sábado, 11 de diciembre de 2010
LA RESPONSABILIDAD DEL ESCRITOR César Vallejo
Traigo el saludo de mis compañeros al pueblo español que lucha con un interés sobrehumano, con una vocación sin precedentes en la Historia y que está asombrando al universo.
Vosotros sabéis que el Perú, al igual que otros pueblos de América, vive bajo el dominio de una dictadura implacable; esta dictadura se ha exacerbado. No se consiente que se pronuncie una palabra respecto de la república española en las calles de Lima ni en ninguna ciudad de la República. Los escritores han organizado una campaña de programa enorme en las más apartadas regiones del país, y esta campaña ha merecido la condena del gobierno.
Con este saludo de los escritores de nuestro país os traigo el saludo de las masas trabajadoras del Perú. Estas masas contrariamente a lo que podáis imaginaros, tratándose de un país que arrastra una vieja cadena de ignorancia y de obscuridad, ha podido desde el primer momento apercibirse de que la causa de la República española es la causa del Perú, es la causa del mundo entero. ¿Por qué, me preguntaréis, esta capacidad de rapidez con que las masas del Perú y del mundo entero se han dado cuenta de sus deberes hacia la República española? La explicación es clara: los pueblos que han sufrido una represión, una dictadura, el dominio de las clases dominantes, poderosas, durante siglos y siglos, llegan por una aspiración extraordinaria a tener esta rapidez; porque un largo dolor, una larga opresión social, castigan y acrisolan el instituto de libertad del hombre a favor de la libertad del mundo hasta cristalizarse en actos superiores, en acción de la libertad.
Las masas trabajadoras de América luchan, pues, al lado de las masas trabajadoras de España.
Hacen mal los estados y los Gobiernos de América en tratar de impedirlo, porque a pesar de estas obstrucciones, de estas detenciones, de estas persecuciones, estas masas llegan a organizar una acción de conjunto a favor de la República española.
Camaradas: los pueblos iberoamericanos ven claramente en el pueblo español en armas una causa que les es tanto más común cuanto que se trata de una misma raza y, sobre todo, de una misma historia, y lo digo no con un acento de orgullo familiar de raza, sino que lo digo con un acento de orgullo humano, y que solo una coincidencia histórica ha querido colocar a los pueblos de América muy cerca de los destinos de España.
América ve, pues, en el pueblo español cumplir su destino extraordinario en la historia de la humanidad, y la continuidad de este destino consiste en que a España le ha tocado ser la creadora de continentes; ella sacó de la nada un continente, y hoy saca de la nada al mundo entero.
Camaradas: he observado en el curso de los debates de este Congreso, desde sus comienzos, que todos los delegados han traído la voz pálida de sus respectivos países como mensajera de la vida revolucionaria de esos países; pero hay un punto, tocado muy someramente y que, a mi entender, es un punto de los más graves; es un punto que debía haberse tocado con mayor ahínco. Me refiero ahora al aspecto de la RESPONSABILIDAD DEL ESCRITOR ante la historia y, señaladamente, ante los momentos más graves de la historia. Este aspecto pobre de la conciencia profesional del escritor, el compañero, Grao, escritor holandés, lo ha tocado de un modo admirable.
Hablemos un poco de esa responsabilidad, porque creo que en este momento, más que nunca, los escritores libres están obligados a consubstanciarse con el pueblo, a hacer llegar su inteligencia a la inteligencia del pueblo y romper esa barrera secular que existe entre inteligencia y el pueblo, entre el espíritu y la materia. Estas barreras, lo sabemos muy bien, han sido creadas por las clases dominantes anteriores al dominio de la monarquía. Creo, pues, necesario llamar la atención de los escritores del II Congreso Internacional Antifascista, diciéndoles que es necesario, no que el espíritu vaya a la materia, como diría cualquier escritor de la clase dominante, sino que es necesario que la materia se acerque al espíritu de la inteligencia, se acerque a ella horizontalmente no verticalmente; esto es, hombro a hombro.
Jesús decía: “Mi reino no es de este mundo”. Creo que ha llegado un momento en que la conciencia del escritor revolucionario puede concretarse en una fórmula, diciendo: “Mi reino es de este mundo, pero también del otro”.
Por desgracia, la conciencia de la responsabilidad profesional del escritor no está bastante desenvuelta entre la mayoría de los escritores del mundo. La mayor parte de los escritores están al lado del fascismo porque carecen de esta conciencia profesional, de esta conciencia de su acción histórica; pero nosotros tenemos de nuestro lado lo mejor del pensamiento del mundo, lo mejor en calidad. La prueba es que los mejores escritores de mayor valor intrínseco han venido a este Congreso a manifestar su adhesión a la causa del pueblo español.
Otra prueba de que la conciencia de la responsabilidad del escritor no está bastante desarrollada es que en las horas difíciles por que atraviesan los pueblos, la mayor parte de los escritores se callan ante las persecuciones de los gobernantes imperantes; nadie pronuncia una palabra en contra y, esta es una actitud muy cómoda. De desear sería que en nuestras horas de lucha en que la policía, la fuerza armada, están amenazando la vida, la actividad de los escritores y del pueblo entero, que estos escritores levanten su voz en estas horas y que tengan el valor de protestar de esta tiranía, de esta actitud.
