Perú cuestiona a CIDH en la OEA por tramitar casos vinculados al terrorismo

Afirma que instancia genera desconfianza y rechaza que no respete fuero interno

El Perú cuestionó ante el Consejo Permanente de la OEA que cada vez sea más frecuente que se tramite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) casos en los que responsables de actos de terrorismo, alegan la supuesta vulneración de sus derechos.

“No puede pasar desapercibido que, tratándose del Perú, son cada vez más frecuentes los casos en que las personas responsables de graves crímenes perpetrados con extrema violencia y mediante actos de terrorismo acuden ante la Comisión alegando supuestas violaciones a sus derechos”, afirmó el representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, Walter Albán.

Sostuvo que esa actitud ajena a la sensibilidad de la sociedad peruana frente al terrorismo, “no contribuye a la percepción positiva de la labor desarrollada por la Comisión”.

“Algunas formas de actuación de la CIDH para abordar estos temas generan un innecesario ambiente de desconfianza. Perú no acepta que a estas personas se les llame cualquier otra cosa que no sea terroristas”, señaló.

Agregó que “el terrorismo fue un flagelo que mi país sufrió y que en los ‘90 llegó a poner en tela de juicio la propia existencia del Perú”.

Asimismo, señaló que al carecer de fundamento convencional, las medidas cautelares de la CIDH no deben ser adoptadas bajo parámetros imprecisos, porque pueden terminar resolviendo cuestiones que corresponden a los órganos jurisdiccionales.

Insistió en que la CIDH verifique el agotamiento de recursos internos para evitar el procesamiento simultáneo en la vía interna y externa.

“Ello para evitar que la tramitación de expedientes en la CIDH resulte paralela a la sede nacional o se convierta en una doble instancia, desnaturalizando por completo el objetivo del sistema de derechos humanos”, dijo.

Advirtió que la CIDH ha tenido injerencia en los procesos internos al elevar estos asuntos ante la Corte de San José, hecho que dilata o paraliza las reparaciones destinadas por el Estado.