Buscar este blog

miércoles, 21 de septiembre de 2011

El Narcotráfico en el Perú

Autor: Güido Lombardi
El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica presentó ayer una publicación orientada a proponer los lineamientos de una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico. El trabajo propone, como punto de partida para tener en cuenta la dimensión transnacional de este delito, el contexto global en el que se desenvuelve, así como las herramientas que provee el sistema jurídico internacional para combatirlo. Más allá de las tendencias globales y las especificidades regionales, los autores (F. Novak, C. Masías, S. Namihas y J. García) realizan un análisis minucioso de distintos aspectos del problema: marco institucional, prevención, reducción de cultivos ilícitos, interdicción, desarrollo alternativo. Y, en cada caso, desarrollan un esquema que incluye diagnóstico, lecciones aprendidas, metas, acciones y presupuesto requerido. Más allá de coincidencias o discrepancias con el enfoque adoptado, lo que resulta evidente es la pertinencia de un estudio como el comentado en momentos en que se produce, por ejemplo, un desplazamiento progresivo del centro principal de producción de drogas de Colombia al Perú.

Aunque el trabajo es breve, ordenado y claro, no resulta posible reseñarlo en su totalidad.

Me limitaré, por lo tanto, a destacar algunos de los problemas de fragilidad institucional detectados por los investigadores.

Devida, así como su presidente ejecutivo, carecen del peso político necesario, de las facultades indispensables y del presupuesto requerido para conducir, coordinar y articular la Política Nacional Antidrogas. Ello explica, por ejemplo, que no se haya podido confeccionar un sistema informático de control de insumos químicos, pendiente desde hace más de cinco años.

Enaco carece de la mínima capacidad técnica para determinar algo tan elemental como el volumen de la demanda lícita. Tampoco puede, por no tener el presupuesto suficiente, actualizar el padrón de productores cocaleros.

En el caso de la Policía Nacional, los problemas ya son harto conocidos: recursos materiales y económicos insuficientes, corrupción, personal insuficiente, falta de especialización etc. Similares características afectan al Ministerio Público y al Poder Judicial, con el agravante de que la enorme carga procesal, más de 60 mil procesos en curso, está orientada contra los microcomercializadores (dos tercios del total), mientras que hay apenas 200 casos por lavado de activos y 15 por pérdida de dominio.

El diagnóstico y las metas están señalados. Hay que debatirlos, pero corresponde al Gobierno darle al tema la prioridad que merece y tomar con coraje las acciones correspondientes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario