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jueves, 16 de septiembre de 2010
Se ha derogado decreto que iba flexibilizar tratamiento judicial a uniformados, por temor a ONG’
Miercoles, 15 de Septiembre de 2010 | 02:16:55
“Se ha cedido a la presión de las ONG nacionales e internacionales”, dice
Rey: Con la derogatoria del Decreto Legislativo 1097 hemos perdido una batalla pero no la guerra
Política
Redactor: Victor Alvarado(*)
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Redactor
Rey Se ha derogado decreto que iba flexibilizar tratamiento judicial a uniformados, por temor a ONG’s
El ex ministro de Defensa, Rafael Rey, advirtió que la derogatoria del Decreto Legislativo 1097, acordado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, significa perder una batalla pero no la guerra, porque las aspiraciones de justicia que reclaman cientos de civiles y militares para que se les respete el debido el proceso no han finiquitado con esta derogatoria, “y ahora más que nunca nos convocan para luchar con más fuerza que nunca”.
Rey expresó en declaraciones exclusivas a LA RAZÓN que el desenlace de esta lucha por aprobar un dispositivo que solo cumplía con recoger las normas del nuevo Código Procesal Penal (CPP), que aún no está vigente en todo el país, es obra de un poder mediático nacional e internacional que ha conseguido doblarle la mano a un gobierno bien intencionado, que solo buscaba, mediante la solución de las injusticias procesales y penitenciarias, generar un clima de verdadera reconciliación que aún no existe en el país.
“Este dispositivo debía beneficiar a civiles y militares a los que no se les estuviera respetando los plazos razonables de un proceso penal y por esta razón se encuentran desamparados. ¿Cuántos son? Hay miles de ciudadanos privados de su libertad sin sentencia durante meses y años y hay decenas de militares, no sé cuántos policías privados de su libertad con plazos más allá de lo razonable, de acuerdo con lo que prevé el nuevo Código Procesal Penal”, dijo.
Temor, temor y temor
Al serle requerido precisar qué había pasado con el Consejo de Ministros que había conocido y aprobado oportunamente el tenor del Decreto Legislativo 1097, señaló enfáticamente: “Temor, temor y temor y nada más que temor a la presión de determinados medios de comunicación y de ONG’s derechohumanistas, ideológicamente identificadas con la izquierda marxista, supuestamente recicladas”, remarcó.
“Sobre todo”, agregó, “miedo a la impopularidad de una medida justa en la ciudadanía como consecuencia de la campaña sucia que han hecho estas ONG y esos medios de comunicación, y respecto al paso atrás dado por el presidente Alan García en esta materia, teniendo en cuenta que él había promulgado el dispositivo, el ex ministro rehusó hacer calificación y comentario alguno sobre este hecho”, dijo.
“Yo quiero tener una actitud de lealtad con el presidente de la República, con quien no he podido conversar personalmente hasta ahora y quiero concederle, como me parece leal de mi parte hacerlo, que él como presidente ha evaluado las consecuencias de esta campaña mediática caviar nacional e internacional desplegada por la llamada izquierda caviar, y ha optado por ceder”, anotó.
A su criterio, en esta ofensiva mediática, uno de los factores ha sido la presión ejercida por Mario Vargas Llosa, aunque se quiera negarlo.
Pero estas intromisiones, sustentó, no quitan la doble incoherencia con la que han procedido los integrantes del Consejo de Ministros.
Incoherencias
¿Cuáles son estas incoherencias?, le preguntamos. Rey precisó que la primera es haber aprobado el texto del Decreto Legislativo, después de haber sido revisado artículo por artículo del total de cuatro decretos legislativos, entre ellos el 1097, en tres reuniones en las que participaron más de 20 asesores de los ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros, Interior, Defensa y del Tribunal Militar Policial.
“Hay que destacar que al cabo de estas revisiones, los cuatro decretos legislativos, incluido el 1097, fueron aprobados por el gabinete por unanimidad, y que la constitucionalidad de las normas fue avalada públicamente por el presidente Alan García y por el propio ministro de Justicia, Víctor García Toma, y luego por temor se ha retrocedido y negado lo que se había aprobado antes”, precisó.
La segunda incoherencia, subrayó, es la actuación del ministro García Toma, porque si no estaba de acuerdo con lo que se aprobaba en el Consejo de Ministros en todas las reuniones mencionadas, lo lógico hubiera sido que renunciara, y lo único que hizo al final fue solicitar hacerse cargo de la exposición de motivos del D.Leg. 1097, y se le concedió.
