martes, 11 de enero de 2011
(Editorial) La Haya: Equipo diplomático-jurídico debe mantenerse
En palabras del canciller José Antonio García Belaunde, el equipo Wagner “ha trabajado bien, con mucha seriedad…
Es una buena noticia que los principales candidatos a la Presidencia del Perú hayan expresado públicamente que, de salir elegidos, mantendrán al equipo diplomático, técnico y legal que representa al Perú ante la corte de La Haya, en relación con el contencioso que debe concluir con la demarcación de la frontera marítima de nuestro país con Chile.
Alejandro Toledo, de Perú Posible, declaró que “nuestra disposición es mantener el equipo a cargo y reforzarlo, de ser el caso”, con lo que coinciden Pedro Pablo Kuczynski, de Alianza por el Gran Cambio, y Manuel Rodríguez Cuadros, de Fuerza Social. En el mismo sentido se han pronunciado los candidatos a la primera vicepresidencia de Fuerza 2011, Rafael Rey, y de Solidaridad Nacional, Augusto Ferrero Costa, lo que reflejaría una posición partidaria. Solo el candidato por Gana Perú, Ollanta Humala, reservó su respuesta y dijo que antes de decidir, evaluará el trabajo del grupo. En general, entonces, el criterio mayoritario de los candidatos es de madurez y responsabilidad con el país y el interés nacional, a lo que deben sumarse, sin duda, el resto de opciones que postulan a convertirse en gobierno a partir del 28 de julio.
Como hemos expresado reiteradamente desde El Comercio, se trata de un objetivo nacional, que debe convocar a la unidad de los peruanos, independientemente de sus opciones partidarias. Se trata, en fin, y esto debe remarcarse, de una política de Estado, que trasciende lo que puede hacer un gobierno específico, sea cual fuere su signo.
Hay, además, razones prácticas para mantener al grupo liderado por el embajador Allan Wagner e integrado por los abogados Eduardo Ferrero Costa, Vicente Ugarte del Pino y Roberto Mac Lean. Este grupo trabaja, además, coordinadamente con un equipo consultivo de quince juristas y diplomáticos, entre los que destaca el embajador Javier Pérez de Cuéllar. No menos importantes, y no exageramos al decir indispensables, son los servicios de los juristas y expertos extranjeros que asesoran nuestra causa, cuyo desempeño ha sido igualmente brillante.
Ha sido extremadamente arduo y complejo lograr el afiatamiento de un equipo de tanta calidad profesional a la altura del trascendental proceso, cuya disolución sería un gravísimo error. Es lo que, seguramente con el mismo criterio, hizo el gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, cuando ratificó el equipo ante La Haya que había trabajado con el régimen de Michelle Bachelet.
Luego, aunque de acuerdo con las normas vigentes en la Corte Internacional de Justicia se mantiene en reserva el detalle de la labor realizada, es evidente que el equipo peruano ha trabajado intensa y eficazmente, primero en la presentación del documento base y luego en la réplica pertinente que se presentó el 9 de noviembre pasado. Y, lo sigue haciendo mientras se espera la dúplica chilena. Posteriormente, vendrá la etapa oral que se iniciaría a fines de este año, ya con un nuevo gobierno peruano. Esta etapa demanda, como la anterior, ingentes esfuerzos de dicho equipo.
En palabras del canciller José Antonio García Belaunde, el equipo Wagner “ha trabajado bien, con mucha seriedad, con mucho rigor, y [...] más de dos años”, y “quisiera celebrar esos anuncios [de los candidatos] porque hay cosas que se hacen con criterio de país”.
De eso se trata. Los objetivos de integración económica y convivencia pacífica entre países vecinos que tienen tanto en común y están llamados a un futuro promisor, demandan que, por otro lado, se resuelvan controversias como la de límites marítimos. El Perú no puede ni debe cejar en su derecho soberano marítimo en el sur, lo que está en proceso y será definido en La Haya.
