Internacional :::: Tirano libio siguen bombardeando a su pueblo mientras la ONU y la OTAN evalúan una intervención. LIBIA: La Ira de Kadafi Compartir: Facebook Twitter   Versión facsimilar de nota impresa  A pesar de la feroz represalia de las fuerzas leales a Kadafi, los opositores mantuvieron el control de las ciudades del norte. Las alarmantes noticias que llegan de Libia nos obligan a ocuparnos nuevamente del tema. En esta última semana, y según la información que prevalece en los medios de comunicación, Muammar Kadafi ha perdido el control en diversas ciudades de Libia, especialmente del este del país, y se ha atrincherado en Trípoli, la capital y sede de su gobierno. El caos reina en el país, con manifestaciones en las calles de varias ciudades e, incluso, de algunos sectores de Trípoli. El aeropuerto es un inmenso campamento de personas que desean, infructuosamente, abandonar el país; en la frontera con Túnez, miles de personas intentan abandonar Libia creando una grave situación humanitaria. Existen vuelos intermitentes de países europeos que rescatan a algunos de sus nacionales por avión, mientras que por barco se dirigen a Malta. El número de muertos es difícil de precisar pero se habla de más de mil. Hay informaciones que dan cuenta de bombardeos de manifestantes por parte de aviones de la Fuerza Aérea de Libia; dos aviones desertaron la semana anterior a Malta por no cumplir las órdenes de atacar a los manifestantes. El Ejército parecería haberse dividido. Otra información da cuenta que Trípoli está en tensa calma, bajo el control de Kadafi. A partir del sábado 26, el gobierno libio habría aceptado la presencia de agencias informativas extranjeras y el gobernante libio dio una conferencia de prensa a la BBC, ABC y Times de Londres. Insistió que su pueblo lo ama y que la revuelta se origina en Al Qaeda, que ha drogado a los jóvenes para que participen. Un total estado de negación de la realidad, cuando ya ha perdido el control de la producción de petróleo, hoy en poder de los insurgentes. El argumento de Kadafi es que no puede renunciar pues no detenta ninguna posición formal de poder en Libia. Las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos han adoptado posiciones críticas del gobierno de Kadafi, mientras éste se ha dirigido en tres oportunidades a sus seguidores en arengas de gran violencia. El hijo de Kadafi, Saif, intentaría entablar alguna forma de diálogo con los opositores. La Liga de los Estados Árabes y la Unión Africana han excluido a Kadafi de ambas organizaciones. Estados Unidos, por su parte, congeló la venta de armas y componentes militares a Libia y comenzó a reubicar sus fuerzas navales y aéreas alrededor de Libia. Además, anunció apoyo logístico a operaciones humanitarias. También congelaron 30,000 millones de dólares de activos libios. La Unión Europea anunció un embargo de armas contra Libia, así como la congelación de las cuentas y la prohibición de otorgar visas a Kadafi y a 25 de sus allegados. La ONU aprobó un embargo de armamentos, la prohibición de viajes y el congelamiento de las cuentas del líder libio, sus hijos y sus principales colaboradores. También encargó a la Corte Penal Internacional investigar la represión contra los manifestantes para determinar si constituye un crimen contra la humanidad. Asimismo, Estados Unidos y la OTAN están considerando aplicar una zona de exclusión aérea para impedir que el régimen libio lance ataques aéreos contra los manifestantes. Italia anuló un tratado de amistad, lo que facilita que fuerzas italianas participen en operaciones de paz en Libia y permite el uso de sus bases militares. Gran Bretaña también ha congelado los bienes de Kadafi y sus allegados. En América Latina, las reacciones han sido diversas. Perú es el país que fue más lejos suspendiendo sus relaciones diplomáticas con Libia, y Uruguay, Brasil y Chile condenaron la represión de las manifestaciones pacíficas. El pontífice de la revolución en quiebra, Fidel Castro, manifestaba dudas, el 22 de febrero, sobre lo que verdaderamente ocurría en las calles de Libia y afirmaba que no hay duda que Estados Unidos busca invadir ese país para controlar el petróleo.  En un segundo artículo sobre Libia, Castro tira por elevación una frase: “nadie puede estar de acuerdo con la muerte de civiles indefensos”, y vuelve al ataque contra Estados Unidos y la OTAN. Hugo Chávez, cuyo país fue aludido cuando se especuló que Kadafi buscaría refugio en Venezuela, manifestó la necesidad de resolver los problemas de Libia de manera pacífica y sin intervención extranjera. Nada sobre la represión de un sistema autoritario de 42 años. Daniel Ortega, mientras reprimía las manifestaciones que se oponen en su país a una nueva reelección, seguía la misma línea. La locuaz presidente de Argentina ha guardado, en esta ocasión, un sospechoso silencio, así como su canciller. La cancillería emitió un escueto comunicado indicando su oposición a que se violen los derechos humanos. El diario La Nación de Buenos Aires recordó que la Jefe de Estado, de gira por el norte de África en 2008, visitó Libia y se entrevistó con Kadafi. En una de las actividades oficiales, Cristina Fernández manifestó, según La Nación, lo siguiente: “Yo (sic) y el líder de la nación libia hemos sido militantes políticos, desde muy jóvenes, hemos abrazado ideas y convicciones muy fuertes y con un sesgo fuertemente cuestionador del statu quo que siempre se quiere imponer para que nada cambie y nada pueda transformarse”. ¿Cómo le habrá caído a Kadafi eso de “cuestionar el statu quo” cuando él ya llevaba 38 años en el poder, manejándose con un solo canal de televisión y un solo periódico? Y eso de que “nada cambie y que nada pueda transformarse” suena cruel en las circunstancias actuales. En Medio Oriente han continuado los conflictos. En Túnez terminaron de renunciar los ministros del anterior régimen, incluido el Primer Ministro. La mayor violencia ocurrió en Omán y se produjeron fuertes manifestaciones en Yemen, especialmente una de mujeres. En el resto de países reinaba una precaria intranquilidad. También volvieron a darse intentos de reuniones en Beijín y Shangai, China, que fueron rápidamente disueltas. En Egipto, la actividad turística se resumía lentamente. El centro del conflicto es Libia, donde los días de Kadafi parecen estar contados; la incógnita es el costo en vidas humanas del desenlace pues el país parece acercarse cada vez más a la guerra civil. (Luis F. Jiménez)

