¿DÓNDE ESTÁ EL MILLÓN?

Política | Diciembre 6, 2010

La semana pasada, en medio de una pomposa ceremonia, el presidente Alan García inauguró el flamante Sistema de Comunicación Satelital VSAT. Un sistema que, según palabras del Jefe de Estado, mejorará la comunicación entre las bases del Ejército Peruano y las mantendrá intercomunicadas y a la vanguardia de la modernidad. Un sistema que le costó al Estado peruano $ 5,572,000.00 y cuya irregular licitación le fue otorgada a la empresa estadounidense SMT GROUP INC. Diario16 confirma con documentos oficiales que el proceso de selección de la empresa proveedora de los VSAT es sospechoso, pues SMT GROUP ganó la convocatoria incumpliendo varios requerimientos de las bases de la licitación, pero, además, hoy revelamos que esta empresa fue socia en el año 2000 de la mafia que estafó al Estado peruano con la venta de los MIG 29. En esta edición, por primera vez la versión de la empresa peruana que fue sacada del juego y que pidió por los VSAT un millón de dólares menos que la estadounidense SMT. Con ustedes, el tremendo faenón de los VSAT.

Miércoles 01 de diciembre del 2010, en el Cuartel General del Ejército Peruano, ante las máximas autoridades militares y políticas, el presidente Alan García puso en marcha el nuevo Sistema de Comunicación Satelital VSAT, que interconectará a través de 67 estaciones satelitales a bases del interior del país. "Declaro inaugurado el sistema de comunicación satelital que va a permitir nuestro dominio de información y de comunicación en tiempo real. Un  paso decisivo en la modernidad de nuestro gran Ejército", dijo más que entusiasmado el primer mandatario.

 
UNA LICITACIÓN CON NOMBRE PROPIO

Pero, para llegar a este fastuoso día para la armada peruana, el Ejército convocó a una licitación interrumpida hasta en tres ocasiones por falta de postores o por fallas en las presentaciones de las propuestas técnicas de las empresas participantes. En una tercera y definitiva convocatoria del 15 de mayo del año 2009, se licita la compra de los VSAT a un precio base establecido por el propio Ejército Peruano de $ 5,580,000.00 dólares. El 24 de julio del mismo año, dos empresas presentan en sobres lacrados sus propuestas técnicas, legales y económicas. Estas eran la empresa californiana SMT GROUP, de propiedad del ciudadano árabe Emil Youssefzadeh; y el consorcio peruano GILAT TO HOME PERÚ.

El 03 de agosto del 2009, el Ejército le otorga la buena pro a SMT GROUP. Su propuesta económica era de $ 5,572,000.00 dólares, ocho mil dólares menos en referencia al precio base fijado por el Estado. Ocho mil dólares menos, una diferencia mínima que no es habitual en procesos de licitación del Estado, más aún cuando fuentes del propio Ejército Peruano han confirmado a este diario que la propuesta de la peruana GILAT era un millón de dólares menos del precio base. Un mes después, el 03 de setiembre, SMT GROUP y el Ejército Peruano firman el oneroso contrato de más de cinco millones de dólares. (Ver documento 1)

GILAT TO HOME PERÚ fue descalificada del proceso, su propuesta económica no fue abierta. Su propuesta técnica no contenía un certificado que las bases solicitaban. Una certificación de las antenas VSTA que estaba en proceso en su transnacional, pero que evidentemente la descalificaba. Pero lo extraño en este caso, es que la ganadora SMT GROUP tampoco contaba con dicha certificación. Su propuesta, a diferencia de la de GILAT, pasó piola, más aún cuando otra serie de requerimientos que solicitaban las bases no fueron cumplidos por SMT GROUP.

Por ejemplo, las bases de la licitación exigían que la empresa proveedora debía tener representación legal en el Perú. SMT GROUP -al momento de la presentación de propuestas- no tenía dicha representación legal, ni tampoco estaba inscrito en el Registro de Proveedores del Estado, otra obligación de los postores. El número de RUC que presentaron era el de un pasaporte americano USA N° 425888162 y su representante legal en el Perú, José Ramón Ertze, tenía un DNI con 11 dígitos, N° 99000004339. A todas luces, documentación falsa que no se adecuaba con el pedido de las bases y fue pasada por alto por los competentes miembros del Comité Especial de calificación del Ejército Peruano.

