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jueves, 26 de abril de 2012


UNA MIRADA POLÍTICA AL VRAE

La embajada de Estados Unidos  y  sus  voceros, entre  ellos el notorio Fernando Rospigliosi, in­sisten en decirnos que el problema del Vrae viene porque una banda de narcotraficantes ha decidido crear una Ciudad Juárez cubierta de vegetación. Esta gavilla nos dicen es proveedora de firmas mexicanas y colombianas.
Curiosa banda esta que, en vez de una conveniente discreción, mata a policías y militares para llamar la atención y ser blanco de persecuciones.
Curiosa banda esta que no opta por la clandestinidad sino por la más sanguina­ria notoriedad. Son narcos que le gritan al Estado y a su aparato legítimamente represor:
Miren, aquí estamos, vengan por no­sotros, oigan, hágannos caso.
Es la banda, entonces, de Los Tres Chiflados.
Curiosa banda esta que llama a Abimael Guzmán traidor "por pacifista y rendido", que se burla de la captura de "Artemio" subestimando el papel que jugaba en el Huallaga, que ataca a los últimos gobiernos peruanos por "vende patrias y pro imperialistas" y que está convencida de que la crisis capitalista es la tormenta perfecta para ganarse al pue­blo.
Curiosa banda que tiene cierto apoyo popular no sólo de cocaleros sino de gente común y corriente, que "imparte" algunas veces "justicia popular" incruen­ta y que se mueve como pez en el agua por un territorio donde el Estado es el gran ausente.
Se disfrazan de senderistas pero, en el fondo, son sólo narcos dicen los entenados de la DEA y la USAID.

¿Por qué un narco se disfrazaría de senderista?
Extravagantemente, un narco se dis­frazaría de comunista rabioso y asesino si supiera que, de ser atrapado, la pena por terrorismo fuese menor. Pero no es así. ¿O son narcos que sueñan con la cadena perpetua? Y no se diga lo que le espera a un narco que mata a militares fingiendo que es guerrillero. Será conde­nado por ambas cosas habiendo menti­do, masoquistamente, sobre esta segun­da condición. ¿O son narcos que aspiran a la gloria tipo Guinness de quién obtiene la mayor cantidad de cadenas perpetuas?
Otra posibilidad aun más ridícula es imaginar que una banda de narcos simu­la ser guerrillera porque le da vergüenza admitir la vulgaridad de sus fines y la pobreza de sus horizontes.
Qué pensarán de nosotros si se ente­ran de que sólo nos interesa la plata del narcotráfico dirían.
Y añadirían, calculadores y pudorosos:
Mejor decimos que creemos en la re­volución, que tomamos como ejemplo a Grau y a Bolognesi verdaderos patrio­tas, mejor citamos a Mao, mejor mata­mos soldados y derribamos helicópteros. Tenemos que disimular ante nuestras amistades y familiares. Porque, qué ro­che ser sólo narco.
¿Se imaginan? Es como si Pablo Esco­bar hubiese invocado a Antonio Nariño. Como si el Chapo Guzmán (el rápido) hablase de Benito Juárez. Como si el brasi­leño Antonio Bonfim Lopes, alias "Nem", mentara a Pedro de Alcántara.