Una mano negra
La captura de José Enrique Crousillat, por parte de la Policía Nacional, debería de cerrar uno de los más notorios episodios de daño autoinfligido que se han producido durante este mandato. Sin embargo, a medida que se van conociendo detalles de los diversos obstáculos que se pusieron al accionar policial para capturarlo, va quedando claro que, al menos en algunos juzgados, el prófugo broadcaster, contó con un considerable manto de protección que impidió que allanaran oportunamente los lugares donde estuvo refugiado.
Por otro lado, a estas alturas no se sabe a ciencia cierta quién ha estado interesado en que no sea capturado. Uno pensaría que el Gobierno hubiera recuperado credibilidad si lo hubiera encarcelado ni bien el indulto fue revocado. Al final de cuentas, el ministro que cometió la equivocación fue destituido y quienes quedaron a cargo no han ganado nada con el continuo cuestionamiento al aparente olvido en que habría caído este caso.
Al contrario, la percepción de complicidad gubernamental que se había creado más bien ha perjudicado la imagen, tanto del Ministerio de Justicia como del sector Interior, los cuales, evidentemente, ahora se han reivindicado.
Por lo tanto, el dedo acusador apunta principalmente al Poder Judicial.
Considerando que hace pocos días asumieron sus cargos los nuevos presidentes de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Lima, con la manifiesta consigna de atacar la corrupción, bien podrían aprovechar de este caso tan emblemático para empezar su gestión.
Así tenemos que si lograran determinar qué es lo que ha ocurrido en los diversos juzgados que no actuaron, podrían desnudar la modalidad con la que ha venido actuando la mano negra judicial. Eso les permitiría enrumbar firmemente su programa en la lucha anticorrupción, en lugar de estar perdiendo el tiempo atendiendo solícitamente los desaforados reclamos de políticos en época de elección.
Finalmente, este caso no hace sino reiterar la urgente necesidad de reformar el Poder Judicial. Pese a que la inseguridad es una de las principales preocupaciones del ciudadano en esta campaña electoral, es poco lo que el próximo gobierno podrá hacer mientras no contemos con jueces decentes que aseguren que la administración de justicia en nuestro país se llevará a cabo con transparencia y celeridad. No hay duda que esta reforma pendiente es realmente fundamental.
Por otro lado, a estas alturas no se sabe a ciencia cierta quién ha estado interesado en que no sea capturado. Uno pensaría que el Gobierno hubiera recuperado credibilidad si lo hubiera encarcelado ni bien el indulto fue revocado. Al final de cuentas, el ministro que cometió la equivocación fue destituido y quienes quedaron a cargo no han ganado nada con el continuo cuestionamiento al aparente olvido en que habría caído este caso.
Al contrario, la percepción de complicidad gubernamental que se había creado más bien ha perjudicado la imagen, tanto del Ministerio de Justicia como del sector Interior, los cuales, evidentemente, ahora se han reivindicado.
Por lo tanto, el dedo acusador apunta principalmente al Poder Judicial.
Considerando que hace pocos días asumieron sus cargos los nuevos presidentes de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Lima, con la manifiesta consigna de atacar la corrupción, bien podrían aprovechar de este caso tan emblemático para empezar su gestión.
Así tenemos que si lograran determinar qué es lo que ha ocurrido en los diversos juzgados que no actuaron, podrían desnudar la modalidad con la que ha venido actuando la mano negra judicial. Eso les permitiría enrumbar firmemente su programa en la lucha anticorrupción, en lugar de estar perdiendo el tiempo atendiendo solícitamente los desaforados reclamos de políticos en época de elección.
Finalmente, este caso no hace sino reiterar la urgente necesidad de reformar el Poder Judicial. Pese a que la inseguridad es una de las principales preocupaciones del ciudadano en esta campaña electoral, es poco lo que el próximo gobierno podrá hacer mientras no contemos con jueces decentes que aseguren que la administración de justicia en nuestro país se llevará a cabo con transparencia y celeridad. No hay duda que esta reforma pendiente es realmente fundamental.