Un camarada de los más notables dijo que de desear sería exigir de las Internacionales Obreras una mayor presión sobre las masas para que expresen su protesta contra las actitudes de los gobiernos respectivos, y para que bajen a las calles, a fin de prestar a la España republicana el innegable derecho que tiene de armarse contra la invasión extranjera.
Los responsables de lo que sucede en este mundo somos los escritores, porque tenemos el arma más formidable, que es el verbo. Arquímedes dijo: “Dadme un punto de apoyo, la palabra justa y el asunto justo, y moveré el mundo”; a nosotros, que poseemos ese punto de apoyo, nuestra pluma, nos toca pues, mover el mundo con esta arma. (Aplausos)
Naturalmente, el problema se reduce a un problema de tipo personal y de interés de los propios escritores, porque no movilizamos nuestras plumas, no estamos contra los gobiernos, contra la prensa enemiga, contra los escritores llamados neutrales.
En la mayoría de los casos los escritores no tenemos heroicidad, no tenemos espíritu de sacrificio. Charloi decía:“Nosotros, los escritores, tenemos una vergüenza enorme que nos hace bajar la cabeza, y es la de ser escritores”.
Hora es de asumir nuestro papel valerosamente, tanto en las horas en que estemos bajo un gobierno propicio, como también en las horas que estamos bajo un gobierno adverso.
Estoy abusando del tiempo escaso de que disfrutamos; este congreso, naturalmente, no ha venido a discutir problemas de técnica profesional, pero hemos venido con un objeto, hemos venido en una misión profesional que consiste en darnos cuenta de la materia prima que debe de tener cada escritor creador, cuál es el contacto directo con la realidad española, que hoy más que nunca pueden dar buenos frutos.
Para nosotros los escritores revolucionarios, un hombre culto es el que contribuye individual y socialmente al desarrollo de la colectividad en un terreno libre de concordia, de armonía y justicia por el progreso común e individual.
De aquí que cuando hemos sabido cómo el 5º Regimiento había salvado los tesoros artísticos encontrados en el palacio del duque de Alba, y los había salvado al precio del sacrificio de alguna vida, exponiendo la existencia de estos camaradas, haya algunos compañeros intelectuales que se hayan preguntado: “¿Es posible que el concepto de cultura se haya tamizado hasta el punto que el hombre tenga que ser el esclavo de lo que ha hecho sacrificando su vida en servicio de una escultura, de un cuadro de pintura, etc.?” Para nosotros el concepto de cultura es otro; creemos que los museos son obras más o menos perecederas de la capacidad más gigantesca que tiene el hombre, y querríamos que en un radio de ensueño artístico, de ideal casi absurdo, querríamos, digo, que en esta contingencia trágica del pueblo español suceda lo contrario. Que en medio de una batalla de las que libra el pueblo español y el mundo entero, los Museos, los personajes que figuran en los cuadros hayan recibido tal soplo de vitalidad que se conviertan también en soldados en beneficio de la humanidad. Es necesario darnos cuenta de nuestra misión aquí.
Es necesario que cuando volvamos a nuestros países no olvidemos la situación de esta lucha del pueblo español. Hay que movilizar los espíritus, las masas a favor de la República española
Unas cuantas palabras más y termino. Este Congreso se denomina Congreso para la defensa de la cultura, pero difícilmente los intelectuales del mundo se ponen de acuerdo.
Hace algunos años, este tema fue materia de discusión interesantísima para saber si un hombre es culto o no lo es. Un escritor inglés decía: “el hombre culto es un hombre honrado que cumple exactamente con sus deberes, con su amistad, etc., aun cuando sea un perfecto ignorante, un inepto y no sepa apreciar la sinfonía de Beethoven”.
Un francés decía: “Para nosotros, un hombre culto es un hombre que se ha especializado en un ramo, y en ese ramo ha hecho un descubrimiento de gran beneficio para la humanidad, aunque sea un hombre deshonesto y no honrado”.
Intervención de Vallejo, en el II Congreso Internacional de escritores,
Publicada en el “Mono Azul” de Madrid.
Barcelona, julio de 1937
Tribunal Constitucional emitirá aclaración sobre fallo que prohíbe difundir audios 'chuponeados'
El pleno de este colegiado se reunió ayer y tomó la decisión, según comentó el magistrado Ernesto Álvarez Miranda
(Frecuencia Latina)
(Andina / elcomercio.pe).-. El Tribunal Constitucional (TC) dará a conocer una aclaración de oficio relacionada con el polémico fallo que prohíbe a los medios de comunicación difundir grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente.
El magistrado Ernesto Álvarez Miranda informó que el pleno del TC se reunió el viernes con la finalidad de analizar este tema, que ha causado una fuerte polémica en la opinión pública por considerarse un recorte a la libertad de prensa.
Dicho fallo sostiene que los medios de comunicación no podrán difundir los audios sin autorización de las personas grabadas o sin un pronunciamiento del juez.