Actualidad :::: Fortalezas ydebilidades de la campaña de Alejandro Toledo, primero en las encuestas a 40 días de la elección.

Punta y Sal

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En Pisco criticó al gobierno por el fracaso de la reconstrucción. En Chincha una contramanifestación le impidió hablar.

La aparición de la última encuesta de CPI revolvió más el caldero electoral. Alejandro Toledo conserva la punta con 28.4%, al igual que el último sondeo de Apoyo. Pero a diferencia de esta encuestadora, que le asignaba a Keiko Fujimori el segundo puesto con 21% y a Luis Castañeda el tercero con 17%, CPI pone al ex alcalde en segundo puesto (20.1%) seguido muy de cerca por la hija del encarcelado ex presidente (18.8%).
La pugna por la segunda posición tiene injerencia directa en la campaña de Toledo. Para él, una cosa es la segunda vuelta con la guitarra de Keiko y otra con el cajón de Castañeda.
Todos los sondeos coinciden en que a Fujimori podría ganarle por alrededor de 12 puntos. En cambio, un supuesto balotaje con Castañeda promete, tal como están las cosas, una final de infarto. Esa diferencia se ha visto reflejada en los titulares afines a Toledo, potenciados ciertamente por un Castañeda agresivo y una campaña que ahora se vuelve a concentrar en su bastión limeño.
Toledo se adueñó de la punta en un trancazo navideño de casi diez puntos. Un lanzamiento profesional y planificado lo ayudó a posicionarse. A diferencia de Solidaridad Nacional, su campaña funciona con un mecanismo de relojería y algunas asperezas del pasado, como el verbo flamígero de Eliane Karp y el triste protagonismo de sus familiares, han sido limadas.
Además juegan a su favor la experiencia de gobierno, una mayor capacidad para ubicarse en el centro, la extraordinaria historia de vida y hasta sus rasgos indígenas (convenientemente rejuvenecidos, vale la pena añadir).
Pero luego ha enfrentado problemas en el camino, entre los que destacan el cuestionamiento a las finanzas de su campaña y las acusaciones de demagogia ante propuestas suyas como el control de precios y el aumento de sueldos al magisterio.

POCO MARGEN

Las comparaciones con encuestas pasadas ayudan a dar una idea de sus vulnerabilidades.
En marzo del 2001, Toledo contaba con una intención de voto según Apoyo de 35%. Lo seguía Lourdes Flores con 20% y el reaparecido Alan García con 17%. Al final García se impuso a Flores para el pase a la segunda vuelta con 25.77% contra 24.30%. Toledo pasó cómodo con un 36.51%.
En la segunda vuelta obtuvo el 53.1% versus los 46.9% de AGP. La última era una cifra impensable para un ex presidente que dejó el poder en el caos de 1990. Además de una buena campaña ayudaron los errores de su contendor.

