domingo, 26 de diciembre de 2010
Fiscalía investiga red de proveedores fantasmas tras el caso Comunicore
Crimen organizado. Operan en los municipios del Callao, San Miguel y Cajamarca. Las personas utilizadas para “desaparecer” el dinero que el municipio de Lima pagó a Comunicore cobraron contratos por más de un millón de soles.César Romero y Ana Véliz.
El caso Comunicore destapó una caja de Pandora. La Fiscalía investiga una red de “proveedores fantasmas” en las municipalidades del Callao, San Miguel y Cajamarca, que cobraron más de un millón de soles en servicios que ellos nunca prestaron.
La red se hizo evidente a partir de las declaraciones de la mayoría de los 50 pobladores de los pueblos jóvenes La Libertad y La Balanza, en Comas, y de Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, que fueron utilizados para retirar 16 millones de soles del pago que la Municipalidad de Lima hizo a Comunicore.
Estas personas declararon que cobraron más cheques de los que emitió Comunicore, a pedido de Joule Handi Vila Vila, por lo que recibían una propina y los pasajes. Previamente, le habían entregado a dicho personaje sus documentos personales, para que les tramite el RUC y la “Clave Sol”.
Fue entonces que al contrastar sus nombres en la Sunat y el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, apareció que eran proveedores del Estado en diversos servicios.
Desde el 2005
Una búsqueda preliminar estableció que desde el 2005 hasta el presente año han cobrado un millón 390 mil soles, en contratos de servicios, con las municipalidades del Callao, San Miguel y Cajamarca, según consta en la denuncia del caso Comunicore, a la que tuvo acceso La República.
Joule Handi Vila es el personaje que tramitó ante la Oficina de Registros Públicos el cambio de denominación de Comunicore a Grupo Esaróstica Contratistas Generales, con la que la primera empresa desapareció del mercado.
Los testigos dicen que acudían a recoger el cheque, lo cobraban en el banco y le entregaban el dinero a Joule Vila u otra persona, que aún no es identificada.
Por ejemplo, Ricardo Díaz, quien cobró uno de los cheques de Comunicore, aparece como adjudicatario de contratos en la municipalidad de San Miguel.
También tuvo contratos con el Fondo Municipal de Inversiones del Callao y alcaldía de Cajamarca.
En total, 11 personas fueron utilizadas para cobrar cheques girados por la alcaldía de San Miguel, por un total de S/. 594,646. En el Callao, 16 personas recibieron pagos del Fondo Municipal de Inversiones por S/. 503,447, y cinco de esas mismas personas aparecen como proveedores de la alcaldía de Cajamarca, en contratos por S/. 291,985.
A pedido de la fiscal Fany Quispe, que investigó el caso Comunicore, este hallazgo será investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
El operador era Joule Handi Vila
Mientras la denuncia del caso Comunicore sigue en las mesas de partes de los Juzgados Penales de Lima desde el 10 de diciembre, la Fiscalía contra el Crimen Organizado empezó a investigar la red de proveedores fantasmas que aparentemente dirige Joule Handi Vila Vila.
En el caso Comunicore, Vila Vila fue denunciado por presunta falsificación de documentos al tramitar el cambio de nombre de Comunicore por Grupo Esaróstica Contratistas Generales.
La denuncia del caso Comunicore refiere que en total 50 personas fueron utilizadas para retirar de las cuentas de Comunicore 16 millones de soles en efectivo. Estas personas han declarado que lo hicieron a pedido de Vila Vila a cambio de una propina de 100 soles y sus pasajes.
CONTRATOS
Municipalidad de San Miguel
1. Nissida Ccanto Cárdenas, el 2006 por S/. 26,870 y el 2007 por S/. 81,704.
2. Ricardo Díaz Ortiz, el 2006 por S/. 26,600 y el 2007 por S/. 94,675.
3. María Grimaldo Garagate, el 2006 por S/. 26,600 y el 2007 por S/. 27,355.
4. Cristina Peralta Velásquez, el 2008 por S/. 13,610 y el 2009 por S/. 29,732.
5. Jaime Puertas Peña, el 2008 por S/. 27,242.
6. Sulmira Rengifo Minauro, el 2006 por S/. 26,838 y el 2007 por S/. 54,209.
7. Hermelinda Rojas Aróstegui, el 2006 por S/. 26,921 y 2007 por S/. 27,487.
8. Ángel Sarria Cosme, el 2007 por S/. 8,320.