Las bases de la licitación también solicitaban a las empresas postoras que prueben su experiencia laboral a través de la instalación de Sistemas de Comunicación Satelital VSAT a otros países o empresas. La empresa peruana GILAT incluyó facturas y proyectos pasados. Pero la ganadora, SMT GROUP, anexó a su propuesta técnica 09 facturas de trabajos similares realizados en países como Pakistan, Brasil, Italia, por un monto de 36 millones de dólares. Pero estas facturas eran de servicios brindados por SMTAM, una empresa con el mismo nombre pero de los Emiratos Árabes. Es decir, eran facturas que no correspondían al trabajo de la empresa con residencia legal en California. (Ver documento 4). Un dato que es necesario. Este engorroso proceso de licitación se llevó a cabo durante la gestión del ex Ministro de Defensa Rafael Rey.

 
LA VERSIÓN DE LA PERUANA GILAT

En las oficinas de la empresa peruana GILAT TO HOME PERÚ, en San Isidro, se respira indignación. Es la primera vez que dan su versión sobre un proceso definitivamente oscuro.

Su Gerente General, Arieh Rohrstock y su asesor legal Álvaro Gómez, confirman la denuncia de Diario16.
 "Nosotros nos presentamos junto a STM GROUP. Nos descalifican por un tema técnico de una certificación que nuestros equipos, en ese momento, si bien la tenían no estaba presente. Estaba en proceso de certificación internacional, pero SMT GROUP tampoco la tenía", asegura Álvaro Gómez.
 

El gerente Rohrstock interrumpe para asegurar que su empresa tiene más de dos años trabajando en el Perú, con cerca de 10 mil equipos VSAT instalados en el país. "Tenemos presencia, somos proveedores del Estado, pero es raro, porque SMT GROUP  no tenía poderes escritos en Registros Públicos, ni siquiera estaban inscritos en el Registro de Proveedores en el momento de la licitación, no existían en Perú", detalla. 

El asesor legal de GILAT, Álvaro Gómez, también se refiere a las facturas falsas que presentó la empresa que ganó la extraña licitación. "Tenían que acreditar el trabajo, la experiencia del postor, qué habías hecho en el mundo. Ellos presentan unas facturas de una empresa de los emiratos árabes que se llama STM EA, es otra compañía y esa es la experiencia de ellos" asegura.

Al ser consultados sobre su propuesta económica, ambos prefieren no dar detalles. Les repregunto si es que su propuesta era un millón de dólares menos que la ganadora y ambos asienten con la cabeza, confirmando lo dicho por nuestra fuente. "Ellos ganaron la licitación al monto máximo. ¿Qué entiendes entonces? Debían estar solos, la única forma que lo ganaran es estando solo. Ellos propusieron 8 mil dólares menos, es una nada. A nosotros nos descalifican, había que limpiarles el camino. ¿Y el millón de diferencia? Tú eres periodista, saca tus conclusiones", culmina el asesor legal de GILAT.

SMT GROUP Y SU RELACIÓN CON LA MAFIA DE LOS MIG 29

El ciudadano árabe Emil Youssizadeh, figura como el accionista principal de la empresa norteamericana SMT GROUP. La empresa que se adjudicó la buena pro de la instalación de los Sistemas VSAT, en una sospechosa licitación. Pero los antecedentes de Youssizadeh lo relacionan con la mafia que estafó al Estado peruano con la venta de los aviones MIG 29.

En los años 90, un suculento pero ilegal negocio se llevó a cabo entre una organización de traficantes de armas y en ese entonces la mafia enquistada en el poder y encabezada por Vladimiro Montesinos. Las Fuerzas Armadas peruanas compraron, provenientes de Bielorrusia, 18 aviones MIG 29 y 18 aviones Shukoi de segunda mano, sobrevaluados y en malas condiciones.  Uno de los socios de esta mafia, Enrique Benavides Morales, fue denunciado como parte de esta red que integraban su hermano Óscar, Luis Duthurburu, AlbertoVenero, Moshe Roschild, Gerald Krueger y Claus Corpancho. Los hermanos Benavides Morales se hacían representar en este negocio millonario por empresas como CIFSA Internacional, CIFSA Compañía Importadora Ferretera, CIFSA Servicios, Debrett Enterprises y otras.

En el año 2000, CIFSA Telecom, representada por Oscar Benavides Morales se presentó, en asociación con STM Wireless INC, representada por el árabe Emil Youssizadeh (el dueño de SMT GROUP), a la Licitación Pública Internacional OSIPTEL/FITEL/001-2000, de la que fueron ganadores. (Ver documento 5) Pero el ministerio de Transportes y Comunicaciones les denegó la concesión, porque los hermanos Benavides estaban siendo investigados por la justicia peruana. Hoy ambos están en prisión. Un antecedente que pone en tela de juicio, a Youssizadeh, ganador de la buena pro de los flamantes VSTA del Ejército. ¿No se tomaron en cuenta estos antecedentes para favorecer a la cuestionada SMT GROUP?