“Ante esta realidad, el pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido hoy y hemos concordado en lo que vendría a ser una aclaración de oficio para que el prestigio de la institución y la unidad del pleno se mantenga incólume y se refleje el pensamiento y la voluntad de la mayoría, aunque muchos no lo compartamos”, indicó anoche en declaraciones a “La Hora N”.
Álvarez informó que la citada aclaración de oficio, cuyo contenido no reveló, se publicará en la página web del Tribunal Constitucional.
Al margen del contenido de este nuevo pronunciamiento, el magistrado consideró que el debate debe continuar en la opinión pública por tratarse de un tema de importancia.
Es aplicación de la ley de la mordaza
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El presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas, Roberto Mejía Alarcón, dijo que el fallo del TC significa la aplicación de la ley de la mordaza, al prohibir a los medios de comunicación el ejercicio constitucional a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la imagen. “Para el Tribunal Constitucional no existe el artículo 2 inciso 4 de la Constitución que consagra el derecho de toda persona de divulgar una información de interés público sin previa autorización ni censura ni impedimentos algunos, el fallo da origen a un nuevo tipo penal que amenaza gravemente el ejercicio libre de la profesión periodística”, añadió.El fallo, afirmó, viola la competencia del Congreso y resulta atentatorio a bases fundamentales del estado democrático de derecho, por cuanto, no respeta el principio del equilibrio y controles mutuos de los poderes del Estado. “La ANP se reafirma en denunciar lo ocurrido y llama a cerrar filas a los periodistas de todo el país, en circunstancias muy especiales, cuando la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y el irrespeto a los derechos fundamentales de la persona humana se van apoderando impunemente de la vida política, social y económica del país”, dijo | ||||||
General que dijo que Ollanta representa la regresión, comanda el Ejército
El general Paul Da Silva debe su grado a su participación en el operativo Chavín de Huántar en el que tuvo a su cargo el contingente de camilleros y se benefició del ascenso de todos los participantes, y su apurado nombramiento como Comandante General del Ejército a la intervención de Alan García, el mismo que dijo que ya tenía diseñado un plan para un golpe de Estado. Fue durante su discurso por el día del Ejército, el 9 de diciembre de 2005, que el entonces jefe de de la Sétima Brigada de Infantería, general Paul Da Silva violentó todas las normas castrenses que limitan la participación en política de los altos mandos y declaró sin pelos en la lengua: “Voy a ser sincero y espero que su candidatura no prospere. Ollanta no tiene un plan de gobierno y sus ideas son retrógradas. En caso de ganar las elecciones presidenciales su gobierno sería de carácter comunista y pondría al país al filo del despeñadero”. Esta declaración le ganó las primeras planas y fue motivo de un breve escándalo. Pero como suele ocurrir el incendio creado por estas provocadoras palabras se apagó rápidamente cuando los medios dejaron de tratar el tema y las autoridades políticas y militares hicieron como si no hubieran oído lo que se había dicho ante cientos de oficiales y soldados. No fue solo eso. Al terminar su alocución, periodistas de medios locales lo interrogaron sobre sus críticas al comandante en retiro. Entonces Da Silva añadió que Humala “traería como consecuencia la estatización de la banca y todas aquellas políticas que hicieron mucho daño al país”, con lo que concluyó imputándole los fantasmas que proceden del primer gobierno de Alan García. Da Silva es un militar discutido y discutible. En su foja de servicios figura una investigación sobre una irregular compra de pertrechos cuando era jefe del COLOGE (logística). Fue comandante general en Piura y jefe de operaciones del norte, puesto del que fue relevado cuando no acudió a una convocatoria del general Montoya, por entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, adonde envío a su segundo, el general Barrantes, que fue confirmado en ese cargo. Más adelante le tocó dirigir la plaza militar de Arequipa y desde allí envío un informe que llegó a hacerse público, sobre las actividades del Partido Nacionalista en esa ciudad. En ese documento Da Silva ordenaba a sus subalternos hacer el seguimiento de lso militantes nacionalistas, detectar sus lazos con elementos militares y su participación en conflictos sociales. Esta fue una nueva violación del principio de neutralidad, y una prueba palpable de su intencionalidad política. Da Silva pertenece a la promoción 1976 del Ejército, la misma de Otto Guivovich, que ocupó la comandancia general durante dos años. En los medios castrenses se interpreta que este nombramiento impuesto por García, está saltando a la promoción 77 Mariano Aragonés que le tocaba asumir el mando. La pretensión de hacer durar a Da Silva por dos años más, llevaría al retiro a las dos promociones. Este año además empezaron a ascender al grado de general los miembros de la promoción 1980, de Ollanta Humala, que estarían siendo espulgados para evitar la llegada de oficiales cercanos al candidato. Algo que se recuerda del general Paul Da Silva, aparte de su feroz antiollantismo, es su responsabilidad en el caso del tanque que se incendió y causó la muerte de un soldado en el Fuerte Rímac, cuando se festejaba el cumpleaños del general Donayre, violando todas las normas que impiden utilizar el armamento y equipo durante celebraciones personales. 11.12.10 |