Partidos Sí Cumple y Juste fueron últimos en inscribir sus planchas
Con su presentación ya son 13 fórmulas presidenciales que entraron en carrera rumbo a las elecciones del 10 de abril
(América TV)
Las planchas presidenciales de la agrupación Sí Cumple y del movimiento Justicia, Tecnología y Ecología (Juste) fueron la número doce y trece, respectivamente, en solicitar su inscripción ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro.
Al local ubicado en la cuadra 5 de la avenida Mariátegui, Jesús María, llegaron ambas fórmulas presidenciales completas.
La de Sí Cumple estuvo encabezada por el ingeniero Carlos Zúñiga, candidato al sillón de Pizarro, quien tuvo como escoltas al profesor Rafael Acosta (aspirante a la primera vicepresidencia) y a la contadora Gladys Espinoza (postulante a la segunda vicepresidencia).
“Sí Cumple se presenta a la lid electoral como una manifestación de todos los pueblos. Pese a ser un partido de origen fujimorista, no tenemos ninguna relación con Keiko ni con Fuerza 2011”, refirió Zúñiga.
Acotó que las discrepancias en “ciertos lineamientos” desviaron los caminos de Sí Cumple y Fuerza 2011, pero tenemos el deber y el derecho de expresarnos libremente. También vamos a presentar nuestra lista parlamentaria”.
En tanto, la fórmula de Juste se presentó liderada por el empresario Humberto Pinazo, aspirante presidencial de esta agrupación política. Con él estuvieron quienes lo acompañan como postulantes a la primera y segunda vicepresidencia, Wilson Barrantes y Víctor Girao, respectivamente.
“Prometemos una gran transformación para el país, con más y mejores oportunidades en salud, educación y trabajo”, expresó Pinazo tras entregar la documentación correspondiente.
Juste ingresa a la lid electoral con el slogan “la gran transformación”, y lleva como símbolo la figura de una paloma. Según Pinazo, esta simboliza al Espíritu Santo.
Alan descarta subir sueldos
Insiste en defender al presidente de Essalud, Félix Ortega, de denuncias de irregularidades.
El presidente Alan García descartó que en su gestión se vaya aumentar el sueldo presidencial y, por ende, de los funcionarios públicos, tal como lo propuso él mismo el mes pasado, a través de un proyecto de ley enviado al Congreso de la República.
“Ya, a estas alturas, mejor no cambiar las reglas de juego. Que el próximo presidente venga y diga ante el país si quiere subirse o no el sueldo”, manifestó ante la prensa en un acto inaugural en el distrito de Carabayllo.
García justificó su desánimo sobre esa iniciativa porque “a la gente nunca le gustó el incremento” a los funcionarios de Estado.
El pasado 18 de diciembre, el Ejecutivo planteó ante el Legislativo la modificación de la Ley 28212, norma que se refiere a la jerarquía de las remuneraciones de los altos funcionarios.
De otro lado, el jefe de Estado calificó de “excelente relación” los vínculos de Perú con Chile. Sostuvo más bien que “hay gente que ve las cosas negativas” en los tratos con ese país. “Nosotros vemos lo positivo y lo optimista”.
DEFIENDE A ORTEGA. El mandatario insistió en defender al presidente de Essalud, Félix Ortega, de las denuncias de supuestas irregularidades, como la que supuestamente habría cometido al atender en su clínica a personas que no tenían el beneficio de la seguridad social.
“Pero eso parece imposible. La clínica Ortega, en Huancayo, era el hospital más importante que tenía Huancayo desde hace cuarenta años”, manifestó.
Si le envían un paciente –anotó– que no está debidamente al día en sus pagos y que no estaba acreditado por Essalud, qué culpa tiene el otro (Ortega) si se lo derivan de la seguridad social.
