Buscar este blog

jueves, 10 de marzo de 2011

El Educador Escéptico

Ampliar imagen
¿Cree que los candidatos se dan cuenta de la importancia de la Educación para el desarrollo del país?
–Hay el síndrome del médico fumador. Quién mejor que un médico para saber que fumar hace daño, pero fuma. Lo mismo ocurre con la Educación, quién mejor que los gobernantes, los políticos, empresarios, para darse cuenta que se necesita gente preparada. Pero entre el reconocimiento y su decisión de jugársela para arreglarla hay un abismo que ninguno hasta ahora ha querido asumir.
–¿Hay una propuesta que signifique un cambio sustancial en la educación? 
–Ninguna, no hay ninguna relación entre lo que dicen los planes de gobierno, lo que prometen los candidatos y lo que va a realizar aquel que gane. Aun en la hipótesis de que quisiera realizar sus promesas, el Congreso deberá aprobar el presupuesto y las normas que harían las modificaciones legales para implementar su propuesta y eso implica una serie de negociaciones y ajustes que hacen que al final la promesa se vaya diluyendo.
–Toledo propone duplicar el presupuesto del sector Educación, la universalización de la educación inicial, un modelo de intervención rural, el Sistema Nacional de Formación Docente. 
–Conceptualmente no hay nada que criticarle, ni a él ni a los otros. Yo le preguntaría ¿cuál es el decreto supremo que va a firmar en 28 de Julio que pondrá en acción lo que está prometiendo?.
–¿Y las ofertas de aumentar el presupuesto para la educación al 6% del PBI? 
–La única atingencia que haría a todos los que dicen que van a llegar al 6% del PBI en un quinquenio es que es una estafa. Eso significaría duplicar el porcentaje actual del PBI, que está en 3% pero no van a tener la capacidad de recortar a otros sectores a esa velocidad. Tendría que agregarse a Educación 0.75% del PBI al año. ¿De dónde? ¿Quitándoles a Defensa, Economía, regiones, a qué otro sector? Imposible.
–Pero esa es una de las 31 políticas de Estado del Acuerdo Nacional. 
–Sí, pero el Acuerdo Nacional planteó en el 2001 aumentar 0.25 del PBI cada año, de manera que al cabo de 12 años llegáramos al 6%, y estamos estancados en 3% todo este quinquenio. Yo creo que si llegamos al 4.5% del PBI en Educación los próximos años ya tenemos que darnos un abrazo.
–Fujimori ofrece también becas para los mejores alumnos a cambio de enseñar en escuelas públicas en los primeros años de su carrera profesional. 
–Eso me parece demasiado riesgoso, no se sabe si van a ser buenos profesores. Yo preferiría darles becas para post grados a quienes están ya en el aula. Así se apuesta sobre seguro y tiene efecto multiplicador.
–Castañeda Lossio ofrece elevar la importancia del idioma inglés, fortalecer la acreditación de los institutos superiores, sistema de becas y aumentar el calendario escolar a un mínimo de 1,100 horas anuales. 
–La cosa es cómo se va a hacer, y no se dice. En cuanto a aumentar el calendario escolar, ya está normado. Actualmente el Ministerio tiene establecidas las 1,100 horas como mínimo para los colegios, los urbanos se están aproximando, los que no pueden cumplir son los colegios rurales, algunos tienen sólo 400 horas.
–Humala, junto con aumentar al 6% del PBI el presupuesto educativo, quiere hacer una reforma universitaria con acreditación de post grados para dictar clases. 
–Las mismas propuestas que hace uno las pueden hacer los otros. Se pueden intercambiar los paquetes y no pasa nada, porque ninguna tiene traducción en los hechos. Lo que hay que entender es que las verdaderas reformas duelen, no hay reforma sin dolor. O se pisan los callos de los dueños, de los promotores, de los profesores o de la burocracia. Cuando dice que tendrán que acreditarse para enseñar, lo lógico sería que el no acreditado tenga que dejar de enseñar. ¿Sucederá?
–¿Tampoco tiene sentido la creación de un fondo para investigación universitaria? 
–Eso es agarrar la plata que actualmente dan en el canon: se le da a uno, se le quita a otro.
Si García hubiera dicho en su campaña que para poder implementar la Carrera Pública Magisterial se iba a enfrentar al SUTEP y que a los que no entraran a la carrera les congelaría el sueldo para obligarlos, no hubiera ganado nunca. Cuando a uno le piden una opinión sobre las promesas, salvo que sea un verdadero disparate, no hay mucho que decir.
–¿Es decir, aun cuando se sepa qué hacer, en campaña puede resultar inconveniente decirlo? 
–Los paradigmas clásicos de las promesas son el fujishock y el TLC de García. Ambos en campaña, se declararon en contra y lo primero que hicieron fue: Fujimori aplicar el shock y García aliarse con el TLC. Eso es lo que hace, incluyéndome, que seamos absolutamente escépticos con las promesas.
–¿A cuál de los candidatos percibe más cercano al tema educativo? 
–A todos, porque va a ser inevitable, el país no da para más sin una reforma educativa, sin un replanteamiento en los quehaceres de la educación tecnológica, científica.
–En el quinquenio de García ¿ha habido avances? 
–Es relativo. El gobierno dice que ha avanzado: Si tengo un hijo que en el primer trimestre saca 8 jalados y en el segundo 6, ¿ha avanzado? Los avances se producen dentro del terreno de las enormes precariedades.
–El gobierno considera como uno de sus logros la erradicación del analfabetismo. 
–No hay ningún consultor que haya venido al Perú a hacer un estudio serio.
–¿En qué considera que hemos avanzado? 
–Que se haya planteado la necesidad de una carrera magisterial está bien, la necesidad de evaluar a los profesores también, que se dé información sobre los resultados de las evaluaciones, muy bien. Ahora, se les ha tomado pruebas de aptitud verbal, numérica, un poquito de conocimientos, pero no ha mejorado necesariamente su actividad pedagógica. En cuanto a infraestructura, han refaccionado 26 colegios emblemáticos, cambiando la placa de Odría por la de García, pero han dejado 90 mil colegios sin atender.
–El colegio Mayor, ¿está en el plano de los aciertos o los desaciertos? 
–Estando en un proceso de descentralización, se re-centraliza sacando a los chicos de su familia, de su ambiente, desconectándolos de su región. ¿Por qué no hacer un colegio de vanguardia en cada región? Pero claro, ese era un sueño del Presidente.
–¿Qué hacer para involucrarnos todos? ¿Qué les compete a los empresarios? 
–El cambio está por ahí. Los empresarios están empezando a reclamar, quieren tener voz en la educación, comienzan a decir que la falta de competitividad de los trabajadores es un problema. Son actores que si organizan los recursos que están dispuestos a poner marcarán la diferencia.
–¿Cómo se enlaza eso con el proceso de municipalización en marcha? 
–Eso es un desastre. Lo que ha hecho (el Primer Ministro y Ministro de Educación) Antonio Chang es, con la mano izquierda, impulsar la municipalización y con la mano derecha, en el MEF, parar la municipalización. Hay 600 distritos que no tienen ni biblioteca, ¿a ellos se les va a entregar el manejo de la educación? Por otro lado, ya les transfirieron la educación a las regiones, entonces, les compete a las regiones.
–Si tuviera la capacidad de decidir, ¿qué haría de inmediato? 
–La Educación se tiene que trabajar simultáneamente con el piso y con su techo. En el piso, que todos los niños que lleguen a la escuela tengan posibilidades de éxito. Focalizando el esfuerzo en los primeros grados se asegura que todo niño que termina el tercer grado sea solvente en lecto-escritura y métrica básica, no el 40 ó 50% que ofrecen los candidatos, sino el 100%. En cuanto al techo, priorizar el rol de los empresarios, para con apoyo del Estado crear instituciones de vanguardia, haciendo lo que el Estado no tiene dentro de sus posibilidades. Por ejemplo, crear un instituto o facultad de estudios superiores que sea líder en los próximos 5 años: que la mejor facultad de estudios de Biodiversidad de América Latina esté en el Perú, en la Amazonía, para hacer estudios de plantas, industrias alimenticias, farmacéuticas, nuevas patentes. El rol de los empresarios es levantar el techo, invertir en crear vanguardia que marque el camino. (Entrevista: Zenaida Solís)