Inseguridad ciudadana se nutre del status quo
Opinion  MAG. FÉLIX M. MURAZZO CARRILLO Teniente General PNP (r)  La oportunidad que tuve de ocupar los cargos públicos de Director General PNP (2004) y Ministro del Interior (2005), me dejó la sensación de la existencia de un factor en nuestra sociedad, que aparece como una sombra, que hace inocultable laexistencia de una evidente resistencia a la solución de los problemas relacionados con la inseguridad ciudadana; y allí pareciera que la labor sobrecargada y el afán de resolver los problemas del día a día en dichos cargos, te absorbe, conspira y determina que perdamos la percepción del cómo resolver este crónico problema social. Adicionalmente a lo mencionado me quedó la impresión de que la inseguridad ciudadana que nos atormenta, se nutre de un status quo social, cuya prevalencia favorece a quienes convierten este problema como la fuente de una actividad muy lucrativa -no me refiero solamente a los delincuentes, infractores de la ley penal- la misma que se traduce en réditos económicos a través de actividades comerciales, financieras y por ende empresariales. Pero ello monopolizando la seguridad en la comunidad, curiosamente utilizando como infraestructura -sin mayor inversión- los recursos humanos e incluso medios (uniforme, armamento, municiones, etc.) que el Estado Peruano con dineros de todos los peruanos habilitó a las fuerzas del orden para la labor de cumplimiento de una misión -en los hechos- de alguna manera usurpada y hasta desprestigiada, por la existencia de factores y grupos de interés, que como producto generan más desorden social. Como si fuera poco, la carencia crónica por muchos años de una Política de Estado en el tema de la Seguridad que sea coherente, permanente, inclusiva y sobre todo eficiente, basada en el dominio de esta temática que es eminentemente técnica; genera que la solución a la inseguridad, se vea siempre desde el punto de vista de acciones que tienen como destinatario el escenario de las consecuencias del delito. Es decir, se piensa que, para resolver este sempiterno problema de la inseguridad, se tiene solamente que aumentar el número de policías -aunque no respondan a un esquema estratégico y táctico- aumentar el número de unidades móviles, aumentar la dotación de combustible, adquirir mayor armamento y municiones, un mayor equipamiento, etc. abastecimientos que en muchas oportunidades por la “prioridad” aducida y la forma utilizada devienen en irregularidades que terminan afectando la imagen de las autoridades de los gobiernos; pero siempre el desprestigio institucional. Esta percepción para “resolver” los problemas de inseguridad no es casual, siempre lamentablemente se incide en este escenario, de repente por los dividendos que en el camino quedan; pero lo más grave es que a la vez gubernamentalmente, se descuida el otro escenario, el referido a las causas del delito (hogares disfuncionales, desintegración familiar, violencia familiar, desempleo, subempleo, desocupación, dependencia alcohólica, drogadicción, enfermedades contagiosas crónicas, etc.), que es el medio de donde se proveen los infractores del delito. Y lo más importante, en donde se encuentra “la información” necesaria, pertinente y suficiente, como factor para el control de la inseguridad ciudadana, lo que permitiría con la aplicación de esquemas estratégicos y tácticos inteligentes que están diseñados y en espera de ejecución, ir progresivamente resolviendo el problema de la Seguridad Ciudadana, con una labor silenciosa, cuya aplicación y efectividad –para garantizar el éxito- se conocerá por los resultados más que por su concepción. |
Unos 3,500 policías y militares discapacitados tendrán protección integral Gonzales Posada dice que norma tiene contenido reivindicatorio y humano a favor de quienes lucharon contra la subversión
Politica
Unos 3,500 policías y militares que quedaron discapacitados por enfrentar a la subversión y defender la democracia quedarán protegidos de manera integral gracias a una ley aprobada anoche en el pleno del Congreso, destacó el legislador Luis Gonzales Posada quien señaló que la aprobación del dictamen que otorga protección integral en salud, educación y trabajo a militares y policías discapacitados ha sido “una decisión memorable”.
Recordó que con esta ley se corregirá la dramática situación que enfrentaban miles de militares y policías que habían quedado discapacitados en su lucha sacrificada contra el terrorismo y la delincuencia, y que no podían, incluso, acceder a una prótesis adecuada.
“Hemos dado una ley del más alto nivel que ayudará a gente que ha quedado en minusvalía, sin brazos ni piernas por enfrentar a la subversión y el delito. Y hemos visto cuadros desgarradores al punto que se tenían que hacer colectas para darles una prótesis. Eso era inaceptable”, agregó.
Señaló que, algunas veces, los responsables de tramitar la entrega de las prótesis cuestionaban el precio de esos implementos.
La citada norma establece el marco de protección que asegurará la atención en salud, trabajo y educación del personal discapacitado en acción de armas en acto de servicio en el combate en enfrentamientos internos e internos,
La gran familia militar-policial Por Augusto Álvarez Rodrich alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Varios candidatos se lanzan a capturar sus votos.
El segmento militar-policial es uno de los más pretendidos de esta temporada electoral, con no pocos candidatos presidenciales que lo andan seduciendo y, algunos, de un modo promiscuo.
