Demandan cumplir sentencia

Se trata de resolución a favor de trabajadores civiles, cesantes y jubilados.
El ministro de Defensa, Jaime Thorne León, debe cumplir sí o sí la sentencia judicial que ordena reglamentar el artículo 60 del Decreto Legislativo 608 y el artículo 408 del Decreto Legislativo 556, dijo enfáticamente Ángel Gutiérrez, presidente de la Asociación de trabajadores Civiles Activos, Cesantes y Jubilados del Ministerio de Defensa Región Sur a EXPRESO. “El incumplimiento de la sentencia judicial que homologa los salarios de los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas en relación con los militares, lesiona gravemente nuestros derechos y colisiona con lo resuelto en última instancia por el Poder Judicial, pretendiéndose dejar sin efecto una sentencia, que ha pasado a la autoridad de cosa juzgada”, refirió.
“La arbitraria e inconstitucional derogatoria del artículo 60 del Decreto Legislativo 608, a partir del 1 de enero de 2009 por parte del gobierno de turno, se dio con la finalidad de burlarse de un fallo judicial seguido en un proceso constitucional. Las normas jurídicas no pueden afectar o regir hechos o situaciones pasadas; la ley desde su vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos”, explicó Tomás Tafur, delegado en Lima de la Aseacejub-Sur.
En tanto Luis Ibáñez Barreda, abogado de los servidores civiles del Ministerio de Defensa Región Sur, sostuvo que “el ministro de Defensa debe saber que la Cuarta Sala Civil de Arequipa mediante Auto de Vista 345 de 2009 y mediante Resolución Judicial Nº 125 del 17 de junio de 2010, ratifica los beneficios laborales de los servidores civiles del sector Defensa, incluso, aclara quiénes son los beneficiarios, los que promovieron y consiguieron la referida sentencia debidamente empadronados y la derogatoria del artículo 60 del DL 608 no puede afectar derechos reconocidos a los recurrentes con anterioridad”.
Abundó que no se puede dejar sin efecto resoluciones que tienen la calidad de  cosa juzgada.

“Con los lavadores de activos del narcotráfico ni a misa”

Instó al PJ a actuar con mayor velocidad en este tipo de casos

Verificó avance de obras en nuevo Instituto de Salud del Niño

Aclaración. "Mi gobierno fue el primero en llevar a los tribunales el lavado de activo de los Sánchez Paredes."

El presidente de la República, Alan García Pérez, afirmó ayer que el Perú ha sido muy permisivo con quienes tienen por origen "la negrura del capital del narcotráfico" y aseguró que él "con el narcotráfico y los lavadores de activos del narcotráfico ni a misa".

Recordó que su gobierno fue el primero en llevar a los tribunales el lavado de activos de la familia Sánchez Paredes, y que hace más de tres años publicó la red completa de empresas, personas e inclusive profesionales que servían a esta familia de la que formó parte Persiles Sánchez Paredes.

Indicó que la información está en el Poder Judicial y que lo que necesitamos es celeridad en los procesos judiciales, por eso le ha pedido y exigido públicamente a dicho poder del Estado que acelere este caso, que es emblemático y de preocupación nacional.

El Dignatario refirió que si bien la empresa del hijo de su secretario general le dio servicios a una firma de los Sánchez Paredes en 2003, esta es una de muchas que le han hecho una prestación a esta familia, incluso de publicidad en medios de comunicación y servicios de aviación.

Pueden investigar lo que quieran, pero tendrían que investigar también a medio Perú que aparece como abogado, arquitecto o como copropietario de caballos de paso entre los que han dado servicios a los Sánchez Paredes.

Dijo que en esta coyuntura electoral no está demás investigar si existe un caso flagrante, pero consideró que porque a una persona le tomen una foto en un acto social no se puede inferir que es cómplice.

Afirmación exagerada

De igual forma, consideró exagerada la afirmación del líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, quien señaló que el gobierno tiene que ver con las publicaciones difundidas en ese sentido. "No hago tonterías de ese tipo, fotos hay de todos con todos en el país, pero de allí no podemos concluir que tienen que ver con las actividades delincuenciales de alguien", expresó.

