¿Y la reforma policial?
El presidente Humala dio un buen primer paso cuando anunció la formación de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana encabezado por él mismo.
Para un país con una delincuencia que incluso ha desbordado al control policial en algunas regiones del norte o del centro, era una buena señal que el presidente decidiera intervenir directamente en la supervisión del tema.
Ese primer paso permitió que el gobierno no sufriera mayor desgaste al poner a militares en retiro al frente de Interior y Defensa, cuando su ofrecimiento de campaña había sido el de colocar a civiles en esos sectores.
Sin embargo, desde entonces la posición del gobierno respecto a la seguridad ciudadana y al sector Interior ha sufrido un cierto deterioro.
De hecho, esa posición se debilita con esa cena del vicepresidente Chehade, un hermano suyo y un allegado más con tres altos generales de la Policía Nacional. Algo no ha estado bien en eso y es posible que haya sido la búsqueda de favores recíprocos desde los dos lados de la mesa.
Ya venía recibiendo críticas el pase al retiro de 30 generales de la policía. A algunas voces enteradas les pareció excesiva por sacrificar a buenos oficiales junto con malos. La cena aludida ya dio más munición a más de un crítico.
Sin embargo lo que, al final, podría restar más fuerza a las políticas de seguridad ciudadana del gobierno, y a su actual ministro, es que continúe sin dejar en claro en qué consisten las reformas que se van a realizar en la policía o en Interior.
La necesidad de contener la marea criminal obliga a evaluar no solamente a las personas sino a las instituciones con las que se pretende contenerla, máxime si no han tenido mayor éxito hasta ahora y muchos piensan que son parte del problema y no de la solución.
Cabe preguntarse, por ejemplo, si debe continuar un esquema de policía nacional única, centralizada al extremo y con espíritu militarizado, con un solo mando que debe hacerse cargo de todos los recursos y funciones en materia de orden público e interno.
O de si no ha llegado la hora de desconcentrar, especializar y descentralizar algunas de esas funciones en aras de una mayor efectividad en la lucha contra el crimen y la corrupción. Sería interesante saber qué piensa el ministro a este respecto.
LAS REGIONES POLICIALES Y LAS DIRECCIONES ESPECIALIZADAS MUY IMPORTANTES DENTRO DE LA PNP DEBERÍAN ESTAR AL MANDO DE UN GENERAL NECESARIAMENTE, ES BURDO Y ANTITECNICO DESCABEZAR A ESAS DIRECCIONES Y PONER A UN CORONEL QUE NO ES EL INDICADO PARA DIRIGIR ESAS DIRECCIONES ESPECIALIZADAS Y LAS REGIONES POLICIALES DE TODO EL PAÍS.
LOS CACHACOS NUNCA FUERON BUENOS MINISTROS DEL INTERIOR Y SI LOS NOMBRARON CÓMO AHORA HA SIDO SOLO PARA APLICAR SINIESTROS PLANES ABSURDOS QUE MAS RESPONDEN A INTERESES PARTICULARES Y ACOMPLEJADOS DE QUIENES SE CREEN VACAS SAGRADAS Ó INTOCABLES. ES NECESARIA Y URGENTE LA REINGENIERIA Y NUEVA ESTRUCTURA PIRAMIDAL TAMBIÉN EN EL EJERCITO. Y SI NO LO HACEN SABREMOS CLARAMENTE POR QUE.
UN PAR DE CACHACOS CON MENTE CUADRADA, TORPES, MEDIOCRES E IGNORANTES NO VAN A HACER LO QUE LES DA LA GANA CON LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS NI MUCHO MENOS CON EL PERÚ.
GLORIA Y HONOR A LA GLORIOSA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
Restablecida la legalidad procesar a los golpistas por traicion a la patria, por los crimenes de lesa humanidad y sistematicos fraudes al erario publico efectuados antes y despues del golpe de estado del 05-04-92, estando los procuradores y fiscales con obligacion constitucional y moral de perseguir de oficio el enriquecimiento ilicito y incautar los bienes de los transgresores que vienen beneficiendose de la vulneracion del estado de derecho, es asi solo con legalidad es viable perseguir y extirpar los actos de corrupcion= anticorrupcion e impunidad realizados mediante ilegales decretos supremos y resoluciones seudos judiciales.
Amparado en la legalidad La Nacion dara estabilidad juridica a la inversion y gobernabilidad al pais, y otorgar razonable garantia de seguridad juridica a los tratados, convenios, bonos soberanos, reperfilamiento de la deuda externa, ahorros y a la observancia del debido proceso en los procesos judicial y administrativo.