LOS VSAT NO SON DE TECNOLOGÍA MODERNA

El Sistema de Comunicación Satelital VSAT, inaugurado la semana pasada por el presidente García, no es un sistema de última generación. Fue inventado hace 30 años y su principal uso es para mantener comunicados en situaciones de emergencia a localidades incomunicadas por un desastre natural. Funciona a través de la interacción de dos pequeñas y simples antenas que envían datos, voz e imágenes, a través de un satélite público.

El experto en inteligencia militar, Luis Giacoma Machiavello asegura que la adquisición realizada por el Ejército peruano no es un sistema seguro y que no es en definitiva tecnología de punta como lo anunció el presidente García.  “No es una red privada de comunicación, es una red absolutamente pública. El VSAT consta de un satélite que por cierto no es propio, es alquilado. Son unas antenitas un poquito más grandes que las de Direct TV. La primera venta del sistema se realizó por los años 80, o sea que sistema y tecnología de punta no es", señala el especialista.

“No es ideal para la lucha contra el narcoterrorismo. Para luchar contra cualquier enemigo, sea interno o externo, necesitas un sistema encriptado que cuente con satélite propio. Ergo, el VSTA no es un sistema encriptado y utiliza un satélite público, por lo que es fácilmente chuponeable e interceptable por un sistema superior”, finaliza Giacoma Machiavello.

ALAN ES CONSIDERADO UNO DE LOS PEORES LÍDERES DE LA REGIÓN

Política | Diciembre 4, 2010

El presidente de la República, Alan García, fue considerado entre los peores líderes de la región, según la encuesta anual de Latinobarómetro 2010. El mandatario está posicionado entre presidentes como Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivia) y Daniel Ortega (Nicaragua), muy cerca de la franja de los peor evaluados como Hugo Chávez (Venezuela) y Fidel Castro (Cuba).

El presidente peruano, que ayer arribó a la ciudad de Mar del Plata (Argentina) para participar en la XX Cumbre Iberoamericana,  está colocado en la última parte de la clasificación, que se sitúa así: Paraguay, Fernando Lugo (4,9); Perú, Alan García (4,8); Bolivia, Evo Morales (4,7), y Nicaragua, Daniel Ortega (4,3).

Los líderes peor evaluados por los latinoamericanos son el ex presidente cubano Fidel Castro (3,8), seguido del mandatario venezolano, Hugo Chávez, con un 3,9.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es uno de los líderes mejor evaluados por los latinoamericanos. El brasileño iguala al presidente de EE.UU., Barack Obama, en popularidad y ambos encabezan la evaluación de líderes con una nota de 6,3 (en una escala del 1 al 10).

El Rey de España Juan Carlos I ocupa nuevamente el tercer lugar en el listado de mandatarios, obteniendo una nota de un 5,8. Le siguen el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, su homólogo mexicano Felipe Calderón y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, empatados en 5,6.

Los nuevos presidentes Juan Manuel Santos (Colombia), José Mujica (Uruguay), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Sebastián Piñera (Chile), que se estrenan este año en la encuesta, aprueban con notas de 5,5; 5,4; 5,3 y 5.0, respectivamente. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, obtiene un 5,2 y su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner, un 5,1.

Cabe señalar que, después de quince años de mediciones, Latinobarómetro registra el mejor momento de la democracia en América Latina. A pesar de la crisis, la región aumenta su apoyo a la democracia. Los gobiernos, la economía, el progreso, junto con la moderación de las expectativas, indican creciente madurez.

Sin embargo, el talón de Aquiles del proceso de consolidación de la democracia es la política, mientras el problema principal es la delincuencia.  El 90% de los latinoamericanos cree que puede ser víctima de un delito con violencia.