Arme su Candidato

Que CARETAS publique una edición especial electoral podría parecer una redundancia. Pero no lo es. La coyuntura del debate del domingo 13, a un mes de las elecciones presidenciales, ofrece la ocasión de darle un respiro a la agenda inmediata para sumergirse en las propuestas de los candidatos, la filosofía que anima sus campañas, la agenda del país para los próximos cinco años, las tendencias del marketing político, las posibilidades de tener un mejor Congreso e incluso el ojo con el que hay que leer las encuestas. Esta pretende ser una edición de voces y rostros. Y también de herramientas para el lector-elector.
La múltiple carátula de esta edición es de lúdica electoral. El lector de CARETAS escoge su candidato o, si así lo prefiere, toma lo que le gusta de cada uno.
El próximo presidente será, ciertamente, único. Pero el juego democrático determina que las propuestas de los demás también encuentren su cauce en los balances y contrapesos del poder. Más cuando las encuestas anticipan la marcada fragmentación del voto y el Parlamento.
Ya se ha vuelto parte de la campaña escuchar de los comentaristas que todos los candidatos que tienen opción, con excepción de Ollanta Humala, ofrecen esencialmente lo mismo.
Varias voces vuelven a reclamar iniciativas sobre pactos de agenda mínima en pro de la gobernabilidad. Pero la relativa homogenización programática podría ser interpretada como el camino hacia un consenso de los políticos nacionales en torno a una agenda de convergencia. Y que el Acuerdo Nacional, a pesar de ser poco sexy en el día a día, no está pintado en la pared.