Aunque Toledo no fue protagonista del 2006, los sondeos también ofrecen un interesante ejemplo de evolución. Hacia el 24 de febrero, Flores iba a la cabeza con 33%, Ollanta Humala la seguía con 26% y García con 22%. En las urnas, Lourdes volvió a ser derrotada con las justas por García. Ella sacó 19.98% y él 20.41%. García, con 52.62% de votos válidos, venció en segunda vuelta a Humala, que obtuvo 47.38%.
Hoy García no es un factor como candidato. Pero en ambos casos los punteros tenían, a estas alturas, un margen adicional que Toledo no tiene. El consultor político uruguayo Luis Costa Bonino afirmaba la semana pasada a CARETAS que, para el costoso tipo de campaña emprendida por Toledo, ocupa un primer lugar todavía muy precario.
Un observador cercano a la campaña de Castañeda apunta que, cuando el “cholo” terminó un mandato muy impopular, salió del gobierno con una aprobación que repuntó hasta 30%. En ese orden de ideas, habría alcanzado hoy una suerte de techo y su intención de voto aparentemente estancada recuerda también la de rechazo.
En la última semana tuvo una convocatoria multitudinaria en Iquitos pero también las vio negras en Chincha, donde fue abucheado y una contramanifestación ni siquiera le dejó comenzar su intervención.
Y quien todavía sí es un factor es Humala. En los números de Apoyo y CPI ha experimentado un salto de 2-3 puntos. Capitalizó bien los WikiLeaks y, como reza su eslogan, ha marcado la diferencia en una serie de temas como el de los impuestos mineros, debate a estas alturas absolutamente razonable y que debería haber sido asumido con menos tapujos por los demás candidatos. Por lo pronto, ya lo hicieron Australia y Chile que son la competencia peruana en el rubro.
Otro protagonista de la campaña considera que si Humala crece lo hará a costa de Toledo pues ambos comparten, curiosamente, un bolsón electoral. Es cierto que tienen en común algunas propuestas zurdas, como aumentarles los impuestos a quienes más tienen (ver recuadro).
Pedro Pablo Kuczynski sí es, en el otro lado del espectro, un picador definitivo de la opción toledista. Si la cosa se complica puede ser a Toledo lo que Valentín Paniagua fue para Lourdes en el 2006: votos cruciales. No es casual que los rumores sobre una “inminente” renuncia del ex premier fueran reproducidos con entusiasmo en el tabloide que se encuentra al servicio de la chakana, como también lo fue la supuesta, y negada, reunión entre Castañeda y García en la casa playera de Luis Nava.
El presidente saliente ha sido el principal blanco de campaña para Toledo (“¡saque las manos de la campaña, carajo!”, exigió esta semana) y hasta ahora le ha servido bien al candidato. Según CPI, García ha visto su popularidad desplomarse a 24%. Pero, como también lo advertía Costa Bonino, cabe preguntarse hasta dónde podrá llevar el argumento. El APRA perdió su candidata, García no es Hugo Chávez y Toledo tampoco propone precisamente una ruptura con el actual modelo. Toledo le enrostra a García la corrupción pero el gobierno del primero tampoco estuvo exento de pájaros fruteros (ojo que algunos repiten el plato en la lista parlamentaria) y escándalos de peso que involucraron presuntos negociados con el sector privado.
Y es precisamente la transparencia en el financiamiento lo que ahora constituye un talón de Aquiles para Perú Posible. Como lo ha hecho con los otros partidos, la ONPE ha puesto en evidencia importantes preguntas sobre los abundantes dineros que circulan en la campaña. Ante la acusación de vinculaciones entre el APRA y la controversial familia Sánchez Paredes, Alan García recordó el sábado 26 que fue durante esta administración que se puso en cintura al clan trujillano. “Si es que ellos no fueron investigados en ese lapso de gobierno (de Perú Posible), yo puedo pensar que ellos compraron al gobierno pasado. En el gobierno anterior, ellos no estaban investigados y los ministros del Interior silbaban”.
Quedan 40 días de una campaña en la que todo puede suceder. Y de allí comienza la secuela inevitable de la segunda vuelta. Como lo advierte la presente carátula: ¡guarda!