Piñera frenó oferta de enclave a Bolivia

Politica

Bachelet había considerado dar cualidad marítima, no soberanía, a los bolivianos.El diario La Tercera reveló ayer que Bolivia estuvo a punto de recuperar su cualidad marítima mediante un enclave en Tarapacá que había sido ofrecido por la presidenta chilena Michelle Bachelet, pero todo se frustró por la oposición de Sebastián Piñera a poco de ser elegido presidente de Chile. Aquí la información de interés para el Perú. En diciembre del 2009, sólo días después de que Sebastián Piñera triunfara en las elecciones presidenciales, el gobierno de Evo Morales envió un reservado documento a la administración de Bachelet.Se trataba del borrador de un acta de carácter oficial que pretendían firmar ambos países, en el que se daba cuenta del proceso de negociaciones bilaterales de los últimos cuatro años y donde Chile adquiría el compromiso de continuar avanzando en las conversaciones para resolver la histórica demanda marítima paceña sobre la base de lo que hasta ese momento habían trabajado ambas cancillerías. El borrador enviado desde La Paz formaba parte de un acuerdo al que habían llegado en octubre los vicencancilleres de Bolivia, Hugo Fernández, y de Chile, Alberto van Klaveren. Los viceministros habían liderado las nueve rondas de consultas políticas de las diplomacias de ambos países desde julio de 2006 y en este encuentro, el último antes de que Bachelet concluyera su mandato, hablaron de consensuar un documento común. Bolivia quedó a cargo de redactarlo y Chile le realizaría las correcciones. NegociacionesA esa altura, las conversaciones en torno al tema marítimo estaban avanzadas. Aunque el acta boliviana no consignaba fechas ni fórmulas, según señalan fuentes del gobierno de la época, para entonces Bachelet tenía en vista tres opciones para conceder un enclave costero sin soberanía a Bolivia en la provincia de Tarapacá. Una de ellas llegó a consolidarse durante las negociaciones: se trataba de un punto entre el sur de la Quebrada de Camarones y el norte de Iquique. La fórmula sin soberanía sorteaba las obligaciones del Tratado de 1929, que dispone que Chile debe consultar a Perú por la cesión de territorios que le pertenecían antes de la Guerra del Pacífico.Durante el primer semestre de ese año viajó en forma reservada a la provincia de Tarapacá una delegación de tres técnicos del gobierno de Morales para ver in situ las características del lugar que se había definido negociar. Durante tres días, con mapas y documentos topográficos y legales, los técnicos bolivianos comprobaron las características del terreno y las posibilidades de desarrollo del enclave. El lugar que exploraron fue una caleta deshabitada: era una de las condiciones de ambas partes para concordar un enclave. AlternativaLos negociadores bolivianos también plantearon condiciones. Pidieron que en el enclave se autorizara la construcción de un eje urbano, aledaño al sector industrial. La pretención paceña era algo mayor de 400 kilómetros cuadrados, lo que Chile no aceptó. De todas formas, el mecanismo que se exploró era similar e incluso superior a la concesión que otorgó Perú a Bolivia en el puerto de Ilo. El acuerdo firmado en 1992 por los entonces gobernantes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora incluía la cesión por 99 años de un enclave costero de cinco kilómetros y 163 hectáreas para Bolivia. Rechazo de PiñeraPese a la derrota de Eduardo Frei en las urnas, Bachelet mantuvo vivo el interés de alcanzar un acuerdo con Bolivia antes de terminar su mandato. El borrador del acta boliviana estaba siendo revisado para su ratificación mientras se iniciaba el traspaso de mando a Piñera (…)La decisión de Piñera de febrero pasado echó por la borda las reservadas negociaciones de Bachelet y Morales. En julio de 2006, ambos acordaron establecer una agenda de 13 puntos, en los que estaba incluido el tema marítimo en el punto sexto de la tabla. Meses después, en abril de 2007, se comenzó a hablar de eventuales fórmulas entre sus gobiernos.  El finalEl 14 de junio de ese año, en Tarija, Morales dio un mensaje similar a Bachelet. Durante su conversación a solas, el mandatario boliviano la urgió a apurar el tranco. “Hasta ahora hemos construido una confianza. Debemos pasar a la segunda fase”, dijo Morales, indicando que estaba dispuesto a explorar una fórmula sin soberanía. Aquella vez, afirman fuentes del gobierno de Bachelet, el mandatario pidió que le explicara en detalle qué era lo que Chile planteaba por enclave.“Después del encuentro de los presidentes se hicieron mapas, cartas naúticas, planimetrías detalladas de los posibles lugares”, señala una fuente del edificio Carrera. A la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería de Chile se le encomendó hacer un barrido de las pertenencias mineras y de los propietarios de cada una de las zonas para detectar eventuales conflictos jurídicos posteriores. RREE también sondeó la posición de las FFAA. (…) La propuesta de Chile fue bien recibida en Bolivia, que, a su vez, envió a Santiago sus propios mapas para ubicar el enclave. “No había mucha diferencia en los lugares que habíamos propuesto, sí en las dimensiones, las que eran más grandes en la contrapropuesta boliviana”, añade un personero que conoció las negociaciones.Las conversaciones seguirían en curso en los meses siguientes. Nada hacía prever entonces que las tratativas marítimas quedarían en punto muerto. Instalación militarVilma Ayala Rojas A poco más de un mes del encuentro entre los presidentes del Perú y Bolivia, en Ilo, el jurista Martín Belaúnde Moreyra reitera su preocupación por los convenios suscritos con el país antiplánico dentro de lo que se denomina “Boliviamar”, en lo que se refiere a la construcción de una Escuela Naval de Bolivia en territorio peruano, y consideró “precipitado” que se haya puesto la primera piedra de esta edificación antes de que haya sido aprobado y ratificado por el Congreso de la República. Afirmó que la Escuela Naval de Bolivia equivale a una instalación militar.En diálogo con EXPRESO, señaló que lo primero que se tiene que hacer es publicar los textos del Convenio, que incluye varios puntos, y luego someterlo a debate tanto en el Congreso como entre la opinión pública peruana, y es evidente que ahí el Ministerio de Defensa tendrá que pronunciarse.Indicó que el tema podría ser debatido en este o en el próximo gobierno, “esa es una decisión soberana del Parlamento”; entre tanto no puede haber ninguna construcción. Para el jurista lo mejor sería dejar el tema para el próximo Congreso.

