyó para la marina alemana.
El juez Lijo espera que la Fiscalía de Munich le remita, vía exhorto diplomático, una copia oficial de la declaración del testigo arrepentido, para avanzar en la investigación de la causa judicial.

ECUADOR. EL NO-GOLPE DE ESTADO DE RAFAEL CORREA


Algo mucho mas evidente y profundo que los ocho muertos y 274 heridos dejó la rebelión policial, de la Fuerza Aérea y sectores civiles en Ecuador el jueves pasado.
El presidente Correa yace tendido en una camilla dentro del hospital 

Es necesario detenerse antes, en el temprano proceso de los hechos para obtener una óptica más analítica de como se pudo haber llegado tan lejos.
Basalmente el gobierno de Correa, al igual que toda la comunidad de países del Alba, siguió el camino de Chávez, Kirchner-Fernandez, Morales, o el supra camino de los Castro en Cuba. Que no fue otro que imponer a sus gobernados la supresión de las garantías constitucionales, vía decreto, reformas a la Constitución o Leyes de Cuorum Calificado, en donde se han enfrentado violentamente no solo con la oposición política, si no además con sectores productivos específicos, la Iglesia y los medios de prensa. 
Ilustrativo es el intento de cerrar el Congreso por parte de Correa si no se aprobaban los proyectos de leyes enviados por el Ejecutivo, en un claro signo antidemocratico y golpista, en este caso, auto golpe de estado. Así como el intento de controlar los medios de comunicación para suprimir todo atisbo de critica y libertad de expresión. Es decir, existían serios y detonantes elementos previos a lo sucedido el jueves.  Sucesos que deben interpretarse como una lógica explosión social que canalizo un movimiento de un sector de las FFAA, pero que estaba latente y acumulando presión cual mega sismo en las placas tectónicas de la política ecuatoriana. Al que confluyeron movimientos estudiantiles, sindicales, sociales, de oposición y ciudadanos comunes. Los que en forma espontanea se suman a los hechos que ven desencadenarse vía los medios de comunicación que transmiten en vivo como el sistema político económico que los sofoca, simplemente tambalea. La respuesta social se hace presente revelándose contra el gobierno de Correa, impulsado por la presión social contenida en una anarquica y breve verdadera revolución contra una clase política e ideológica que ha radicalizado el panorama y la correlación de fuerzas y sus actores.

Por su parte, Correa adolece de una clara ausencia de habilidades proactivas de negociación. Queda claro al presentarse Rafael Correa al balcón presidencial ante sus partidarios en una histrionica escena, en donde pretende apagar con kerosene un incendio. "Aquí esta mi pecho, matenme". Dio mas la impresión de un calculado y egocentrico dialogo para pasar a la historia que un llamado a la cordura. Muy por debajo de un centrado, medido, mesurado Presidente de la República que aquieta a las masas, las conduce por caminos seguros y no sobre estimula a sus oponentes que están observando por los medios sus declaraciones,insultandolos, tendiendo sobre ellos, la fuerte acusación de golpistas. ¿O acaso el sino Zelaya le atormenta?. Creo que ambas.
Un  factor que coayudo a la crispación de la situación ya fuera de control, fue la irresponsable arenga a la población civil protagonizada por el canciller Ricardo Patiño llamando a concurrir en masa a "rescatar al Presidente Correa secuestrado por los golpistas". Enviar a las masas civiles desarmadas a enfrentarse a una fuerza policial entrenada, atrincherada y fuertemente armada fue un elemento que demuestra  la total carencia de cordura y mesura en el entrono del circulo más intimo del presidente Correa o más bien es una prolongación de la propia linea conductual de este.
El personalismo excesivo del Presidente Correa, al igual que sus colegas del Alba, es un factor que tensiona la problemática interna, del mismo modo las apresuradas acusaciones a Lucio Gutierrez de haber confabulado en el no-golpe de estado.

