LUCHA FRONTAL. EN COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE HUMALA Y MININTER, AFIRMA EGUIGUREN
Evalúan régimen carcelario para el crimen organizado
Minjus participa en elaboración del plan de emergencia en seguridad
Eliminación de beneficios penitenciarios y trabajo físico en la mira
Trabajo. Francisco Eguiguren sigue lineamientos del presidente Humala en lucha contra el crimen.
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren Praeli, dejó abierta ayer la posibilidad de implementar "un sistema de evaluación firme" de los beneficios penitenciarios para los delincuentes más avezados a fin de evitar que accedan indebidamente a dicho régimen. En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, agregó que la propuesta del trabajo físico para los condenados por delitos graves "es un tema que amerita su evaluación".
El próximo jueves 18 será instalado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, liderado por el presidente Ollanta Humala. ¿Qué esperar de dicha labor?
–El objetivo es cambiar esa historia de ausencia de liderazgo y la carencia de una política de estado eficaz frente a este problema. Queremos que este Consejo sea el órgano en que se instituyan formalmente los máximos niveles efectivos de coordinación, entre las distintas instituciones involucradas en seguridad y criminalidad organizada, para trabajar concertadamente y evitar hechos como a veces son informados sobre la detención de delincuentes autores del delito y que finalmente, en la cadena intermedia, fiscal o judicial, quedan liberados o excluidos. Pero, claro está, tampoco estas organizaciones, como el Ministerio Público o el Poder Judicial, pueden dejar su autonomía de control porque pueden existir actuaciones indebidas o en exceso de parte de la Policía que deben controlar y corregir. Esto es una tarea concertada, de cada quien a su función especializada, pero con un liderazgo central de la coordinación entre los sectores involucrados bajo la dirección del Presidente de la República.
Esto ratifica el compromiso del Gobierno para encarar la lucha contra la criminalidad...
–Sin duda, ha sido una respuesta rápida del Ejecutivo que compromete incluso al sector Economía para la entrega de los recursos. Es más, el Gobierno ya adelantó que va a priorizar el uso de la inteligencia.
Se habla de un plan mínimo o de emergencia frente a la delincuencia, ¿cuál es el aporte del sector Justicia?
–En la última reunión que tuvimos se estableció que algunos ministros trabajen en un plan de emergencia. Ustedes ya han visto algunas medidas que se han coordinado entre el Presidente de la República, con los ministerios del Interior y Economía. Justicia también va a entrar en esa tarea, colaborando para que formulemos en conjunto algunas propuestas normativas. En realidad, el ministerio se sumará a lo que veamos colectivamente y pondrá su aporte en la parte jurídica, dentro de las mismas líneas planteadas en el mensaje presidencial y que hace poco han sido recalcadas, luego de las medidas de emergencias que se han anunciado.
El problema de la seguridad ciudadana no solo es un tema de leyes sino también involucra la participación del Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿buscará un acercamiento con sus máximas autoridades?
En efecto, las condiciones de investigación y juzgamiento para los delincuentes avezados es un tema no solo de leyes, ni depende solo del Ejecutivo; hay leyes y conducta del Instituto Nacional Penitenciario, pero también hay una coordinación que debe ser más firme con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para que todos juntos asuman una acción más coordinada y se involucren en estas tareas, de modo pues que no haya niveles de corrupción. Entonces, se debe coordinar la actuación de la Policía, jueces y fiscales, porque son ellos los que persiguen el delito y los que ven la investigación y juzgamiento de los delincuentes o eventualmente su condena o liberación. Y eso es una tarea que no está en manos del Ejecutivo directivamente, pero sí debe ser una labor coordinada entre todas las instituciones.
Respalda inhabilitación de funcionarios corruptos
La Contraloría respalda la propuesta del Gobierno de inhabilitar a funcionarios públicos que cometan actos de corrupción en agravio del Estado y de establecer la imprescriptibilidad de esos delitos para evitar que los deshonestos vuelvan a ocupar cargos públicos, afirmó su titular Fuad Khoury, declaró a la agencia Andina.
Señaló que su organismo impulsa iniciativas de ese tipo para evitar que los corruptos vuelvan al aparato estatal en instituciones distintas de las que fueron separados.
"Estamos totalmente de acuerdo con estas propuestas, inclusive anteriormente la Contraloría presentó iniciativas similares", declaró. Un informe de la Contraloría reveló que desde 2009 se han registrado 2,477 denuncias contra funcionarios acusados de presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Alan García.
Ministerio de Justicia estudia nuevas medidas
¿Podrían eliminarse los beneficios penitenciarios?
Los beneficios penitenciarios, como su nombre lo indica, son un beneficio y no una obligación. Lo que se quiere es que obviamente todo interno pueda tener la posibilidad de resocializarse, por lo tanto dicho régimen es un incentivo para ellos, pero lo que se necesita –y eso a veces no es un problema solo de normas sino de verificación y cumplimiento estricto– es que no sean concedidos a quienes no cumplan los requisitos de resocialización. Se debe verificar realmente lo que se hace y que no sean concedidos simplemente por mero transcurso del tiempo. Hay que evaluar si el interno está recuperado para la sociedad. Y, ello significa un sistema de evaluación firme de estos beneficios que a veces no es un tema de leyes sino de funcionamiento del sistema y que no tenga muchos mecanismos de corrupción.
¿Comparte la necesidad de adelantar el Código procesal penal para estos casos?
El Código se está implementando, hay un cronograma que incluye a la capital. Es cierto, demanda recursos, pero creo que sí es importante porque ha demostrado que es más eficiente para juzgar con celeridad. Uno de los grandes problemas que tenemos es la gran cantidad de personas detenidas sin condena y que, a veces, simplemente por el transcurso del tiempo y la demora de los procesos, salen en libertad, sin tener un nivel de recuperación social. Entonces, el Código es positivo para ello, independientemente de que puedan haber casos concretos en que delincuentes, con el apoyo de sus abogados, aprovechen sus ventajas, pero eso no descalifica la importancia y las virtudes del Código para tener una justicia penal más rápida y efectiva.
¿Se insistirá en el trabajo físico para condenados por delitos graves?
La idea es que los centros penales deben tener la posibilidad de propiciar la recuperación y el trabajo, para empezar de aquellos que lo desean, separando a aquellos que tienen esa voluntad de recuperación y reinserción social y de trabajo. Ahora, las condiciones para los delincuentes avezados es un tema que debemos evaluar
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