Perú priorizará homologación de gastos militares en Unasur

Politica

Durante presidencia del Consejo de Defensa Suramericano, informa el Mindef

El Perú, tras ser electo presidente del Consejo de Defensa Suramericano de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), dará prioridad a acciones orientadas a homologar los gastos militares en la región, aseveró el ministro de Defensa, Jaime Thorne.

Estimó que las primeras reuniones que presidirá el país, se llevarán a cabo en enero del próximo año, una vez que Ecuador transfiera el cargo.

“Una prioridad de nuestra gestión será apoyar la homologación para la medición de los gastos de defensa, que permitirá generar mayor confianza entre los gobiernos y los pueblos de la región”, declaró.

Por ello, dijo, el país impulsará la implementación de medidas de fomento de la confianza mutua a través del intercambio de información sobre la organización y funcionamiento de los sistemas nacionales de defensa.

“Esto supone el acopio y procesamiento de información sobre los gastos militares, el cumplimiento de procedimientos para realizar maniobras, despliegues y ejercicios en zonas de frontera, que indudablemente, genera confianza entre países vecinos”, agregó. El ministro Thorne indicó que el Perú proseguirá desarrollando el Plan de Acción aprobado por el Consejo de Defensa de Unasur, cuyo propósito es fortalecer aún más la identidad suramericana de defensa a partir de intereses comunes.

Este proceso incluye el intercambio de información sobre políticas de defensa, el fomento a la cooperación militar y humanitaria para atender los desastres naturales, el impulso de la industria y tecnología de defensa, entre otros, prosiguió.

Asimismo, manifestó, se realizará un seguimiento especial a los avances de las negociaciones para elaborar el Protocolo de Paz, Cooperación y Seguridad propuesto por el presidente de la República, Alan García Pérez, que propugna que Sudamérica sea una auténtica zona de paz.

“En la que los países puedan articular esfuerzos y cooperación para afianzar el crecimiento y desarrollo social de sus pueblos”, comentó.

El titular de Defensa también refirió que se brindará una especial atención a la temática de los desastres naturales, a fin de que Sudamérica cuente con un mecanismo castrense de acción inmediata y eficiente ante la ocurrencia de incidentes de este tipo.

Piden que Chile use poderío bélico como instrumento de política exterior

Politica

Para amedrentar a Perú en el marco de diferendo marítimo

El ex analista del Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM) del Ejército de Chile, Cristian Leyton Salas, consideró que su país debe aprovechar el peligroso poderío bélico que ostenta y utilizarlo como un instrumento al servicio de su política exterior, a fin de permitirles generar disuasión y persuasión política sobre países como Perú, impidiendo las actuales aspiraciones territoriales.

En una columna divulgada por el diario La Tercera, critica que algunos medios indiquen que las “amenazas” y “riesgos vecinales” que motivaron su armamentismo “estén superadas”.

“Cuestionable postura. Riesgosa, incluso. Se aprecia una lectura claramente voluntarista de los desafíos del entorno regional y vecinal. Permítanme señalarles que la adquisición de una supremacía militar relativa no es terminal. Esta se encuentra sometida en forma permanente a cambios políticos y económicos del entorno, justamente para la cual ha sido producida, pero también y de manera directa a factores exógenos”, refiere.

