Aldo Mariátegui:

"¿CVR en el colegio? ¡No!"

La columna del director

LIMA - 

- El remedio va a ser peor que la enfermedad con eso de que se ha planteado que el texto de la CVR sea obligatorio en los colegios para que los jóvenes conozcan a Sendero Luminoso.

Ese documento genera demasiados reparos y a mucha gente no le va a gustar esa versión caviar de que el terrorismo fue "un conflicto armado interno", que le metan esa cantidad exagerada de víctimas (infladas por un método para contar anchovetas...), que no se ponga en su dimensión determinante lo pernicioso que fue la difusión del maoísmo violentista en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, o que se deje a los militares y policías virtualmente como unos torpes carniceros.

Precisamente, una de las peores consecuencias de la CVR es que terminó victimizando en cierto modo a los terroristas con ese tipo de conclusiones, algo que también alimentaron las ONG de Derechos Humanos y las absurdas sentencias de la CIDH, que encima nos obligaban a indemnizar a terroristas...

Un documento hecho básicamente por un sector político (la izquierda caviar) no puede ser materia de enseñanza escolar. Quienes la consideren su Biblia son libres de ensalzarla, venerarla y difundirla, pero no tienen ningún derecho a imponer esa visión al resto, y menos aún a escolares, con el criterio en formación. Ni hablar. Si quieren el texto de la CVR para sus hijos, pues que lo enseñen en sus casas. Mal haría la ministra Salas en prestarse a imponer esto, por más que sus amigos caviares la presionen.

- Como me escribe un lector: "Aldo, a propósito de los comandos -y para contrarrestar la campaña caviar-, creo que es de justicia iniciar una campaña para resarcirlos de tanto ataque canalla, y para recompensarlos como se merecen con las siguientes acciones:

1) Promover un concurso entre los artistas plásticos nacionales para crear una estatua o monumento que perennice su heroica acción.

2) Dotar a cada uno de ellos de una vivienda propia.

3) Becas de estudio para cada uno de ellos o sus hijos.

4) Declarar el año 2013 como el "Año del recuerdo de los comandos héroes de Chavín de Huántar".

5) Ascenso al grado inmediato superior a aquellos aún en el servicio activo y procurar empleos al resto, con pensiones inmediatas para aquellos que hayan quedado con heridas o mutilaciones".

- No creo que se le deba cerrar tan rápido la puerta a la posibilidad de que se venda GLP a granel en los grifos. Se habla de temas de seguridad, pero no me digan que en el siglo XXI no existen ya las técnicas necesarias para recargar tranquilamente un balón, si es que eso ya se hace con los autos o hasta los encendedores. Lo que sí sería conveniente, de darse esta posibilidad, es que se promueva la venta de balones más pequeños, como los que uno ve en Europa o que aquí se usan para campamentos (de 2, 3, 4 y 5 kilos), pues tampoco tiene mucha lógica que las personas vayan a los grifos con balones grandes y pesados o que estén usando balones que no les pertenecen a ellas sino a las empresas de gas.

Este tipo de venta no sólo abarataría el costo, sino que masificaría aún más el uso de gas. Ya lo hemos visto en otros productos (champús, gaseosas, pañales, etc.) cuando los marketeros se animaron a dar versiones más pequeñas o en menores cantidades, lo que puso a éstos dentro del consumo popular.

No lo veo tan remoto y hasta aquí se propuso en el año 2005, a menos que las razones de seguridad sean absolutamente incontestables.

Fue una guerra interna que ganamos

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El argumento de algunos para criticar el informe de la Comisión de la Verdad es que allí se señala que lo que hubo en el Perú fue una guerra interna. Sinceramente, no entendemos por qué ese término les genera tanta suspicacia.

Guerra interna es, efectivamente, lo que hubo. Una guerra declarada al Perú por un grupo terrorista y una guerra que, además, el Perú ganó. Si la CVR hubiese hablado de ‘guerra civil’ nos sumaríamos a las críticas en su contra. Porque no fue la mitad de un país, ni siquiera un sector importante de la población el que se levantó en armas contra el resto. Fue un grupo terrorista –cosa que señala claramente el informe- contra la población civil y las fuerzas del orden.