Medio Ambiente :::: Gobierno interrumpe ofensiva militar contra la minería informal tras protestas que dejaron, al menos, dos muertos en Puerto Maldonado. Desmadre de Dios Compartir: Facebook Twitter   Versión facsimilar de nota impresa  Dos muertos y al menos 40 heridos dejaron las protestas en Madre de Dios. "Esto sí que se va a poner feo”, comentó uno de los dirigentes mineros de la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, el lunes último. Sus palabras se tornaron proféticas al día siguiente, el martes 1, cuando al menos 1,000 mineros informales se enfrascaron en una lucha frontal contra 250 policías, a la altura del km 115 de la Carretera Interoceánica, en la localidad de Mazuko, a 4 horas de Puerto Maldonado. Al promediar la 1 de la tarde, los mineros ya habían bloqueado parte de la pista con dos camiones pesados. Los vehículos tenían las llantas pinchadas y dificultaban el libre tránsito. La Policía solicitó al gobierno regional de Madre de Dios un cargador central para remolcar los camiones, pero este nunca llegó. Entonces, los efectivos de Dinoes de Lima y de la Unidad de Servicios Especiales de Cusco repelieron a los huelguistas con gas pimienta y armas cargadas con perdigones. Nada de esto mermó los caldeados ánimos de los mineros, que en lugar de retroceder, lanzaban tantas piedras como vítores en favor de “la minería artesanal”. La intensidad del calor selvático auguraba una escena incendiaria que ya se estaba incubando desde el lunes 28 en Madre de Dios. Fue justo ese día, en el cruce de las avenidas León Velarde y 2 de Mayo, a tres cuadras del municipio de Tambopata, cuando las bases que conforman la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) iniciaron sus protestas que se prolongarían hasta caer la noche. Desde diferentes puntos, centenares de mineros se iban uniendo al llamado de la dirigencia. La Policía los seguía de cerca. Algunos vecinos decían: “Ellos (los manifestantes) no son de acá”. ¿De dónde eran? Fuentes policiales dijeron a CARETAS que la turba estaba compuesta por mineros provenientes de Cusco o Puno, mas no de esta ciudad. Mientras avanzaban por las calles, propietarios de tiendas y puestos de ventas cerraban sus negocios. Otros, atemorizados, se escondieron en sus casas. No pasó mucho antes de que se iniciara el desmadre. Eran las 8 p.m. y la manifestación, que hasta ese momento había sido pacífica, cobró sus primeras víctimas. Freddy Taladrano (40) recibió un impacto de perdigón en el brazo derecho. Frank Muñoz (22) fue alcanzado por otro de los proyectiles. Ambos increparon a la Policía violencia excesiva. No dijeron que algunos de los lugareños los acusaron de saqueo a la propiedad privada. Aunque el paro había movilizado casi 5,000 personas, nada se compararía con lo que ocurrió el martes último, en Mazuko, en Inambari, donde 19 efectivos policiales fueron heridos en el enfrentamiento. Entre ellos se encuentran los suboficiales PNP Darío Lume Incarroca (37), Jesús Pacheco Álvarez (45), Raúl Frisancho Oblitas (54) y Mauro Tito Sánchez (44). Sufrieron fuertes contusiones en el cuerpo. Otro grupo de manifestantes atacó a Alcides Ugarte (47), un minero formal que se resistió a unírseles. Le reventaron la cabeza con una piedra. Al cierre de esta edición se confirmó la muerte de dos mineros producto de la violencia en Puerto Maldonado. Los heridos suman 40, según fuentes policiales. OPERATIVO AL AGUA A través de la huelga promovida por la Fedemin, desde el miércoles 23, los mineros informales intentaron recuperar sus puestos de trabajo perdidos tras el operativo que en una semana destruyó 35 dragas de extracción de oro en el río Madre de Dios (CARETAS 2169). Y vaya que lo lograron. El martes 1, el gobierno suspendió el operativo militar de destrucción de las dragas tras las violentas protestas en Puerto Maldonado. El gobierno acordó con las autoridades regionales un plazo de un año para la formalización. “Hemos dado una muestra de buena voluntad para el diálogo, no es un signo de debilidad. Además el paro de Puerto Maldonado es eminentemente político”, declaró el ministro del Ambiente, Antonio Brack. Según el Ministerio del Ambiente, son 2,736 cuadrículas mineras (derechos mineros que el Estado ha entregado o están en trámite), las cuales cubren 567 mil hectáreas. El 41 % (231 mil ha) se sobrepone a concesiones forestales y no maderables (conservación, ecoturismo, castaña). A ello deben sumarse las actividades de la minería informal. A la fecha se han deforestado aproximadamente 20 mil hectáreas naturales. Lo paradójico es que Madre de Dios es considerada la capital de la biodiversidad mundial, pues allí se dan los procesos ecológicos esenciales que regulan la vida amazónica. Una extraordinaria ‘biomatrix’ hoy en verdadero peligro por la amenaza de la minería artesanal. (Carlos Franco).

Narcotráfico :::: Abogado de Minera San Simón revela sorprendentes detalles de la matanza de Ica.

Aparece Testigo Clave

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La balacera se produjo en la apacible Plaza Barranca, frente al Poder Judicial de Ica. En la escena del crimen se hallaron pistolas de 9mm.

