La Corte IDH y su presidente
SERGIO TAPIA TAPIA
Han llamado la atención las declaraciones del abogado Diego García-Sayán sobre las causas por las que se pierden los procesos que el Perú ventila ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado Diego García-Sayán carece de autoridad para hacer tal crítica, por cuatro razones:
Primera, porque es un juez “furtivo”, basta leer las sentencias emitidas desde que él es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca participa en los juicios contra el Perú, siempre se excusa, sin razones valederas. Opta por esconderse, antes de asumir su rol de juez, en las numerosas causas que contra el Perú pasan sobre su escritorio.
Segunda, porque en algunos de los procesos sometidos a la decisión de la Corte Interamericana han participado contra los intereses del estado los funcionarios de mayor confianza de la ONG de la que García-Sayán es conspicuo fundador-conductor: la Comisión Andina de Juristas.
Tercera, porque siendo ministro de Justicia durante la interina administración Paniagua, suscribió un compromiso en nombre del Estado peruano (sin previa aprobación parlamentaria) reconociendo responsabilidad estatal y nacional, precisamente en los casos que la Comisión Interamericana no había podido discutir ante la Corte Interamericana.
Cuarta, porque García-Sayán fue ministro de Relaciones Exteriores de Toledo, y avaló el nombramiento de los agentes que se nombraron para defender al Perú, pero que en su lugar se allanaron reconociendo responsabilidades internacionales que han significado miles de dólares para los fondos públicos, y las más de las veces en causas muy discutibles.
