Combustible para volar
Parecía una gran incautación de kerosene destinado al narcotráfico. Pero cuando un peritaje encontró que por lo menos parte de lo incautado era combustible para las aeronaves del VRAE, surgió la inquietante perspectiva de un gravísimo delito: que ese combustible, destinado a la operación contrainsurgente y anti-narcóticos de los helicópteros, haya sido vendido para las pozas de maceración de pasta básica de cocaína.
Intervención en el grifo 'Moralitos' en Pichanaki el 17 de febrero.
Por Gustavo Gorriti.-
Fue una acción en la que no se esperaba sorpresas. Cerca de las 3 de la tarde del 17 de febrero pasado, un destacamento de 15 “sinchis” de la base de Mazamari intervino el grifo ‘Moralitos’ en Pichanaki. Ahí, encontraron 2 mil 260 galones del inequívocamente ilegal kerosene, cuya gran demanda zonal procede fundamentalmente de las pozas de maceración del narcotráfico.
Era una captura muy importante de insumos químicos necesarios para el narcotráfico. Si se hubiera trasvasado todo el contenido a cilindros de 55 galones, se hubiera necesitado 41 de ellos para cargar el combustible incautado.
El fiscal especializado anti drogas, Erwin Rojas, estuvo presente en la intervención, que fue reportada poco después por varios medios, sobre todo regionales, como la extraordinaria captura de insumos químicos que, en efecto, fue.
Pero hubo cosas raras desde el comienzo. El kerosene es por lo general rojizo y este era de un color levemente amarillento. De otro lado, el grifo ‘Moralitos’ está a menos de una cuadra de distancia de la comisaría de Pichanaki; y que se sepa, no había una epidemia de ceguera en esa comisaría.
De hecho, no. Porque poco después de iniciada la intervención, llegó la camioneta de la comisaría (la HC-2329) con varios policías a medio uniformar, uno de los cuales –según un parte de la intervención– se presentó como comisario de Pichanaki. Al enterarse de la presencia del fiscal, sin embargo, se retiraron del lugar con fluida rapidez.
¿kerosene o kirosina?
La acción antidrogas en Pichanaki fue, en realidad, resultado de una operación de inteligencia del Frente Policial VRAE, que recorrió en sentido opuesto el camino de los insumos químicos desde, casi literalmente, las pozas del VRAE a los centros de abastecimiento mayorista.
Todo indica, por eso, que el fiscal Rojas tenía entonces ya la suficiente información como para saber que se trataba de una importante operación que, antes que un fin en sí misma, era más bien el comienzo de otra quizá mayor.
Por eso, el fiscal Rojas incautó todo el combustible junto con dos computadoras y ordenó el cierre del grifo y el arresto del administrador, Hosni Lara; de su asistente, Santa Pardo; y del despachador, Jhon Hernández. La dueña, Rosmery Cahuana Vasco, no fue encontrada.
El combustible incautado fue puesto bajo custodia en la base policial de Mazamari. Ese mismo día, algunas de las fuentes de información de la Policía afirmaron que lo incautado no era kerosene doméstico sino “kirosina” o turbo, el combustible para helicóptero.
El fiscal Erwin Rojas tomó entonces –según ha podido conocer IDL-R (reporteros.pe) de fuentes con conocimiento de causa– la decisión de enviar muestras selladas y lacradas del combustible a por lo menos tres instancias técnicas diferentes, para determinar con el menor margen posible de error, si lo que había capturado era el simple kerosene; o si se trataba del turbo, la ‘kirosina’, el que debía servir para hacer volar en el VRAE los helicópteros destinados a combatir a Sendero y el narcotráfico, pero que también podía ser también combustible para el viaje de la coca a la cocaína en las pozas de maceración.
Investigaciones y silencios
En el mapa resaltados Satipo, Mazamari y Pichanaki.
En la Policía y las Fuerzas Armadas, todo aquel que tuvo información sobre el tema, se dio cuenta del significado y las consecuencias posibles de esa investigación. Otros datos de inteligencia indicaron que la cantidad de combustible traficado era todavía mayor: alrededor de cuatro mil galones.
Si eso resultara cierto, las conclusiones resultaban inevitables: las fuentes posibles de aprovisionamiento eran muy pocas. Aparte de la improbable circunstancia de que el aprovisionamiento proviniera de una compañía civil, las fuentes más probables eran la Policía o la Fuerza Armada.
En Satipo, el Ejército tiene una estación de recarga de combustible. También tiene combustible la Policía en la base de Mazamari. Todo aquel que supo sobre el tema tuvo claro que la cantidad de combustible incautado no podía haber sido vendido por personal subalterno. Si se comprobaba que se trató de combustible para aeronaves, ello implicaba la existencia y el funcionamiento de una mafia traficante dentro de la institución afectada.
El que eso pudiera darse dentro de la zona de operaciones del VRAE agravaba considerablemente el asunto.
Por eso, mientras se tendía una cortina de silencio público en torno al caso, empezó una carrera febril de investigaciones paralelas.