DE TOLEDO A PPK

Como se lee más adelante, el manifiesto humalista sirve para establecer que, aunque lo escriba otro, el tono del programa también hace al candidato. Ollanta es el ejemplo más claro pero en el caso de los demás los matices también se convierten en protagonistas. Toledo, Castañeda y Fujimori comparten visiones similares en lucha contra la pobreza, programas sociales, PYMES, Educación, Salud e infraestructura. La diferencia se basa en propuestas concretas (ver cuadros) y estilos.
El programa de Perú Posible recuerda en parte por qué Alejandro Toledo ganó las elecciones del 2001 y también por qué tuvo una popularidad subterránea durante el mandato. Son 450 propuestas (¡!) puestas sobre la mesa. Se trata de una agenda inclusiva e ideológicamente aséptica, como el candidato mismo.
Pero el desembalse de promesas puede tornarse en rápida decepción. Y para muestra dos botones que no solo existen en el distante Olimpo de quienes leen los planes de gobierno: Toledo tiene entre sus principales argumentos de campaña el “empleo mejor remunerado”. Pero al respecto solo ofrece aumentar el salario mínimo y propiciar reuniones entre empleados y empresarios. Peor con su bandera de control de precios. No hay una línea y la crisis de precios de alimentos alcanza a todo el mundo.
Castañeda presenta su programa en un esquema de misión, visión, identificación de problema, diagnóstico, propuestas y acciones de política. El ex alcalde de Lima repite que lo que necesita el país es un gerente cómo él y con su programa insiste en la idea.
El documento de Fuerza 2011 es más directo y refuerza la narrativa fujimorista para el presente: la Constitución de 1993 refundó al país tal como lo conocemos hoy (Humala opina lo mismo y por eso promete eliminarla antes que nada) y lo que viene después son las diferentes etapas de la ruta trazada desde 1990, sin mayores alteraciones.
Las dos caras del Estado fujimorista son reinventadas. De un lado, muy activo en programas sociales y redes de protección para los más necesitados. De otro, lo menos visible posible en su relación con el sector privado. Fujimori propone mayor flexibilización laboral con el objeto de reducir los costos de contratación de las empresas. Tampoco tiene “temor dar el salto” de darles mayores incentivos a las mineras para modernizar el sector.
El de PPK dibuja un ideal Estado liberal y post-neocon. Híper eficiente en una serie limitada de políticas, racional en su organigrama y con fuerte énfasis en la erradicación de la informalidad y la pobreza. El candidato muestra su conocimiento en temas como el del agua y las tendencias económicas y políticas mundiales. Su entrenamiento en el MEF y el sector privado se refleja en proyecciones bastante específicas del dinero que se invertiría en los distintos programas. Aunque hasta ahora las proyecciones de sus votos no parecen igual de alentadoras.

EL JUGADOR HUMALA

Hay que reconocer que, en ese contexto de iguales que compiten entre sí, Humala sigue siendo un francotirador que todavía cuestiona e irrita al sistema. El capítulo más interesante de su programa es probablemente el referente a la reforma tributaria (ver cuadro).
La política evoluciona. Tanto que organismos como el Banco Mundial y Naciones Unidas le recomiendan a América Latina aumentar los impuestos directos a la riqueza, que son esencialmente los de propiedad y renta. Esos tributos son mucho más bajos en la región que en el resto del mundo y representan un porcentaje muy minoritario de la recaudación.
Varios estudios del PNUD concluyen que el desafío latinoamericano actual es el de superar la desigualdad, que fue un concepto apenas deslizado en la campaña del 2006. Hoy es la clave. Los mencionados documentos reiteran que las herramientas con las que cuenta un Estado moderno para reducir esa brecha consisten sobre todo en los servicios públicos de Educación y Salud, financiados como es obvio con los impuestos de quienes más tienen. En ese orden de ideas, allí late el corazón de la nivelación de oportunidades.
El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), compuesto por las 48 principales universidades y centros de investigación del país, presenta esta semana una batería de documentos sectoriales para una agenda de gobierno 2011-2016.
El autor del acápite tributario, Luis Alberto Arias, recomienda una política “activa con énfasis en el incremento de la recaudación de los impuestos directos, reducción de algunas tasas impositivas, ampliación de la base tributaria y reformas institucionales que fortalezcan a las administraciones tributarias”. También propone una “reducción gradual de la tasa del IGV y del IPM de 19% a 16%, pues esta, al ser alta, promueve la informalidad y la evasión tributaria”.
En lo último parecen encontrarse de acuerdo las distintas tiendas políticas (ver recuadro). Pero no en el incremento a los impuestos directos. Solo Toledo y Humala lo mencionan en sus programas y únicamente Humala lo desarrolla en extenso. El ex presidente, mientras tanto, no lo ha mencionado en ninguna intervención. PPK considera, igual que ex ministros del régimen actual como Luis Carranza, que el modelo de ampliación de base tributaria que le conviene al país es el de reducción de tasas que así estimulen la formalización de ese 60% de la economía que se mueve fuera del paraguas de la SUNAT.
El programa del candidato de Gana Perú es el más extenso. Son 198 páginas llenas de diagnósticos, muchos interesantes lecturas, que siempre subrayan la herida de muerte que aqueja al Estado neoliberal. Humala dice que no es de izquierda pero una somera lectura identifica por doquier el léxico marxista que estuvo en boga ya hace varias décadas. Su plataforma se actualiza con los nuevos tópicos de la agenda contestataria, muchos de ellos enteramente válidos y políticamente correctos (medio ambiente, derechos de las mujeres y las minorías), pero el voluntarismo de un Estado omnipresente se refleja en todo el texto.
El comandante camina varias veces por la cuerda floja del autoritarismo. Dice, por ejemplo, que “se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia”. ¿Y cómo hará para desbaratar este “cuasi oligopolio mediático”? Con una “ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social)”. Una idea que recuerda el reparto velasquista de la prensa, cuando cada diario respondía a un sector de la sociedad y en algún caso le tocaba monitorear al milímetro los precios de las verduras en las plazas de mercado.
El determinismo de Humala llega incluso a proclamar la agonía de la cultura peruana. “Las elites”, se lee en un pasaje, “al mirar primero a Europa y luego a Estados Unidos como modo y forma de vida, no consideraron a la mayoría de peruanos como sus compatriotas. Lo que convirtió a nuestras ancestrales tradiciones y costumbres en un rito folclórico y no en una cultura nacional-popular”.
Habría que preguntarse si la raigambre cultural de un país es definida por la miopía de las elites o, en su defecto, por decreto oficial.