García pidió más bien juzgar al gerente del hospital que envió a esa persona como beneficiario de la seguridad social.
“No es que defienda al que tiene mucho dinero, pero si uno ve su clínica y su casa en Huancayo, verá que no está para robar ni diez soles por una ecografía”, declaró el jefe de Estado.
“Ya, a estas alturas, mejor no cambiar las reglas de juego. Que el próximo presidente venga y diga ante el país si quiere subirse o no el sueldo”, manifestó ante la prensa en un acto inaugural en el distrito de Carabayllo.
García justificó su desánimo sobre esa iniciativa porque “a la gente nunca le gustó el incremento” a los funcionarios de Estado.
El pasado 18 de diciembre, el Ejecutivo planteó ante el Legislativo la modificación de la Ley 28212, norma que se refiere a la jerarquía de las remuneraciones de los altos funcionarios.
De otro lado, el jefe de Estado calificó de “excelente relación” los vínculos de Perú con Chile. Sostuvo más bien que “hay gente que ve las cosas negativas” en los tratos con ese país. “Nosotros vemos lo positivo y lo optimista”.
DEFIENDE A ORTEGA. El mandatario insistió en defender al presidente de Essalud, Félix Ortega, de las denuncias de supuestas irregularidades, como la que supuestamente habría cometido al atender en su clínica a personas que no tenían el beneficio de la seguridad social.
“Pero eso parece imposible. La clínica Ortega, en Huancayo, era el hospital más importante que tenía Huancayo desde hace cuarenta años”, manifestó.
Si le envían un paciente –anotó– que no está debidamente al día en sus pagos y que no estaba acreditado por Essalud, qué culpa tiene el otro (Ortega) si se lo derivan de la seguridad social.
García pidió más bien juzgar al gerente del hospital que envió a esa persona como beneficiario de la seguridad social.
“No es que defienda al que tiene mucho dinero, pero si uno ve su clínica y su casa en Huancayo, verá que no está para robar ni diez soles por una ecografía”, declaró el jefe de Estado.
Plan del Ejército al 2021 es integrado a la sociedad
Politica
Según informes del general Otto Guibovich
Por primera vez en la historia, universidades, instituciones y personas defensoras de los derechos humanos, como los ex integrantes de la Comisión de la Verdad (CVR), vienen recibiendo documentos oficiales elaborados por el Ejército Peruano en el que se informa la labor realizada en los últimos dos años por esta arma en la lucha antiterrorista en el VRAE, manejo económico, administrativo, así como su modernización institucional.
De acuerdo con información proporcionada a www.perubicentenario.pe, se trata de los informes de gestión 2009-2010 del ex comandante general del Ejército, Otto Guibovich, donde destaca que de este modo “el Consejo Superior del Ejército, como máximo órgano de toma de decisiones, ya tiene el camino trazado de lo que será la vida de este instituto castrense rumbo al 2021, año en que se celebrará el bicentenario de la independencia”.
Según señala Guibovich en esos documentos, “el Consejo Superior del Ejército realizó en el 2009 un diagnóstico institucional, lo que permitió determinar la problemática de los procesos estratégicos de la institución que requerían modificarse o ser cambiados para alcanzar nuestra visión hacia el 2021: constituirnos en un ejército disuasivo, reconocido, respetado e integrado a la sociedad”.
El Consejo Superior del Ejército es integrado por el comandante general y todos los generales de división, que el 15 de enero del 2009 crearon la Región Militar del VRAE con el objetivo de garantizar la logística para la lucha contraterrorista, contra el narcotráfico y para generar el desarrollo sustentable. Igualmente, se creó en esa zona la 22 Brigada de Ingeniería.
El documento está compuesto por 250 páginas y en este también se precisa que en el 2021 el Ejército será cualitativamente mejor, cuantitativamente menor y altamente especializado.
“Se trata de un documento único en su tipo, el cual estamos dando a conocer a la sociedad”, refirió Guibovich.
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