OPINIÓN | Vie. 25 feb '11
Durante períodos electorales, cuando un político es denunciado, siempre exclama que sus rivales buscan perjudicarlo. Sin embargo, nadie podrá negar que es una alarmante señal que la administración del mayor gobierno local –cuando estaba en manos de uno de los pretendientes al sillón presidencial– haya gastado una millonada para evitar ser fiscalizada.
Así tenemos, que la Municipalidad Metropolitana de Lima destinó, a lo largo de ocho años, casi 44 millones de soles para pagarle comisiones a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), institución creada para velar por los migrantes, a fin de que se encargue de supervisar las obras y las adquisiciones de todo tipo de los proyectos que han ejecutado.
De esa manera, más de 1,285 millones de soles en inversiones, que van desde el corredor vial de la avenida Grau al Metropolitano, pasando por semáforos y hasta la compra de vehículos para el serenazgo, fueron encargados a una entidad que no otorga ningún financiamiento, que no tiene ningún 'expertise’ técnico, incluso es una entidad cuya función en general no tiene absolutamente nada que ver con obras en construcción o con proyectos de inversión.
En realidad, el único motivo por el cual se le ha pagado esos jugosos honorarios a esa institución es que con su participación en los proyectos, estos adquieren inmunidad o mejor dicho impunidad, excluyéndolos de la fiscalización tanto del SNIP como de la Contraloría e incluso del cuestionado OSCE, el ex-Consucode. Simplemente, a través de la OIM se logra un manto de encubrimiento que es total.
Por otro lado, el costo real que la participación de la OIM ha representado para el contribuyente de nuestra capital es bastante más alto que los S/.44 millones que les pagaron, ya que, evidentemente, no tienen la capacidad para cumplir de manera adecuada con la función de supervisor que se les encargó, y los proyectos terminaron inevitablemente costando significativamente más de lo que en un inicio se había presupuestado.
Finalmente, uno pensaría que el uso tan sospechoso que se da a esta modalidad llevaría al Congreso rápidamente a cerrarla. Sin embargo, la propuesta presentada por el Contralor para auditar los proyectos con participación internacional está encarpetada en la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente es hoy correligionario de quien ha sido el mayor usuario del encubrimiento que otorga este costoso y escandaloso manto.
Así tenemos, que la Municipalidad Metropolitana de Lima destinó, a lo largo de ocho años, casi 44 millones de soles para pagarle comisiones a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), institución creada para velar por los migrantes, a fin de que se encargue de supervisar las obras y las adquisiciones de todo tipo de los proyectos que han ejecutado.
De esa manera, más de 1,285 millones de soles en inversiones, que van desde el corredor vial de la avenida Grau al Metropolitano, pasando por semáforos y hasta la compra de vehículos para el serenazgo, fueron encargados a una entidad que no otorga ningún financiamiento, que no tiene ningún 'expertise’ técnico, incluso es una entidad cuya función en general no tiene absolutamente nada que ver con obras en construcción o con proyectos de inversión.
En realidad, el único motivo por el cual se le ha pagado esos jugosos honorarios a esa institución es que con su participación en los proyectos, estos adquieren inmunidad o mejor dicho impunidad, excluyéndolos de la fiscalización tanto del SNIP como de la Contraloría e incluso del cuestionado OSCE, el ex-Consucode. Simplemente, a través de la OIM se logra un manto de encubrimiento que es total.
Por otro lado, el costo real que la participación de la OIM ha representado para el contribuyente de nuestra capital es bastante más alto que los S/.44 millones que les pagaron, ya que, evidentemente, no tienen la capacidad para cumplir de manera adecuada con la función de supervisor que se les encargó, y los proyectos terminaron inevitablemente costando significativamente más de lo que en un inicio se había presupuestado.
Finalmente, uno pensaría que el uso tan sospechoso que se da a esta modalidad llevaría al Congreso rápidamente a cerrarla. Sin embargo, la propuesta presentada por el Contralor para auditar los proyectos con participación internacional está encarpetada en la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente es hoy correligionario de quien ha sido el mayor usuario del encubrimiento que otorga este costoso y escandaloso manto.