AGENDA CARGADA

Entre tanto ánimo refundacional, la mencionada agenda del CIES, que este año participa en la organización del debate (ver nota siguiente), aterriza una coyuntura inmediata y desafiante.
Toda la prédica anticorrupción, advierten Aldo Panfichi y Mariana Alvarado, no servirá de nada sin fortalecer al Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y la Contraloría General. Y esta última es la llamada a coordinar estas instituciones.
Juan Arroyo concluye que “no se puede cambiar a ser un país parte de la mesocracia mundial y tener una presencia así de creciente del narcotráfico. O lo uno o lo otro”. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros envió al Ministerio Público, en diciembre del año 2010, 185 informes de inteligencia financiera que involucran un probable importe de 3,628 millones de dólares por operaciones sospechosas provenientes del narcotráfico. “Es probable que estas cifras sean conservadoras”, calcula el autor.
Waldo Mendoza recuerda aguafiestas que los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales “como proporción de los ingresos totales del gobierno del Perú en el año 2008, que son de alrededor de 15%, están por debajo del promedio latinoamericano de 32%”. Favorece la interrupción inmediata de nuevos convenios de estabilidad tributaria y que los próximos contratos de este estilo tengan otro perfil. “La sobretasa del Impuesto a la Renta que se cobra actualmente por la firma de estos convenios debería ser mucho mayor al actual 3.5%. En Chile, nuestro competidor minero más cercano, es del 7%”.
Por cierto, Giselle Huamaní y Sandro Macassi subrayan que “solo el desarrollo actual de conflictos mineros representa el 15% del total de las concesiones otorgadas, lo que nos hace vislumbrar un futuro con significativos incrementos en cuanto a conflictos sociales”.
Para seguir en la materia, la ley de Canon ha tenido el paradójico efecto de aumentar la desigualdad entre las regiones. Además de una reorganización territorial, Gonzalo Neyra plantea “el diseño de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que priorice el gasto público e inversión en infraestructura y servicios sociales en las regiones más rezagadas del país. En concreto una modificación parcial del reparto de los recursos públicos en el territorio, allí donde el Gobierno Nacional tiene márgenes de discrecionalidad, sobre la base de necesidades fiscales y la brecha territorial identificada. El objetivo de la política es alcanzar, en el mediano y largo plazo, una convergencia regional en el acceso a bienes públicos en los territorios, para que los ciudadanos, al margen del lugar donde vivan, puedan tener un acceso promedio a los servicios y oportunidades que brinda el Estado”.
Es decir, recuperar las riendas del Estado Central y tener el arrojo político para afinar sobre la marcha, otros dirían retroceder, el proceso de descentralización.
Un equipo encabezado por Richard Webb les pone el ojo a las materias pendientes en desarrollo rural y pone en lista de prioridades “La gradual urbanización, que aumenta las oportunidades de mercado y de empleo para el residente rural; la expansión de los caminos, telecomunicaciones y electrificación; el aumento sustancial en el gasto público, y la actividad de programas de intervención directa que contribuyen a mejoras tecnológicas y empresariales a nivel de pequeños agricultores”.
Carlos Aramburú y María Ana Rodríguez reiteran que los programas sociales apenas representan el 1.7% del PBI y deberían subir en cuatro puntos para el 2015. El salto a programas productivos, habilitadores y promotores todavía no se ha dado y cualquier especialista del sector puede dar fe de cuán complicado es abandonar el asistencialismo para pasar a la sostenibilidad de los beneficiados.
Por último, María Inés Celle, Neride Sotomarino y Mayen Ugarte sostienen que la reforma de la gestión pública todavía está en pañales a pesar de iniciativas como la mencionada descentralización, el presupuesto por resultados y la incipiente formación de burocracia seleccionada.
Hay vientos de optimismo. El país no es el mismo de hace veinte años. Pero el próximo presidente no la tiene nada fácil.

