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viernes, 3 de febrero de 2012

Diez Canseco estaría detrás de extradición

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Daniel Abugattás considera “exagerado” pedir detención de ex presidente nonagenario.
Para el parlamentario Carlos Bruce, detrás del pedido de extradición de Francisco Morales Bermúdez, que hicieron público las autoridades argentinas, podrían encontrarse los socialistas e izquierdistas vinculados al congresista oficialista Javier Diez Canseco.
“Yo no veo ningún problema en que, como cualquier incidente del pasado, se investigue y menos en temas de derechos humanos, pero mientras no se demuestre, el Perú no debe aceptar que un ex presidente deba ser detenido sin pruebas fehacientes. No nos extrañaría que gente izquierdista ligada a Javier Diez Canseco esté detrás de esto, pero esperamos que las autoridades peruanas no permitan esto, si es que no hay ninguna prueba fehaciente”, dijo.
“Exagerado”
Pese a pronunciarse a favor de que el ex presidente Morales Bermúdez responda por las acusaciones en su contra, el titular del Parlamento, Daniel Abugattás, consideró “exagerado” que la justicia argentina pretenda encarcelar a una persona de 90 años.
“Es un hecho gravísimo. Si efectivamente ha estado vinculado, el ex presidente Morales Bermúdez tendrá que ser procesado como cualquiera que ha cometido un delito. Ese es un delito de lesa humanidad y no prescribe”, dijo en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos de la sede del Legislativo.
Abugattás afirmó que “le parece descabellado” que la justicia argentina pida su detención internacional. “Yo solo digo que solicitar la extradición de un hombre de casi 90 años me parece descabellado, fuera de lugar. Si tiene que rendir cuentas ante la justicia, hay medios tecnológicos, viajes, visitas, mil formas”, añadió.
El dato
Para Víctor Andrés García Belaunde, el Estado no debería permitir un atropello como este. “Algunos sectores de la izquierda argentina están tratando de revivir hechos del pasado”, refirió el representante de Acción Popular.