A renglón seguido, precisa que “los reales desafíos de la Defensa son el constituirse en una capacidad bélica al servicio de la política exterior, de fusionarse con esta última y generar disuasión y persuasión política. No olvidemos que las fronteras de Chile aún no están plenamente consolidadas, nuestros tres vecinos pretenden espacios territoriales que actualmente nosotros concebimos como nuestros. Los riesgos de hoy son claramente amenazas para mañana”.

“La problemática de fondo, el desafío real del sector Defensa, es su interacción con el diplomático. Se debe transformar la capacidad bélica en un medio de acción diplomático, estableciendo una interacción real y efectiva entre la defensa y la política exterior del Estado. La disuasión funciona, la persuasión no”, agrega.

Contralor violó ley para aumentarse sueldo y Otorgarán facultades sancionadoras a Contraloría

Confirman primicia de LA RAZÓN y funcionario podría ser vacado

Jesús Molina

A pesar de que fue elegido para custodiar el buen uso de los fondos del Estado, el propio contralor de la República, Fuad Khoury, se habría beneficiado indebidamente de éstos. Según un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), el mencionado personaje se incrementó el sueldo ilegalmente.

A través de la Resolución de Contraloría 200-2009-CG, Khoury Zarzar se autorizó un incremento salarial a S/.33,100. Sus adjuntos también se beneficiaron. El vicecontralor empezó a recibir S/. 27,000 y los funcionarios de nivel IV S/. 24,600.

La Razón puso al descubierto este caso hace dos meses, y ahora Servir se ha pronunciado sobre la ilegalidad cometida. El Congreso de la República lo designó como contralor desde el 2009 hasta el 2016 para custodiar que fiscalice el buen uso de los recursos públicos.

Las conclusiones del informe Nº 441-2010-SERVIR/GG-OAI, emitido el 18 de noviembre último y publicado en su portal, pone en evidencia al Contralor:

“Consideramos que en el contexto de la normativa en materia presupuestal vigente a la fecha, durante el ejercicio presupuestal 2010 la Contraloría General de la República podría autorizar incrementos remunerativos en virtud a la habilitación expresa señalada en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la Ley Nº 28212 así como el Decreto de Urgencia Nº 038-2006 establecen que ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimenlaboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que correspondan las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre”.

La conclusión de Servir es contundente: El aumento remunerativo que se otorgaron Fuad Khoury y sus funcionarios ha ido en contra de lo que permite la Ley Nº 28212 y el Decreto de Urgencia Nº 038-2006.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1023, Servir está adscrito a la PCM, y propone “la política remunerativa en el marco de los límites presupuestarios establecidos por la Ley” y en coordinación con el Ministerio de Economía, su opinión técnica es de carácter “vinculante”.

Khoury también ha hecho tabla rasa de otras disposiciones legales. Antes de haber empezado a cobrar el incremento, debió haber contado con una “ley expresa”, pero se autorizaron los beneficios a través de la resolución Nº 200-2009-CG del 30.dic.09, la cual modifica la RC Nº 035-2005-CG.

“Solo otra norma con rango de ley y de manera expresa podría establecer una excepción para que determinados funcionarios y servidores puedan superar el tope de S/.15,600”, advierte Servir.

Se debe precisar que de acuerdo con la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Nº 27815), en su Capítulo III se dan cuenta de las prohibiciones éticas de los burócratas y que, en el caso del contralor, podría afectarlo directamente.

Y es que, en su artículo octavo se precisa que “el servidor público está prohibido de obtener o procurar beneficios o ventajasindebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.Politica

El presidente Alan García Pérez promulgará este lunes la ley que amplía las facultades de la Contraloría en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

Según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, la ceremonia se realizará a las 10.00 horas en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

La ley en mención modifica la Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Previamente, el jefe de Estado promulgará la ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial.

Embajadora de EEUU, Rose Likins, dijo que no se pronunciará sobre filtra...

(Editorial) El Perú y los múltiples retos de Iberoamérica

Lunes 06 de diciembre de 2010 - 07:00 am

Resulta desalentador que el escenario de la vigésima cumbre iberoamericana, realizada en Mar del Plata (Argentina), no haya sido aprovechado plenamente por los países de la región. Cuando los latinoamericanos exigen más y más compromisos por parte de sus gobiernos, estos no logran concretar propuestas conjuntas, como las que podrían conseguirse en este tipo de foros.