Recorte Millonario

La reducción del IGV en el candelero.
Ampliar imagen
Formalización en el fondo de la cuestión.
La drástica reducción del IGV es el parte aguas de las propuestas electorales.
El primero en lanzar la especie fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK), candidato de la Alianza para el Gran Cambio.
Desde entonces, todos los candidatos principales, salvo Ollanta Humala, proponen básicamente lo mismo.
Se trata de una apuesta millonaria.
La única forma de financiar las promesas electorales es con la recaudación tributaria.
Al reducir el IGV, caerá la recaudación.
¿O no?
Luis Alberto Arias, ex superintendente de la SUNAT, estima que cada punto del IGV representa S/. 1,500 millones.
Tres puntos del IGV ascienden a S/. 4,500 millones.
Pero Arias sostiene que más pierde el fisco como resultado de la evasión tributaria, entre 3% y 4% del PBI.
Arias es el autor de la propuesta tributaria 2011-2016 del CIES. También plantea bajar el IGV a 15% gradualmente.
La idea es que una menor tasa impositiva sería el antídoto de la mayúscula evasión.
La ecuación: a menor IGV, mayor formalización.
La formalización de la economía es la piedra de toque de la campaña de PPK.
De hecho, es el único candidato que toma ese toro por las astas.
Apenas el 35% del empleo en el país es formal. La meta de PPK es que al final de un hipotético gobierno suyo el 80% del empleo sea formal.
La formalización de la economía desencadenaría un ciclo virtuoso: el Sistema Nacional de Pensiones y las AFPs tendrían un “importante superávit”.
La mayor renta permitiría financiar un “cambio radical” en el sistema de salud pública, y las AFPs boyantes servirían de palanca para financiar las obras de infraestructura, dice PPK.
“Pero lo mejor será que millones de peruanos y peruanas tendrán un futuro más seguro que el que tienen hoy”, aseguró el candidato de Alianza para un Gran Cambio.
Arias advierte que la reducción del IGV debe “ser parte de un conjunto de medidas que conforman una reforma tributaria integral”.
Para que la recaudación aumente, la reducción del IGV debe ir acompañada de tres conjuntos de medidas para ampliar la base tributaria:
–Racionalización de las exoneraciones tributarias. Aquí Ollanta Humala de Gana Perú propone su eliminación; Toledo plantea reducirla de 2% del PBI a 1.6%. Las exoneraciones tributarias benefician sobre todo a la Selva. No es casual que la candidatura del ex presidente sea tan fuerte en el Oriente.
–La formalización de las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) que deberían empezar a pagar IGV, “al menos con una tasa más baja, por ejemplo, 6%”, dice Arias.
–Un plan sistemático de la SUNAT para reducir la evasión tributaria estimada en 37%.
“La oportunidad para realizar esta reforma es ideal cuando la economía está creciendo, lo que permita que los baches en la recaudación en el corto plazo serán cubiertos por la mayor recaudación”, explicó Arias.
El especialista sostiene que “el Perú tiene una de las productividades más bajas de América Latina” en cuanto a recaudación del IGV debido a las exoneraciones y la evasión.
Pero no todos están plenamente de acuerdo.
El candidato Ollanta Humala de Gana Perú solo admite que “evaluará” la reducción del IGV.
De hecho, los “nacionalistas” fueron los más acres opositores de la reducción del IGV de 19 a 18% a fines de febrero decretado por el gobierno.
Pero sí plantea una reforma tributaria, basada en impuestos directos en lugar de indirectos.
“Proponemos que los que más tienen paguen más”, dice Humala. “En cambio, ¿el IGV quién lo paga?”, fraseó con cuidado el comandante.
Tampoco la Sociedad Nacional de Industrias se compra el boleto a ojos cerrados (ver recuadro).
“El manejo tributario es un cuchillo que corta por los dos lados: corta carne pero también sirve para matar”, dice Pedro Olaechea, presidente del gremio.
“Si las tasas son muy altas, el mediano o pequeño contribuyente se informaliza. Las tasas en el Perú son tremendamente altas. Hay posibilidades para mejorarlas, pero se debe diferenciar marcadamente por la talla de empresas. Prefiero a 3 millones de PYMES que paguen S/. 1 de seguro social a que paguen nada”, dijo Olaechea.
La marcada dualidad de la economía peruana entre lo formal y lo informal no se soluciona de un solo porrazo.
“No creo que puedas llevar a toda la gente de todos los conos de golpe a pagar tributos, antes me voy caminando a la Luna y me doy la vuelta”, graficó.
Los evasores son huesos duros de roer.
Persuadirlos a que paguen impuestos será una tarea endemoniada, así bajen.
Lo que no puede esperar es la Caja Fiscal.

Revelaciones del Grifo Moralitos


Cuando apenas empezaba este gobierno que ahora termina, a fines de noviembre de 2006, publiqué el artículo “Cuestión de galones” en CARETAS 1953. Se trataba de una investigación sobre “la corrupción militar ahora en el Perú”, descrita y documentada en su indignante pormenor.

Ahí empezó el caso de los generales “gasolineros”: los altos jefes militares que depredaron su propia institución, robándole desde la gasolina hasta el rancho del personal, saboteando en el proceso, por supuesto, la defensa del país.

En apretado resumen, se trataba de altísimas asignaciones extraordinarias de vales de combustible para un supuesto uso operativo en el Ejército. El combustible jamás se usaba y terminaba convertido en dinero que enriquecía a unos pocos jefes a costa del empobrecimiento de toda la institución. Por ejemplo, solo la Comandancia General del Ejército, entonces a cargo del general EP César Reinoso, recibía 10 mil galones mensuales de gasolina para sus virtualmente inexistentes necesidades de movilidad.

Aparte del robo al Estado y al pueblo, su encubrimiento forzó a varias dependencias y unidades a falsificaciones monumentales para ‘documentar’ maquinaria inexistente, desplazamientos fantasmas.

Pero lo peor no era el corrosivo latrocinio sino sus consecuencias. Si comandar significaba parasitar y robar a la institución, no se precisa gran imaginación para entrever los efectos sobre la moral, el entrenamiento, las condiciones operativas del Ejército.

¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del gobierno y qué resultados tuvo? Por ahora les diré que ningún esfuerzo de esclarecimiento, juicio y sentencia fue completado y que la gente que se dedicó a tratar de hacer justicia sufrió más que aquellos que se abocaron a quebrantarla.
Fast forward, y llegamos a este año; con la complicada situación militar en el VRAE, el creciente narcotráfico y la nada lejana referencia del devastador poder del crimen organizado en México, Centroamérica, Colombia, las grandes ciudades brasileñas: a la vez cuadros y espejos de posibilidades e inminencias, especialmente en sus comarcas asoladas por una violencia feral.

El 17 de febrero de este año, un destacamento de sinchis reforzó un operativo de la policía antidrogas, con la presencia de un fiscal especializado, en Pichanaki. El objetivo fue el grifo ‘Moralitos’, donde encontraron más de 2 mil 200 galones del perfectamente ilegal kerosene, por ser un insumo básico en el procesamiento de la hoja de coca para hacer pasta básica de cocaína. El kerosene incautado era suficiente como para obtener media tonelada de pasta básica.

Eso era ya suficientemente malo. Pero las informaciones de inteligencia indicaban algo peor.

¿De dónde habían obtenido el combustible? ¿Quién se lo había vendido? Según testimonio de los empleados del grifo, el combustible provenía de la base militar del Ejército, en Satipo. Dijeron que lo supieron a través de los dueños del grifo, los hoy prófugos Rossmary Cahuana Vasco y Fredy Hurtado. También se los dijo el chofer del camión cisterna WGR 436, Noé Bisares, que llevó el combustible por lo menos una vez.

Los mismos empleados indicaron que una persona que se identificó como el “capitán Omar” había llamado por teléfono a Hurtado para hablar sobre el combustible. “Omar” había quedado registrado en el directorio telefónico del grifo como “Omar KD2”, con su número celular.