Ministro de Defensa, Jaime Thorne, en cabina de aeronave (Foto: ANDINA).
El ministro de Defensa, Jaime Thorne, se enteró pronto de la incautación en Pichanaki.
“Mandé al día siguiente al Inspector del ministerio de Defensa [el general FAP (r) Jorge Kisic] para que investigue qué pasó”, dijo Thorne en entrevista telefónica con IDL-R el viernes 4 de marzo. “Todavía no he recibido resultados [del peritaje]. Estoy esperando el resultado”.
El ministro del Interior, Miguel Hidalgo, recibió la información aún antes que Thorne. “A mí me llegó [la información] e inmediatamente ordené que se la envíe a [el jefe de la Dirandro, general PNP Carlos] Morán, porque la unidad depende de él”, refirió Hidalgo a IDL-R en otra entrevista por teléfono el mismo día viernes”.
Ministro del Interior Miguel Hidalgo en Mazamari (Foto: Andina).
“He sido muy preciso en términos de que se haga la investigación”, sostuvo Hidalgo.
Mientras Kisic y Morán iniciaban la volátil investigación, altos oficiales del Ejército se abocaban a lo mismo. De acuerdo con fuentes bien informadas de esa institución, el jefe del Frente VRAE, general de división EP Víctor Montes, viajó a Satipo e inquirió en detalle sobre el tema con los encargados de administración y abastecimiento de combustible en esa ciudad. IDL-R tratará de precisar en los días siguientes en qué consistió y cuáles fueron los resultados de esa investigación.
General FAP (R) Jorge Kisic (Foto: Archivo La República).
A su vez, el inspector de Defensa, Jorge Kisic, viajó a la zona poco después de la incautación.
“Fui a Pichanaki con dos oficiales”, dijo Kisic a IDL-R, “Vi el grifo. Conversé con la gente…”.
Kisic sostiene que no hay sustancia en la acusación. “Este es un tema de celos entre la PNP y la FFAA en el VRAE”, dijo. “El general Montes fue, investigó y puso de cabeza al técnico a cargo de la estación de recarga en Satipo, donde hay un bladder… y dice que no hay indicio de que se trate de tráfico desde ese sitio”.
Si hubiera habido ese tráfico, argumenta Kisic, “eso tendría que haberse llevado con cisterna… y el EP no tiene control de cisternas [sic]” en la zona.
Sobre la presunta falta de colaboración de la Policía, Kisic indicó que en Mazamari “hay un coronel PNP Lúcar, con quien se entrevistó el capitán de navío Caballero [que trabaja en Inspectoría de Defensa con Kisic] y ayer Lúcar me dijo que no había resultados [sobre el peritaje al combustible]”.
El oficial que menciona Kisic es el coronel PNP Humberto Lúcar, jefe de la base sinchi de Mazamari.
Cabe la posibilidad de que Lúcar no conociera sobre el peritaje, pero éste fue entregado al ministro del Interior hace dos días. En forma paralela, según ha sabido esta publicación, fue remitido al fiscal Erwin Rojas, en Mazamari.
IDL-R consiguió una copia del peritaje, que publica aquí.
El documento está redactado y escrito con todo el cuidado posible por químicos que se percatan de lo explosivo que es el material que analizan.
Pero el peritaje, en medio de su cautela, es elocuente y revelador.
Hay signos de presencia de combustible Turbo en las muestras analizadas.
Quedan otros peritajes pendientes. Se hace necesario determinar los porcentajes de turbo y de kerosene, pero la presencia del combustible de aeronaves ha sido diagnosticada en el combustible incautado en Pichanaki.
Entre tanto, en Mazamari, el fiscal Erwin Rojas ha recibido la autorización del juez para extender una semana más las investigaciones. IDL-R supo a través de fuentes de los organismos de seguridad, que la investigación fiscal comprende ahora a los miembros del Ejército que manipularon el combustible desde el año pasado.
Este caso debe investigarse con energía y con total claridad. Sin imputar culpabilidades que no queden demostradas en la investigación. Pero ésta debe ser rápida y, además, en la medida que la ley lo permita, transparente.
Porque si resultara que el combustible que la nación pagó para que las aeronaves del Estado vuelen en las campañas contra Sendero Luminoso y contra el narcotráfico, fue desviado en alta cantidad para procesar cocaína, el delito no solo sería enorme, lindante con la traición al país, sino implicaría una cadena de responsabilidades que ni por asomo se agotaría en los subalternos de una estación de recarga.
No habrá certeza alguna hasta que la investigación concluya. Pero ya hay signos irrefutables de evidentes anormalidades. Ahora hay que averiguar hasta dónde llegan la responsabilidad de cada cual.
Última actualización el Lunes 07 de marzo, 2011 a las 19:58
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Un comentario a “Combustible para volar”
1.
leoncio dice:Dios mio. Las presiones a todo nivel que estaran soportando el fiscal y el juez. Sigan con los detalles de esta denuncia, que deja en paños menores a vuestro reporte sobre Cofopri
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