Los documentos internacionales señalan, además, explícitamente, que manejar el concepto de ‘guerra interna’ no le otorga ningún estatus jurídico beligerante al terrorismo. No es, pues, desde ningún punto de vista, una muestra de debilidad o concesión que la CVR haya tenido con Sendero Luminoso. En el artículo tres de los convenios de Ginebra señala que ese término “no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto”. El mismo ha sido usado, además, por las propias Fuerzas Armadas, mucho antes del informe de la CVR y la define un estado de guerra no convencional (véanse el Manual "Guerra No Convencional. Contrasubversión" ME 41-7 de julio de 1989 y el Manual "Operaciones Especiales de Inteligencia" ME 38-20, de abril de 1991).

Es más, estrictamente hablando, en términos históricos ha sido más bien la izquierda la que ha denunciado el uso de este concepto porque consideraba que fue malversado por las dictaduras militares de los 70 y 80 para justificar indebidamente la incursión de los militares en la represión de las protestas sociales.

Más allá de esta atingencia, insistimos en preguntar cómo no va a ser una guerra un enfrentamiento armado que costó más víctimas que todas las guerras externas tenidas por nuestro país desde sus inicios republicanos. ¿Cómo no va a serlo lo ocurrido desde 1980, que trastocó el orden establecido en todo el territorio nacional y puso en riesgo la propia viabilidad del Estado democrático?

Paradójicamente, con esta crítica en el fondo se menoscaba la valía del triunfo obtenido por el Perú frente a una amenaza que otras sociedades no pudieron vencer o que aún siguen padeciéndola.

Lo normal es que luego de hechos como el sufrido por el Perú a lo largo de dos décadas, se galvanice un estado de unidad nacional. Eso no ha sido posible, lamentablemente, por la negativa ciega e irracional de diversos sectores políticos a leer sin apasionamientos un documento valioso no solo para registrar la memoria de una tragedia de la que salimos airosos, sino que bien podría ser el punto de partida para contribuir a que hechos similares no vuelvan a repetirse en nuestro país.

Comisión de la cizaña
Jorge Morelli
Lo que hizo la Comisión de la Verdad fue enlodar la limpia victoria del Perú sobre el terrorismo, con la mentira de que ella fue fruto de una política de violación sistemática de los derechos humanos. Lo que hizo fue sepultar la legitimidad de la respuesta que el Perú forjó bajo la pesada losa de un término vejatorio eficaz. La prueba de que tal política nunca existió no puede ser más sencilla y evidente: si hubiese existido la tal política de violación de los derechos humanos probablemente, ¿por qué no fueron ejecutados extrajudicialmente cuando cayeron los cabecillas terroristas principales. En cambio, fueron todos capturados, procesados, condenados y encarcelados. Están vivos.

Por una enfermiza obsesión cuyas raíces se hunden en la mala conciencia de sus propias culpas, la CVR le negó a los peruanos el legítimo orgullo a que tenían derecho ante la comunidad internacional por su victoria ejemplar al equiparar tácita y maliciosamente la manera como se derrotó al terrorismo acá, con la forma en que se procedió en Argentina o en Chile. Allá lo que se hizo fue repetir la política brutal que los franceses aplicaron en Indochina y en Argelia. Acá, se aplicó la de los ingleses en Malasia: los “corazones y las mentes”. A ella precisamente se debió la victoria: a la colaboración de las comunidades andinas.

Si hubo, pues, una política y fue la que cambió la dinámica que estaba llevando la acción antisubversiva a fines de los 80 hacia una multiplicación de actos violatorios de los derechos humanos. No por efecto de una política de violación, sino como consecuencia del descontrol y la incapacidad de gobiernos sucesivos de articular una respuesta eficaz ante el terrorismo, y abandonar a las Fuerzas Armadas a su suerte sin asumir la responsabilidad política de la conducción. Los militares –decíamos muchos entonces– no solo tienen el deber de obedecer órdenes, sino el derecho de recibirlas del poder constitucional.

No hay sino necedad, por eso, en la calumnia de que el fujimorismo tiene la culpa de que el terrorismo pretenda ser hoy partido político por haberse opuesto a las mezquindades de la CVR, cuando fue esa malhadada junta la que sembró la cizaña que dividió a los peruanos. Pero la historia reivindicará la verdad.