Las compras masivas de combustible se habían realizado en 2010. Aparte de aquella sobre la que había querido hablar el “capitán Omar”, se habían realizado otras: el 6 de mayo de 2010, el grifo ‘Moralitos’ había pagado 10 mil soles por 980 galones de combustible llevados de Satipo a Pichanaki por un tal Álvaro Ureta. Una semana después, el 13 de mayo de 2010, compraron 1,500 galones de combustible, llevado desde Satipo por Noé Bisares en el camión cisterna WGR 436. Y el 22 de agosto de 2010 hubo otra compra de mil galones de combustible.

Si el combustible procedía del cuartel militar en Satipo, no se trataba de kerosene doméstico sino de combustible Turbo (o kerosina, o jet A-1), para aeronaves. El Turbo es, al fin, un kerosene altamente refinado.

La base militar no tenía ni tiene razón alguna para almacenar kerosene doméstico. Tiene, en cambio, todas las razones para almacenar en los llamados bladder, el Turbo: ahí funciona una estación de recarga para las aeronaves, especialmente los helicópteros que operan en las acciones contra Sendero en el VRAE.

En las pozas de maceración, a la vez, la coca no hace muchos distingos entre el refinado turbo y el tosco kerosene: 4.5 galones de uno u otro ayudan a convertir 100 kilos de hoja de coca en un kilo de pasta básica de cocaína.

De esa manera, miles de galones de turbo, enviados a las zonas de operaciones como energía para el vuelo operativo de los helicópteros, habrían terminado en pozas de procesamiento convirtiendo la hoja de coca en pasta básica de cocaína.
¿Era en realidad turbo, o no? El fiscal especializado Edwin Rojas tuvo el tino de enviar muestras para ser analizadas en tres lugares diferentes. El análisis de la Policía en Huancayo arrojó elementos de Turbo y de kerosene, lo cual, dado el tronco común, no es difícil mezclar ni en el tanque ni en el análisis. Lo que falta aún, al escribir esta nota, es el peritaje de la refinería La Pampilla.

IDL-Reporteros, la publicación de periodismo de investigación en internet que dirijo, ha publicado un informe extenso, con fotos y documentos relevantes, sobre el tema. Se lo puede leer en reporteros.pe

Hoy, jueves 10, la Dirandro elevará el atestado y el viernes 11, el fiscal Rojas presentará la acusación ante el juez en Chanchamayo. Probablemente pida más tiempo para realizar diversas diligencias antes y después de la captura de los fugitivos. Entre ellas el interrogatorio al personal del Ejército que laboró en la estación de recarga en Satipo, especialmente entre mayo y agosto de 2010.

Si en un teatro de guerra contra el senderismo y de represión contra el narcotráfico alguien vende el combustible que permite volar a los helicópteros para ser usado, precisamente, en narcotráfico, ¿no representa eso un nivel de corrupción que está apenas a milímetros de la peor descomposición institucional que se puede ver, por ejemplo, en México?

¿Cómo ha reaccionado el ministerio de Defensa ante un caso así? A menos que haya habido un cambio dramático en estos días, la posición de su inspector general, Jorge Kisic, ha sido la de no querer ver nada. (Sus declaraciones en reporteros.pe).

¿Tiene esto algo que ver con la mafia de generales gasolineros cuya corrupción fue expuesta a fines de 2006? Claro que sí. Para empezar, ese caso no termina hasta hoy. Ningún “gasolinero” ha sido sentenciado casi cinco años después. Celia Cruz hubiera podido escribir el guión de lo que pasó: el ministro Wagner despidió a Reinoso; Donayre quedó ñato de la risa cuando bajaron a Wagner; pero mucho menos contento cuando Guibovich lo reemplazó a aquél, pero Contreras y su gente mantuvieron acosado a Guibovich; y cuando Tito da Silva reemplazó a éste, Donayre pudo decir que las cosas habían vuelto a la normalidad.

Reinoso y Donayre enfrentan juicio oral por la millonaria gasolina en la Segunda Sala Penal Especial. Contreras fue exonerado, aunque el fiscal ha apelado esa decisión. Es un contraste para ellos, es verdad, pero de otro lado, su influencia en el Ejército se mantiene y la gente que los denunció ha quedado en el camino. Marlene Berrú, la valiente fiscal que investigó el caso y soportó todo tipo de presiones, fue retirada sin explicaciones del sistema anticorrupción por Gladys Echaíz, la fiscal de la Nación.

Si hay un caso que epitomiza el manejo sinuoso, fariseo y venal de la lucha anticorrupción en el gobierno de Alan García, es éste. Pero no hay acción sin consecuencia ni corrupción sin contagio.

Como les podrán explicar, si todavía no entendieron, si van al grifo ‘Moralitos’ en Pichanaki y esperan la llamada del “capitán Omar”.
 

“Que Nava explique sus vínculos con el narcotráfico”

“Que Nava explique sus vínculos con el narcotráfico”
La respuesta de Alejandro Toledo fue más contundente que la nueva amenaza que recibió de Luis Nava, quien ayer advirtió que podría seguir denunciando más gastos frívolos, realizados –según él– durante el pasado gobierno de Perú Posible.

“¿Quién es Nava? Cuidado que podemos comenzar a hablar sobre las vinculaciones con el narcotráfico de él y sus hijos. Cuidado que podemos hablar de su visita a la suite de (Fortunato) Canaán. ¿Fue a la suite por una orden del presidente García para llevarle un mensaje o fue una iniciativa propia?”, replicó Toledo al secretario general de Palacio de Gobierno desde San Juan de Lurigancho, donde recorrió diversos asentamientos humanos.