No es la primera vez que militares y policías son vistos como pera en dulce por el buscador de votos. Pero dicha tarea no es tan sencilla como simplemente poner de candidato a un milico gritón, como lo demuestra la postulación fracasada del general Edwin Donayre, que ni siquiera entusiasmó a los cuarteles.
¿De qué tamaño es eso que se conoce como ‘la gran familia militar-policial’ que comprende al personal en actividad, en retiro y a todos sus familiares? Un articulista del diario La Razón –siempre muy interesado en estos ámbitos– la estimó en “un potencial de 1.5 millones de votos” que “puede decidir las próximas elecciones”. Al margen de la precisión del cálculo, sí es cierto que constituye un segmento electoral interesante.
El comandante Ollanta Humala podría ser, por su trayectoria profesional, alguien con la capacidad de tirar el anzuelo en esas aguas movidas, aunque quien ha exhibido el mayor deseo de pescar por ahí es Keiko Fujimori, quien ya ha proclamado que “Fuerza 2011 respalda a la familia militar y policial”.
Pero es Rafael Rey, su candidato a vicepresidente, quien se ha lanceado con más claridad en el ámbito castrense, asumiendo que su paso –lamentable, por cierto– por el Ministerio de Defensa, lo convierte en candidato natural de ese sector.
Lo ha hecho, sin embargo, con alguna bajeza hacia el gobierno que lo cobijó por cuatro años: “Con toda franqueza, muchos amigos, y concretamente grupos de militares, con los que tengo acercamiento, me decían con sinceridad ‘no vayas’” con el Apra. Lo que no especificó Rey es de qué sectores castrenses le llegó dicha recomendación. ¿No será del grupo Colina?
El intento de capturar el voto militar-policial encierra algunos riesgos. No debe ser visto como una “oportunidad carnavalesca”, ha señalado la congresista Lourdes Alcorta, mientras que el ex jefe del Comando Conjunto el vicealmirante Jorge Montoya ha manifestado su preocupación por el uso electoral de los cuarteles y de las comisarías.
Pero mientras algunos candidatos se suben al tanque, quizá no hayan advertido que eso que se llama ‘la gran familia militar-policial’ no es un segmento cohesionado sino con intereses distintos –en función, por ejemplo, de su ubicación en el escalafón– y que, como ocurre en cualquier familia, el voto se distribuye de manera disímil dependiendo de una variedad de razones, y seguramente en una proporción parecida a la del promedio del país.
El segmento militar-policial es uno de los más pretendidos de esta temporada electoral, con no pocos candidatos presidenciales que lo andan seduciendo y, algunos, de un modo promiscuo.
No es la primera vez que militares y policías son vistos como pera en dulce por el buscador de votos. Pero dicha tarea no es tan sencilla como simplemente poner de candidato a un milico gritón, como lo demuestra la postulación fracasada del general Edwin Donayre, que ni siquiera entusiasmó a los cuarteles.
¿De qué tamaño es eso que se conoce como ‘la gran familia militar-policial’ que comprende al personal en actividad, en retiro y a todos sus familiares? Un articulista del diario La Razón –siempre muy interesado en estos ámbitos– la estimó en “un potencial de 1.5 millones de votos” que “puede decidir las próximas elecciones”. Al margen de la precisión del cálculo, sí es cierto que constituye un segmento electoral interesante.
El comandante Ollanta Humala podría ser, por su trayectoria profesional, alguien con la capacidad de tirar el anzuelo en esas aguas movidas, aunque quien ha exhibido el mayor deseo de pescar por ahí es Keiko Fujimori, quien ya ha proclamado que “Fuerza 2011 respalda a la familia militar y policial”.
Pero es Rafael Rey, su candidato a vicepresidente, quien se ha lanceado con más claridad en el ámbito castrense, asumiendo que su paso –lamentable, por cierto– por el Ministerio de Defensa, lo convierte en candidato natural de ese sector.
Lo ha hecho, sin embargo, con alguna bajeza hacia el gobierno que lo cobijó por cuatro años: “Con toda franqueza, muchos amigos, y concretamente grupos de militares, con los que tengo acercamiento, me decían con sinceridad ‘no vayas’” con el Apra. Lo que no especificó Rey es de qué sectores castrenses le llegó dicha recomendación. ¿No será del grupo Colina?
El intento de capturar el voto militar-policial encierra algunos riesgos. No debe ser visto como una “oportunidad carnavalesca”, ha señalado la congresista Lourdes Alcorta, mientras que el ex jefe del Comando Conjunto el vicealmirante Jorge Montoya ha manifestado su preocupación por el uso electoral de los cuarteles y de las comisarías.
Pero mientras algunos candidatos se suben al tanque, quizá no hayan advertido que eso que se llama ‘la gran familia militar-policial’ no es un segmento cohesionado sino con intereses distintos –en función, por ejemplo, de su ubicación en el escalafón– y que, como ocurre en cualquier familia, el voto se distribuye de manera disímil dependiendo de una variedad de razones, y seguramente en una proporción parecida a la del promedio del país.
