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jueves, 19 de enero de 2012


(Editorial) La Gran Continuación

El señor Chehade se sirvió de los votos de la bancada oficialista para mantener su propia inmunidad parlamentaria. Así fue como “La Gran Transformación” se convirtió en la Gran Continuación.
Jueves 19 de enero de 2012 - 07:00 am6 comentarios
Si una bandera portó el presidente Humala en la segunda vuelta que terminó por llevarlo a Palacio, esta fue la de la lucha contra la corrupción. “La economía –decían sus propagandistas– no lo es todo”, aludiendo a los grandes logros en materia económica y no menores atropellos en temas de honestidad, derechos humanos y respeto por la ley, que exhibía el currículo del fujimorismo. Es cierto que lo decían sin reparar en cómo el propio pasado del entonces candidato planteaba severas dudas respecto de los dos últimos temas, pero es asimismo indiscutible que acertaban en el principio: las sociedades no necesitamos solo autoridades que permitan el crecimiento, necesitamos también autoridades que podamos respetar.
Hubiese sido bueno que el presidente recordase esto antes de permitir que su partido proteja de investigación judicial a quien ha protagonizado uno de los escándalos de mercantilismo más burdos de los últimos años. Sobre todo considerando que los escándalos comenzaron incluso antes de su toma de mando, con el viaje de representación-pública/negocios-privados de su hermano Alexis a Rusia, y que han continuado luego por medio de sus congresistas, entre otros, con una constancia preocupante.
Si a lo anterior agregamos todas las suspicacias que puede despertar el recordar que quien ayer fue protegido por la bancada del presidente lo había asesorado como abogado en casos tan poco aclarados como el de Madre Mía y el ‘andahuaylazo’, se ve que el partido de Gobierno también ha dejado pasar la oportunidad perfecta para que el señor Humala deslinde dos de los episodios más controversiales atribuidos a su pasado. En cambio, se ha optado por dar pie a que muchos se pregunten por qué es tan difícil enderezar a los subordinados que no caminan derecho.
Ha sido de igual modo notable, por otro lado, la forma en que enfrentaron este tema algunos parlamentarios que suelen hablar de decencia. Por ejemplo, el señor Diez Canseco, que se excusó de votar por un problema en su tobillo. O el señor Yehude Simon, quien, definiendo la votación, optó por sumarse a la enclenque excusa que usó Gana Perú: que no habría “indicios suficientes” de que el señor Chehade hubiera cometido el delito de patrocinio ilegal como para ameritar una investigación judicial.
Lo que requiere el tipo penal del “patrocinio ilegal” es que “un servidor público”, valiéndose de su calidad de tal, favorezca “intereses de particulares ante la administración pública”. ¿No era el señor Chehade servidor público? ¿No usó su calidad de tal para convocar a los generales? ¿No eran estos generales funcionarios públicos? ¿El interés del hermano del señor Chehade y de su amigo por desalojar Andahuasi no era privado? ¿No favorecía a este interés privado que el señor Chehade usase su encumbrada posición pública para juntar a quienes tenían este interés con los generales que podían satisfacerlo? ¿Qué consideraría el señor Simon “suficiente” para merecer una investigación judicial?
Ayer, el señor Chehade, autor del proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria, se sirvió de los votos de la bancada oficialista para mantener su propia inmunidad parlamentaria y evitar ser investigado por el Poder Judicial. Así fue como “La Gran Transformación” se convirtió en la Gran Continuación.
    LUIS LUCAS (lufain)
    En pocas palabras....Gana Peru...no hace la diferencia, es mas de lo mismo
    19 de enero del 2012 10:15
    Sandra Ramos Macedo (shannita)
    Q verguenza! pero no me sorprende. Es la gran continuación de la CORRUPCIÓN
    19 de enero del 2012 10:10
    Mario López Sotelo (saifores)
    Gran Editorial, claro en ideas, directo, sin rodeos, sin medias tintas ni ambiguedades, llamando a las cosas por su nombre, es así como debemos expresar las ideas en el Perú. Totalmente de acuerdo,la catadura moral de los que ahora nos gobiernan es tan dudosa como su capacidad de gobernarnos.
    19 de enero del 2012 10:08
    lucero gomez casas (lugoca)
    Ollanta venía haciendo un buen papel, pero ahora vemos la realidad, es un cogobierno con la corrupción, y los procu2radores ad hoc solo sirven para perseguir a los enemigos del gobierno, deben desaparecer estos sicarios jurídicos y encargarse los casos a los procuradores generales como era antes.
    19 de enero del 2012 09:44
    Andres Quevedo Bedoya (queved0)
    La política es un juuego de intereses y no de valores.
    19 de enero del 2012 09:36
    Adrian Vi (windowser)
    Ya no existe La Gran Transformación ni la Lucha Contra la Corrupción, eso sólo fue una plataforma de lucha para llegar al poder, ahora estando en el poder eso quedó en la esquina del pasado. Si se hiciera una radiografía al interior del gobierno se verían muchas conchinadas que no se dan a conocer.
    19 de enero del 2012 08:38
    Inadmisible doble discurso de seguidores de Abimael