Minutos antes Nava había dicho que iba a denunciar a Toledo por difamación, luego de que el pasado martes éste dijera que el actual secretario de Alan García estuvo en prisión por irregularidades en una mutual. Incluso lo amenazó con denunciar los excesivos gastos que se hicieron en ropas y perfumes durante la gestión toledista.

“O se rectifica o le interpondré una querella, porque no puede acusar a la gente que dice la verdad sobre los gastos en Palacio de Gobierno. Que no me obligue a decir todo lo que existe, que no me obligue a hablar de la ropa y de los perfumes”, aseveró Nava.

Por su parte Toledo dijo que no se iba a estancar en “responderle a un señor que ha estado en la cárcel y que ahora tiene que explicar el por qué”, así como su relación y la de sus hijos con los Sánchez Paredes, investigados por narcotráfico, y cómo llegó a la suite de Canaán.

“Yo no administro Palacio. El Presidente no tiene capacidad de gasto. Yo no compro pescado, no compro carne, no compro vino ni pongo una foto en la botella”, aseveró.

MANIPULACIÓN
Sin embargo, el líder de la chakana acusó nuevamente a Nava de ser “utilizado por el presidente Alan García” y manipular una información “que ya fue vista y archivada por la Contraloría y el Congreso”.

“Esta acusación es un refrito, pero yo sé lo que están haciendo. Están sumando compras de compras. Y están sumando todo para después ‘pícaramente’ decir que por ese monto debió haber una licitación. Pero no, todo esto fue comprado durante los cinco años de gestión, para cada uno de los eventos que se realizaron en Palacio de Gobierno. Y he tenido muchos eventos internacionales”, manifestó.

Precisamente Toledo dijo que Nava debería regresar a la escuela primaria por señalar que el líder de la chakana había evadido las licitaciones en la compra de licores.

“Nunca ha pasado eso. El Presidente nunca ve las licitaciones. Yo no soy como otros gobiernos que las amarran y sacan decretos supremos para evadirlas”, remarcó.

Candidatos se apuntan en lucha contra narcotráfico

 
Candidatos se apuntan en lucha contra narcotráfico
Candidatos coinciden en articular esfuerzos paracombatir este flagelo. Sus propuestas pasan por un rediseño de lapolítica antidrogas, el uso eficiente de recursos y entidades, medidas sociales y bases antidrogas.Cuadro de propuestas.
Inés Flores.
Los cinco principales candidatos presidenciales proponen, en sus planes de gobierno, unificar los esfuerzos y recursos para combatir el narcotráfico en el país.
Sin embargo, las propuestas de los aspirantes al sillón de Pizarro difieren en quién conducirá la lucha contra este flagelo. 
Por ejemplo, Alejandro Toledo, de Perú Posible, propone a la Presidencia del Consejo de Ministros.  Es decir, estaría a cargo de una institución que concentre los esfuerzos de todas las oficinas con responsabilidad en este caso
.
En cambio Luis Castañeda Lossio, de Solidaridad Nacional, aunque considera que este liderazgo le corresponderá al presidente de la República, otorga a Devida el carácter ejecutivo de esta política de gobierno.
El aspirante a la presidencia de la República por Gana Perú, Ollanta Humala, menciona la creación de la Oficina del Alto Comisionado Presidencial para la Paz y el Desarrollo en los principales escenarios donde confluyen lasubversión y el narcotráfico.
Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio) y Keiko Fujimori no hablan de liderazgo alguno en este esfuerzo.
Monitoreo
Los candidatos también incluyen medidas y presupuesto para detectar esta actividad ilícita.
Toledo sugiere mejorar el control y monitoreo de las acciones contra el desvío de insumos químicos fiscalizados mediante un plan nacional de interdicción. A ello se suma el monitoreo de los cultivos de hoja de coca en todo el país por sistema satelital propio así como la instalación de tres bases antidrogas: dos en el VRAE (Pichari y Boca Mantaro) y una en el Huallaga (Monzón - Huánuco).
Castañeda incluye un control efectivo por tierra, aéreo y marítimo, pero no dice cómo lo hará.
Aunque no lo menciona en el plan de gobierno, Kuczynski declaró hace dos días, en sus recorridos proselitistas, que comprará  entre seis y ocho fragatas para el trabajo de interdicción.
Lavado de dinero
Para combatir el narcotráfico se ha puesto énfasis en el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Toledo ha decidido, mediante la modificación del marco legal, fortalecer las facultades de investigación de esta institución.
Igualmente, el aspirante presidencial por Solidaridad Nacional hace hincapié en la necesidad de crear y  “fortalecer el sistema antilavado de activos”, que incluye a la Policía Nacional, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Sunat, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Humala, por su parte, incorpora la decisión de separar la estrategia de enfrentamiento a los remanentes de la subversión de la política antinarcóticos.
Anexa a la política interdicción  el “derecho penal garantista y respetuoso de la libertad individual del debido proceso” para los productores, usuarios y microcomercializadores. Además, eliminará el monopolio de Enaco en la comercialización de la hoja de coca, realizará un nuevo empadronamiento de productores y promoverá una nueva Ley de la Coca.
Claves
Cifras. Se estima que son 70,000 campesinos (280,000 con sus familias) los involucrados en  esta actividad, y que hay entre  50 mil y 100 mil adictos a las drogas en Perú.
Valores. Se calcula entre US$ 1,500 y US$ 2,000 millones el ingreso por concepto de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se  exportan 280 toneladas  de cocaína. El valor de la cocaína a precios de consumidor en el extranjero llega hasta los US$ 25 mil millones, y a precio FOB US$ 4 mil por kilo.

