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Conflicto. Por recorte de presupuesto para las FFAA y policía. Retirados y familiares de efectivos elevaron acción de amparo al Poder Judicial contra el presidente García, la PCM y el Congreso. Advierten protestas.Marco Sánchez.
El recorte de presupuesto para las Fuerzas Armadas y Policiales el 2011 y el incremento de sueldos que quedó en manos de una comisión especial que elaborará su propuesta en 180 días, motivó la reacción de la familia militar-policial que presentó una acción de amparo contra el gobierno.
Oficiales en retiro y familiares tramitaron esta demanda por “amenaza de violación de derechos constitucionales” ante el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, en resguardo de sus pensiones y la seguridad nacional debido a las omisiones en el dictamen de Ley de Presupuesto.
“Hemos denunciado al presidente Alan García, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al procurador del Congreso por la amenaza de retirarnos la Cédula Viva y el recorte que afecta las operaciones básicas de seguridad”, explicó el comandante EP (r) Jorge Rivas.
Treinta gremios agrupados en el Frente Amplio Civil-Militar-Policial suscriben el documento.
Fomenta indisciplina
El general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza señaló que el recorte de partida –puesto en un fondo de contingencia a cargo del MEF– “afectará el gasto en combustible, alimentos, rotación del personal, operaciones y disminuirá la actividad en zonas del narcotráfico”.
Señaló que todo ello gravita en la moral de los institutos armados y policiales, hecho que “fomentará la indisciplina” y reavivará protestas gremiales.
La demanda elevada el 17 de noviembre además se fundamenta en tres disposiciones finales del proyecto de ley presupuestario, sobre sueldos, homologación de pensiones y cierre de escuelas. Estas fueron retiradas en el dictamen aprobado por el Congreso.
“Ello no impide que la demanda continúe, pues hay derechos amenazados. Con la comisión para reestructurar sueldos, se llegará a la misma situación”, dijo Barrantes.
Si el juez desestima el amparo, el gremio amenazó con acudir al Tribunal Constitucional.
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