Existen cinco conflictos sociales en marcha y siete latentes en Piura que deben ser atendidos por las autoridades en salvaguarda de los derechos fundamentales de la población, según el último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo.
César Orrego, representante de la institución en dicha región, señaló que entre estos conflictos figuran el reclamo de los comerciantes del mercado Modelo y el litigio entre la comunidad campesina de San Lucas de Colán con la empresa petrolera Olimpic, a la que exigen renegociar el contrato para las extracciones del hidrocarburo.
“Esa es la manera correcta de comenzar un proceso, que las dos partes, sabiendo que tienen un problema, permitan que alguien pueda mediar, no necesariamente la Defensoría, puede ser alguna institución que ofrezca confianza a las partes”, indicó el funcionario.
Orrego expresó que es primordial la adecuada gestión de los conflictos de parte del Estado, que además debe trabajar para incrementar la confianza de la comunidad yagregó que “hay que prevenir” para no llegar a los hechos de violencia.
“Hay que gestionar adecuadamente, tratar de llegar a acuerdos orientados a lograr el bien común, evitar que el problema se desborde y deje saldos lamentables”, reveló. “(Ese es) el rol importante que el Estado debe lograr instaurar, porque los funcionarios públicos, ministros y demás tenemos la enorme responsabilidad de proteger los derechos fundamentales”, expresó.
El representante de la Defensoría del Pueblo también hizo hincapié en que “hay que romper” la relación existente entre los conflictos sociales y la violencia. “No hay habilitación legal ni constitucional a ninguna persona, por más legítimas que sean sus reclamaciones, expectativas y objetivos, para que afecte el bien común o la vida de las personas”, enfatizó en RPP.
En ese sentido, manifestó que debido al paro que acataron los pescadores de Paita en demanda de la ampliación de la cuota de pesca de merluza “todos hemos perdido”, tras el fallecimiento de dos personas (la segunda víctima fue un menor de 15 años que estaba grave) y el medio centenar de heridos que provocaron los enfrentamientos.
Asimismo, Orrego subrayó que antes de levantarse el paro indefinido, la Defensoría del Pueblo se comunicó con la Presidencia del Consejo de Ministros y con los dirigentes protestantes para que depusieran su medida de fuerza y resuelvan las demandas mediante el diálogo.
“Paita ha sido afectada en su desarrollo económico, pero sobre todo hemos perdido en la cultura de paz y diálogo”, señaló. “Condenamos la violencia. Siempre exhortamos a las autoridades y manifestantes a que no se puede llegar a la violencia para resolver los conflictos”, sentenció.
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