Combustible para helicóptero era vendido como kerosene en el Vrae

 
Combustible para helicóptero era vendido como kerosene en el Vrae
Suboficial del Ejércitolo robaba del cuartel deSatipo. Dueño de grifo acepta entregarse a la justicia siempre que le ofrezcan garantías porque militares lo han amenazado de muerte si los identifica. Infografía
Doris Aguirre.
Peritos de Criminalística de la Policía Nacional confirmaron que un grifo de la localidad de Pichanaki, en Satipo, en la zona de los valles de los ríos Apurímac y Ene (Vrae), vendía ilegalmente combustible para los helicópteros Mi-17 del Ejército que operan en el área de combate contra Sendero Luminoso.
El pasado 17 de febrero, durante un operativo desplegado por efectivos de la Dirección Antidrogas, se descubrió en la estación de servicios “Moralitos” 2,270 galones de un producto que los propietarios del establecimiento afirmaron que se trataba de kerosene.
Fuentes de inteligencia habían informado a la policía que se trataba de gasolina Jet A-1 para las aeronaves Mi-17, pero los dueños de “Moralitos” reiteraron que se trataba de kerosene y que se lo había vendido el Ejército como excedente.
Enterado de los hechos, el ministro de Defensa, Jaime Thorne, encargó al inspector de su despacho, mayor general FAP (r) Jorge Kisic, que determinara el origen del combustible de “Moralitos”. Kisic descartó que fuera Jet A-1.
Escandaloso robo sistemático
Sin embargo, el fiscal antidrogas Erwin Rojas Trujillo dispuso el peritaje del combustible, determinándose sin duda alguna que era  el Jet A-1 o Turbo.
Con dicho resultado, el fiscal Rojas ordenó de inmediato la detención del propietario de “Moralitos”, Freddy Marcelo Hurtado, y de los empleados Dina Maldonado Bonieve, Santa Pardo Hidalgo, Kathy Araujo Cisneros y Rosmery Cahuana Vasco. Marcelo y Cahuana consiguieron evadirse.
Sin embargo, Freddy Marcelo ha presentado como abogado defensor a Miro Toledo Gutiérrez. De acuerdo con Toledo, su cliente le ha dicho que el combustible lo compraba al suboficial EP Otmar Canales Villar, que labora en el Cuartel de Satipo, donde precisamente se almacena el Jet A-1 para los helicópteros.
Según la versión del dueño de “Moralitos”, Otmar Canales se presentó en el grifo para ofrecer el combustible, indicándole que era parecido al kerosene y que se trataba de un excedente.
El suboficial Canales le vendió cada galón a 9 soles y Freddy Marcelo lo revendía a 16 soles.
Para abastecerse del Jet A-1, el propietario de “Moralitos” contrató un camión cisterna con capacidad para más de dos mil galones que ingresaba al cuartel militar en horas de la noche para recoger el combustible.
El robo sistemático del Jet A-1 se inició desde mayo del 2010. Durante nueve meses Freddy Marcelo y el suboficial Otmar Canales sustrajeron el vital combustible que estaba destinado a los helicópteros Mi-17. Sin embargo, en el cuartel nunca ejercieron control y el cisterna entraba y salía cuando quería.
Por intermedio de su abogado Miro Toledo, Freddy Marcelo afirmó que se presentará ante las autoridades siempre y cuando le ofrezcan garantías para su vida porque ha sido amenazado de muerte por militares si revela la identidad de los altos oficiales del Ejército que estaban confabulados con el suboficial Otmar Canales Villar.
El propietario del grifo “Moralitos” ha dicho que le preguntó a Otmar Canales cómo es que lograba extraer el combustible del cuartel sin problemas, a lo que respondió que el general EP Benigno Cabrera Pino, ex jefe del Frente del Vrae, le había autorizado a hacerlo. Las autoridades citarán al alto oficial para confirmar o desestimar la aseveración de Freddy Marcelo.
El abogado Toledo protestó porque el fiscal Erwin Rojas ha dispuesto la detención de sus empleados, pero no así del suboficial EP Otmar Canales que comercializaba el combustible.
A manos del narcotráfico
La administradora del grifo “Moralitos”, Rosmery Cahuana, confirmó que por orden del dueño del negocio, Freddy Marcelo, en dos ocasiones ingresó al cuartel de Satipo para recoger el combustible que le vendía el suboficial EP Odmar Canales. “Yo le pagaba a él por el combustible. Es más, tengo dos recibos firmados por el suboficial Canales”, dijo.
El fiscal antidrogas Erwin Rojas Trujillo investiga a por lo menos 12 efectivos del Ejército, entre oficiales y suboficiales, presuntamente implicados en el tráfico de combustible para helicópteros.
La policía antidrogas sospecha que los principales compradores del grifo “Moralitos” serían las mafias que procesan cocaína en el Vrae. Y no descarta que el dueño esté relacionado con el abastecimiento de insumos para el narcotráfico.
 
Participe (2)
Comente, analice, critique de manera seria. Mensajes con contenido vulgar, difamatorio o que no tenga que ver con el tema, serán eliminados.
Lea las Normas de Uso.


A estos delincuentes deben juzgarlos como narcotraficantes.... lo malo de esto es que no c aen los peces gordos.... solo las anchovetas... el ejercito esta podrido... eso es un secreto a voces...


Como siempre los malos elementos en el ejercito, no creo que solo sea el suboficial quien se llevara toda la comision si vendia a 9 soles por 2000 galones son 18000 soles por camion cisterna, hay que dar con los oficiales y darles de baja por TRAICION A LA PATRIA por que ese combustible va al narcotrafico que envenena a la juventud peruana