Desbaratan peritaje parcializado y deficiente en caso Chavín de Huántar

Jurista Mario Amoretti dice que después de cinco años no se puede medir la distancia de un disparo

El experto penalista Mario Amoretti reveló que el peritaje forense que sostiene que hubo terroristas ejecutados en la operación Chavín de Huántar fue parcializado y deficiente, por lo que no puede ser considerado como una prueba contundente para determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales en el operativo, tal como lo señala la ONG Aprodeh.

Amoretti explicó que fue parcializado, porque no fue realizado por un perito independiente sino por uno vinculado a la ONG Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que es la que promueve la acusación contra los comandos.

Sobre la deficiencia del peritaje se sustenta en que se concluyó que uno de los terroristas murió de un disparo a quemarropa, lo cual fue imposible de establecer porque el examen forense cuestionado se realizó cinco años después del rescate y porque solo se puede medir la distancia de un disparo analizando el tejido que rodea la herida de bala, y cuando se hizo dicho examen ya no había tejidos.

Amoretti dijo además en el programa Ajuste de Cuentas, en Willax, que el “experto” que firmó el peritaje, Pablo Baraybar, no es médico forense, aunque sí tiene título profesional de antropólogo forense, especialidad en la que solo hizo una pasantía. Además no pertenece al Colegio de Antropólogos del Perú.

Sostuvo que es factible que algún legislador pueda solicitar la inconstitucionalidad del decreto supremo que anula uno anterior, de 1995, el cual prohibía la presentación pública por parte de la autoridad policial de los detenidos con motivo de la comisión de cualquier delito.

El especialista afirmó que esto es factible debido a que la nueva norma representa una “estricta violación a la presunción de inocencia”.

“Hay que respetar la Constitución y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional (TC) en varias sentencias, e incluso una en favor de Abimael Guzmán que dice que el detenido aún haya cometido el delito más grave tiene el derecho constitucional a su dignidad”, expresó.