OPINIÓN | Mié. 08 dic '10
En 1923, Víctor Raúl Haya de la Torre lideró una violenta protesta estudiantil en contra de la intención de Leguía de consagrar oficialmente al Perú al Corazón de Jesús, ya que consideraba que el Estado peruano tenía que ser laico.
Incluso, como la protesta en cuestión terminó con dos muertos, Haya fue apresado y posteriormente deportado, regresando al Perú al cabo de algunos años, ya con el Apra formado y bajo el brazo. Así que el sentimiento anticlerical forma parte integral de las circunstancias que llevaron al nacimiento del partido de los compañeros.
Por ello, es realmente paradójico que un gobierno aprista no solo mantenga el vínculo formal que el Estado tiene con la Iglesia Católica –al punto que el Tesoro Público subsidia con los escasos recursos de todos los peruanos los salarios de obispos y párrocos–; sino que, además, el Apra ha promovido una ley que otorga ese trato preferencial –entregando un cheque en blanco– a toda creencia, religión o secta que cumpla con los requisitos burocráticos que establecerá algún funcionario.
Así que el Gobierno está ampliando ad infinítum el universo de exoneraciones tributarias, es decir, distorsiones generalizadas, eternizando el problema, dándoles la vigencia del divino. Cuando en lugar de ello debieron hacer lo correcto, que era nivelar a todas las religiones por igual, sí, pero en el pago puntual –sin exoneración– de todos sus impuestos, como lo está obligado hacer cualquier mortal ciudadano. Una verdadera igualdad consiste en que ninguna religión debería contar con beneficios ni privilegios en el tratamiento que reciben del Estado.
Al final, lo que en verdad busca esta iniciativa aprobada por el Congreso es ganarse el favor político de quienes profesan creencias distintas de la Católica y que son cada vez más numerosos dentro de la población. Ese proyecto de ley no es un acto de justicia y menos aun un paso adelante; es simplemente una muestra más de oportunismo electoral.
Más aun, que haya existido una relación durante siglos entre la Iglesia Católica y el Estado peruano no es justificación para mantenerla, y lo correcto para una sociedad que se quiere modernizar es desvincular a ambos por completo. Hacia ese objetivo deberíamos enrumbarnos en lugar de aumentar el problema con esa absurda propuesta que invita a esa anacrónica pero privilegiada mesa a cualquiera.
Incluso, como la protesta en cuestión terminó con dos muertos, Haya fue apresado y posteriormente deportado, regresando al Perú al cabo de algunos años, ya con el Apra formado y bajo el brazo. Así que el sentimiento anticlerical forma parte integral de las circunstancias que llevaron al nacimiento del partido de los compañeros.
Por ello, es realmente paradójico que un gobierno aprista no solo mantenga el vínculo formal que el Estado tiene con la Iglesia Católica –al punto que el Tesoro Público subsidia con los escasos recursos de todos los peruanos los salarios de obispos y párrocos–; sino que, además, el Apra ha promovido una ley que otorga ese trato preferencial –entregando un cheque en blanco– a toda creencia, religión o secta que cumpla con los requisitos burocráticos que establecerá algún funcionario.
Así que el Gobierno está ampliando ad infinítum el universo de exoneraciones tributarias, es decir, distorsiones generalizadas, eternizando el problema, dándoles la vigencia del divino. Cuando en lugar de ello debieron hacer lo correcto, que era nivelar a todas las religiones por igual, sí, pero en el pago puntual –sin exoneración– de todos sus impuestos, como lo está obligado hacer cualquier mortal ciudadano. Una verdadera igualdad consiste en que ninguna religión debería contar con beneficios ni privilegios en el tratamiento que reciben del Estado.
Al final, lo que en verdad busca esta iniciativa aprobada por el Congreso es ganarse el favor político de quienes profesan creencias distintas de la Católica y que son cada vez más numerosos dentro de la población. Ese proyecto de ley no es un acto de justicia y menos aun un paso adelante; es simplemente una muestra más de oportunismo electoral.
Más aun, que haya existido una relación durante siglos entre la Iglesia Católica y el Estado peruano no es justificación para mantenerla, y lo correcto para una sociedad que se quiere modernizar es desvincular a ambos por completo. Hacia ese objetivo deberíamos enrumbarnos en lugar de aumentar el problema con esa absurda propuesta que invita a esa anacrónica pero privilegiada mesa a cualquiera.