Agregó que se debe tener mucho cuidado para hacer ese tipo de acusaciones porque va a comenzar una salpicadera, ya que podrían denunciar a los medios que pusieron avisos de los Sánchez Paredes, a la revista que puso aviso de sus eventos sociales y a quien les alquiló aviones o fueron sus abogados.

El Dignatario hizo estas afirmaciones durante una visita de inspección a las obras del nuevo Instituto de Salud del Niño, en el distrito de San Borja.

Dinero de campaña

1 Respecto al dinero que uno de los hijos de Sánchez Paredes dijo haber entregado a su secretaria en 2006, el Jefe del Estado manifestó que "habrá que devolvérselo" si se comprueba que fue así.

2 Aseguró que él no tuvo conocimiento de eso. Explicó que según le han informado, se encontraba en Puno cuando hubo una falta de dinero para pagar una avioneta y le pidieron a un abogado para cubrirlo. 

3 García aclaró que no llamaron a ningún Sánchez Paredes porque él sabe desde siempre quiénes son los Sánchez Paredes.

García no quiere hablar de sus vinos

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Lejos de la transparencia y política de apertura sobre los asuntos de Palacio de Gobierno que ofreció, el presidente Alan García mantiene un sepulcral silencio sobre el misterioso empresario que le “donó” el lote de exclusivos vinos argentinos, etiquetados especialmente con la fotografía y el nombre del mandatario, y por eso, ayer, evadió a los periodistas en sus actividades oficiales.

García participó ayer de una operación masiva de cataratas y en el inicio de una temporada de carnavales, pero en ninguno de estos eventos accedió a responder preguntas de los periodistas.

El presidente de la República reunió a médicos del Ministerio de Salud y de EsSalud para celebrar que ya se han operado de cataratas a más de 100 mil peruanos. En un discurso, en el que evitó cualquier tema político, García dijo que “no hay cosa más noble que devolverle la visión a los pobres”. Después recibió en Palacio a los danzantes del Carnaval de Abancay y hasta se animó a bailar en una alegre comparsa, pero nada de aceptar incómodas preguntas.

Aunque han pasado cuatro días desde que se denunciara la frivolidad que impera en la sede de gobierno, donde las botellas de vino importado que consume el Presidente cuestan 50 dólares y llevan impresa su propia foto, García calla sobre la identidad de sus benefactores, pues los medios de comunicación ya han confirmado que los vinos fueron adquiridos en Mendoza a la bodega Viniterra.

Las preguntas que el Presidente busca eludir tienen que ver no solo con el nombre del generoso empresario, o grupo empresarial, que lo provee de tan costoso licor, sino que a cuenta de qué se realiza esa “donación”, pues el ciudadano tiene pleno derecho a saber, por ejemplo, si el donante tiene intereses o vínculos con el Estado.

Pero, además, el Mandatario también tendría que explicar por qué esos vinos no han pagado impuestos ni tienen el obligatorio control de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) que cualquier producto comestible que ingresa al país sí debe cumplir.

Y ya que la prensa destapó el caso de los vinos ‘Alan García’, sería un buen gesto del Presidente que explique al país si otras empresas le hacen obsequios valiosos, como ha sugerido el periodista Gustavo Gorriti.

Alan quiso tener información de empresas de los Sánchez Paredes

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Era una tranquila tarde de mayo de 2007 cuando Carlos Hamann, entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recibió la llamada telefónica de la ahora ex ministra de Justicia, María Zavala, invitándolo a su despacho. Cuando estuvieron frente a frente, Zavala le explicó a Hamann la razón de dicha convocatoria: “Por encargo del presidente de la República (Alan García) tengo que preguntarle si usted ha recibido o tiene un reporte sobre los Sánchez Paredes”. Sin duda, un verdadero acto de interferencia del actual Mandatario: buscaba desesperadamente obtener información sobre las empresas o personas vinculadas a esta familia, investigada ahora por narcotráfico.

“Siguiendo la política que había aplicado durante los cuatro años como titular y fundador de la UIF, aquella vez le contesté que si ella no lo sabía, yo estaba impedido, de acuerdo a las normas, de proporcionar información sobre los casos que entonces recibíamos. Absolutamente a nadie podía dar esa información. Y nunca voy a decir si lo tuve o no lo tuve”, remarcó en diálogo con diario16 tras indicar que nunca hubo una fuga de información durante su gestión.