TC retrocedió en mordaza a la prensa
Rectificación. El lunes retirarían la prohibición de publicar audios. Magistrados Ricardo Beaumont, Juan Vergara, Oscar Urviola y Fernando Calle dicen que imponer una censura a la prensa es inconstitucional.
Por César Romero Calle.
El Tribunal Constitucional dio marcha atrás en su afán de prohibir la difusión de audios de chuponeo telefónico, luego que cuatro, de los siete magistrados que integran este colegiado, se pronunciaron en contra de imponer una censura y mordaza a la prensa.
Una parte de los siete magistrados del TC, no se sabe cuántos, se reunió ayer para examinar la situación y el próximo lunes estarían emitiendo una aclaración.
El nuevo documento ya se está redactando, confirmó a La República el doctor Juan Vergara Gotelli. La prohibición de emitir audios de chuponeo será retirada o quedará solo en una opinión, respaldada por tres magistrados.
Cambio
El martes último, al redactar una sentencia en la que se rechazó un hábeas corpus presentado por la esposa de Alberto Químper contra los petroaudios, el TC incluyó un fundamento 23º donde prohibía a la prensa difundir audios de chuponeo.
Al publicarse la sentencia, la prohibición aparecía con dos opiniones en contra y se suponía cinco a favor. Pero, luego se publicaron otros dos votos en contra del fundamento 23º , que ahora solo tiene el respaldo del presidente Carlos Mesía, el vicepresidente Ernesto Álvarez Miranda y el magistrado Gerardo Eto Cruz.
¿Qué pasó con los votos discrepantes? ¿Es verdad que desde un principio hubo cuatro posiciones en contra? Entonces, ¿por qué se incluyó un fundamento que solo tenía el respaldo de tres magistrados? Son preguntas que también deberá aclarar el tribunal.
Álvarez, el único que ha hecho público su voto a favor de la prohibición, afirma que busca evitar que la difusión de audios de interceptación telefónica afecte el próximo proceso electoral.
Los magistrados Ricardo Beaumont Callirgos, Juan Vergara Gotelli, Oscar Urviola Hani y Fernando Calle Hayen han publicado votos fundamentando que es contrario a la Constitución establecer prohibiciones a la prensa.
Beaumont consideró que debe exhortarse a los medios al autocontrol o “el control por órganos privados que asocien a tales medios”. “Aceptar dichas limitaciones a los medios de comunicación implicaría la figura vedada por la Constitución de censura previa”, anotó Vergara.
Por su parte, Urviola indicó: “más que imponerles prohibiciones y advertencias de responsabilidad penal (a los medios de comunicación), considero que lo compatible con la Constitución y una democracia es invocar, frente a este tipo de información, el criterio de la autorregulación”.
“No veo la necesidad de insertar referencias respecto a la prohibición de divulgación de información que provenga de interceptaciones telefónicas”, fue la posición de Calle.
Mientras siguieron dándose pronunciamientos de rechazo al intento de amordazar a la prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su sorpresa por el fallo y lo calificó de “retroceso a la libertad de prensa”.
En tanto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró que el TC se extralimitó al legislar sobre información que no era objeto de la demanda presentada por la familia de Alberto Químper.
Hubo un error en la redacción
Desde Arequipa, en declaraciones a La República, el magistrado Oscar Urviola dijo que hubo un error en la redacción del fundamento 23º y luego en no publicar su voto dirimente. “Apenas lo advertí (la no publicación), exigí a la presidencia y la relatoría que se enmendará el error y se publicará, porque mi voto aparecía en el expediente y pueden comprobarlo. No ha variado en absoluto. Lo más saludable podría ser que los magistrados que han suscrito ese fundamento de voto, hagan la aclaración y lo retiren”, precisó Urviola.
Reacciones
"Los medios deben autorre-gularse en orden a un ejercicio responsable de la profesión de informar y respetar la honra de las personas”. - Edmundo Peláez. Presidente del CNM
"Ha habido una intención apresurada que hace daño a la credibilidad del TC. Este fallo está equivocado y además es impertinente”. - Walter Albán. Ex defensor del pueblo
Por César Romero Calle.
El Tribunal Constitucional dio marcha atrás en su afán de prohibir la difusión de audios de chuponeo telefónico, luego que cuatro, de los siete magistrados que integran este colegiado, se pronunciaron en contra de imponer una censura y mordaza a la prensa.
Una parte de los siete magistrados del TC, no se sabe cuántos, se reunió ayer para examinar la situación y el próximo lunes estarían emitiendo una aclaración.
El nuevo documento ya se está redactando, confirmó a La República el doctor Juan Vergara Gotelli. La prohibición de emitir audios de chuponeo será retirada o quedará solo en una opinión, respaldada por tres magistrados.
Cambio
El martes último, al redactar una sentencia en la que se rechazó un hábeas corpus presentado por la esposa de Alberto Químper contra los petroaudios, el TC incluyó un fundamento 23º donde prohibía a la prensa difundir audios de chuponeo.
