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jueves, 17 de marzo de 2011

MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2011 Piñera negoció en secreto acuerdo nuclear con Estados Unidos


Ernesto Carmona (especial para A


ARGENPRESS.info)














Chile y Estados Unidos suscriben el viernes un 

memorándum de entendimiento sobre cooperación en energía nuclearnegociado prácticamente en secreto con el propósito de construir centrales nucleares de manufactura estadounidense. Washington pidió que el acuerdo se firmara 48 horas antes del arribo de Barack Obama.

El gobierno de Sebastián Piñera se propone embarcar a su país en un programa nuclear a espaldas de la opinión pública y política, mientras crece la tensión mundial por el Chernóbil de Japón. La prensa informó que el acuerdo (1) sería rubricado por Jaime Salas, director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y Alejandro Wolff, embajador de Estados Unidos. “Sería”, y no “será”, porque en horas han surgido reparos, incluso desde las filas políticas del gobierno.

El biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, fue convocado a una comisión del Senado para que describa el jueves los planes energéticos de Piñera. "Le vamos a pedir a Golborne que se pronuncie sobre sus dichos a favor de la energía nuclear y también que nos explique más acerca de la firma de estos convenios tanto con Francia como con Estados Unidos", dijo el senador José Antonio Gómez, del partido Radical Socialdemócrata (PRSD). Desde las propias filas del gobierno, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis dijo que "claramente, a raíz de lo sucedido en Japón, la discusión sobre la energía nuclear se complica en Chile".

Voces contra la energía nuclear

La filial de Greenpeace llamó a no suscribir el acuerdo el viernes. Su director Matías Asún dijo que "ante la grave situación que enfrenta la población japonesa por la emergencia nuclear, rechazamos rotundamente avanzar en las bases para traer la energía nuclear a Chile" y manifestó que lo ocurrido en Fukushima ayudaría “a tomar conciencia de lo nociva y peligrosa que es la energía nuclear". Anunció que Greenpeace promoverá una campaña, junto a otras organizaciones, para evitar que se firme el convenio con Estados Unidos. En sentido similar se pronunció la ONG Terram y, por supuesto, numerosos políticos de la oposición a Piñera.

“Exigimos que el gobierno transparente las negociaciones y convenios de colaboración en materia nuclear, de manera que la ciudadanía sea debidamente informada respecto de las decisiones energéticas en las que trabaja la autoridad”, dice un comunicado de Terram. “Creemos que es un momento propicio para visualizar que el futuro está en las energías renovables y no en alternativas energéticas que representan riesgos sustanciales para la población”.
"Después de lo visto en Japón, es una total locura pensar en energía nuclear para Chile", dijo el diputado socialista Marcelo Díaz, quien anunció que los diputados de su tienda pedirán una sesión especial para que el Ejecutivo transparente su política nuclear. “Se está dando por hecho que en Chile vamos a tener centrales nucleares, pero el gobierno no ha informado ninguna decisión al respecto de manera transparente. Se hacen inversiones, se firman convenios y se formulan anuncios como si el tema estuviera zanjado”, afirmó Díaz.

El periodista independiente Alejandro Guillier dijo que Chile tiene notorias falencias para fiscalizar los impactos medioambientales de los proyectos termo e hidroeléctricos. "Imagínense la fiscalización de plantas nucleares; la calificación de los estudios ambientales en Chile es para pensar".

El presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, aseguró a la agencia Orbe que Chile posee recursos para no depender de opciones como la energía nuclear. Aseguró que el desastre en Fukushima, "anuló el modelo tecnológico que teníamos para el uso de esa energía en nuestro país". Dijo que la energía nuclear es ingobernable, mientras en el país ya existe todo para aplicar proyectos de energías renovables no convencionales: "están los recursos, está la tecnología... Sólo falta la voluntad política".

Debate mundial

La crisis en Japón desató un debate mundial sobre la energía nuclear. En Estados Unidos también cuestionan la apuesta de Obama por la energía nuclear (2) y existen severas dudas sobre el sistema de control desde que el accidente en la central atómica de la isla Three Mile Island, a 16 km de Harrisburg, Pennsylvania, el más grande de la historia antes de Chernóbil (1986), inició en 1979 la decadencia de la energía nuclear e instaló una moratoria que hasta hoy prohíbe instalar nuevas centrales atómicas en ese país.