De un lado, no asistieron los mandatarios de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, tampoco el jefe del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero. De otro lado, la agenda no fue proficua en materia de acuerdos sobre temas y problemas pendientes de solución.

En el caso del Perú, sin embargo, habría que destacar el encuentro del presidente García con sus homólogos de Colombia, Chile y México. Se trataba de avanzar en la propuesta peruana de constituir una alianza comercial que vincule a aquellos países con suficiente potencial, visión y voluntad política para, de manera conjunta y estratégica, negociar con el promisorio Sudeste Asiático.

Esta iniciativa es importante. Se fundamenta en la premisa de que en nuestra región hay un bloque de países que se adhieren a la economía social de mercado, a la libre competencia y al respeto de las libertades individuales, y que además son capaces de integrarse para el desarrollo de un proyecto común ante la Cuenca del Pacífico.

Como ha explicado el canciller José Antonio García Belaunde, lo que se ha logrado en Mar del Plata es el inicio de coordinaciones preliminares que ahora deben pasar al terreno de los ministros de comercio de los cuatro países para avanzar en la alianza planteada. No se descarta la participación de Ecuador y Panamá.

Creemos que Latinoamérica tiene que consolidar este tipo de proyectos con visión de futuro. La integración no solo requiere de infraestructura y carreteras binacionales, sino también de corredores comerciales para aprovechar las ventajas competitivas de un mundo donde China y otros países asiáticos consolidan su liderazgo y predominio.

Los retos latinoamericanos son múltiples y los gobiernos tienen que atender las demandas de sus pueblos.

Como demuestra el último Latinobarómetro, si bien la población reconoce los avances dados en materia macroeconómica y mira con satisfacción el crecimiento, también desaprueba a muchos gobiernos porque no han logrado sintonizar con las demandas de la población. Una demostración de que no todo es economía es que el Perú es la nación que refleja el mayor índice de desaprobación gubernamental.

Lo que exige es atacar los problemas más graves, que son la delincuencia y el desempleo. El segundo viene bajando; pero el primero está en franco crecimiento desde el 2005 en once países de la región. El nuestro ocupa el sexto puesto entre aquellos donde las personas fueron, por lo menos, víctimas de un delito.

Por ello, las cumbres iberoamericanos deben ser más productivas en materia de acuerdos conjuntos o bilaterales, para postergar la retórica en beneficio de resultados

(Editorial) Hacia una verdadera seguridad ciudadana

Domingo 05 de diciembre de 2010 - 08:00 am

La impecable operación que liberó a los rehenes del asalto a una entidad bancaria en Gamarra, en La Victoria, ha mejorado la imagen de la Policía Nacional del Perú, PNP.

Esto coincide con la toma de mando del nuevo ministro del Interior, general Miguel Hidalgo, y con el nombramiento como jefe de la policía del general Raúl Becerra. Ahora hay que replantear la política de seguridad ciudadana, en la que deben unir esfuerzos las municipalidades, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el sector Justicia, con el concurso de la sociedad civil organizada, representada en primera instancia por los gremios empresariales y colegios profesionales.

Las encuestas demuestran que el tema es de principal preocupación y los hechos revelan una innegable escalada de violencia. Urge entonces un fuerte liderazgo para devolver el orden, la paz y la tranquilidad a las calles y garantizar la vida, la integridad, la propiedad y el libre desplazamiento de los peruanos.

La operación Gamarra, planificada y ejecutada para salvaguardar a los rehenes, demuestra que contamos con cuerpos policiales de primer nivel.

Hace pocos días saludamos también la notable operación Eclipse: se capturó a un grupo de cocaleros asociados al narcotráfico y colaboradores de Sendero Luminoso. Un golpe durísimo a la macabra alianza narcotráfico-terrorismo que está permitiendo detectar a importantes nexos en esferas insospechadas.

Debe solucionarse el hacinamiento de los penales, ‘universidades del crimen’, donde circula la droga, las bandas de secuestradores –vía celulares– planean sus fechorías e inclusive los internos perpetran asesinatos en las instalaciones. Especial atención merece el pandillaje para evitar los extremos que asuelan a México o Brasil, y los grupúsculos de jóvenes satánicos cuyos asesinatos rituales han sido noticia.

El narcotráfico debe afrontarse con inteligencia y con todo el peso de la ley. Lo mismo al gran narco que al pequeño microcomercializador que con su ilegal mercadería corrompe el espíritu y la mente de la juventud.

La política de seguridad ciudadana ha de incluir la erradicación de la violencia familiar, pues en el hogar se deforma –con el mal ejemplo, el abuso y la ausencia de valores– la personalidad de quien pudo tener un mejor destino que la delincuencia.

