Argentina: a 35 años del golpe militar, hay quienes aún lo defienden
Vladimir Hernández
BBC Mundo, Buenos Aires
· Jueves, 24 de marzo de 2011
Foto de Gerardo Dell'Oro, parte de un ensayo fotográfico sobre
su hermana desaparecida Patricia.
Argentina conmemora este jueves el 35º aniversario del golpe de Estado que dio inicio al último gobierno militar (1976-1983), cuyos responsables causaron la muerte o la desaparición de 30.000 personas, según las organizaciones de derechos humanos.
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Aunque varios de los máximos jerarcas cumplen prisión perpetua y ya se juzgó a 200 responsables por crímenes de lesa humanidad –como asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones y robo de bebés-, la mayoría de las causas aún aguardan una resolución de la justicia.
Se espera, como todos los 24 de marzo, que miles de personas acudan a la emblemática Plaza de Mayo para reclamar juicio y castigo para los cientos de acusados que aún siguen libres, la mayoría de ellos ya ancianos.
Los procesos por crímenes de lesa humanidad se reanudaron en 2003, cuando el Congreso declaró nulos los indultos dictados en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem.
Pero no todos los argentinos comparten ese afán por encarcelar a responsables de las atrocidades, casi todos ex militares y policías.
A pesar de que ya han pasado 35 años, las heridas no cicatrizan en la sociedad argentina y hay una minoría que enarbola argumentos que justifican lo ocurrido.
Aseguran que no hubo terrorismo de Estado sino una guerra, reclaman que se juzgue también a los guerrilleros que quisieron tomar el poder y se quejan de que Argentina está gobernada por ex montoneros (militantes de izquierda).
Ángeles y demonios
Ese sector de la sociedad considera que los militares salvaron un modo de vida.
La primera diferencia empieza por la denominación de la época. Para la mayor parte de la sociedad argentina, los años transcurridos ente 1976 y 1983 fue una dictadura, tiempos de "represión y terrorismo de Estado". El sector que reivindica a los militares defiende la llamada "teoría de los dos demonios", que no habla de terrorismo de Estado sino, por el contrario, de una "guerra contra el terrorismo".
"Se evitó con el Proceso [de Reorganización Nacional, nombre con el que se autodenominó el gobierno militar] que este país cayera en un régimen diferente que la democracia", le dice a BBC Mundo Jorge Mones Ruiz, un ex mayor de caballería que fue escolta presidencial del mandatario de facto Jorge Rafael Videla cuando éste llegó al poder.
"No hubo ángeles de un lado y demonios del otro. Hubo ángeles y demonios de ambos lados", añadió.
Mones Ruiz es parte de un sector de la sociedad que bien puede ser representado por la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina, que es aquel que defiende a los militares juzgados o sentenciados por sus acciones durante el último gobierno militar.
"Los muertos no empezaron el 24 de marzo, sino antes. Se juzga a los comandantes de después del levantamiento del 24 de marzo, pero nunca fue más grave el ataque terrorista al país que en democracia", afirmó el ex oficial, refiriéndose a la lucha armada de grupos guerrilleros antes del comienzo del gobierno de facto, en tiempos de la presidenta María Estela "Isabelita" Perón.
Diferencia de conceptos
En los juicios a los ex militares se han comprobado torturas sistemáticas en centros de detención clandestinos, fusilamientos, el arrojo de prisioneros al mar e incluso la apropiación de niños, un delito por el que el propio Videla fue condenado a cadena perpetua.
"En los juicios a los ex militares se han comprobado torturas sistemáticas en centros de detención clandestinos, fusilamientos, el arrojo de prisioneros al mar e incluso la apropiación de niños"
A pesar de los 30.000 muertos y desaparecidos que hubo en esos años, según un informe oficial posterior al régimen, el ex militar se opone a que se le llame genocidio.
"No existió tal cosa. Acá no hubo genocidio, no se persiguió por raza o religión, sino que se persiguió a delincuentes", sostuvo.
"Obviamente hubo más bajas de su lado que el otro, si no hubiésemos perdido la guerra", dice Mones Ruiz, quien insistió en que no pueden ser 30.000 los muertos, sino "unos 7.000".
Los cuerpos de seguridad dicen que en los años de gobierno militar perdieron a aproximadamente unos 500 efectivos en combates con grupos armados guerrilleros como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
El episodio judicial
¿Y qué pasa con tantas denuncias y casos de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la comprobada entrega a militares de bebés recién nacidos de activistas detenidos (que en su mayoría murieron o desaparecieron)?
"Eso forma parte de la campaña. Hubo que inventar esa figura para juzgar a los militares. Si yo hubiera recibido una orden tan infame me hubiese sublevado", aseguró el ex oficial.
Pero acotó: "Ciertamente hubo bebés que se entregaron en la gran mayoría a jueces para que los asignase, o casos que se entregaron a familias por caridad de manera ingenua, pero no era un plan sistemático".
Videla fue condenado a prisión perpetua en diciembre por el robo
sistemático de bebés durante su gobierno.
Vale destacar que el grupo de defensa de los derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo ya ha recuperado a 101 nietos de detenidos desaparecidos que habían sido apropiados ilegalmente y desconocían su verdadera identidad.
"Hoy pareciera que todo se busca cambiar y se habla de jóvenes idealistas que fueron víctimas. No, acá se combatieron a tipos que se levantaron en armas para imponer un sistema diferente", aseveró Mones.
Videla y otros miembros de la plana mayor de aquella junta militar han sido ya sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
Actualmente hay casi 200 militares presos en cárceles argentinas por homicidios y torturas. El hermano de Mones Ruiz es uno de ellos.
"Lo culparon de homicidio, como a otros que yo conocía, pero eran pruebas fabricadas", opinó quien fuese mayor del Ejército, pero que recibió la baja (y estuvo preso diez años) por participar en un levantamiento armado en contra del gobierno democrático en 1990, para presionar por el fin de los juicios a militares durante el gobierno de facto.
Tras el retorno de la democracia en Argentina, en 1983, durante los mandatos de los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem se indultó a muchos militares señalados de violaciones a los derechos humanos.
En 2003, tras la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, el Congreso declaró nulas las amnistías y se abrieron decenas de causas contra efectivos de los cuerpos de seguridad, muchas aún en curso.
"Esto no es justicia, sino venganza. Los terroristas del ayer, son el gobierno de hoy", dijo Mones Ruiz a contracorriente de lo que piensan la mayoría de los argentinos y los organismos internacionales que han elogiado los esfuerzos del país por juzgar los crímenes de la llamada "guerra sucia".
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