EL GOLPE DE ESTADO QUE NO FUE
En un mero y simple análisis de los desafortunados hechos acontecidos, y especialmente del desempeño de las de las fuerzas militares implicadas, se puede observar que
-Los sublevados carecen de una arquitectura operativa y logística
-La operación es amorfa tácticamente
-No se evidencias trazos de coordinación estructural entre los amotinados que den muestras de un golpe organizado, ya sea interna o externamente. 
-Hay ausencia de un Comando y Control que dirige la operación y que plantee la renuncia del Presidente
-No existió una cara visible, oficiales, clase o "junta" de ellos, al mando del movimiento que comunica la toma del poder. 
-Los sublevados se atrincheran circunstancialmente en el Hospital de la Policía por efecto de una dinamica fracasada de negociación, en donde Correa se presenta en el lugar desafiando, con una temeraria y minima seguridad y enfrentado personalmente en un un acto descontrolado, o para las camaras de TV, a los exaltados cuadros policiales en abierto desafio. 
-Los sublevados no intentan copar centros de control politico y comunicaciones, congreso, senado, casa de gobierno, carreteras o puertos. 
-El movimiento de sublevados solo se aboca a exigir la derogación de una Ley, no la supresión de los poderes del Estado o la renuncia del presidente. 
-No se suman las demás ramas de las FFAA, salvo parte de la FAE
-No se ocupan militarmente las cadenas de televisión y radial estatales o privadas. 
Por lo que se aprecia claramente que el movimiento corresponde a un movimiento gremial en armas que canaliza en forma espontanea a grupos políticos y sociales que deciden sumarse, al presenciar la ocasión-oportunidad motivados por un profundo descontento y polarización política que subyace en la sociedad ecuatoriana. No reviste las características de golpe estado, ya que en la operación de los sublevados existen bolsones de organización táctico operativo que evidencian la conclusión de que solo se trato de una explosión social incubada.
La razón de la protesta fue la aprobación, con 115 votos, de la Ley Orgánica de Servicio Público en la Asamblea de ese país. La ley se aprobó, según la propuso el Gobierno, sin tener en cuenta los argumentos de los opositores. El punto más polémico de esa Ley es el que determina que los servidores públicos mayores de 70, que se acojan a un mecanismo de jubilación, recibirán el pago de sus indemnizaciones en efectivo. Mientras que los de 65 a 69 años recibirán un 50 por ciento en efectivo y el resto en bonos del Estado. Además, la Ley, según la interpretación de los policías y militares sublevados, quita el trato especial a los uniformados.  

Por su parte el presidente Correa, y avalado por una parte por la sicosis de un efecto político que sufren todos los presidentes integrantes del bloque ALBA de connotada tendencia o al menos, pro, chavistas. El efecto "Zelaya". 
Y por otra parte, con la reacción inmediata de todos los presidentes latinoamericanos dandole su apoyo, incluida reunión de emergencia de UNASUR en Buenos Aires y seción extraordianria de la OEA, Correa así capitaliza victimizandose en el plano de ser sujeto de una intentona de golpe de estado, nunca asumiendo que la explosion gremial-social de la que fue objeto, es tambien su propia responsabilidad. Poniendo los hechos acontecidos, en un ficticio contexto acomodaticio, de ser blanco de oscuras maquinaciones de EEUU y/o de actores politicos internos. Rafael Correa logra posicionar los hechos en el contexto de los organismos internacionales y en su discurso político ante el paíscomo lo que no fue. Un golpe de estadoque pretendía no solo quitarlo del poder, si no además asesinarlo.
Sobre esa logica será su futura relacion y reaccion con los sectores de la oposición ecuatoriana.

Las bases estan sentadas, los elementos dispuestos, los actores en sus posiciones. La viabilidad de los mecanismos en derecho y la constitucionalidad seriamente cuestionados. 
Tal como dijera Nestor Kirchner a Hugo Chávez una vez perdido el referéndum, "esto debe hacerlo meditar". 
Rafael Correa esta sentado sobre un volcán social que al ser presionado en la radicalización de su propuesta politica, estallara, tal como sucedio ahora, o lo hara en forma planificada enviando al tacho los mecanismos que otorga la democracia participativa.
El núcleo chavista tiene riesgos compartidos al tratar de imponer politicas sociales y económicas dañinas dentro de su proceso de alterar los equilibrios democráticos en sus respectivos gobiernos. Así quedo plenamente demostrado en el caso ecuatoriano que se extrapola al núcleo ideologico de los países integrantes del bloque.
A alguien le están quedando muy pocos granos en un inexorable reloj de arena. El péndulo de la historia continua su movimiento.

Análisis: ¿Un secuestro y la ''Muerte Cruzada'' que dará nueva vida a Rafael Correa?