Al publicarse la sentencia, la prohibición aparecía con dos opiniones en contra y se suponía cinco a favor. Pero, luego se publicaron otros dos votos en contra del fundamento 23º , que ahora solo tiene el respaldo del presidente Carlos Mesía, el vicepresidente Ernesto Álvarez Miranda y el magistrado Gerardo Eto Cruz.
¿Qué pasó con los votos discrepantes? ¿Es verdad que desde un principio hubo cuatro posiciones en contra? Entonces, ¿por qué se incluyó un fundamento que solo tenía el respaldo de tres magistrados? Son preguntas que también deberá aclarar el tribunal.
Álvarez, el único que ha hecho público su voto a favor de la prohibición, afirma que busca evitar que la difusión de audios de interceptación telefónica afecte el próximo proceso electoral.
Los magistrados Ricardo Beaumont Callirgos, Juan Vergara Gotelli, Oscar Urviola Hani y Fernando Calle Hayen han publicado votos fundamentando que es contrario a la Constitución establecer prohibiciones a la prensa.
Beaumont consideró que debe exhortarse a los medios al autocontrol o “el control por órganos privados que asocien a tales medios”. “Aceptar dichas limitaciones a los medios de comunicación implicaría la figura vedada por la Constitución de censura previa”, anotó Vergara.
Por su parte, Urviola indicó: “más que imponerles prohibiciones y advertencias de responsabilidad penal (a los medios de comunicación), considero que lo compatible con la Constitución y una democracia es invocar, frente a este tipo de información, el criterio de la autorregulación”.
“No veo la necesidad de insertar referencias respecto a la prohibición de divulgación de información que provenga de interceptaciones telefónicas”, fue la posición de Calle.
Mientras siguieron dándose pronunciamientos de rechazo al intento de amordazar a la prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su sorpresa por el fallo y lo calificó de “retroceso a la libertad de prensa”.
En tanto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró que el TC se extralimitó al legislar sobre información que no era objeto de la demanda presentada por la familia de Alberto Químper.
Hubo un error en la redacción
Desde Arequipa, en declaraciones a La República, el magistrado Oscar Urviola dijo que hubo un error en la redacción del fundamento 23º y luego en no publicar su voto dirimente. “Apenas lo advertí (la no publicación), exigí a la presidencia y la relatoría que se enmendará el error y se publicará, porque mi voto aparecía en el expediente y pueden comprobarlo. No ha variado en absoluto. Lo más saludable podría ser que los magistrados que han suscrito ese fundamento de voto, hagan la aclaración y lo retiren”, precisó Urviola.
Reacciones
"Los medios deben autorre-gularse en orden a un ejercicio responsable de la profesión de informar y respetar la honra de las personas”. - Edmundo Peláez. Presidente del CNM
"Ha habido una intención apresurada que hace daño a la credibilidad del TC. Este fallo está equivocado y además es impertinente”. - Walter Albán. Ex defensor del pueblo
Los malabares del TC
POLÍTICA | Sáb. 11 dic '10
Para el Tribunal Constitucional, El País de España, el New York Times de Estados Unidos, The Guardian de Inglaterra y Der Spiegel de Alemania, que están reproduciendo periodísticamente la información intermediada por WikiLeaks, son pasibles de acusación penal por haber cometido el ilícito de divulgar información conseguida ilegalmente por terceros sobre el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Con el criterio de la mayoría del TC (no se sumaron los magistrados Juan Francisco Vergara y Fernando Calle) habría sido un delito divulgar los videos de Vladimiro Montesinos, salvo que lo hubiese autorizado él mismo o algún valiente juez dispuesto a enfrentarse al poder de ese entonces.
La Defensoría del Pueblo considera que la decisión del TC afecta la libertad de expresión: “pese a que el Tribunal Constitucional no le atribuye a esta sentencia la fuerza jurídica de precedente vinculante, sí introduce y desarrolla como regla general que los medios de comunicación social incurren en responsabilidad penal si difunden y divulgan información proveniente de interceptaciones telefónicas, sin que previamente hayan sido autorizadas por los interlocutores o por la autoridad judicial competente, lo que constituye un mecanismo prohibido de censura previa”.
¿De dónde viene todo esto? Alberto Quimper, el de los “petroaudios”, solicitó que se declare nula la acusación en su contra porque se está usando una “prueba prohibida”. A partir de esto, como bien afirma el Instituto Prensa y Sociedad, el TC decidió sobre asuntos que no estaban planteados: “no se le pidió resolver si los medios de comunicación tienen amparo constitucional para difundir audios de interés público obtenidos ilícitamente por terceros” ni “si el acto de difundirlos era delictivo”. Así pues, el TC elaboró una sentencia sobre asuntos que no se le habían pedido, y ha llegado a calificar un ilícito no definido en el Código Penal. El TC se extralimitó no solo frente al objeto del proceso sino, además, respecto de sus competencias como máximo órgano constitucional.
Sin duda, caminan por cuerdas separadas el derecho de los medios a divulgar este tipo de material sin condicionarse a censura previa y ateniéndose a la responsabilidades penales posteriores (si las hubiera), de las prerrogativas que tienen los jueces de definir si esos materiales tienen valor jurídico.