9. Juan Tello de la Cruz, el 2008 por S/. 13,670 y el 2009 por S/. 13,875.
10. Ebert Esaúl Vásquez, el 2008 por S/. 55,258.
11. Benedicta Villacrés Linares, el 2007 por S/. 13,680.
Fondo Municipal de Inversiones - Municipalidad del Callao
1. Marcosa Achulli Salinas, el 2006 por S/. 4,305.
2. Ricardo Díaz Ortiz, el 2007 por S/. 23,559, el 2008 por S/. 28,298 y el 2009 por S/. 9,966.
3. Elvira Esteban Escalante, el 2007 por S/. 7,998.
4. Adrián Gadea Espíritu, el 2006 por S/. 13,800.
5. María Grimaldo Garagate, el 2007 por S/. 12,374.
6. Catalina Ortiz Escalante, el 2008 por S/. 43,010.
7. Jaime Puertas Peña, el 2005 por S/. 6,000 y el 2008 por S/. 77,515.
8. Sulmira Rengifo Minauro, el 2007 por S/. 10,990.
9. Francisca Rojas Aróstegui, el 2007 por S/. 6,880.
10. Pedro Rojas Aróstegui, el 2007 por S/, 13,002.
11. Marcelino Sarria Cosme, el 2007 por S/. 12,871.
12. Juan Tello de la Cruz, el 2008 por S/. 155,962.
13. Ebert Vásquez César, el 2008 por S/. 30,138.
14. Benedicta Villacrés Linares, el 2005 por S/. 9,943.
Municipalidad de Cajamarca
1. Ricardo Díaz Ortiz, el 2006 por S/. 96,515.
2. Joel García Araujo, el 2006 por S/. 53,8250.
3. José Gonzales Castillo, el 2006 por S/. 12,550.
4. Teodoro Rojas Aróstegui, el 2006 por S/. 117,450.
5. Robert Vargas Grandes, el 2006 por S/. 11,600.
Kuczynski, el lobbysta
“Yo no soy lobbysta. Nunca he ganado un centavo como lobbysta, nunca he ido a un ministerio a pedir un decreto, un proyecto de ley ni nada por el estilo”, dijo candidato por Alianza para el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski. RPP: Domingo, 12 de Diciembre del 2010 | 22:32 hrs ¿Puede el Sr. Pedro Pablo Kuczynski, lobbysta conocido, ser candidato a la Presidencia de la republica?, La pregunta es pertinente para quien pretende postular al máximo cargo en el Estado, la Presidencia de larepublica. Reseño amplia documentación, especialmente incluida en mi libro “La República Lobbysta” de Julio del 2009, en la cual analizo la trama empresarial de PPK y sus actos como funcionario publico. Esa documentación nunca ha sido desmentida y la confirmo y amplío en otro libro reciente, “La Nación peruana bicentenaria”, de noviembre de 2010. El Grupo empresarial de PPK La trama empresarial de PPK es clave para apreciar su actual singular “sancochado”, su “Ahora o Nunca!”. En su actividad empresarial mezcla la función pública con el interés mercantil privado. Es un típico entramado lobbysta. Su “Grupo empresarial” tiene dos niveles interdependientes. Un nivel son los Fondos LAEF y otro es su “Banca de Inversión”, First Capital, y West Field Capital. El eje de los Fondos es LAEF, que tiene versiones I, II y III. Gracias a ellos, recaba recursos de diversas entidades, para invertirlos. Con dinero de otros, activa en determinadas empresas, como plataforma para negocios entrelazados con favores del Estado y recursos de la nación. Al mismo tiempo, con su “boutique financiera”, asesora a los mismos negocios en diversos servicios, desde bonos corporativos, recursos financieros, estrategias, etc. Este es el filón del negocio. Ambos niveles interdependientes de los Fondos y la boutique financiera, sólo son posibles porque dispone de un cargo político en el Estado y si es el de ministro, mejor, porque es la llave maestra patrimonial-mercantilista. Sea con los fondos públicos, los decretos supremos y de urgencia, las licitaciones y concursos, los avales de la banca multilateral, o la entrega de recursos naturales de la nación como el gas de Camisea. El dinero y recursos públicos son el objetivo primordial, el sustento final del negocio privado de intermediación. Sus socios son los mismos, como se aprecia en la ficha de registro del Fondo LAEF en el 2010 en La