LEY RELIGIOSA: SEPARAR LA PAJA DEL TRIGO

El dictamen congresal de la ley de libertad religiosa reafirma el reconocimiento del Estado de todas las creencias y confesiones, en igualdad de condiciones. La Constitución de 1993 reconoce tales prerrogativas entre los derechos fundamentales, al precisar que la educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de conciencias. Así, muchos de los derechos de la nueva ley ya se estaban dando.

La nueva norma, según los congresistas apristas que la impulsaron, permitirá al Estado asumir su responsabilidad con todas las religiones. La comunidad evangélica ha exigido al Congreso pronunciarse sobre los beneficios a la Iglesia Católica y que las nuevas reglas de juego deben favorecer a todas las confesiones. Para monseñor Luis Bambarén, no debe mezclarse a las iglesias serias con “sectas que se multiplican como células”, mencionando que al menos hay dos mil “iglesias, solo por los diezmos”.

Es positivo garantizar la igualdad religiosa y el respeto a las creencias más íntimas de los peruanos y peruanas. No puede, sin embargo, dejar de recordarse que la mayoría de peruanos se identifica como católicos y que la Iglesia Católica tiene un antiguo predicamento en la formación de la peruanidad y sus valores

(Editorial) Necesario debate de las regalías mineras

Viernes 03 de diciembre de 2010 - 07:02 am

Es correcto que el Gobierno haya anunciado que dialogará con las empresas mineras sobre un posible incremento de las regalías, teniendo en consideración las nuevas condiciones del mercado internacional.

Los precios de los metales se han disparado y con ello las ganancias y la rentabilidad de las mineras han aumentado por encima del 40% al año, por lo que el Estado tendría legítimo derecho a una participación proporcionada.

Veamos. El aporte por regalías –de entre 1% y 3% del valor bruto de venta– es apenas un reducido porcentaje de las utilidades obtenidas por las mineras, que entre el 2005 y el 2009 fue de US$ 19.500 millones. Y, llama la atención que el monto que recibe el Estado por la explotación minera –de recursos que pertenecen a todos los peruanos—sea hasta siete veces menor que lo que pagan por regalías sus similares de hidrocarburos.

En este nuevo escenario, de lo que se trata es de propiciar un debate racional, técnico y alturado sobre un tema que formará parte del debate político-electoral, pero en el que no se puede soslayar la intervención de otros factores como los contratos de estabilidad, mantener los niveles de competitividad y el uso racional de recursos por parte de las instancias gubernamentales.

Sin embargo, hay que recordar que muchas empresas mineras tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha venido dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.

Efectivamente, de los 175 convenios firmados por el Perú desde 1991, unos 82 han sido modificados. En ese marco se encuentra la negociación que lleva a cabo Perú-Petro con el Consorcio Camisea para incrementar las regalías por el gas que se exporta.

Hay, además, el positivo precedente del 2006 cuando las empresas mineras se comprometieron, en un gesto de liberalidad, a aportar voluntariamente S/.2.500 millones por cinco años, sobre la base de sus ingresos extraordinarios. Ahora que se acerca el final de estos aportes, y que la situación de las mineras sigue siendo boyante, es hora de implementar un sistema legal de obligatorio cumplimiento por las partes.

¿Cuáles serán las características de este nuevo sistema? Es conveniente evaluar la experiencia de otros países como Chile, Australia e Israel, que decidieron aumentar el porcentaje que recibe el Estado por la explotación de sus recursos no renovables. Los expertos aconsejan, adicionalmente, analizar el sistema de bandas, como lo tienen los aportes voluntarios.

Otro tema de debate es el uso que se dará a estos recursos por regalías, en lo que debe haber cambios radicales. Resulta indignante y escandaloso que del monto que reciben los municipios distritales y provinciales por concepto de canon minero solo exhiban una ejecución presupuestal en el orden del 50%, por falta de capacidad de gestión de dichas autoridades. En tanto, es una vergüenza que muchas comunidades aledañas a los grandes enclaves mineros sigan sumidas en la extrema pobreza.

Ahora que la bancada parlamentaria oficialista anuncia proyectos para aumentar las regalías de las mineras hasta en 10% y para establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, debemos reiterar que la decisión final no puede ser unilateral, sino producto del diálogo y del consenso con las empresas mineras –que deben entender las nuevas circunstancias del entorno internacional–, y sin afectar la competitividad del sector ni mucho menos el atractivo del Perú para las nuevas y necesarias inversiones mineras