Por qué las FARC han dejado libres a los secuestrados

La Silla Vacía. ColombiaBogotá, 3 abril 2012
Por ROMÁN ORTIZ

(La Silla Vacía).- Uno de los problemas más frecuentes a la hora de analizar de forma equilibrada 

el escenario estratégico colombiano es lo que se podría denominar una “visión voluntarista” del conflicto y sus posibles salidas negociadas. Según este tipo de planteamientos, el comportamiento 

de los actores armados puede cambiarse por obra y gracia de un decidido esfuerzo de diálogo que conduzca la mejora de la comunicación y el entendimiento entre las partes. Así, las declaraciones están llenas de llamados tener “deseos de entendimiento”, mostrar “voluntad de acercarse” e 

insistir en “trabajar por la paz”. El reto de alcanzar un acuerdo queda reducido a un asunto de pura determinación y compromiso: si se quiere, se puede. Desde luego, en este discurso, el Estado lleva

 la peor parte puesto que siempre es acusado de no hacer suficiente por la paz.

Las cosas son bastante distintas en la realidad. Las decisiones en un conflicto se toman siempre en términos de costo-beneficio para el lado propio y para el enemigo. Esto no es decir que la voluntad y

 la determinación no jueguen un papel. Pero los actores están siempre obligados a decidir con la cabeza a riesgo de exponerse a no alcanzar los objetivos de su accionar violento y probablemente 

ser aniquilados. En otras palabras, el alemán Clausewitz tenía razón cuando definía la guerra como 

un “choque de voluntades”; pero hay que asumir en toda su importancia  la visión del franco-suizo Jomini de los conflictos bélicos como una geometría dominada por las reglas de la razón.

Esta lógica aplica a la entrega de los 10 militares y policías en manos de las FARC. Ni se trata de un acto de generosidad de “Timochenko”, ni una muestra del compromiso asumido por las FARC para humanizar la guerra después de medio siglo de práctica sistemática del secuestro y el asesinato.

 Más bien, se tiene que interpretar como una alteración de la ecuación estratégica que empujó a la 

guerrilla a prolongar durante más de una década el cautiverio de un grupo de políticos, policías y militares en un vano intento de conseguir la entrega de los miembros presos de la organización.

Pero entonces, ¿qué ha cambiado para que las FARC renuncien este prolongado chantaje? Para responder a esta cuestión, es necesario tener en cuenta que la decisión de la guerrilla de prolongar 

el cautiverio de este grupo de secuestrados sobre el que giraba el pulso del llamado “intercambio humanitario”  estuvo condicionado por dos factores. Por un lado, cómo de costoso resultaba en términos militares el control de los cautivos. Por otra parte, cuáles eran los rendimientos políticos del secuestro y las perspectivas de un acuerdo con el Estado satisfactorio para los objetivos de la 

guerrilla.

Por lo que se refiere a los costes militares, inicialmente, las FARC lo tuvieron fácil. Durante casi tres años y medio, la Zona de Despeje que debía servir como marco para las conversaciones de paz entre la administración Pastrana y la cúpula guerrillera se convirtió en un lugar seguro donde mantener a 

los secuestrados sin que la Fuerza Pública pudiese entrar a liberarlos.

Las cosas se complicaron con la puesta en práctica de la Política de Seguridad Democrática. El 

énfasis de la estrategia impulsada por la administración Uribe sobre el control territorial,  el fortalecimiento de la inteligencia y el desarrollo de las capacidades de operaciones especiales de 

la Fuerza Pública colocó a la guerrilla ante un creciente riesgo de que los secuestrados fueran rescatados.

La respuesta fue diseñar un dispositivo para conservar a los cautivos comparable en su complejidad

 los utilizados para proteger a los cabecillas de la organización. Los Frentes a cargo de los rehenes fueron replegados a las zonas remotas y sus integrantes condenados a un total aislamiento. En torno

 a ellos, otras estructuras construyeron anillos de seguridad para cerrar el acceso a los equipos de rescate. El resultado fue que centenares de guerrilleros quedaron atrapados con sus víctimas, sin 

poder moverse, ni operar.

Pero los esfuerzos para prevenir las liberaciones de los rehenes por la Fuerza Pública fueron inútiles. La historia de los rescates tiene páginas fallidas y dolorosas como el intento de devolver a la libertad al ex – Ministro Gilberto Echeverri, el gobernador Guillermo Gaviria y otros 8 soldados que terminó 

con su asesinato por la guerrilla en mayo de 2003. Pero paulatinamente, las Fuerzas Militares y la Policía fueron afinando sus capacidades hasta lograr su primer éxito sonoro con la liberación del 

ex – Ministro Fernando Araujo a comienzos de enero de 2007. Luego vendrían las operaciones Jaque en julio de 2008 y Camaleón en junio de 2010. Los esfuerzos para conservar a los secuestrados 

llegaron a ser tan inútiles como costosos.