Florida-USA. Estos 4 socios (PPK, Gerardo Sepúlveda, Fernando Montero, Eduardo Elejalde) tienen diversas vinculaciones empresariales (Grupo Romero, etc). El Chileno Gerardo Sepúlveda es socio principal en todas sus empresas, y socio clave en el nivel “financiero” de Fisrt y West Field Capital. Lo sustituye temporalmente en directorios, como ocurrió en Ternium-Techint, mientras PPK, titular efectivo empresarial, era a la razón presidente del Consejo de Ministros, y cubría con impunidad las negligencias de la empresa Techint cuya construcción del gasoducto mostraba graves fallas. La “boutique financiera” First Capital, es la que hace los negocios gruesos, generalmente en la sombra de sucesivas funciones publicas. Baste señalar que entre sus clientes están Kallpa, EgeCuzco, Corporacion Misti (Tramarsa-Claro), CONINSA IIRSAsur, Trasvase Olmos, Enersur, Calidda, TGP, Agunsa, etc. Propagandiza haber movido más de US$.2,500 millones de dólares entre 1992 y 2009, en esta trama superpuesta. I. Aeropuerto Jorge Chávez LAP: Otorgando, como ministro de Economía y Finanzas, dinero publico a una empresa privada en la que participa. El Aeropuerto Jorge Chávez había sido entregado en concesión al Consorcio LAP. (Lima Airport Partnes) en noviembre 2000. Uno de los socios era Cosapi con 14.6% de las acciones. PPK tenía en Cosapi 25% de acciones, con una inversión de US$ 10 millones de los fondos recabados por su empresa LAEF. Como Director de Cosapi, PPK organizo el Consorcio LAP para ganar la Concesión del aeropuerto. El 2001 se le presento un problema a Cosapi, pues tras los atentados del 11 de setiembre los aeropuertos debían contratar Seguros adicionales. Estos Seguroseran responsabilidad del concesionario LAP. PPK estaba en el Ministerio de Economía, entre el 28 de Julio 2001 y 11 Julio 2002. Dicta decretos de urgencia para que el Estado asuma la cobertura de riesgos para operaciones aeroportuarias. Son los DU 113 (28-09-2001), 121 (27-10-2001),131 (DU 14-12-2001) y 028 (11-06-2002). Tres de ellos firmados por PPK como titular del MEF. Con dinero publico, PPK como titular del MEF financiaba a su propia empresa privada, para un negocio diseñado por él mismo. II. Privatización de Puertos: mientras era ministro diseñaba estrategia privada para empresa Chilena Agunsa en su expansión portuaria, y luego la continúa aplicando compartiendo sociedad empresarial con accionista y apoderado de empresas naviero portuarias Chilenas. Siendo ministro de Economía y Finanzas del 28 Julio 2001 al 11 Julio 2002, director de la Copri y de Fonafe, PPK impulsó la política de privatización de los puertos públicos del Perú. Al mismo tiempo, de Junio a Diciembre 2001, pese a ser ministro, PPK fue asesor de estrategia financiera de Agunsa, empresa del grupo Chileno Urenda, para el proyecto de su expansión en el Pacífico Sur, es decir, al Perú. Del 28 Febrero 2004 al 15 Agosto 2005, PPK retorna al MEF y en Agosto 2005 hasta Julio 2006 asume la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicta la Resolución Suprema 098-2005-EF, por la cual Proinversion, asume las facultades para privatizar los puertos, en contra de lo que mandaba la ley. Proinversion, con PPK, acuerda que se entregue la infraestructura existente y se convoque sin exigencias técnicas ni económicas, para favorecer al grupo proChileno Ransa-Dragados. El rechazo ciudadano derrota esta propuesta, y se cambia para convocar a construir un nuevo muelle, con requisitos definidos y que compita con Enapu, que gana DPW. Al mismo tiempo que PPK actúa bajo su RS 098-2005-EF, tenía hasta el 2007 como socio empresarial en sus Fondos de Inversión privada, a Diego Aramburú, accionista y apoderado de empresas del grupo naviero portuario Chileno