Es como si Pablo Escobar hubiese invocado a Antonio Nariño


Ya es hora de acabar con las bobadas cacofónicas de quienes quieren reducirlo todo a un grupúsculo de delincuentes comunes al que hay que barrer con la Dirandro y la DEA.
El problema es mucho más complica­do. No es un asunto de bombardear "el excenario" (sic), como dice el señor vi­cealmirante Luis Giampietri, experto en bombardeos y demoliciones. El asunto es que la inclusión social debería suponer la inclusión regional. El Perú sigue sien­do un rompecabezas que no termina de armarse y de esas piezas sueltas emerge esa masa crítica de odio que "José" y sus hordas pueden convertir en amenaza.
Pero "José" no existiría si el Perú estuviese cosido y fuese, en relación a los propósitos, una sola entidad. Y los co­cales serían mínimos si al campesino de esas tierras se le hubiese tratado como a un ciudadano y no como a un paria. Y no habría "justicia popular" si la justicia oficial estuviese presente y fuera decente. Un Estado ausentado le exige a un te­rritorio, que sólo en teoría le pertenece, que se desprenda de sus cultivos. Y lo hace en nombre de unos intereses que no son los nuestros, que son, más bien, los de quienes han gastado trillones de dó­lares en combatir el consumo de drogas en su país.
Estados Unidos quiere que todo se reduzca a un asunto policial porque si admitiera que se trata de un complejo problema político y social su descarada intervención en el Perú tropezaría con al­gunas dificultades. Entre ellas, las de su propio Congreso.
Porque fue la Cámara de Representantes la que in­vestigó el caso de cómo fue que la CÍA permitió que el Cartel de Medellín estableciera una base en Yucatán, desde donde introdujo, con autorización oficial, cocaína colombiana en los Estados Unidos. Los "fondos" así reunidos eran "buenos" porque estaban destinados a finan­ciar a la "Contra" nicara­güense. En el operativo participaron traficantes de Miami que eran, al mismo tiempo, colabora­dores de la CÍA.
Todo se descubrió cuando el ejército sandinista derribó, en octubre de 1986, un avión norte­americano de transporte piloteado por el agente de la CÍA Eugene Hasenfus y cargado de armas y cocaína. Hasenfus, que pudo completar un aterri­zaje forzoso perfecto, confesó en rueda de prensa que era agente de la CÍA y que las armas y la cocaína que llevaba en la bodega eran parte de un plan de financiamiento para la contrarrevolución que, preparado desde Honduras, tenía como propósito derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Esa cocaína en el avión de Hasenfus no era, evi­dentemente, la que los hombres de Medellín po­dían negociar en Estados Unidos en nombre de "la liberación de Nicaragua". Esta debió lle­gar a manos del líder misquito Steadman Fagoth, quien también requería fondos para la guerra desatada en la costa cari­beña del país.
Ernest Jacobsen, un agente de la DEA, fue interrogado en el Congreso de los Estados Unidos y confirmó las transac­ciones hechas con el Cartel de Medellín. En la triangulación de esas operaciones intervino el entonces agente de la inteligencia estadounidense Manuel Antonio Noriega, alias Presidente de Panamá.
Lo más repugnante es que la droga, mutada en crack, se vendió sobre todo en los barrios negros bajo el monitoreo del múltiple terrorista cubano-norteamericano Luis Posada Carriles, autor del atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976. Así lo confirmó el periodista californiano Gary Webb en su libro "Oscura alianza", una investigación que fue ridiculizada durante una brutal campaña de desprestigio que terminó con su suicidio en el 2004.
¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para imponernos su visión reduccionista?


Ese es también el país que ahora man­da decir a sus voceros que lo del Vrae es asunto de la DEA, que el rescate de los rehenes ha costado exacta­mente 5 millones de dólares y que quienes insisten en hablar de política tratándose de "Camarada José" come­ten "un grave error".
Que el"Camarada José", el "Camarada Gabriel", protejan el cultivo de la coca y hasta el trasiego de la hoja tratada rumbo a sus compra­dores, es algo cierto. Pero, precisamente, ese es un gesto político, una manera de obtener apoyo, vi­tuallas, escondrijos, silencio, armas y po­siblemente dinero. Pero eso no convierte a sus efectivos en "narcoterroristas".
Ya tuvimos bastante con esas visiones reduccionis­tas y atrofiadas. Los que creyeron que el terroris­mo senderista debía me­recer a los Colina y a los Fujimori terminaron muchos de ellos aceptando su error. Y que digamos que lo del Vrae es un problema político no quie­re decir que estemos excluyendo la inter­vención de la fuerza. Pero eso requiere del apoyo de la población. Y el apoyo de la población supone acción social, pre­sencia del Estado, paciencia, labor de infiltración, alternativas de cultivo, per­suasión y mando multisectorial pero uni­ficado. En resumen: política. Y no pobres diablos que se la pasan llamando sólo a la policía porque así lo quieren quienes los financian.
CESAR HILDEBRANDT

Presuntos testaferros de senderistas fueron llevados a la Dircote

Los diez integrantes de la familia Gutiérrez Mantari, quienes tenían un desbalance de US$50 millones, podrían ser trasladados hoy a una cárcel
Jueves 26 de abril de 2012 - 07:06 am
(América TV)
Anoche fueron trasladados a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) los diez integrantes de la familia Gutiérrez Mantari, quienes el pasado 12 de abril fueron detenidos por un desbalance patrimonial de 50 millones de dólares, y acusados de ser los presuntos testaferros de los senderistas ‘José’ y ‘Alipio’.
En una combi, la familia fue ingresada a la sede de esta división en la Avenida España, y mañana se decidirá si son recluidos en un penal, informó el noticiero “América Noticias”.
Los Gutiérrez Mantari, encabezados por Alex Gutiérrez Mantari, fueron investigados durante un año y acusados de por el presunto delito de lavado de activos y desbalance patrimonial por 50 millones de dólares.
Durante la operación se detuvo a Dionisio Gutiérrez, su esposa Regina Mantari y a los hijos de ambos: Álex y William Gutiérrez Mantari, además de la esposa de este último, Rosario de Gutiérrez.
El 5 de octubre del año pasado, la policía capturó a Álex Gutiérrez Mantari luego de que se descubriera que montó una red de empresas familiares que habrían servido para lavar fondos del narcotráfico y de los senderistas ‘José’, ‘Alipio’ y ‘Raúl’.