(Editorial) Puno: diálogo y orden; no intransigencia
Se debe imponer el diálogo y la negociación para buscar alternativas de solución a una coyuntura que…
A más de dos semanas de las violentas protestas en el sur, debemos advertir sobre la urgencia de buscar soluciones a una situación realmente dañina para la paz social, la economía y el orden político nacional.
Lo primero que salta a la luz es la intransigencia de algunos dirigentes locales, que se cierran a cualquier salida que no sea la que ellos exigen de modo violento. Este radicalismo despierta suspicacias sobre las reales motivaciones de la protesta, que ocurre justo en vísperas de las cruciales elecciones de junio.
Luego, cada vez son más cuantiosos los daños que se causa a la economía regional, e incluso internacional, ya que se ha bloqueado el puente Desaguadero en la frontera peruano-boliviana. Según la organización Perú-Cámaras, las pérdidas ascienden por lo menos a 20 millones de dólares, lo que es un cálculo realmente somero. Además, se está afectando el turismo, fuente principal de la economía altiplánica, teniendo como centro el lago más alto del mundo.
Respecto al Gobierno, si bien tuvo una reacción algo tardía, ha enviado a altos funcionarios para dialogar y negociar, pero se han encontrado con una pared de intransigencia, lo cual tiene que ser conocido por la ciudadanía nacional. ¿Qué pretenden el llamado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y otras dirigencias polémicas? Pues nada menos que declarar a la región “libre de toda actividad minera”, pedido absurdo y radical que rebasa cualquier ordenamiento nacional o regional y que, de aceptarse, implicaría un nefasto precedente.
Es más, la propuesta está llena de contradicciones, pues, según ha informado el Ministerio de Energía y Minas, fueron los propios pobladores los que solicitaron hace varios años que se permita la actividad minera para promover la economía y el empleo. Adicionalmente, se quiere ahora vetar solo la minería formal, supuestamente porque contamina, pero se deja las puertas abiertas a la minería informal que –como ha sucedido antes en Madre de Dios, Tambogrande y otros lugares– es la que más contamina y envenena los ríos, los suelos y el medio ambiente.
Como lo hemos reiterado, la actividad minera formal ha sido fundamental para el crecimiento macroeconómico de los últimos años. Claro que ha habido problemas y excesos contaminantes, que hemos denunciado (como los de Choropampa), pero se trata de casos particulares sujetos a investigación y sanción, en los que la Defensoría del Pueblo ha jugado un papel importante. Al mismo tiempo, en los últimos años se ha enfatizado los mecanismos de responsabilidad social de las mineras, con la vigilancia de la ley, el Gobierno y la sociedad civil; además de evaluar los aportes del canon y otros instrumentos tributarios.
Del otro lado, la minería informal prácticamente ha destruido los ríos y suelos de Madre de Dios y otros sitios, utiliza mercurio y, lo que es peor, realiza todo esto con total desparpajo, desprecio a la ley y enervante impunidad. ¿Es esto lo que esos dirigentes quieren para Puno? ¿Cómo pueden arrogarse la representatividad de toda la región? ¿Y, a más de ello, no piensan en los graves daños que sus bloqueos causan a inocentes ciudadanos y turistas?
Se debe imponer el diálogo y la negociación para buscar alternativas de solución a una coyuntura que se ha tornado tan violenta como riesgosa.
El Gobierno debe actuar con cautela, ponderación y firmeza, en tanto que los dirigentes puneños deben asumir su responsabilidad de sentarse a negociar, escuchar propuestas y, sobre todo, entender que vivimos en un Estado unitario y democrático, regido por una ley nacional, que tiene que ser cumplida por todos. Y si hay problemas, pues estos deben resolverse dentro de este esquema de orden y tolerancia, sin violentar el marco legal y menos afectar los derechos del resto de ciudadanos.
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