La segunda clave que ha conducido a las actuales liberaciones tuvo que ver con la quiebra de la rentabilidad política del secuestro. Las FARC concibieron el denominado “intercambio humanitario” como una forma de forzar su reconocimiento dentro y fuera del país. Si Colombia y los otros países 

con ciudadanos cautivos se veían obligados a negociar y sacar de las cárceles a miembros de la organización para conseguir la libertad de sus ciudadanos, implícitamente estarían tratando de igual

 a igual a la guerrilla y otorgándola una cuota de legitimidad. El resultado sería unas FARC políticamente más fuertes y un Estado colombiano con su credibilidad disminuida. Sin embargo, 

una combinación de “golpes autoinfligidos” por las FARC y éxitos gubernamentales terminarían

 por echar a pique esta estrategia.

Entre los primeros, se debe señalar la masacre de los once diputados departamentales de Valle en junio de 2007 y el fiasco de la falsa entrega de Emanuel, el hijo de Clara Rojas nacido en cautividad, en diciembre del mismo año. En el caso del asesinato de los diputados, todavía hoy no ha sido completamente aclarada la cadena de acontecimientos que condujo a su muerte; pero dos hechos 

son indiscutibles. Por un lado, la responsabilidad de las FARC cuyos integrantes mantuvieron secuestrados a los políticos de Valle durante más de un lustro y finalmente los ejecutaron sin contemplaciones. Por otra parte, el golpe demoledor que supuso la matanza para la estrategia 

política del “intercambio humanitario”. De hecho, los asesinatos pusieron en marcha una reacción popular que cristalizó en movilizaciones masivas contra las FARC dentro y fuera del país.

En lo que se refiere al caso de Emanuel, la guerrilla alcanzó cotas de desprestigio sin precedentes. Primero, las FARC tuvieron que reconocer que mantenía en cautiverio a un recién nacido hijo de

 una de sus víctimas. Luego, se vieron obligados a que reconocer habían perdido el niño y este se encontraba en manos del gobierno colombiano ante una corte internacional reunida en 

Villavicencio que incluía al ex–Presidente argentino, Néstor Kirchner, el Ministro de Relaciones de

 este país y representantes de Francia, Cuba, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. El fiasco dejó sin muchas ganas de actuar como garantes de cualquier contacto con la guerrilla a la mayoría de los vecinos de Colombia, con la excepción del incansable Hugo Chávez

Luego vendría el impacto de la operación Jaque que privó a las FARC de sus rehenes más valiosos: Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos. De este modo, el problema del intercambio humanitario se volvió un asunto estrictamente colombiano. Los gobiernos extranjeros abandonaron

 la escena y las FARC se quedaron a solas con un Estado colombiano que había crecido en 

capacidad militar y credibilidad política.

De este modo, el tira y afloja con el Estado le terminó saliéndole muy costoso a la guerrilla. Si duda, las FARC se anotaron algunos tantos como la excarcelación de su representante internacional, 

Rodrigo Granda,  que anunció su regreso a las FARC y la lucha armada al poco de recuperar la libertad en junio de 2007. Pero en términos generales, la partida de ajedrez se saldó con un 

resultado desastroso para la guerrilla. No solamente no consiguió la salida de prisión de sus presos sino que además acumuló un rechazo masivo dentro del país y un desprecio general en el escenario internacional.

En estas circunstancias, la única opción era tratar de salvar la cara a través de una serie de 

entregas unilaterales. En primer lugar, fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo Gonzalez de 

Perdomo en enero de 2008, seguidas por Gloria Polanco, Jorge Gechem, Orlando Beltrán y Luis

 Eladio Pérez un mes más tarde, como única forma de tratar de aminorar la catástrofe política 

del caso Emanuel. Después de la operación Jaque, le llegó el turno a Alan Jara, Sigfredo López

 y cuatro uniformados en febrero de 2009 acompañados por otros dos soldados un mes más tarde.

Luego el proceso de liberación de dos concejales y dos miembros de la Fuerza Pública en febrero de 2011 concluyo abruptamente cuando la guerrilla mintió sobre las coordenadas de entrega de un tercer grupo de secuestrados. Finalmente, el último episodio de este largo drama llegó después de que los guerrilleros a cargo de la vigilancia de un soldado y tres policías los asesinasen ante la creencia de que se aproximaban unidades de la Fuerza Pública. Tras esta nueva masacre, la dirección de las 

FARC definitivamente anunció la entrega de los últimos diez secuestrados que han llegado de 

regreso este lunes.

Desde esta perspectiva, las últimas liberaciones no son un gesto que debamos agradecer a la humanidad de “Timochenko”. Más bien, se trata de una decisión tomada por la dirección de las 

FARC a medida que su estrategia para forzar el “intercambio humanitario” naufragaba y la 

liberación unilateral quedaba como la única opción para enmascarar su derrota en el pulso 

con el Estado por el “intercambio humanitario”.

De hecho, sería un error interpretar automáticamente las liberaciones como una manifestación 

del deseo de la guerrilla de abandonar la violencia. Se trata solamente de la confirmación de que 

las FARC ya no consideran el cautiverio de este grupo de secuestrados como funcional para su estrategia. De ese punto a afirmar que un grupo terrorista con medio siglo de historia ha decidido renunciar a la violencia, todavía hay un trecho muy largo. En realidad, para convencer a los colombianos de su voluntad de desmovilizarse, las FARC solo tendrían que hacer un simple movimiento político: reformar el Plan Estratégico para la Toma del Poder que aprobaron en la VII Conferencia de 1982 para incluir en el mismo su expresa renuncia a la violencia.

(La Silla Vacía)