Urenda. Después del 2006 PPK deja los cargos públicos pero no los puertos. Su boutique financiera, First Capital, en la que es propietario y principal accionista, participa en la venta del 100% de las acciones de la empresa Inversiones Misti del Perú (Grupo Claro, naviero portuario Chileno), y en una transacción de sus activos de más de US$ 22.5 millones. Inversiones Misti tiene 49% de acciones de la empresa Chilena Tramarsa, buque insignia del grupo naviero portuario Chileno en el Perú. Esta transacción podría explicar el nuevo rol de Neptunia, subsidiaria del otro ramal naviero Chileno, el Grupo Von Appen, que ha pasado a controlar Paita, los aeropuertos del sur, el transporte de petróleo y de GLP; y pretende capturar el Puerto del Callo y liquidar Enapu, para remplazar a esta empresa en su rol nacional portuario. III. La ilegal entrega del Gas de Camisea para exportación, y el abierto conflicto de intereses de PPK PPK tiene una larga vinculación con las empresas Techint, Hunt y Tractebel, en asuntos de asesoría financiera en proyectos de inversión. No es casual que con Pluspetrol formen el consorcio Camisea y obtengan a fin del 2000 el contrato sobre el gas del lote 88 de Camisea. Buscaba capturar el recurso para destinarlo a otras finalidades, básicamente a la exportación. PPK entra al MEF el 28 de julio 2001 y permanece en el cargo hasta el 11 de julio de 2002. Cuando Shell desiste del lote 56 y lo revierte gratis al Estado, se convoca un concurso el que es rápidamente paralizado, pese a que las reservas probadas superaban el valor de US$ 20 mil millones de dólares. El Consorcio Camisea inicia tratativas para adjudicarse el lote 56. Con PPK se transforma en una ilegal adjudicación directa, a dedo. En los registros se altera ilegalmente la calificación de “probadas” de las reservas devueltas por Shell, para señalarlas como “probables”. De este modo fraudulento se buscaba anular la propiedad del Estado y alistar su posterior adjudicación a dedo. PPK adopta decisiones claves desde su cargo estatal. Promueve el DS 046-2002-EM que adelanta en dos años el subsidio al Consorcio Camisea de US$ 200 millones, recolectado por el pago de todos los peruanos como aporte al gasoducto. Otorga a Calidda (entonces Tractebel) un subsidio estatal de Ingreso Garantizado, asegurando su rentabilidad. Prepublica y concluye acuerdo sobre norma para anular el horizonte obligatorio de 20 años para permitir que se exporte el gas, dejando todo listo para la promulgación del DS 031-2003-EM, cuando ya no estaba en el cargo. Complementa esta estrategia que en el ámbito privado, TGP (del consorcio Camisea) encarga a Techint, otro de los socios en que participa PPK, las obras de construcción por US$ 571.6 millones. Allanado el camino, PPK deja los cargos públicos para alistar capturar el gas deCamisea y su infraestructura para desviarlo a la exportación. Aparece como Director de Tenaris (matriz de Techint), y participa en la ejecución en Perú. Subcontratan a Skanska para la construcción. Skanska tiene en Argentina una acusación judicial por sobornos en la construcción de ductos, existiendo pruebas judiciales de sobornos en el Perú en ese periodo por US$ 1,2 millones de dólares, lo que, por supuesto, nadie ha investigado. Entre 2002 y 2004, PPK asesora a Hunt en el diseño de la exportación del gas deCamisea. Con su boutique financiera First Capital, en ese periodo, realiza asesoría financiera a TGP (bonos por US$ 360 millones), a Calidda-tractebel (financiamiento por US$ 35 millones) y Enersur Tractebel ( por US$ 148 millones). Ya en camino la construcción del ducto y los arreglos financieros, PPK retorna a la gestión publica para conseguir se exporte el gas. Vuelve al MEF de 28 Febrero 