Fukushima reactivó también a los opositores a la energía nuclear en la India. Un acuerdo parecido que firmó ese país con Estados Unidos en octubre de 2008 abrió un mercado de 270.000 millones de dólares para los reactores atómicos. Ahora se disputan los contratos empresas de 45 naciones del Grupo de Proveedores Nucleares. El más relevante fue firmado en diciembre de 2010 con la francesa Areva, pero se desató una controversia por el lugar elegido para crear un parque de energía de 9.900 megavatios, el más grande del mundo, en el estado occidental de Maharashtra. "Además de nuestra oposición a la energía atómica, objetamos la elección del lugar en la costa de Konkan, que se ubica dentro de un cinturón sísmico", dijo a IPS el activista Laxminarayan Ramdas, uno de los líderes de la Coalición para el Desarme Nuclear.

Angela Merkel anunció que Alemania apagará las siete centrales nucleares más antiguas para evaluar su seguridad, en respuesta a la crisis en Japón y, sobre todo, a las masivas protestas contra la energía nuclear, a dos semanas de las elecciones regionales. La desconexión afecta a "las plantas que fueron construidas antes de 1980", mientras las nueve restantes continuarán funcionando. Las centrales atómicas generan el 23% de la electricidad alemana, mientras las energías renovables cubren 9%. La más vieja que se apaga data de 1974.

Notas:

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

La Ley del Revólver

Narcotráfico :::: Litigio familiar por el oro de compañía Minera San Simón.: Nuevos testimonios comprometen a Manuel Sánchez Paredes y a sus hijos con la matanza de Ica.


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Martes 15, 10 am. Manuel Sánchez Paredes aguarda el inicio del interrogatorio en el despacho del
fiscal Herrera.
Una camioneta Mercedes Benz, color plomo, se estaciona frente al local del Ministerio Público de Ica, en el centro de la ciudad. Del vehículo descienden dos guardaespaldas armados que le abren campo a Manuel Sánchez Paredes y a su abogado Roy Freyre. “Aguántate, no te desesperes, por favor”, le indica Freyre a su cliente. El reloj marca las 10 a.m. del martes 15.
La semana pasada, el fiscal José Luis Herrera ordenó la “conducción compulsiva” de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos Miguel y Fidel Sánchez Alayo para que respondan por la matanza protagonizada por sus guardaespaldas frente al Palacio de Justicia de Ica, el jueves 3 de febrero.
Era la tercera y última citación que se les formulaba bajo apercibimiento de ser “conducidos a la fuerza” si volvían a dejar plantado al fiscal Herrera.
Durante el interrogatorio, Manuel Sánchez Paredes declaró que el martes 1 de febrero viajó a Trujillo para solucionar problemas relacionados con sus empresas y permaneció allí varios días. Presentó como prueba los tickets de su viaje aéreo. Sostuvo también que Gonzalo Alzamora Ruiz, pieza clave del triple crimen, es abogado de Compañía Minera San Simón y su amigo desde hace 20 años. Sin embargo, dijo que éste actuó por cuenta propia al demandar a sus hijos para dejarlos fuera de la empresa minera.
Manuel Sánchez Paredes abandonó la Fiscalía dos horas después. Algunos curiosos que lo alcanzaron a ver rodeado de guardaespaldas y periodistas se preguntaron si acaso era un candidato al Congreso.
Miguel Sánchez Alayo tomó la posta y llegó a la Fiscalía al mediodía acompañado de otros tres fornidos guardaespaldas. Vestía camisa a rayas y pantalón negro. Negó estar vinculado a la matanza. Su interrogatorio duró otras dos horas y al final partió raudo en una camioneta Mercedes Benz.
A las 2:15 p.m. le tocó el turno a Fidel Sánchez Alayo. Éste llegó al Ministerio Público protegido por cuatro guardaespaldas. En su confrontación con el fiscal Herrera dijo desconocer “los hechos luctuosos del jueves 3 de febrero porque no he realizado alguna acción legal destinada a obtener la administración de Minera San Simón y tampoco tengo intervención en los litigios que se están dando”. Dos horas después se marchó sin brindar comentario alguno en una camioneta Toyota 4x4.
Las declaraciones de padre e hijos coinciden en negar la existencia de una disputa familiar para evitar que se les comprometa en la matanza de Ica. Pero testigos interrogados por el fiscal Herrera cuentan otra historia.