La semana pasada, el abogado Bladimir Torres López (33), uno de los asesores legales de la Compañía Minera San Simón, denunció ante la Policía de Ica que recibe constantes amenazas de muerte y acusó de estos presuntos amedrentamientos a los hermanos Fidel, Carlos, Manuel y Lola Sánchez Alayo, hijos de Manuel Sánchez Paredes, según fuentes policiales.

Torres López es uno de los testigos claves en el caso de la espectacular matanza, protagonizada por los guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes y de sus propios hijos, frente al Palacio de Justicia de Ica, el pasado jueves 3 de febrero.

El abogado brindó su testimonio al fiscal José Luis Herrera la misma noche de ocurrido el sangriento tiroteo familiar. Según su versión, Torres López se encontraba junto a los abogados Juan García Córdova y Gonzalo Alzamora Ruiz, hombre de confianza de Manuel Sánchez, en la oficina de San Simón, en la calle Piura No 118, cuando se produjo la balacera.

“Vimos a 5 sujetos sentados fuera de un bar, pero mirando a las oficinas. Luego empezaron a replegarse y todos sacaron sus armas de fuego. El doctor Alzamora me recomendó cerrar la puerta y seguidamente empezamos a escuchar la balacera”, contó.

Torres López identificó a dos de los presuntos hombres que vigilaban la oficina de la calle Piura: Andrés Briceño Contreras y Carlos González Huamán, a quienes señaló como “personal de resguardo de los hermanos Sánchez Alayo”. “Estas dos personas participaron activamente en la sustracción del cuaderno de exhorto del Tercer Juzgado Civil de Ica, por el que debía ejecutarse la medida de administración judicial a favor de Gonzalo Alzamora Ruiz (abogado de Manuel Sánchez Paredes), robo que actualmente viene impidiendo que asuma la administración de la empresa en la unidad Minera la Virgen de Cachicán”, declaró.

La sustracción del cuaderno de exhorto, ocurrida el martes 1 de febrero, es investigada por el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) que, el lunes último, suspendió a las juezas de Ica, Norka Monzón y María Ortega, por irregularidades en el proceso civil de esta disputa familiar.

El testigo sostiene que, el día de la matanza, Alzamora Ruiz esperaba la recomposición de dicho cuaderno de exhorto para recuperar la mina de oro.
“La intención (de los guardaespaldas de los Sánchez Alayo) fue de asesinar a Gonzalo Alzamora para impedir que asumiera la administración de la empresa minera”, sostuvo Torres López al fiscal José Luis Herrera Ramos.
Otros detalles del tiroteo, que ayudan a comprender cómo ocurrieron los hechos, fueron brindados al fiscal por el testigo Juan Flores Conde, vigilante del Banco Falabella, ubicado al lado de la oficina de San Simón. “Observé que llegaron dos camionetas (marca Toyota 4x4) de color verde y plomo. Estas vienen esporádicamente a la notaría que se encuentra en la calle Piura. De ellas descendieron cuatro sujetos que son guardaespaldas de quienes trabajan en la notaría”, narró el testigo. “(De pronto) se acercó otro grupo de sujetos que desconozco de dónde son. Solo sé que estuvieron merodeando en la Plaza Barranca desde ayer. Los dos bandos empezaron a agredirse verbalmente con palabras soeces logrando ver que una persona del grupo de sospechosos que se encuentra en este parque desde ayer intentó sacar su arma. Cerré la puerta y escuché los disparos”.

Los tres muertos, con hasta cinco balazos en sus cuerpos, formaban parte del resguardo de los Sánchez Alayo, según la Policía. Pero de los asesinos hasta hoy no se sabe nada. El abogado Gonzalo Alzamora Ruiz continúa prófugo y Manuel Sánchez Paredes no ha sido citado a declarar. En la misma condición, por cierto, se encuentra Fidel Sánchez Alayo, quien pese a haber sido mencionado por al menos un testigo, aún no forma parte de las investigaciones del fiscal, según lo afirma él mismo (ver Nos Escriben). 

El Ministerio Público suele actuar con eficacia en casos de homicidios y en otras investigaciones complejas. Pero en Ica, como en la mexicana Ciudad Juárez, todo indica que el narcotráfico marca la diferencia. (Américo Zambrano)

Olluquito dio US$ 10 mllns. a Fujimori

Jue, 03/03/2011 - 07:30

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Desde el penal Piedras Gordas habla el informante Óscar Benites Linares.Benites reveló ante las autoridades judiciales su relación con Eudocio Martínez y Vladimiro Montesinos, pero jamás fue confrontado con ambos personajes.