Argentina pide arresto de Morales Bermúdez

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Cuestionado juez dictó medida, y hace solo unos meses la presidenta Cristina Fernández otorgó asilo político a un terrorista chileno acusado de asesinato y secuestro.
El 25 de mayo de 1978, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez ordenó la captura y deportación a Argentina de 13 opositores políticos acusados de actividades subversivas, entre los que se encontraban el actual congresista Javier Diez Canseco y otros radicales de izquierda, como Ricardo Napurí Shapiro y Genaro Ledesma Izquieta. Ayer, casi 34 años después de ese incidente, un cuestionado juez federal argentino pidió la captura del ex mandatario, acusándolo del secuestro de los citados personajes, como parte del llamado “Plan Cóndor”.
El magistrado Norberto Oyarbide envió a la Cancillería argentina la solicitud de detención “provisoria y preventiva” con fines de extradición del Morales Bermúdez, de 90 años. Oyarbide pidió además la colaboración de Interpol para la captura del ex presidente, acusado del secuestro y el traslado de 13 opositores políticos en 1978 desde el Perú hacia Argentina, en medio del “Plan Cóndor”, como se denomina a las acciones represivas coordinadas llevadas a cabo por las dictaduras instaladas en el Cono Sur en los años 70 y 80.
La causa fue iniciada a raíz de una denuncia del ex senador trotskista Ricardo Napurí Schapiro, uno de los 13 opositores capturados el 25 de mayo de 1978 por “actividades subversivas” en el Perú y deportados posteriormente a Jujuy, Argentina.
Incluyen a Videla
Oyarbide también incluyó en la acusación al ex dictador argentino Jorge Videla y Albano Harguindeguy, quien fue su ministro del Interior, los cuales fueron citados a declarar para finales de febrero por ser considerados colaboradores en la operación.
Videla, de 86 años, el primer gobernante de la dictadura argentina (1976-1983), recibió en diciembre de 2010 una condena a prisión perpetua por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y acumula ya varios procesamientos por violaciones de los derechos humanos.
Harguindeguy está procesado por varios delitos cometidos durante ese régimen, entre ellos el caso del obispo Enrique Angelelli, muy crítico con la dictadura, que murió en 1976 en un aparente accidente de tráfico que hoy se cree que fue un atentado.
Habla Napurí
El ex constituyente izquierdista Ricardo Napurí Schapiro, denunciante de Morales Bermúdez, dijo que el hecho no fue una simple “deportación”, pues las personas enviadas a Argentina recibieron una golpiza previamente, y luego fueron llevadas en un avión militar, enmarrocadas a sus asientos, hasta una base militar en Jujuy.
“El coronel Arana que nos recibe (en Argentina) nos dice que éramos prisioneros de guerra, porque los Estados Mayores habían pactado un acuerdo, que los prisioneros peruanos iban a ir a la Argentina, y los prisioneros argentinos más peligrosos iban al Perú”, declaró en RPP.
Argentina acogió a terrorista
Cabe recordar que Argentina, que dice defender la democracia y las instituciones, concedió el estatus de refugiado político al guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza luego que las autoridades sureñas exigieran su extradición desde el año 2004.
Apablaza, uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es acusado del asesinato de Jaime Guzmán, fundador de la derechista UDI en 1991 –en democracia– y el secuestro de Cristián Edwards.
Si bien en septiembre de 2010 la Corte Suprema argentina autorizó la extradición, señaló que la decisión final estaría en manos del Poder Ejecutivo. En una decisión sorpresiva que fue catalogada como un insulto en Chile, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner concedió el refugio político a Apablaza. Más no se puede decir.
“No participamos en Plan Cóndor”
El ex presidente Francisco Morales Bermúdez negó ayer que su gobierno haya participado en el “Plan Cóndor”, luego que la justicia argentina pidiera su captura por el “secuestro” de 13 opositores peruanos enviados a ese país, presuntamente como parte de un plan de los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur.
Morales Bermúdez, quien encabezó un gobierno militar (1975/80), explicó que se trató de una deportación a Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos en que el régimen de facto preparaba la transición a la democracia.
Mencionó que, incluso, algunos de los políticos deportados retornaron al Perú y participaron en la elección de la Asamblea Constituyente, de la que formaron parte. “Quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que presidí en el Plan Cóndor al cual no entró nunca al Perú”, aseveró tras indicar que el Perú no tenía motivos para ser parte de esa operación, porque –dijo– estaba camino a la transición.
Cuestionado magistrado
Diversos medios de comunicación argentinos cuestionan el juez argentino Norberto Oyarbide, quien solicitó la captura internacional del ex presidente Francisco Morales Bermúdez.
El diario La Nación, en su edición impresa de ayer, remarca el cuestionamiento que hubo contra el magistrado por un costoso anillo que compró con el dinero que obtuvo tras vender algunos regalos recibidos. “Después de irse de vacaciones a un costoso resort de Punta Cana, en medio del escándalo que provocó la adquisición de un anillo de brillantes que él mismo tasó en unos 250,000 dólares, el juez federal Norberto Oyarbide regresó ayer de excelente humor a su despacho”, dice la nota.
Por su parte “Página/12” publica una historia hasta ahora desconocida del juez federal Norberto Oyarbide: sus vinculaciones personales con el mundo de la prostitución femenina en la Capital Federal.
El dato
La Justicia italiana también pidió en 2007 la detención y extradición de Francisco Morales Bermúdez por la desaparición de 25 italianos en los años 70 y 80, en el marco del denominado Plan Cóndor. Este pedido no prosperó.

Conocer el ‘pensamiento Gonzalo’ para no morir… otra vez

Conocer el ‘pensamiento Gonzalo’ para no morir… otra vez
Caen en un error quienes dicen que Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso, nunca se ha expresado ni ha dado su versión sobre los actos terroristas sucedidos en el Perú entre 1980 y el 2000. Fueron 19 las veces que se reunió con los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y señaló con absoluta sangre fría y mala dicción -de quien se atribuye un pensamiento filosófico-, que llevaba las cuentas exactas de las cifras de ‘bajas’ e intentaba minimizar masacres y atentados que aún se lloran en el país.

Dentro de poco en los textos escolares también se sabrá quién fue Abimael Guzmán Reynoso. Mientras tanto, en 167 páginas foliadas y archivadas en el Centro de la Memoria se encuentra escrita la versión, directa de su propia voz, de quien enviara a ejecutar las acciones más terribles de la historia del Perú, que culminaron en 69 mil muertos.