HABLAN LOS TESTIGOS

Juan Temístocles García Córdova (47), uno de los abogados de San Simón, declaró al fiscal que los hermanos Fidel, Manuel, Carlos, Simón y Lola Sánchez Alayo se encuentran enfrentados a su padre desde mayo del año pasado, cuando la jueza Norka Monzón le otorgó a Gonzalo Alzamora, representante de Manuel Sánchez Paredes, la administración de la mina La Virgen, ubicada en Santiago de Chuco, La Libertad. Según el testigo, los hermanos Sánchez Alayo le habían exigido a su padre una mayor participación accionarial de Minera San Simón, a lo que Manuel Sánchez Paredes se negó, respaldado únicamente por su hijo Miguel Sánchez Alayo.
Gonzalo Alzamora y Bladimir Torres López, otro de los abogados de San Simón, y García arrendaron una oficina en la calle Piura 118 para monitorear la disputa familiar que se desarrollaba en el Tercer Juzgado Civil de Ica. Sin embargo, el 17 de diciembre del 2010, los hermanos Sánchez Alayo obtuvieron en el Juzgado Mixto de Paiján un fallo favorable que los nombró administradores judiciales en reemplazo de Alzamora.
El abogado apeló y, el 13 de enero, la jueza Fabiola Ortega, del Tercer Juzgado Civil de Ica, le devolvió la administración de la mina de oro.
Dos semanas después, la madrugada del 1 de febrero, 10 guardaespaldas procedentes de Lima arribaron a Ica. Todos ellos se hospedaron en el Hotel El Embrujo de Ica, cuyos gastos fueron cubiertos por la empresa Fara Catering, de Lola Sánchez Alayo (CARETAS 2168).
Ese mismo día parte del exhorto judicial que favorecía a Gonzalo Alzamora fue sustraída del Tercer Juzgado Civil. Según el abogado García, en dicho robo “participó personal del entorno de los Sánchez Alayo, los mismos que fueron denunciados penalmente el 2 de febrero”.
Bladimir Torres declaró al fiscal Herrera que la mañana del jueves 3 de febrero se encontraba “haciendo un trámite para la recomposición del cuaderno de exhorto sustraído por tramitadores de Carlos Alberto, Fidel, Manuel y Lola Sanchez Alayo, cuando me percaté que 10 hombres se encontraban apostados en diferentes puntos de la Plaza Barranca”.
Torres volvió presuroso al local de la calle Piura 118 y asegura haber visto a los mismos hombres “rondando el lugar”. Informó de lo que ocurría a Alzamora, quien esperaba el exhorto para recuperar la administración de la mina, y éste advirtió a sus propios guardaespaldas. De pronto, según Torres, se escucharon disparos y tanto él como Alzamora escaparon del lugar.
Otro testigo, el suboficial PNP Ademir Vásquez (40), confirmó al fiscal que fue el personal de seguridad de Alzamora el que sorprendió a los otros guardaespaldas matándolos desprevenidos. “Uno de los heridos tenía 5 impactos de bala en el cuerpo. Yo me acerqué a él cuando todavía estaba vivo y me pidió que no lo dejara solo”, contó Vásquez a CARETAS.
Alzamora se presentó por primera vez ante el fiscal Herrera, el lunes 14. Puso a disposición su pistola Glock, calibre 380, y dos de las camionetas que utilizó para escapar. Uno de los vehículos, de color verde y placa A9Q-827, está registrado a nombre de Compañía Minera San Simón.
Los pistoleros aún no han sido identificados, pero el fiscal Herrera sostiene que todavía falta interrogar a aproximadamente 50 testigos. Herrera investiga tanto la sustracción del exhorto del Tercer Juzgado Civil de Ica como la propia matanza ocurrida frente al Palacio de Justicia de esa ciudad.
El fiscal sospecha que el robo del exhorto fue el detonante que condujo a la matanza de los tres guardaespaldas ligados a los Sánchez Alayo. “Estamos avanzando con bastante dinamismo porque se trata de un caso emblemático para la Fiscalía”, declaró Herrera a CARETAS. “Este hecho de sangre no puede quedar impune”. (Américo Zambrano, Carlos Franco)

