(Editorial) Minería sí, pero con licencia social y ambiental
El presidente Ollanta Humala está impulsando una visión y posición bastante sensatas sobre el tema minero…
El presidente Ollanta Humala está impulsando una visión y posición bastante sensatas sobre el tema minero, que tantos conflictos sociales y ambientales ha generado en el país en los últimos años.
Para Humala es una prioridad cumplir con su promesa electoral de desarrollo con inclusión social, lo que implica que la economía siga creciendo. La minería es una actividad en la que el Perú ha venido descollando, pero el problema es que se ha priorizado esta actividad sobre otras y los sucesivos gobiernos han sido bastante laxos en el cuidado del medio ambiente y el respeto a las comunidades. El presidente ha subrayado la urgencia de compatibilizar la inversión minera con el respeto a la población y el ambiente. “No aceptaré ultimátum de nadie”, ha dicho, como corresponde ante las presiones que recibe desde diversos frentes.
Su pronunciamiento es coherente con sus compromisos de campaña de la hoja de ruta y con el de un estadista que actúa con la convicción de que no puede haber inclusión social ni superación de la pobreza sin crecimiento económico, y la minería representa casi el 60% de nuestras exportaciones (aunque hay que recalcar que no debe descuidar otras actividades de gran potencial y proyección, como la agroindustria y la industria forestal).
En medio de la crisis internacional, nuestro país sigue concitando la atención de los inversionistas por la solidez de su economía y su disciplina fiscal. No estamos pues para hacer concesiones a tentaciones populistas, alteraciones de la paz social o experimentos que ahuyenten la inversión requerida para lograr, al más breve plazo, erradicar la pobreza y el desarrollo con inclusión.
En este sentido, ha sido importante su mensaje de que la minería “debe servir a toda la población y no a una minoría”. Para que esto no quede solo en el dicho, ha anunciado una serie de medidas que van desde la creación de una nueva autoridad para implementar y fiscalizar los estudios de impacto ambiental –sobre los que pesaban cuestionamientos–, agilizar el reglamento de la Ley de Consulta Previa y redistribuir de una manera más eficiente el canon minero. Esto último es un oportuno llamado de atención a algunos gobiernos regionales que no tienen ni la voluntad ni los equipos técnicos para ejecutar sus presupuestos.
La actividad minera tiene que dejar de ser un factor de conflicto, lo cual exige también un gobierno con autoridad para fijar los más altos estándares ambientales, tender puentes de diálogo con las comunidades y consensuar con la oposición las modificaciones legales que garanticen la sostenibilidad de estos proyectos.
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jose luis tapia bedia (joselt333)
excelente la mineria deja dinero al pais pero que respente ala poblacion y medio ambiente pon tu mano dura ollantaesas empresas no deben hacer lo que se les da la gana con nuestro pais haz que respeten a perú.
18 de Noviembre del 2011 07:17 Reportar
Willy Hernandez (norperu)
La sociedad ignorante donde estampa su firma para darle permiso a la mineria?, aquella sociedad hipocrita que hace paros por echar las inversiones pero que se quedan callados ante la contaminación y abusos de la mineria informal, que no dá trabajo digno y no paga impuestos. Pero si piden obras.
18 de Noviembre del 2011 08:13 Reportar
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