2004 a 15 Agosto 2005, continuando en la PCM de 16 Agosto 2005 al 28 Julio 2006. Estaba todo listo para expropiarle al Perú el destino del gas, y utilizar la infraestructura para propósitos distintos a los que había sido construida. En Agosto del 2004 el gas llega a Lima. Se promulga la Ley 28552, para tratar de anular la prioridad de abastecimiento del gas al mercado nacional. Con PPK en el Gabinete, se reactiva la adjudicación a dedo del lote 56, y se regala el gas valorizado en US$ 20 mil millones a Hunt, su asesorado, para la exportación. LA PRIMERA opción de exportación que promueve PPK era llevar el gas por un ducto desde Pisco a Tocopilla, para lo cual casi compromete al Perú en el llamado “Anillo energético”. Lo denuncié, el país lo rechazó y lo derrotamos. Cuando estaba en el MEF el 26 de Abril del 2005, PPK anuncia en Chile el anillo energético, mientras Tractebel-Enap hacían el estudio de factibilidad, y la empresa privada de PPK, su boutique financiera, First Capital, hacia una asesoría a Enersur-Tractebel por US$ 58 millones. Al pasar a la Presidencia del Consejo de Ministros, termina de armar el fraude al Perú. Ahora cambia para utilizar la opción de transformarlo en líquidos para exportarlo en buques metaneros. Con los DS 050-2005-EM y 006-2006-EM se da ilegal pase a la exportación del gas del lote 88. La Ley 2863 da beneficios tributarios a la exportación del gas. El DS 060-2005 modifica el contrato del lote 56 para incluir a Repsol, que asume el 100 % del comercio de vender el gas de exportación. En Febrero 2006 Perú LNG suscribe contratos de exportación. Queda sellado el negocio ilegal. Existen denuncias de desabastecimiento regional y nacional, varias investigaciones delCongreso, una denuncia penal actual en tramite en el Poder Ejecutivo contra Toledo y otros que incluye a PPK (Ver “La Nación peruana Bicentenaria”, 2010), una comisión de “renegociación” en marcha, la denuncia del descuento sobrevaluado del costo de barril de líquidos de gas, defraudando al Estado US$ 381 millones entre 2004-2010, y que continúa con US$ 3 millones mensuales por 24 años más. En conclusión: Estamos advertidos Nuestra legislación electoral permite que puedan postular personas que tienen estos graves conflictos de interés. Son temas no incluidos entre los motivos de tachas a candidatos, los que están referidos sólo a procedimientos del ámbito político-administrativo. Aun así, recién se sabrá si para postular oculta, miente o incluye esta trama lobbysta y sus responsabilidades. Estamos advertidos. Manuel Dammert Ego Aguirre Colaborador | ||||||
Gobierno deja pasar narcotráfico
Segunda administración de García se caracterizó por su condescendencia con el flagelo, señala Jaime Antezana. “Todos los indicadores en el combate contra la droga fueron negativos”, sostiene. La segunda administración del presidente Alan Garcíase ha caracterizado por su condescendencia con el narcotráfico, lo cual se ha traducido en un fuerte retroceso en el combate a este flagelo y en las exiguas cifras alcanzadas sobre el particular, aseguró a LA PRIMERA, el experto en el tema, Jaime Antezana. “Se pueden sostener muchas cosas, pero en este gobierno hubo una condescendencia con el narcotráfico. No se le ha combatido. Y lo podemos comprobar en cualquiera de los indicadores registrados sobre esta problemática”, subrayó. Áreas de cultivo Antezana especificó que las áreas de cultivo de hoja de coca pasaron de 51 mil 400 hectáreas en el 2006 a 59 mil 900 en el 2009, y con una proyección a superar las 60 mil hectáreas, en el 2010. “En este gobierno es que el narcotráfico, a través de los cultivos de hoja de coca, van a tener el mayor crecimiento y expansión de 11 a 13 regiones del