José Ignacio Moreno León
Ingeniero químico de la Universidad de Louisiana (USA), Master en Administración de Empresas de la Universidad Central de Venezuela y en Administración Fiscal y Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard. Es además rector de la Universidad Metropolitana de Venezuela.
El estigma de la corrupción es una de las manifestaciones más lacerantes de la quiebra de principios y valores en la sociedad contemporánea. Este mal representa otra evidente consecuencia del modelo de fundamentalismo económico que está en crisis y salpica todos los ámbitos de acción del individuo del Siglo XXI, potenciado por la globalización que ha permitido que esta lacra social se mundialice, al impulso de la mundialización de la economía.
No es fácil analizar y definir la corrupción, ni tampoco establecer criterios que se puedan generalizar para determinar en qué consiste un acto corrupto, ya que los conceptos pueden diferenciarse sensiblemente de una cultura a otra. Incluso los tipos y alcance del fenómeno de la corrupción pueden variar según el nivel de desarrollo socioeconómico de los países. La tendencia en la valoración de la corrupción es tomar como referencia los patrones de conducta de la civilización occidental y el entramado legal que opera en esas realidades, incluyendo las instituciones básicas. Con base en esta referencia, un primer intento de definición podría identificar la corrupción con una conducta abusiva, en relación con los patrones y normas legales de comportamiento respecto a una función pública o a un recurso para lograr un beneficio privado
De lo que sí no hay ninguna duda, es que la corrupción es como un virus que ha estado latente en la comunidad humana desde sus orígenes, tal y como se revela en los textos bíblicos (Mateo, Cap. XXVI, 14-15-16-21), cuando se señala como el primer acto corrupto de gran trascendencia, el cometido por Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, quien vendió a su Maestro a los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata. En este relato del Nuevo Testamento queda evidenciado que Judas era un corrupto y los sumos sacerdotes los corruptores. Los mismos textos bíblicos señalan previamente a Judas Iscariote, hijo de Simón, como un corrupto que no le preocupaban los pobres y robaba lo que tenía la bolsa de la comunidad de los discípulos de Jesús (San Juan. Cap. XII: 4-5 y Lucas Cap. XXII, 3-4-5-6). Pero los hechos de corrupción siguieron sucediéndose en los días finales de Cristo, cuando varios de los guardias romanos que custodiaban la tumba y habían sabido de la Resurrección de Jesús, fueron a la ciudad para dar a conocer de este hecho a los sumos sacerdotes quienes, para negar este acontecimiento, sobornaron con buen dinero a los guardias, instruyéndolos para que divulgaran entre los judíos que los discípulos, mientras los guardias dormían, habían robado en la noche el cuerpo de Jesús y así hacer aparecer la Resurrección como un fraude (Mateo, Cap. XXVIII: 11-12-13-14-15).
En nuestra historia latinoamericana y desde los procesos independentistas, el mal de la corrupción aparece señalado, tal y como lo revelan los esfuerzos de El Libertador, en su lucha contra esa plaga social. En efecto, uno de los decretos más contundentes de Simón Bolívar -por cierto, pocas veces citado por quienes se abogan el derecho de ser custodios del pensamiento bolivariano- es el famoso decreto dictado en el Palacio Dictatorial de Lima, Perú, el 12 de enero de 1824. En éste, ante el grave problema de la corrupción que cundía tanto en el ámbito administrativo como en la naciente institución judicial, Bolívar como presidente de la República de Colombia y encargado del Poder Dictatorial del Perú, denuncia la escandalosa dilapidación de los fondos públicos, como una de las principales causas de los desastres de la República y decreta medidas fuertes y extraordinarias, incluyendo la pena capital, para los funcionarios que incurrieran en este delito y los jueces que no lo castigaran debidamente.
Aterrizando en el mundo de las realidades globales contemporáneas, encontramos que el Banco Mundial (BM) define la corrupción como "el abuso de autoridad pública para conseguir un beneficio privado", con lo cual, ese organismo multilateral pareciera limitar el hecho corrupto o la cultura y práctica de la corrupción a la participación de funcionarios públicos, sin considerar otros actores. De acuerdo con este enfoque restringido, tendríamos que concluir que el caso Enron y otros notorios escándalos de corrupción en el ámbito de importantes consorcios mundiales, no califican como una conducta corrupta de los altos ejecutivos de esas empresas privadas, quienes los provocaron.
La negra historia de la corrupción pone en evidencia que ésta no es un mal exclusivo del Estado y sus funcionarios, es una desviación ideológica que algunos califican con un criterio administrativista, mediante el cual se supone que el mal podría resolverse mejorando los controles públicos y a través de reformas administrativas del aparato burocrático estatal y desregulando trámites públicos para facilitar que operen las reglas del mercado. Ésta sería la solución derivada de la visión simplista del fenómeno que propone el BM, sin considerar el trasfondo cultural de éste y el hecho de que en cada caso de corrupción hay un agente corrupto y un personaje corruptor.