“Luego de unos días envió su exposición de motivos, y al darnos cuenta que muchos párrafos desnaturalizaban el texto de la norma aprobada puse en conocimiento del presidente, quien nos sugirió volver a trabajar esos párrafos para consensuarlos y como en el nuevo texto no hubo unanimidad lo enviamos al presidente, quien resolvió retirar los párrafos contradictorios con el decreto y tomar otros del texto original”, detalló.
Desenlace
“La combinación de ambos textos constituyó la exposición de motivos del texto remitido al Congreso de la República, y casi al mismo tiempo el ministro de Justicia declaró para un programa de televisión donde contó que había dos versiones del decreto legislativo y adelantó que si no era su versión él renunciaría, y al divulgarse el texto definitivo enviado al Congreso, que no era el suyo, él dio por terminado el incidente”, explicó.
Más aún, enfatizó, en su declaración a la prensa, García Toma, dio a entender que su versión era la que se había remitido al Congreso, que no era verdad, y que él garantizaba la constitucionalidad del decreto, y ante la presión mediática y lo que yo digo: el temor, el temor y el temor, reaccionó y anunció que estaba preparando un texto derogatorio del D. Leg. 1097, lo cual dio lugar a una llamada de atención del presidente García para que hablen primero con él antes que con la prensa.
“En estas circunstancias vino la renuncia del titular del PCM, Javier Velásquez, y la decisión del Presidente de renovar el gabinete, con los resultados que conocemos”, concluyó.
(*)Redactor
C o m e n t a r i o s
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Rodrigo(09:32:33) dice:Ya perdieron la guerra con Chile, Ecuador. VIVAN LOS DERECHOS HUMANOS
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campos (09:48:13) dice:Con el debido respeto que merece la investidura,pero el gobierno lo unico que demuestra es debilidad, temor,nunca ha puesto el pecho por la paz y la estabilizacion del pais,simplemente es comodin por eso rapido se doblega.
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EL RENEGADO(09:55:28) dice:Por que no hacen D.Leg 1098 QUE TODO MINISTRO CONGRESISTA del ESTADO Sirvan a su PAIS por amor al Perú SIN cobrar nada al PUEBLO PERUANO..Por que tienen que joder siempre A los pobres Policias y MIlitares que con ese sueldo que ganan no llega ni al 3 por ciento de lo que ganan los padres patria
GIAMPIETRI CRITICA CAMBISO
Giampietri critica cambios de Alan
En sus trece. Lamenta salida de Rey y pregunta qué puede hacer Thorne en Defensa. Rospigliosi dice que ingreso de Thorne es tan malo como el de Rey, pero con él tenía una gran afinidad en la defensa de militares violadores de DDHH.
Ana Núñez.
Es posible que el presidente García haya previsto que el nombramiento del abogado y ex director de Indecopi Jaime Thorne como nuevo ministro de Defensa sería objeto de duras críticas, pero lo que quizá no esperaba era que una de las voces más feroces en contra de esa designación y de la salida de Rafael Rey del sector sea la de su primer vicepresidente y congresista aliado Luis Giampietri.
El almirante en retiro no dudó en cuestionar al máximo la idoneidad de Thorne en el despacho de Defensa, y afirmó que éste “deberá aprender qué significan las Fuerzas Armadas y hacia dónde se dirigen”.
Al poner en tela de juicio la decisión presidencial, Giampietri también comentó que no sabe “qué es lo que pueda hacer” el ex presidente de directorio de Indecopi en el cargo hasta el fin de gobierno.
Luego lamentó la salida de Rafael Rey del gabinete y particularmente del Ministerio de Defensa, pues “él defendió con ardor a la milicia” durante su gestión.
Pero no sólo cuestionó la decisión adoptada por el jefe del Estado y su premier, sino que defendió el voto que hizo en solitario en defensa del cuestionado decreto 1097, aun cuando el mismo mandatario había pedido su derogación.
“He votado por un tema de conciencia y no de consigna. ¿Dónde está lo malo del decreto?”, preguntó el vicepresidente.
Mala memoria
Lo que no recuerda Giampietri, y que sí lo recordaron el ex ministro Fernando Rospigliosi e incluso el ex presidente de la comisión de Defensa del Congreso y legislador aprista Luis Gonzales Posada, es que ninguno de los tres titulares del sector que fueron parte del gabinete aprista fueron especialistas en temas de Defensa (Allan Wagner Tizón es diplomático, Ántero Flores Aáoz es abogado y Rafael Rey Rey es ingeniero).
“Rey era tan ignorante en temas de Defensa como lo es el nuevo ministro, pero con él Giampietri tenía una gran afinidad en el ataque a los organismos de Derechos Humanos y en defensa de los militares que cometieron delitos”, comentó Rospigliosi a este diario.
En tanto, Gonzales Posada dijo que la posición de Giampietri es personal, pues los miembros de la bancada oficialista apoyan y respaldan al nuevo titular de Defensa.