En efecto. El presidente García y la entonces ministra Zavala le hicieron ese pedido a Hamann haciendo caso omiso de la norma que impide a la UIF dar ese tipo de informaciones. “Está fuera de toda ética que el Ejecutivo venga a preguntarme si yo tengo un caso”, señaló tras calificar de lamentable este incidente.

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que por Ley estaban obligados a entregar anualmente un reporte administrativo sólo a la Comisión de Economía del Congreso y al primer ministro, “así la UIF esté adscrita al Ministerio de Justicia”. “Y al presidente de la República y a la Fiscalía de la Nación solo en caso existiese un inminente peligro a la seguridad nacional”, precisó. Esto último, obviamente, no era el caso. Hamann explicó que estas se aplican para evitar, precisamente, que los casos que están siendo analizados se politicen.

IMPERTINENCIA PALACIEGA

En julio de 2007, meses después de este claro intento de interferencia, Carlos Hamann renunció a la jefatura de la Unidad de Inteligencia Financiera “cuando ya estaba en curso el objetivo de disminuir o desmantelar nuestra autonomía”.

Según Hamann, había la intención de convertir su organismo en una dirección general del Ministerio de Economía, “lo cual era un absurdo”, aunque luego quedó adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, “lo que era el mal menor”. “Renuncié porque yo no iba a manejar una institución que ya no era la que se me había pedido que fundara y que no iba a tener la independencia que tenía”, afirmó.

Pero la sorpresa más grande fue que en diciembre de ese año, el presidente Alan García anunció públicamente en Palacio de Gobierno que se estaba investigando a los Sánchez Paredes. “Eso me pareció un absurdo porque, por un tema de inteligencia y confiabilidad, uno no anuncia lo que está haciendo, porque van a salir corriendo todos (las personas y empresas implicadas). Ponen en alerta a todos”, manifestó.

“Nunca se anuncia un tema de esa naturaleza antes de que se abra una denuncia fiscal y, aún así, se mantienen las reservas del caso. Más que inoportuno es totalmente perjudicial a una investigación que estaba haciendo el Ministerio del Interior o la Fiscalía”, concluyó.

Investigarán caso de presidente de OSCE

El ministro de Economía, Ismael Benavides, le pide descargos a Carlos Salazar. Parlamentario García Belaunde lo compara con Al Capone.

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Carlos Salazar en foto reciente junto al presidente del PJ. (USI)

El ministro de Economía, Ismael Benavides, ordenó iniciar una investigación en torno a las denuncias de copamiento aprista en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), dadas a conocer por Perú.21. Ayer, el titular del sector llamó por teléfono al presidente de OSCE, Carlos Salazar Romero, para pedirle que remita sus descargos por escrito, a más tardar el martes de la próxima semana.

Si bien esta entidad depende del pliego Economía y Finanzas, el reciente nombramiento de Salazar no estuvo en manos del ministro Benavides. Fuentes del OSCE y del propio Ejecutivo señalaron a este diario que el pedido para la designación del funcionario provino de Palacio de Gobierno.

Eso explicaría por qué entre los integrantes del partido de la estrella que han arribado al ente supervisor destacan César Candela Jara, quien es funcionario de Palacio de Gobierno y hombre de confianza del secretario general de la Presidencia, Luis Nava y Carlos Navas Rondón, un ex fiscal aprista no ratificado.

COMO AL CAPONE. Las denuncias de este diario tuvieron eco inmediato. El congresista Víctor García Belaunde) opinó que la designación de Salazar como presidente del OSCE “es como nombrar a Al Capone como secretario del Tesoro de Estados Unidos”, debido a que “este señor tiene muy mala fama y está cuestionado por todas partes”.

Según García Belaunde, “el APRA comete una vez más la viveza de creer que puede engañar a todos los peruanos y, de esa manera, afectar la moral pública nombrando a personas ‘chauchilla’; esto (el nombramiento de Salazar) es un atentado contra la moral pública”.

Su colega José Maslucán (PNP) anunció que el lunes le pedirá a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso que proceda a investigar este asunto.

Por su parte, la directora de Proética, Cecilia Blondet, calificó de “desfachatez” que “las autoridades tengan el cuajo de actuar de esa manera y crean que van a pasar desapercibidas”.

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