 Ángel Páez.

El empresario pesquero Eudocio Martínez Torres, conocido como “Olluquito”, aportó US$ 10 millones a la campaña de reelección de Alberto Fujimori en el 2000, de acuerdo con Óscar Benites Linares, ex informante de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), y cuyo testimonio fue determinante en el juicio por tráfico de drogas contra Fernando Zevallos.

“El mismo Eudocio comentó que debía aportar 10 millones a la campaña de reelección de Fujimori y desde prisión tenía que seguir trabajando para honrar sus compromisos con el cartel del narcotráfico”, dice Benites en un manuscrito al que tuvo acceso La República y en el que relata la presunta sociedad de Martínez con Vladimiro Montesinos en tráfico de drogas.

El 15 de marzo de 1993, en un cargamento de harina de pescado de la empresa Hayduk, de propiedad de “Olluquito”, se hallaron 353 kilos de pasta básica. Martínez se libró de la cárcel por años hasta que el 15 de enero del 2000 el empresario y sus hijas Mariana y Ana Cecilia fueron enviados a prisión. Pero la situación cambió rápidamente.

El 2 de marzo del mismo año, sin que fueran procesadas por la justicia, las hijas de Martínez salieron libres debido a un derecho de gracia otorgado por el presidente Fujimori, ante la intermediación de la entonces primera dama, Keiko Fujimori, como ella misma lo ha reconocido. Poco después, el propio “Olluquito”, el 17 de mayo del 2000, también salió en libertad.

Keiko ha confesado que, agradeciendo esa gestión, la familia Martínez aportó 10 mil dólares a su campaña para el Congreso el 2006.  Aún ahora apoya la candidatura presidencial de Fuerza 2011.

Mesa de negociaciones

Benites sospecha que la excarcelación se produjo después de que Martínez abonó los US$ 10 millones que le pidió Montesinos para la campaña reeleccionista.

El informante Benites manifiesta en el manuscrito que en los primeros días de febrero de 1998 un grupo de policías lo intervino y lo condujo a un restaurante en las afueras de Chimbote. Allí lo esperaba un viejo conocido con el que había tenido tratos ilícitos en el Alto Huallaga, en 1992 y 1993, Vladimiro Montesinos.

“Me senté ante la mesa y (Montesinos) me presentó a su socio, Eudocio Martínez Torres, y entrando en confianza, después de hacerme una serie de advertencias, empezamos a tratar de negocios. Ya para esto Montesinos estaba informado de todos mis movimientos y negocios y sabía que contaba con una avioneta”, relata Óscar Benites en el texto que redactó en el penal de Piedras Gordas, donde purga condena por narcotráfico.

Montesinos y “Olluquito” propusieron a Benites trasladar 10 toneladas de PBC de la selva de Ayacucho a Chimbote, donde sería convertida en cocaína. Benites recién había comprado una avioneta Cessna 210 Centurión II y el entonces poderoso asesor estaba enterado. Por cierto, “Olluquito” tampoco era desconocido para Benites.

“En el momento que Montesinos y Eudocio Martínez se encontraban en el restaurante, yo antes había conocido a Martínez en una reunión donde participaba como padrino de 15 años de la hija de Wildoro del Águila Seijas (‘Rica Chicha’). Además, lo había visto a veces en Tarapoto junto a otros señores (...), también dedicados al negocio del narcotráfico. Para entonces ‘Olluquito’ era conocido como uno de ellos. Estoy hablando del año 1986”, explica Benites.

El negocio de Chimbote salió a medias. Benites hizo dos vuelos con 500 kilos cada uno el 5 y 6 de febrero de 1998. Pero cuando se efectuaba el tercer vuelo con droga, la avioneta tuvo un accidente en Huaraz. Benites decidió escapar a EEUU. No quería que Montesinos hiciera con él lo mismo que le pasó a Demetrio Chávez, “Vaticano”, quien también fue su socio.

Benites se acogió a la Colaboración Eficaz y delató los nexos entre Montesinos y Martínez, pero nunca fue confrontado con Montesinos ni con Martínez, como sí ocurrió con el caso Fernando Zevallos.

“De Eudocio supe el día que fue apresado por su socio (Montesinos). No era de extrañar que acabaran así. Es la forma de operar de Montesinos. Te presenta como su galardón, trofeo que lo hace aparecer como si estuviera combatiendo el narcotráfico”, escribe Benites.

Sin tomar en cuenta el testimonio de Benites, el 2005, Martínez, quien siempre ha negado vinculaciones con el narcotráfico, resultó absuelto. A Óscar Benites lo condenaron.

Mañana: Anatomía de una sociedad secreta.