“Ninguno de los anteriores ministros era experto en defensa nacional, pero nosotros los apoyamos y apoyar al nuevo ministro es nuestro deber como miembros de la Célula Aprista”, dijo.
Esta no es la primera vez que Giampietri contradice al presidente García. Anteriormente, defendió a capa y espada el bono extraordinario a policías y militares, pese a que ese proyecto fue observado por el Gobierno.
García defiende a su nuevo equipo
1] El presidente García rechazó las críticas a su gabinete y afirmó que los nuevos titulares del Interior y Defensa, Fernando Barrios y Jaime Thorne, tienen las cualidades necesarias para asumir sus cargos. Negó, además, que haya nombrado un “gabinete de campaña”, pues dijo que hará cumplir la ley electoral que prohíbe a cualquier funcionario hacer proselitismo. De otro lado, afirmó que confía en las capacidades del premier José Chang.
2] El jefe del Estado también se refirió a la ahora ex titular del MEF Mercedes Aráoz, quien –dijo– se desempeñará como su asesora presidencial para temas económicos. No quiso, sin embargo, soltar prenda sobre la posible participación de Aráoz en la plancha presidencial aprista para el 2011. Sobre el DL 1097 sólo dijo: “Muerto el perro, muerta la rabia...”.
Participe
As{i que Alan ahora dices: "Muerto el perro muerta la rabia". Yo creo que para que muera la rabia quien debiera morir es el caballo loco ¿no?.
D.L. 1097, EDITORIAL DE EL DIARIO EL COMERCIO.Gobierno y derechos humanos Jueves 09 de septiembre de 2010 - 07:03 am
(Editorial) D.L. 1097, Gobierno y derechos humanos
Jueves 09 de septiembre de 2010 - 07:03 am
La ratificación en el cargo del ministro de Justicia, Víctor García Toma, por parte del jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, no ha logrado despejar las serias dudas sobre la pertinencia y posibles perjuicios del Decreto Legislativo 1097, que apunta, entre otras cosas, a sobreseer (cesar) algunos casos de violaciones de derechos humanos.
¿A quién se pretende beneficiar? ¿Por qué se da en este momento, a diez meses de concluir el Gobierno? ¿Y, sobre todo, qué necesidad había de promover una iniciativa de este tipo, en un tema tan sensible, que marcó la historia reciente del país, vinculado al respeto a los derechos humanos, la justicia, la lucha contra la impunidad y el complejo proceso de reconciliación nacional?
Estas cuestiones se tornan mucho más preocupantes por el modo en que se ha pergeñado la mencionada norma, en un clima de confusión, marchas y contramarchas al interior del Poder Ejecutivo, que incluso llevaron al doctor García Toma a tener que anunciar su posible renuncia “si no se enviaba al Congreso la exposición de motivos del Ministerio de Justicia”.
Al parecer, eso es lo que finalmente se hizo, dejando de lado el documento del sector Defensa. Pero, por encima de detallismos legalistas sobre la argumentación del D.L. 1097, lo cierto es que este aún sigue vigente, es decir tiene vida propia y, según la interpretación de tal o cual juez, abre un abanico de opciones de impunidad para los acusados de delitos contra derechos humanos, sobre todo militares y policías.
El ministro de Justicia ha dicho que esta norma solo surtiría efecto para los procesos en etapa de instrucción, por lo que no aplicaría para los miembros del destacamento Colina –que de inmediato han invocado el decreto para pedir el archivamiento de su caso– ni para el ex presidente Alberto Fujimori o cualquier otra persona responsable de delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, sí podría ser accionado para decenas o cientos de procesados por derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), lo cual sería realmente perturbador para el sistema de justicia y el Estado de derecho.
Habría que preguntarse el porqué de un decreto que parece direccionado. ¿Acaso no habría bastado la aplicación de cuerpos normativos vigentes penales, procesales o de ejecución penal?
El tema, como se puede ver, no está agotado, y puede afectar también la imagen del país en materia de derechos humanos. Como bien ha advertido la Defensoría del Pueblo, es obligación del Estado garantizar “el respeto del derecho a la verdad y la tutela judicial efectiva de las víctimas y familiares de estas graves violaciones a los derechos humanos”, por lo que exhorta a la Comisión de Constitución del Congreso a realizar “el control político previsto [...], a fin de garantizar su validez y compatibilidad con las normas y principios constitucionales”.
Si el Gobierno no deroga el controvertido decreto, el Congreso tiene, pues, que asumir su responsabilidad de revisarlo o de plantear acciones de inconstitucionalidad, para garantizar el imperio de la justicia y del respeto a los derechos humanos, en los que el Estado democrático no puede permitir retrocesos.
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