Bombas lacrimógenas, tiroteos, arengas pro revolución y un secuestro fueron parte de los trágicos hechos que este jueves empañaron la lábil democracia ecuatoriana. Acá un análisis sobre el antes y el después del secuestro de Rafael Correa.
Los mal pensados en Ecuador ya intuyen lo que podría venir: mayor altura moral para invocar un periodo de excepcionalidad constitucional, tras invocar a la ''muerte cruzada''.
  • Vie, 10/01/2010 - 01:27
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Gas lacrimógeno, sirenas que suenan de fondo, los gritos de los manifestantes y un cerro de llantas que se queman en la acera, son los elementos tradicionales de cualquier sublevación a la autoridad, piezas de la escena política que también estuvieron presentes este jueves en las principales ciudades de Ecuador, aunque esta vez manejadas por los efectivos de la Policía Nacional, rama de la Defensa que se alzó contra el presidente Rafael Correa a raíz de la resistida Ley de Servicio Civil, pero sobre todo: por la actuación de un primer mandatario que a pesar de estar en territorio apache, llegó a gritarle a la multitud que protestaba: “¡si quieren matarme, aquí me tienen; mátenme!”.
Las protestas de la policía comenzaron cerca de las 08:00 (hora local) de este jueves en la capital ecuatoriana, un movimiento de tropas que poco a poco fue sumando contingente y del que fueron alertados en el palacio de gobierno, accionar que no amilanó a Carondelet (nombre del palacio ubicado en el centro histórico de la ciudad) y que horas más tarde desató el viaje intempestivo de Rafael Correa hasta el regimiento Quito 1, ubicado en la concurrida avenida Mariana de Jesús, a esa hora, el punto más álgido de la sublevación policial.
Si bien la llegada de Rafael Correa hasta el principal regimiento policial de Quito fue recibido inicialmente como una señal positiva, un gesto conciliador de parte del primer mandatario, minutos más tarde no quedaron dudas de que se trataba más bien de un cuestionamiento directo a las reivindicaciones de los policías, un reparo temerario que dio paso al discurso exaltado de Correa en contra de los cientos de policías que lo escuchaban en el patio principal del regimiento Quito 1.
Lo que vino después fue el caos, a partir de la detonación de una bomba lacrimógena muy cerca del presidente, cuando era escoltado por su reducido y sobrepasado equipo de escoltas, quienes utilizando máscaras antigases intentaban con dificultad colocarle una a Correa. En ese minuto todo se había ido de las manos y el primer mandatario, caminando con dificultad -está convaleciente de una operación a la rodilla-, fue conducido hasta el Hospital de la Policía, establecimiento de salud colindante con el regimiento Quito 1.
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Desde que Rafael Correa ingresó rengueando al hospital, hasta el cierre de esta edición transcurrieron cerca de diez horas, una tensa espera no sólo para los ecuatorianos que simpatizan con Alianza País, el partido oficialista, sino para una población que a ratos cojea por los frecuentes y cercanos golpes de Estado -Abdalá Bucaram (1997, a seis meses del inicio de su gobierno), Jamil Mahuad (2000), Lucio Gutiérrez (2005)-, derrocamientos que durante este jueves volvieron una y otra vez a la memoria  de los ecuatorianos.
Lucio Gutiérrez, un ex militar y líder del partido Sociedad Patriótica, quien lideró el golpe contra el ex presidente Jamil Mahuad, en complicidad con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), es sindicado por Correa como el estratega detrás de su secuestro en el Hospital de la Policía. Un plagio que terminó la noche de este jueves con un efectivo muerto del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional.
Se trató de un impactante operativo de rescate, ininterrumpidamente transmitido por Ecuador TV, la televisora estatal que por horas dominó las transmisiones, un canal que durante la jornada llegó incluso a solicitar el alzamiento ciudadano para rescatar al mandatario desde el quinto piso del hospital. En paralelo, Gutiérrez, un conocido opositor y enemigo político de Correa, en ese minuto hablaba con CNN Español, desde Brasil, un paraje con excelente comunicación internacional, pero demasiado alejado para comandar una intentona golpista.
En Latinoamérica, los presidentes del socialismo del siglo XXI salieron de inmediato a apoyar a Rafael Correa; los más cercanos al centro y la derecha política hicieron lo mismo, así como el chileno José Miguel Insulza, a la cabeza de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el gobierno de Barack Obama, a través de Hillary Clinton y Arturo Valenzuela (secretaria de Estado y secretario de Estado adjunto para América Latina, respectivamente).
Pero más allá de los plausibles apoyos a la gobernabilidad y la democracia, lo cierto es que no se observa ni una mínima correlación en la batalla desatada la noche de este jueves en Quito, tomando en cuenta que las razones del alzamiento policial, justificadas o no, son una mezcla entre exigencias nominales, más cercanas al reconocimiento de una rama muy poco estimada por la población -conocidos popularmente como ‘chapas’- y donde la lucha de clases es notoria; y otras económicas, como la mantención del actual sistema de seguridad social y la cesantía, el cual se piede que incorpore pagos en efectivo para quienes queden cesantes.
Las exigencias de los policías son:
1.- Que se deroguen las disposiciones de la Ley de Servicio Civil que eliminan el derecho a percibir condecoraciones y bonificaciones.
2.- Que se mantenga el sistema de condecoraciones por tiempo de servicio y méritos.
3.- Que se mantengan las bonificaciones por ascensos, las mismas que deberán ser equitativamente entre oficiales y el personal de clases y policías.
4.- Que se mantenga el actual sistema de seguridad social y la cesantía, cuyos pagos, no deberán ser en bonos, sino en efectivo.
5.- Que no existan represalias ni administrativas, ni judiciales, por el reclamo de derechos constitucionales a nivel nacional, únicamente es el derecho a la resistencia contemplada en la Constitución.
A las negociables y nada explosivas exigencias de la Policía Nacional -a raíz de la promulgación de la Ley de Servicio Civil- se sumó durante la tarde de este jueves la rápida y taxativa aclaración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cúpula militar que hizo llegar a Rafael Correa una misiva donde ratificaba el "respaldo al gobierno y a la democracia", y que las Fuerzas Armadas respetarían el Estado de Derecho. Entonces, sin militares conspirando en las calles, y con la ciudadanía mirando todo por Ecuador TV, el inicial tufillo a golpe de Estado comenzó a disiparse, a pesar de que el peak de la tensión estaba por ocurrir en el Hospital de la Policía.
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Los mal pensados en Ecuador ya intuyen lo que podría venir. Con mayor altura moral, el propio Rafael Correa podría invocar ahora con más fuerza a la llamada “Muerte Cruzada”, un derecho constitucional que le permitiría disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas. Deceso constitucional que después del secuestro también toma una nueva fuerza, al debilitar a la oposición y a la figura de mayor liderazgo en ese bando -junto al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot-, Lucio Gutiérrez, lo que podría destrabar varias de las leyes que Correa necesita para potenciar su proyecto político, iniciativas que como las leyes de Aguas y de Comunicación, se espera que sean resistidas por diversos sectores de la sociedad civil.
¿Por qué? Porque la ‘’Muerte Cruzada’’ contempla un periodo de excepcionalidad constitucional -como en Venezuela hasta que la nueva Asamblea esté constituida-, modificable cuando se restablezca la nueva Asamblea Nacional del Ecuador, lapso en el que los decretos presidenciales podrían volver a la vida a Correa.