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Obama y Calderón discutirán sobre

 la violencia en México

Human Right Watch pide al presidente de EE UU que presione al 

mandatario mexicano por los abusos a los derechos humanos

YOLANDA MONGE | Washington 03/03/2011

Barack Obama recibe hoy en la Casa Blanca al presidente mexicano, 

Felipe Calderón, en un momento en que las relaciones entre ambos pasíes están 

empañadas por el asesinato el pasado 15 de febrero deun agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en México. La muerte de Jaime Zapata ha sido la primera de un agente federal estadounidense en suelo mexicano en 26 años. Otro agente resultó herido durante el ataque de los narcotraficantes.

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Obama hace suya la guerra contra el narcotráfico

·   Obama y Calderón se unen contra la ley antiinmigración de Arizona

·   Calderón denuncia ante el Congreso la responsabilidad de EE UU en el narcotráfico

El comercio y la inmigración serán sin duda temas en la agenda de los dos mandatarios pero la violencia y la inseguridad que provoca el tráfico de drogas y la cooperación contra el crimen organizado serán asuntos prioritarios. Más de 35.000 personas han muerto en México desde que Calderón llegó al poder en 2006.

Obama está comprometido con la fuerte asociación que Estados Unidos tiene con México. Esta es la razón para el encuentro, declaró ayer el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, ante las preguntas de por qué en este momento la visita de Calderón. En los círculos políticos de Washington se especula con que la guerra del narco, el escándalo de los cables de Wikileaks y algunas iniciativas norteamericanas en temas de inmigración como las del Estado de Arizona han tensado en los últimos meses unas relaciones que parecían haber mejorado durante los últimos años.

Fuentes de la Casa Blanca citadas por la agencia France Press informaban anoche de que uno de los temas que Obama pondrá sobre la mesa será la idea de que los agentes norteamericanos en el interior de México puedan ir armados, algo que se prohibió en 1990. "Es una prioridad para el Gobierno de EEUU asegurarse de que se toman todas las medidas necesarias para proteger a nuestro personal", dijo la fuente que pidió mantener el anonimato.

Por otro lado, la organización de defensa de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) instó ayer a Obama a que presione a Calderón para que se respeten esos derechos en México y que las fuerzas de seguridad respondan por sus actos. Según informó HRW a este diario, la militarización de la lucha contra la droga ha producido un aumento significativo en los abusos graves a los derechos humanos. Uno de los fallos más evidentes dela estrategia de Calderón en su lucha contra los carteles de narcotráfico ha sido la falta de respuestas ante los abusos generalizados de las fuerzas del orden, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en Washington.

Solo en 2010, más de 15.000 personas perdían la vida por la violencia del narco. Cualquier debate serio sobre las alternativas para mejorar la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México debe abordar este tema, finalizó Vivanco.

ENTREVISTA: Ola de cambio en el mundo árabe - Revuelta popular en Libia LUIS MORENO-OCAMPO Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

 

"Los responsables de la represión libia serán perseguidos y castigados"

MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid - 03/03/2011

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno-Ocampo, ha anunciado este mediodía en La Haya que su oficina va a actuar contra el dictador libio Muamar el Gadafi y su círculo de confianza por crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos desde el 15 de febrero, cuando estallaron las revueltas y la posterior represión del régimen en el país magrebí.

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Garzón asesora en la causa de la Corte Penal Internacional contra Gadafi

·         "Los responsables de la represión libia serán perseguidos y castigados"

El líder libio y "alguno de sus hijos" figuran entre los principales sospechosos de los crímenes cometidos en Libia en las últimas dos semanas, ha dicho el fiscal. Ellos serían los responsables de los delitos que se investigan porque ejercen "la autoridad 'de facto' o formal" sobre las tropas. Entre los demás inculpados aparecen el ministro de Asuntos Exteriores libio, el jefe de la seguridad y de los servicios secretos, Musa Kusa, el jefe de la seguridad personal del dictador, Abdulqader Yusef Dibri, y el responsable de la seguridad externa, Abu Zayd Dorda.

Moreno-Ocampo ha dicho que la fiscalía ha recopilado numerosas pruebas en los últimos días que apuntan a la comisión de graves crímenes contra la población de Bengasi, donde primero triunfó el alzamiento, Misrata y Trípoli, la capital libia y escenario de los bombardeos del dictador contra su propio pueblo como respuesta a los manifestantes.

El fiscal de la CPI ha añadido que la corte es imparcial y es consciente de que los opositores también tienen armas, por lo que podrían ser objeto de investigación. "No habrá impunidad en Libia", ha advertido. Si han cometido crímenes, también serán responsables".