Guzmán, ahora recluido en una celda de la Base Naval del Callao, recibió entre abril de los años 2002 y 2003 a los comisionados Rolando Ames, Salomón Lerner y Nelson Manrique. Con ellos tuvo varios encuentros, en algunos estuvo solo y en otras ocasiones los recibió acompañado de su esposa Elena Iparraguirre, conocida en los años de terror como la ‘Camarada Miriam’.

Una de las sorprendentes declaraciones de Guzmán recogidas en los documentos obtenidos por el programa Tribuna Abierta (Canal 13), -además de recurrente- se aprecia como un desprecio por quienes lo acusan de las matanzas. Por ejemplo, cuando los comisionados hacen referencia a la masacre de Lucanamarca, ocurrida en 1983, donde fueron asesinados 69 campesinos, el cabecilla terrorista simplemente lo minimiza.

“¿Y por qué el caso de Lucanamarca es tan importante? Si hay otros casos que tuvieron mucha más resonancia, por ejemplo, de los penales”, sostiene Guzmán.

No es la única vez que se refiere al tema de esa manera. En otra entrevista donde se le atribuye haber perpetrado un genocidio, el acusado de terrorismo intenta ‘limpiarse’ e indica: “Ahora viene otro problema, ¿por qué? (…) ¿Se quiere establecer que hay una política genocida de nosotros? ¿Y cómo lo van a probar? ¿Con Lucanamarca?”.

En ningún momento el encarcelado exlíder se atribuye la autoría del hecho, es más, se pregunta: “¿A quién se le va a atribuir Lucanamarca?”. Y él mismo se responde: “Se le imputa al partido, pero el partido es un ente que no puede ser enjuiciado”, afirma en claro intento de lavarse las manos.

A PUÑO Y LETRA
Otro punto que esclarece el ‘Pensamiento Gonzalo’ es el que con absoluta frialdad narra el propio Guzmán cuando se le consulta sobre la cifra de muertos en el conflicto interno. Cada ‘baja’ era apuntada en un folder con hojas cuadriculadas que manejaba directamente su organización. De cada nombre, dirección, cada muerte quedaba constancia, aunque el excabecilla se rehúsa a dar un aproximado de las ejecuciones que fueron consideradas en sus ‘informes’. Para él da lo mismo mil, que tres mil o cinco mil.
-Salomón Lerner: Y respecto del otro punto, doctor Guzmán, el número de fallecidos...
-Abimael Guzmán: Eso, doctor, no podríamos comunicar, no es porque no quisiéramos, no tenemos los elementos, le voy a dar una explicación. Pensamos que son muchos, en fin, se ha hablado de miles, de 25 mil, 30 mil. Las cifras que nosotros tenemos están registradas desde la primera ocasión que comenzamos, se hicieron informes, esos informes fueron trabajados, en forma estadística y fueron elaborados cuadros.

Esos documentos a los que se refiere Guzmán –indica– le fueron confiscados al momento de su detención el 15 de setiembre de 1992. A continuación agrega:

“Entonces allí está cuántos han muerto en los choques que hemos tenido, de los nuestros, y se clasifica si son militantes, son simpatizantes, si son amigos o son masas de campesinos en general. Así se clasifica. Está cuántos policías, cuántos soldados, cuántos mesnadas, allí está, todo lo que hemos hecho está registrado allí…”. 

MOYANO Y TARATA
El 15 de febrero de 1992, meses antes de la Captura del Siglo, la luchadora social, dirigenta vecinal en Villa El Salvador, fue asesinada delante de sus dos hijos por un comando de aniquilamiento del grupo terrorista Sendero Luminoso. Primero, un disparo, y luego, aún moribunda, su cuerpo fue dinamitado.

Abimael Guzmán no asume el crimen. Ante la CVR solo se limita a decir que desconocía la acción, pero reconoce que posee información sobre ella. En el folio 113 precisa que, como Dirección, ha recibido datos. Sin embargo se refiere a la ‘Madre Coraje’ en términos de desprecio. “Era una agente de las Fuerzas Armadas, delató a muchos camaradas, compañeros y los entregó, estaba por marcharse a España, y otras cosas más que no quiero repetir”, indica.

Otro capítulo importante se refiere a la explosión de un coche bomba en Tarata, Miraflores. Abimael Guzmán reconoce que fue un error, pero esta admisión está muy lejos de asemejarse al reconocimiento de una culpa. La explicación del senderista es la siguiente:

“¿Y sabe usted por qué fue un error? Porque en la política planteada en los documentos plantea que hay que ganarse a la burguesía nacional, y ya habíamos avanzado bastante. Ahora, hacer una acción de ese tipo allí fue volar esa política, fue un craso error. Hemos reclamado (…) y se nos dijo que no iba a ser en ese punto sino en otro lugar”.