EE UU vigila con aviones espía los movimientos de los narcos mexicanos

El Gobierno de Calderón solicitó un pacto secreto sobre los vuelos no tripulados

YOLANDA MONGE - Washington - 17/03/2011
 
Soldados mexicanos, en la puerta de la casa de Acapulco
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Soldados mexicanos, en la puerta de la casa de Acapulco donde fueron 
asesinados ayer a tiros una mujer y sus dos nietos.- BERNARDINO HERNÁNDEZ (AP)

Estados Unidos ha estado enviando aviones no tripulados a México desde el pasado febrero 
dentro de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en el país vecino, según informó 
ayer el diario The New York Times. El acuerdo se había mantenido hasta ahora 
en secreto debido a restricciones legales y a la sensibilidad política 
mexicana sobre el tema por cuestiones de soberanía territorial.
El diario neoyorquino cita a fuentes tanto mexicanas como estadounidenses a la hora de
 confirmar que fue México quien pidió a Washington el uso de los aviones espía, que hasta 
ahora solo supervisaban la frontera, dentro del espacio aéreo mexicano para recabar datos 
que ayuden a desmantelar las redes de narcotraficantes.
La Constitución mexicana prohíbe cualquier injerencia militar o de fuerzas extranjeras. Pero la degradación de la situación y el incremento de la violencia en México han provocado la toma de medidas excepcionales. "No hace tanto tiempo, en la DEA [Agencia Antidrogas, en sus siglas en inglés] ni hubiéramos soñado con llevar a cabo las actividades que desarrollamos ahora", asegura al diario Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA.
Los vuelos son realizados por los drones, aviones no tripulados Global Hawk -los mismos que se utilizan para el espionaje en la guerra de Afganistán-, unos aparatos que vuelan a más de 10.000 metros de altitud y que son invisibles desde tierra. El objetivo de los drones es seguir al minuto los movimientos de los sospechosos implicados en el narcotráfico con el fin de localizar y desmantelar sus redes. Desde finales del año 2006, más de 34.000 personas han muerto en México por la violencia que genera el tráfico de drogas.
Según The New York Times, que cita a fuentes del Pentágono sin aportar nombres por razones de seguridad, los vuelos autorizados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU son fruto de varios acuerdos bilaterales alcanzados entre los mandatarios de ambos países, que fueron ratificados en la última visita que el presidente Felipe Calderón hizo a Barack Obama en la Casa Blanca el pasado 3 de marzo.
Tras la escalada de la violencia en los últimos cuatro años, EE UU ha tomado un papel más activo en la lucha contra los carteles de droga. Además de los vuelos, EE UU lleva años entrenando a miles de policías y tropas del Ejército mexicano y aportando equipo y tecnología en la batalla contra los narcos.
Los drones han permitido la localización de varios sospechosos relacionados con el asesinato el mes pasado en territorio mexicano del agente estadounidense de los servicios de inmigración Jaime Zapata. Las autoridades mexicanas criticaron a la Administración de Obama, ya que fue necesario que muriera uno de sus ciudadanos para que Washington prestara atención a la violencia que desangra México.
La cooperación entre EE UU y México en materia de lucha contra la droga es muy opaca. A pesar de que ambos países reconocen que su trabajo juntos ha sido crucial para capturar a al menos 20 grandes capos y que el espionaje de EE UU ha jugado un gran papel, los acuerdos se mantienen en el más absoluto secreto. "La única manera en la que vamos a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo en territorio mexicano es si permitimos que de alguna manera México lo pueda negar cuando quiera", explica descarnadamente el exjefe de operaciones de la DEA.
Fuentes citadas por el diario The New York Times aseguran que México, entre otras cosas, hace la vista gorda respecto a las escuchas telefónicas que coloca EE UU en las líneas de los narcotraficantes. Lo mismo sucede cuando se ignora conscientemente que agentes estadounidenses vayan armados por las calles de México, en una clara violación de la Constitución. Se desconoce el número total de vuelos que se han realizado bajo el hasta ahora acuerdo secreto entre México y EE UU.

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