"La diferencia entre Darfur (en Sudán) y Libia es que ha quedado claro que nadie en el mundo puede lanzarse contra su propia población", ha dicho Ocampo. En este caso ha sido posible presentar estas acusaciones tan deprisa porque tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que le dio el mandato para actúar el pasado sábado, como la Liga Árabe y la Unión Africana han trabajado en el caso.

La decisión última recae en los jueces

Ahora que ya se sabe quiénes son los presuntos autores de los crímenes cometidos en Libia, el sumario pasará a los jueces de la Corte Penal Internacional. De ellos depende decidir si se emiten las órdenes de arresto correspondientes para que sean trasladados a La Haya, sede del tribunal. Como en la justicia ordinaria, el fiscal acusa y los magistrados ordenan la detención de los sospechosos a los que luego juzgarán.

Una vez confirmada la competencia de la CPI sobre los crímenes que investiga, los esfuerzos de la fiscalía se han centrado en los principales sospechosos. Se trata con ello de "servir mejor el interés de la justicia", según el propio fiscal Moreno-Ocampo.

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Pregunta. ¿Por qué han decidido abrir la investigación?

Respuesta. El Consejo de Seguridad de la ONU nos remitió el caso el sábado, y la ley dice que el fiscal debe proceder a la investigación a no ser que no haya una base razonable para creer que se pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad. En este caso, la hay sin duda. Parece que en Libia se están produciendo ametrallamientos o bombardeos de civiles en plazas públicas. Son ataques masivos a la población civil. Los hechos son gravísimos, hay centenares o miles de muertos. Decidimos abrir rápidamente la investigación para poder identificar a los responsables.

P. ¿Qué información manejan?

R. Hemos estado en contacto con la Liga Árabe, lasNaciones Unidas, la Unión Africana y con organizaciones como Interpol. Hemos juntado una cantidad de información enorme. Ahora tenemos que recopilar pruebas para presentárselas a los jueces: testimonios, fotografías, documentos... Esa tarea empieza mañana.

P. ¿Disponen de alguna cifra del número de muertos?

R. Oscila, porque de algunos lugares no hay información. Se calcula que hay un mínimo de 600 y que puede haber varios miles, pero es imposible precisar cuántos. De todas formas, nosotros no vamos a hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo. Nuestra política de investigación es selectiva. Nos centramos en los incidentes más graves y en las personas a las que identificamos como máximos responsables.

P. ¿Quiénes son?

R. Se anunciará mañana, pero estamos hablando de unas 10 o 15 personas. Tenemos bastante clara la estructura de mando formal e informal que actúa en Libia.

P.¿Qué papel tiene el Ejército?

R. No es el principal elemento de ataque sobre la población civil. Más bien al revés. Hay una tirantez clara entre el Ejército y el Gobierno de Gadafi. Los que están actuando son milicias organizadas y los servicios de seguridad e inteligencia, a los que queremos enviar un mensaje muy claro: los jefes van a responder de los actos de los que están bajo su mando. Estamos preparando una lista de personas que, por su cargo, deben tener mucho cuidado: si sus unidades cometen crímenes, serán investigados.

P. ¿Cuánto cree que pueden tardar en reunir pruebas para pedir a los jueces que emitan órdenes de detención contra Gadafi y los demás responsables?

R. Lo antes posible. La rapidez es vital. Son crímenes muy graves que se siguen cometiendo.

P. Gadafi ha anunciado que no abandonará el país. Si lo hiciera, probablemente buscaría refugio en algún Estado amigo que no lo entregara. ¿Qué posibilidades hay de que la orden de detención se haga efectiva?

R. La emisión de una orden de arresto, en sí misma, tiene un impacto muy importante y supone un problema serio para los implicados. A diferencia de la época del Holocausto, ahora hay un tribunal listo para actuar. Estos crímenes comenzaron el 15 de febrero y ya estamos en marcha. Los líderes que cometen crímenes contra la humanidad tienen que saber que no gozarán de impunidad. Cómo se implementa después una orden de detención es una desafío distinto que tendrá que ser abordado en su momento. Ahora debemos probar los crímenes y llegar a los responsables.

P. La corte ha tenido problemas para actuar con eficacia en otros casos.

R. El mundo está cambiando, a pesar de todo progresa, y el desafío de hoy es el caso de Libia.Facebook tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en ese país, y nació el mismo año en el que empezó a trabajar la Corte Penal Internacional. Son dos formas modernas de participación. Facebook pone en contacto a 500 millones de personas; el tribunal conecta a 114 Estados parte y a 2.000 millones de personas. Vamos a asegurar que se hace justicia y que los responsables de la represión, de los ataques a la población civil, sean perseguidos y castigados

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