Ese acercamiento a la burguesía podría referirse a la relación que Sendero Luminoso ya tenía con algunos intelectuales y artistas de apellidos y barrios acomodados. Recordemos que la destacada bailarina Maritza Garrido Lecca –actualmente recluida en Santa Mónica- fue parte del grupo subversivo, incluso Guzmán y algunos militantes utilizaron su vivienda en Surco como escondite.

NO OLVIDAR
Algunas de las peores masacres y asesinatos selectivos son negadas en todo momento por Abimael Guzmán, pero no con contundencia, pues reconoce que es necesario “indagar”. Esta es solo una parte de la historia que poco se ha difundido. Hacia el 2003, cuando se hicieron las entrevistas, el Perú salía recién de la dictadura fujimorista. Ahora, es necesario recomponer la memoria y esa labor está en manos del Estado.

AMANDA MEZA: ameza@diario16.com.pe
Humala: El Perú no puede darle ni un centímetro a los terroristas

JNE advierte que se mantiene el proceso judicial contra Movadef
El presidente Ollanta Humala subrayó que el país “no puede dar ni un centímetro a los movimientos violentistas” que pretenden destruir la institucionalidad del país y añadió que no se puede admitir a quienes pretenden acabar con la democracia.
El jefe de Estado formuló estas expresiones tras ser consultado sobre el desistimiento del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) a la apelación de una resolución que le denegó su inscripción partidaria y sobre las acciones legales a adoptarse frente a grupos vinculados a la subversión.
“El Perú no puede darle ni un centímetro a los que son movimientos violentistas y terroristas y que tienen aún remanentes en zonas de emergencia. No podemos admitir que nuestra democracia sea ingenua”, manifestó a TV Perú.
Recordó que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso estableciendo que ninguna agrupación que tenga una ideología subversiva pueda inscribirse como partido político, tras la pretensión del Movadef de pedir su inscripción.
“No podemos admitir que haya duda entre lo que es la democracia y los que quieren destruir la democracia”, añadió.
No se salvan
Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones afirmó que la denuncia contra el Movadef, por delitos electorales, continuará hasta el final, pese a desistir en su intención de inscribirse como partido.
Virgilio Hurtado, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, recordó que el JNE denunció a dirigentes del Movadef por presunta falsificación de firmas para su inscripción y la presentación comités partidarios inexistentes.
“El proceso de inscripción va por cuerda separada de la acción penal, cuyo curso continuará hasta el final, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial determinen en última instancia si hubo delito o no y determine quiénes son los responsables”, declaró a la Agencia Andina.
Explicó que la denuncia se basa en lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones, que contiene un capítulo sobre delitos electorales, y el Código Penal, con un conjunto de faltas reunidas en la categoría de delitos contra la voluntad popular.

