Lunes 20 de diciembre de 2010 - 07:00 am
El avance del narcotráfico en el país ha puesto sobre el tapete las tareas pendientes y urgentes que el Gobierno tiene que cumplir para enfrentar este flagelo, entre las cuales debe incluirse mejorar la situación de las Fuerzas Armadas y redefinir los alcances de la defensa nacional.
Como se concluyó en la mesa redonda que organizó El Comercio, para analizar los retos del sector Defensa ad portas de los comicios del próximo año, los problemas empiezan por elevar los escasos recursos que el Estado le destina. Si en el 2001 recibía 2,04% del PBI, este año solo percibe 1,3%, monto insuficiente para que las FF.AA. cumplan sus funciones constitucionales.
Sin presupuestos suficientes difícilmente podrán solventarse la capacitación constante y los servicios básicos del personal militar. El escenario se complica cuando esta desatención afecta a quienes se hallan emplazados en zonas estratégicas, como el VRAE. Por este camino, solo se les expone a toda clase de amenazas, frente a la mano corruptora del tráfico ilícito de las drogas.
Fue positivo que después de la cooptación que sufrió la institución durante el fujimorato, se emprendiese una nueva etapa a favor de la formación del personal militar en universidades y centros de estudios superiores. Dicha iniciativa tiene que proseguir, como también una política de acercamiento a la sociedad civil. Los institutos armados aún sufren las consecuencias de la mala imagen que se propagó durante la época del fujimontesinismo; una percepción que debe cambiar. Por eso, como postulamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006: “Nunca más los militares deben ser utilizados por el poder político ni sus cúpulas para participar en mafias corruptas”.
Si bien el Perú renunció, desde el gobierno anterior, a una carrera armamentista para asumir la lucha frontal contra pobreza, eso no implica abandonar a las FF.AA. y policiales. El desarrollo no se opone al sector Defensa, sobre todo cuando el Estado tiene que involucrarse más en la lucha antidrogas y contra los remanentes del terrorismo.
Esto implica mejorar el nivel de vida de los militares, pero también propiciar mecanismos de control, internos y externos, para fiscalizar el manejo de recursos e inversiones en los institutos armados. Es tarea del Estado apoyar a sus instituciones tutelares y contribuir a que cumplan sus compromisos con esa moral castrense que históricamente las ha caracterizado.
CRECE INVERSIÓN EN AREQUIPA
La presencia de capitales privados del ‘retail’ está dinamizando Arequipa. En realidad, estamos ante un fenómeno extendido en otras regiones, como Piura, Trujillo y Chiclayo, que está aprovechando las posibilidades de mercados auspiciosos hasta ahora desatendidos.
La presencia de capitales privados del ‘retail’ está dinamizando Arequipa. En realidad, estamos ante un fenómeno extendido en otras regiones, como Piura, Trujillo y Chiclayo, que está aprovechando las posibilidades de mercados auspiciosos hasta ahora desatendidos.
Se trata, además, de actividades que antes se hallaban centralizadas en Lima, pero que sobre todo en el último año vienen contribuyendo a la descentralización comercial del país, para beneficio de las economías regionales, sus consumidores y la promoción del empleo. En el caso de Arequipa, el potencial es interesante toda vez que por su cercanía geográfica podría atraer la atención de las regiones del sur con menos desarrollo comercial, así como de ciudades fronterizas.
Las autoridades regionales arequipeñas y el sector Trabajo deben garantizar que estas inversiones sean respetuosas de los derechos laborales de los trabajadores; para que este avance económico beneficie también a las grandes mayorías.