Perú”, especificó. Añadió que lo mismo sucedió con la producción potencial de cocaína en el Perú que de 280 toneladas métricas registradas en el 2006, se avanzó apenas a 317 toneladas, en el 2009. En cuanto a la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca, refirió que hubo un ligero avance, conseguido en el año que termina, de 10 mil 135 hectáreas, en el 2006, a 12 mil en el 2010. Asimismo, sostuvo que fueron muy magras las cifras alcanzadas en materia de incautación de cocaína, que de casi 12 toneladas, presentada en el 2006, pasó a casi 14 en el 2009. Respecto al decomiso de insumos químicos en el Perú, Antezana indicó que los progresos han sido muy moderados, al pasar de 203 toneladas, en el 2006; a 490 en el 2009. “En el campo de los decomisos, estamos hace casi tres años hablando de instalar las garitas de control para impedir la salida de insumos químicos. Por eso es que las requisas son ínfimas”, apuntó. Manifestó que otro factor en contra es la inaplicabilidad de la Ley de Control de Insumos Químicos, pese a haber sido aprobada hace cinco años, lo cual nos priva de un sistema de control de dichos insumos. “Este sistema de control, vía online, incluido en la citada norma, debería hacerlo la SUNAT, usando la plataforma informática. Pero no lo ha hecho”, remarcó al expresar que en ello existen intereses políticos para evitar aplicar este sistema. Sin voluntad políticaAntezana denunció que el segundo gobierno de Alan García se ha caracterizado por carecer de una política de Estado orgánica e integral de lucha contra el narcotráfico. “En el Perú existe una estrategia de lucha antiDrogas 2006-2011, plasmada en un documento que ha sido un simple papel mojado en tinta y que no ha marcado ninguna pauta en este tema”, anotó. Recordó que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en el 2007, lo que tuvimos fue un discurso de la lucha frontal contra el narcotráfico, pero que nunca se tradujo en la política de Estado de lucha contra este flagelo. “Previo a la firma del TLC, el presidente García hablaba de dinamitar aeropuertos clandestinos, pozas de maceración, identificar y capturar a los barones de la Drogas, así brindar alternativas a los campesinos sin que se detenga la erradicación. En suma, un discurso radical”, anotó. Sin embargo, tras la suscripción del referido acuerdo comercial, el Perú volvió a la “normalidad” basada en la dispersión de esfuerzos en los mecanismos de la lucha antinarcóticos, como la erradicación de droga por un lado y el decomiso de los insumos químicos por otro lado, además de la aplicación de programas de desarrollo alternativo. Sin liderazgo El especialista manifestó que, desde el 2006 a la fecha, hay también una ausencia de liderazgo del Estado articulador en la lucha antiDrogas. “¿Quién la lidera? ¿Devida? ¿El ministerio del Interior en el Alto Huallaga? ¿El portafolio de Defensa, a cargo del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE)? Parece ser que en el segundo gobierno de García nunca tuvo importancia el combate al narcotráfico”, puntualizó. De igual modo, advirtió que el régimen de Alan García no ha capturado a ningún barón de la droga, tal como lo había prometido, al iniciar su segundo quinquenio. “Lo que hay son capturas de traqueteros o patrones pequeños de la droga, pero ningún cabecilla de las firmas más importantes han sido detenidos. Los que están en proceso judicial, como los hermanos Sánchez Paredes y el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, fueron apresados antes del segundo periodo de García. Mientras que el caso de César Cataño, recién está en proceso de una investigación fiscal”, anotó. Javier Soto Redacción | |||||||||||
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