CIDH demanda a Perú ante Corte Interamericana por caso de tortura

La Comisión Interamericana presentó hoy el caso de una presunta terrorista “que fue detenida de manera ilegal, torturada y violada por agentes estatales”
Jueves 02 de febrero de 2012 - 05:33 pm13 comentarios
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Humanos, Terrorismo, CIDH
La detenida, según indica el organismo internacional, fue privada de su libertad en condiciones inhumanas y sin control judicial durante 17 días. (Foto referencial/ Archivo El Comercio)
Washington (EFE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó hoy al Estado peruano en el caso de una presunta terrorista que fue torturada y violada por agentes estatales durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Tras presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CorteIDH), la CIDH sostuvo que la mujer, de la que tan sólo se reveló la inicial de su nombre, J., fue detenida ilegalmente en 1992 por agentes estatales, que la torturaron, degradaron y violaron sexualmente por supuesta vinculación terrorista.
La detenida, según indica el organismo internacional, fue privada de su libertad en condiciones inhumanas y sin control judicial durante 17 días y fue absuelta en junio de 1993 tras un proceso penal en la que se le acusaba de delitos de terrorismo.
La Corte Suprema de Justicia peruana declaró nula la absolución a finales de 1993, poco después de que la víctima, sobre la que pesa una orden de captura internacional, abandonara Perú.
La CIDH considera que el Estado peruano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad y protección a la honra de la víctima, entre otros.
Para la Comisión, Perú ha faltado a las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana contra la tortura y la violencia contra la mujer.
El asunto será tratado en Costa Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
    Jonatan dm (jdiazm)
    CIDH solo responde a demandas de terroristas, pero por gente común y afectado por ellos, ninguna ONG los acoge porque no son rentables.
    03 de febrero del 2012 07:38
    Eduardo Guillermo Pinedo Mauricci (laloperu)
    Si la cosa sigue asi el Peru debiera desafiliarse que solo vela por los terroristas y los ampara. Salir de esta institucion no nos retrazara nuestro despegue a ser un pais desarrollado. Por ejemplo, USA no esta afiliada y se autodenomina defensor de DDHH, y en las guerrascomete un sifin de abusos
    03 de febrero del 2012 06:16
    Lalo quillo (laquillo)
    Para que dar opiniones descabelladas si ninguno de los foristas parece entender la razon de la demanda del CIDH? la noticia dice:detenida presuntamente por terr (signific que tenian una sospecha) , fue violada y torturada y por 17 dias detenida sin control judicl(desaparecida) finalmente liberada.
    03 de febrero del 2012 00:02
    Maricarmen Lemley (ronicarmen)
    ARMA DE DOBLE FILO
    02 de febrero del 2012 20:52
    Antonio Leud De La Cruz (frezzer)
    ¿NO SERA OTRA JUGADA DE MODAVEF? Y A PARTE QUE LA CIDH SOLO VELA POR LOS DERECHOS DE TERRORISTAS PERO HASTA AHORA NO ESCUCHO NADA SOBRE LOS QUE FUERON SUS VICTIMAS... IGUAL QUE ESOS DE APRODEH.
    02 de febrero del 2012 19:50
    Genaro Vásquez (deciderio)
    ¿Quién devolverá al Estado Peruano la idemnización con nuestros impuestos, que se le hizo a la teatrera Leonor La Rosa ayudado por APRODEH?. Dinero que pudo haberse destinado a mitigar la pobreza y al desarrollo de nuestro país. La CIDH no hace más que comportarse como enemigo del Perú.
    02 de febrero del 2012 19:23
    FERNANDO BLAZ (Sukidayo20)
    Que busca esa organizacion??? Pues todo se ve claramente....PLATA, DOLARES delincuentes internacionales d..
    02 de febrero del 2012 18:43
    ugo mendoza (ptek100)
    me importa muy poco la CIDH, para mi hace tiempo no deberia meter sus narices en nuestro perucito. O pretende abogar por mas delincuentes y terroristas?
    02 de febrero del 2012 18:34
    Matthew Van reinsther (Mattvnreinsther)
    Perú debe oponer su opisicion! Que se han creido? Querer sacar billete al Perú tan locos!
    02 de febrero del 2012 18:23
    Natasha Ivanovish (abajopopulismo4)
    La CIDH tiene a quien responsabilizar El Estado. Pero no puede actuar en caso de grupos terroristas porque estos actuan bajo el anonimato. O sea, la CIDH querra punir solamente el estado peruano, pero nunca lo hara con sendero. No es injusto?
    02 de febrero del 2012 18:04
    Jin Lost (jinlost01)
    delitos de terrorismo --- sobre la que pesa una orden de captura internacional -- osea ya pues dejense de defender a quien no se lo merece.
    02 de febrero del 2012 17:49
    Swaltz Corlett (swaltz)
    Eso producirá comentarios de todo tipo. Ojalá se separen las cosas que por un lado la sindicada debe rendir cuentas aquí como el Perú deberá rendir cuentas allá. Total, son dos juicios diferentes.
    02 de febrero del 2012 17:47
    LUIS CACERES (ledaca)
    UNA DENUNCIA MAS DE LAS ENVIADAS POR LA COORDINADORA DE "DDHH" DE TERRORISTAS, QUE HA SIDO ACOGIDA CON CELERIDAD POR LA CIDDHH OTRO ENTE CAVIAR, SIEMPRE VIENDO COMO INTERFERIR EN LAS NACIONES QUE NO SON DE IZQUIERDA. ESTAS ONGs NUNCA DENUNCIAN A URUGUAY, ARGENTINA O NICARAGUA, NI HABLAR DE VENEZUELA
    02 de febrero del 2012 17:46