Piñera: asilo dado por Argentina a un ex guerrillero no contribuye a las relaciones bilaterales



El presidente chileno criticó la decisión del gobierno de Cristina Fernández de darle refugio a Galvarino Apablaza, acusado en Chile de asesinar en 1991 al senador Jaime Guzmán, y del secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio.
"No comparto la decisión del gobierno argentino", dijo Piñera.
  • Vie, 10/01/2010 - 19:41
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Santiago. La decisión del gobierno argentino de otorgar asilo a un ex guerrillero chileno, acusado de asesinar a un senador, no contribuye a una buena relación entre ambas naciones vecinas, aseguró este viernes el presidente de Chile Sebastián Piñera.
Argentina acordó en la víspera que el ex combatiente Galvarino Apablaza, acusado de asesinar en 1991 al senador Jaime Guzmán y del secuestro del hijo del dueño de un diario chileno, podía asilarse en el país, en una decisión que fue repudiada por la mayor parte del espectro político chileno.

"Sin duda que esta decisión de la Conare no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina", dijo Piñera.
La presidenta Cristina Fernández decidió dar el asilo político a Apablaza tras la recomendación de la estatal Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).
"No comparto la decisión del gobierno argentino", dijo Piñera a periodistas.
"Galvarino Apablaza cometió un crimen en Chile, está siendo procesado en nuestro país por la justicia chilena y desgraciadamente ese proceso se ve interrumpido por una decisión de la Conare", agregó.
El senador asesinado, cercano colaborador del ex dictador chileno Augusto Pinochet, fue uno de los máximos líderes del partido derechista y conservador UDI.