Los expertos concuerdan: la OTAN debe irse de Afganistán
Farid Kahhat
Peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional.
- Jue, 03/29/2012 - 11:10
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Una de las paradojas que nos legará la ocupación de Afganistán es que la OTAN no podrá cantar victoria por el objetivo que consiguió (la virtual destrucción de Al Qaeda), porque adicionalmente se trazó objetivos maximalistas que, queda claro ahora, no podrá conseguir (la derrota del movimiento Talibán y dejar tras de sí un régimen aliado, estable y democrático). Una paradoja aún mayor es que, si los tomadores de decisiones hubieran accedido a tiempo a los hallazgos de la investigación empírica en ciencias sociales, se habrían dado cuenta de que no era particularmente prudente trazarse esos objetivos.
Diversas investigaciones empíricas sugieren que una intervención militar extranjera guarda una relación entre insignificante e inversa con la probabilidad de que un Estado desarrolle una democracia estable: ello es así incluso cuando el Estado que interviene militarmente posee un régimen democrático, y uno de los objetivos declarados de su intervención es el de promover la democracia.
Por ejemplo, un estudio de 2006 de Jeffrey Pickering y Mark Pecency encontró que la intervención militar por parte de Estados liberales (como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos) “rara vez ha desempeñado un papel en procesos de democratización desde 1945”.A su vez, una investigación de George Downs y Bruce Bueno de Mesquita encuentra que las intervenciones de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial llevaron a la creación de democracias estables durante la siguiente década en menos de un 3% de los casos.
Otra investigación de Downs en coautoría con Jonathan Monten encuentra que “Estados cuyos gobiernos son derrocados por una democracia no tienen probabilidades sensiblemente mayores de convertirse en democracias que Estados similares que no experimentan una intervención”. Por último, Alexander Downes examina 100 casos de “imposición externa de un cambio de régimen” desde 1816. Concluye que estas son algo más proclives a fomentar la estabilidad cuando reponen a un gobernante depuesto, que cuando deponen al gobierno vigente (como en Afganistán): en este último caso, la probabilidad de que tras la intervención se produzca una guerra civil se triplica (un artículo reciente de Stephen Walt en el blog que escribe para la página web de la revista “Foreign Policy” contiene vínculos a varios de estos artículos).
Diversas investigaciones empíricas sugieren que una intervención militar extranjera guarda una relación entre insignificante e inversa con la probabilidad de que un Estado desarrolle una democracia estable: ello es así incluso cuando el Estado que interviene militarmente posee un régimen democrático, y uno de los objetivos declarados de su intervención es el de promover la democracia.
De otro lado, la ayuda económica asociada a una intervención militar tampoco parece hacer mayor diferencia. En un artículo de 2006, Bruce Bueno de Mesquita sostiene que “evidencia substancial respalda la conclusión de que la ayuda tiene sólo un efecto menor en los esfuerzos por mejorar el crecimiento económico, los servicios de salud, la educación, el bienestar social, la libertad o la rendición de cuentas por parte del gobierno”. En un artículo más reciente añade que ello no es producto de la mera ineficiencia en la asignación de recursos, sino de factores políticos. Según él, es relativamente fácil para un gobierno autoritario permanecer en el poder brindando bienes privados a su base política (por ejemplo, un trato especial a determinadas empresas o grupos étnicos), mientras que, dado que un gobierno democrático suele necesitar de una mayoría de votos para acceder y permanecer en el poder, es más probable que este intente conseguir esa mayoría a través de la provisión de bienes públicos (por ejemplo, educación pública universal y gratuita). Dado que proveer bienes públicos a una amplia proporción de la población es más costoso que proveer bienes privados a una base política minoritaria, la ayuda económica puede reportar mayor influencia política sobre un gobierno autoritario que sobre uno democrático (lo cual hace la ayuda redituable aunque no consiga sus objetivos declarados). Un reportaje reciente del diario “Wall Street Journal” (según el cual unos US$1.000 millones salen cada año por el aeropuerto de Kabul, probablemente hacia cuentas en países donantes), sugiere uno de los destinos probables de esa ayuda.
Por último, la intervención militar extranjera no es la solución al problema de los atentados suicidas: es la causa. Hace unos años Fareed Zakaria recordaba en un artículo publicado en la revista “Newsweek” que el 80% del total de atentados suicidas a nivel mundial entre 2003 y 2008 tuvieron lugar en tan solo dos países: Irak y Afganistán. Es decir, aquellos países que los Estados Unidos invadió y ocupó después del 11 de setiembre del 2001. Cabría añadir que en Irak virtualmente no se producían atentados suicidas antes de la invasión de 2003, y en Afganistán su incidencia es relevante sólo a partir de 2006 (al parecer por el efecto demostración iraquí, que reveló su eficacia como medio de acción). En su libro de 2010 “Cutting the Fuse; The Explosion of Suicide Terrorism and How to Stop It”, Robert Pape (quien al mando de un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago ha producido la mayor base de datos sobre terrorismo suicida) concluye que “más del 95% de todos los ataques suicidas son en respuesta a la ocupación extranjera”. Como muestra de ello señala que entre 1980 y 2003 se produjeron 343 atentados suicidas alrededor del mundo, y a lo sumo 10% tenían inspiración anti estadounidense. Entre 2004 y mediados de 2010 se habían producido más de 2000 atentados suicidas, y más del 91% iban dirigidos contra los Estados Unidos y sus aliados.