    CARLOS BRUCE (*)
    En un Estado democrático como el nuestro todas las personas tenemos el derecho de hacer política. No interesa nuestro credo, religión ni ideología. Éste es un derecho fundamental consagrado por la Constitución y que se debe ejercer respetando los demás derechos fundamentales de la persona. ¿Pero qué sucede cuando un grupo de individuos como el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) pretende incursionar en la política enarbolando principios y pensamientos antidemocráticos que ponen en peligro el derecho a la vida de todos los peruanos?
    Antes de responder esta pregunta resulta necesario precisar realmente quiénes son y qué es lo que verdaderamente pretende dicha agrupación. Según las declaraciones de su vocero y actual abogado del condenado por terrorismo Abimael Guzmán, Sendero Luminoso nunca existió (su verdadero nombre es el Partido Comunista del Perú), lo ocurrido en las décadas del 80 y 90 no fue terrorismo y el Movadef es una organización totalmente distinta al Partido Comunista del Perú; es decir a Sendero Luminoso (SL).
    Como resulta evidente, estamos frente a un doble discurso descarado, inadmisible y totalmente condenable. Esto es muy fácil de comprobar a través de la lectura de los principales documentos que sustentan el origen del Movadef y que han sido remitidos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su inscripción como partido político.
    Tanto el Acta de Fundación, su Estatuto y el Ideario del Movadef sustentan su doctrina política en la ideología del “marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo”; que como todos sabemos fue la ideología en la cual se basó el grupo terrorista SL para matar a comuneros, indígenas, policías, miembros de las FF.AA. y demás personas inocentes que se encontraron en su camino de muerte y destrucción.
    Ahora, respondiendo a la pregunta inicial, no tenemos duda alguna que agrupaciones como la del Movadef adscritas de manera enfática a una forma de hacer política basada en la acción violenta proveniente del “Pensamiento Gonzalo”, no tienen el más mínimo derecho de incursionar en la vida política de un Estado democrático como el peruano.
    Y eso es precisamente lo que ha resuelto el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) –en una resolución admirable– al denegar la inscripción del Movadef. Sin embargo, ante la apelación del Movadef y en un acto totalmente cuestionable e inexplicable, el JNE ha declarado nula la mencionada resolución obligando al ROP a pronunciarse nuevamente, tirando por la borda toda institucionalidad democrática y poniendo en riesgo nuestro Estado de Derecho.
    (*) Congresista
    ONP manejará fondos de pensiones de FFAA y PNP sin aumentos

    Denuncian que Humala apoya plan antipatriota
    César Rojas
    Lo que no pudo hacer el gobierno de Alan García, de ignorar el marco legal de las pensiones renovables de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya lo está haciendo Ollanta Humala, ya que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) manejará a su antojo el dinero que se decía era para la Caja de Pensiones Militar-Policial.
    Así lo denunció el comandante FAP Rommel Roca, en vista que la ley de creación de la ONP la faculta a actuar como una unidad ejecutora; es decir, destinando dinero solo para los casos que le parezcan apropiados, sin ceñirse a disposiciones específicas del Poder Ejecutivo.
    “Dado que el famoso fondo pomposamente anunciado por el señor ministro de Defensa (Alberto Otárola) es el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), constituido por los futuros aportes que proveerán el Estado y el personal de las FFAA y PNP formando un fondo de carácter intangible que va a ser administrado. ¿Por quién?”.
    Igual que Alan
    Según explicó, dentro de un futuro mediato la ONP actuará como Secretaría Técnica del Directorio del FCR, conforme lo señala el numeral 8 del artículo 3° de la Ley Nro. 28532. Esta norma emitida en el gobierno de Alejandro Toledo establece la “reestructuración integral” de la instancia que veía el tema de pensiones a civiles a exclusividad, hasta hace poco.
    Lo afirmado se puede corroborar –agregó– con el artículo 17° del rechazado proyecto de ley que presentó Jaime Thorne cuando era ministro de Defensa y pretendía eliminar el régimen de pensión renovable, con el apoyo del funcionario del MEF, José Villena, a quien ahora Humala Tasso ha colocado como titular de Trabajo.
    “El señor Castilla, ministro de Economía, ha hecho firmar al Presidente el año pasado el Decreto de Urgencia Nro. 059-2011. Para el cumplimiento de obligaciones de la CPMP se ha otorgado S/.584 millones de nuevos soles como Fondo de Garantía. Sin embargo, se puede apreciar en el artículo 4°, que tanto el Pliego y como Unidad Ejecutora, es la ONP, que rige hasta el 31 de diciembre de 2012 y no la Caja”, comentó Roca.
    Quiebra
    Esto contravendría el artículo 1° inciso a), del Decreto Ley Nro. 21021 que crea a la CPMP como persona jurídica de Derecho Público, y dice literalmente que está destinada a “administrar el régimen de pago de las pensiones y compensaciones de sus miembros, de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 19846”.
    “Esta ilegal inclusión de la ONP en el Decreto de Urgencia Nro. 059-201 no viene hacer otra antigua y perversa disposición del Régimen Aprista (…)en el aludido DU se ha consignado anticipadamente que la CPMP ya tiene problemas de liquidez”, lo cual facultaría a la SBS a intervenir en el ente provisional de las FFAA y PNP”, advirtió.
    Para consumar esta maniobra, se tendría que inscribir su extinción en Registros Públicos, conforme a su reglamento, y esto sería ahora más probable. “Por consiguiente, el Gobierno ya está apuntando en este año 2012 a la liquidación de la CPMP”, acotó el comandante FAP.