En pleno proceso electoral y a poco de concluir el gobierno del presidente Alan García, el proceder del TC hace pensar que se está tendiendo un “manto protector” sobre filtraciones referidas a posibles delitos de los actuales protagonistas políticos.
Con el criterio de la mayoría del TC (no se sumaron los magistrados Juan Francisco Vergara y Fernando Calle) habría sido un delito divulgar los videos de Vladimiro Montesinos, salvo que lo hubiese autorizado él mismo o algún valiente juez dispuesto a enfrentarse al poder de ese entonces.
La Defensoría del Pueblo considera que la decisión del TC afecta la libertad de expresión: “pese a que el Tribunal Constitucional no le atribuye a esta sentencia la fuerza jurídica de precedente vinculante, sí introduce y desarrolla como regla general que los medios de comunicación social incurren en responsabilidad penal si difunden y divulgan información proveniente de interceptaciones telefónicas, sin que previamente hayan sido autorizadas por los interlocutores o por la autoridad judicial competente, lo que constituye un mecanismo prohibido de censura previa”.
¿De dónde viene todo esto? Alberto Quimper, el de los “petroaudios”, solicitó que se declare nula la acusación en su contra porque se está usando una “prueba prohibida”. A partir de esto, como bien afirma el Instituto Prensa y Sociedad, el TC decidió sobre asuntos que no estaban planteados: “no se le pidió resolver si los medios de comunicación tienen amparo constitucional para difundir audios de interés público obtenidos ilícitamente por terceros” ni “si el acto de difundirlos era delictivo”. Así pues, el TC elaboró una sentencia sobre asuntos que no se le habían pedido, y ha llegado a calificar un ilícito no definido en el Código Penal. El TC se extralimitó no solo frente al objeto del proceso sino, además, respecto de sus competencias como máximo órgano constitucional.
Sin duda, caminan por cuerdas separadas el derecho de los medios a divulgar este tipo de material sin condicionarse a censura previa y ateniéndose a la responsabilidades penales posteriores (si las hubiera), de las prerrogativas que tienen los jueces de definir si esos materiales tienen valor jurídico.
En pleno proceso electoral y a poco de concluir el gobierno del presidente Alan García, el proceder del TC hace pensar que se está tendiendo un “manto protector” sobre filtraciones referidas a posibles delitos de los actuales protagonistas políticos.
Tribunal rectificará fallo
POLÍTICA | Sáb. 11 dic '10
Fueron por lana y salieron trasquilados. Los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la sentencia que pretende amordazar a los medios de comunicación que quieran difundir videos o audios referidos a la corrupción –sin previa autorización judicial o de los interlocutores– darán marcha atrás y rectificarán dicho fallo.
El integrante de ese colegiado, Ernesto Álvarez, informó que el pleno del TC se reunió ayer con la finalidad de analizar este tema, que ha causado rechazo y polémica en la opinión pública.
“Hemos concordado en lo que vendría a ser una aclaración de oficio para que el prestigio de la institución y la unidad del pleno se mantenga incólume y se refleje la voluntad de la mayoría, aunque muchos no lo compartamos”, indicó en declaraciones a La Hora N.
Álvarez informó que la citada aclaración se publicaría hoy en la página web del ente.
PATINADA. Cabe recordar que el TC adoptó esta decisión al resolver un hábeas corpus presentado por la esposa de Alberto Químper, uno de los implicados en el caso ‘Petroaudios’. El pedido fue declarado improcedente, pero en la sentencia se decía que la prueba prohibida (léase audios) obtenida ilegalmente carecía de valor y que los medios que la difundieran serían denunciados.
Trascendió que Mesía estuvo buscando a sus colegas del TC para que firmen la aclaración de oficio, pero algunos magistrados mostraron reticencias sobre el particular y le habrían indicado que este era un problema de los tres magistrados (Mesía, Álvarez y Eto) que habían votado a favor de la mordaza.
El integrante de ese colegiado, Ernesto Álvarez, informó que el pleno del TC se reunió ayer con la finalidad de analizar este tema, que ha causado rechazo y polémica en la opinión pública.
“Hemos concordado en lo que vendría a ser una aclaración de oficio para que el prestigio de la institución y la unidad del pleno se mantenga incólume y se refleje la voluntad de la mayoría, aunque muchos no lo compartamos”, indicó en declaraciones a La Hora N.
Álvarez informó que la citada aclaración se publicaría hoy en la página web del ente.
PATINADA. Cabe recordar que el TC adoptó esta decisión al resolver un hábeas corpus presentado por la esposa de Alberto Químper, uno de los implicados en el caso ‘Petroaudios’. El pedido fue declarado improcedente, pero en la sentencia se decía que la prueba prohibida (léase audios) obtenida ilegalmente carecía de valor y que los medios que la difundieran serían denunciados.
Trascendió que Mesía estuvo buscando a sus colegas del TC para que firmen la aclaración de oficio, pero algunos magistrados mostraron reticencias sobre el particular y le habrían indicado que este era un problema de los tres magistrados (Mesía, Álvarez y Eto) que habían votado a favor de la mordaza.
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