MARIELLA BALBI
El Comercio
En la captura del narcosenderista “Artemio” se respetaron los derechos humanos…
También se respetarán en adelante. Lo ocurrido muestra la preocupación del gobierno por la
seguridad ciudadana y el pleno respeto de los derechos humanos en esta captura. Él tendrá las garantías del debido proceso judicial. Esto debe saberse internacionalmente para que se vea que el Perú no viola los derechos humanos. Ojalá que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo entienda. Estos son hechos y no palabras.
¿Le corresponde a Artemio la cadena perpetua?
Es lo más probable. Nosotros esperamos la sanción más drástica, la cadena perpetua. Pero eso depende de la autoridad judicial. Los terroristas no tienen beneficios penitenciarios.
¿A qué penal irá ‘Artemio’?
Eso solo lo establece un comité técnico del
INPE. Le corresponde ir a un penal de máxima seguridad: Piedras Gordas I y II o a la Base Naval del Callao.
¿El Estado pedirá una reparación civil contundente?
Sin duda alguna, los procuradores tienen instrucciones precisas para determinarla, será alta. Buscaremos también llegar al dinero que ‘Artemio’ manejaba. Por sus declaraciones queda claro que solo le interesaba el tema patrimonial.
Al parecer, en la toma de la residencia del embajador japonés hubo por lo menos una ejecución extrajudicial, la del emerretista Eduardo Cruz, ‘Tito’. ¿El Estado Peruano la reconoce?
La posición es que actualmente existe un proceso judicial en el Perú donde se está determinando si hubo o no ejecuciones extrajudiciales en la
operación Chavín de Huántar. No podemos pronunciarnos sobre un fallo que aún no se da. Sería incoherente. El Estado no participa en este proceso.
Pero tendrá que pronunciarse cuando el caso Chavín de Huántar se vea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí nuestra posición será que no puede iniciarse un proceso en la corte interamericana mientras exista un proceso abierto en la jurisdicción peruana. La convención americana es muy clara en esto: para acudir a las instancias internacionales hay que agotar las vías internas. La posición del Perú es que estas no se han agotado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene argumentos: que el caso no debió verse en el fuero militar, que los informes de la justicia militar no reportan nada sobre ejecuciones…
Pero no menciona que en el 2001, durante un gobierno democrático, la fiscalía investigó el tema. Determinó que los comandos no participaron en esto, archivando la denuncia. Sin embargo, abrió una investigación contra
Montesinos, Hermoza Ríos, Huamán Azcurra y Jesús Zamudio por las ejecuciones extrajudiciales y ahora afrontan un proceso judicial. De otro lado, la Corte Suprema falló sobre el conflicto de competencia y envió el caso de los comandos a la Justicia Militar, porque fue una operación militar ante una acción terrorista. Luego de un año de proceso falló y no encontró responsabilidad…
Pero la justicia militar no se pronunció sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Esa es la decisión que se tomó. Pero en el fuero civil el caso de las ejecuciones extrajudiciales continúa hasta hoy.
Sin embargo, César Azabache renunció a ser el agente ante la Corte Interamericana DD.HH. en este caso, consideró que se debía admitir la ejecución de ‘Tito’.
¿Usted cree que un funcionario del Estado está en condiciones de afirmar que hay una ejecución extrajudicial cuando aún no se pronuncia la justicia peruana? Sus declaraciones ocasionaron muchos comentarios a nivel político que restaban la cohesión que requerimos para este caso. Estamos viendo su reemplazo. Este es un caso muy sensible. Queremos aglutinar a las fuerzas políticas del Congreso para que participen en un consejo…
¿El tener un presidente que ha sido militar influye en no admitir una ejecución extrajudicial en la operación Chavín de Huántar?
No. Quien decide ello es el tribunal peruano. Si determina que estas no ocurrieron, no hay caso…
Pero para la Comisión Interamericana de DD.HH. sí lo hay…
Esa es una incoherencia absoluta. Si el Perú determina que no hubo ejecuciones extrajudiciales ¿qué puede decir la corte? Nada, se acaba el caso.
La comisión interamericana pide volver a juzgar a los comandos Chavín de Huántar.
No dice un nuevo juicio, sino que se haga un proceso de investigación sobre el caso. Y actualmente lo estamos haciendo en el Poder Judicial. Esa es la inconsistencia.
Si la corte le da la razón a la comisión, ¿acataremos el fallo?
En su momento veremos. Los comandos ya han sido investigados, y seriamente.
¿La responsabilidad de este problema la tiene la justicia peruana? Desde el 2001 no resuelve este caso.
Exacto. Nosotros hicimos un control de plazos, proyectamos que el juicio sobre las ejecuciones acababa en enero del 2012. Le pedimos a la comisión prórroga hasta esa fecha. Pero solo la dio hasta diciembre porque en enero salían tres de los siete miembros de la comisión. Ellos no querían que los nuevos decidieran si este caso se sometía o no a la corte interamericana.
¿Esta decisión le resta credibilidad a la comisión interamericana en su opinión?
Lastimosamente la comisión ha perdido credibilidad. También la propia secretaría ejecutiva en relación con determinados tipos de casos que entran a la comisión. Hay fuertes lobbies de ciertas entidades académicas en esto.
¿La comisión interamericana no es imparcial?
Es evidente. ¿Por qué escoge el caso de este país y no de otro?
El Perú hizo objeciones en la OEA al funcionamiento de la comisión interamericana, ¿cuáles son?
Como la comisión tiene muchos casos en cartera, después de 15 o 20 años te meten una demanda ante la corte interamericana. Luego de ese tiempo es difícil encontrar pruebas para los estados. Dice que lo hace porque no tiene personal y recursos. Pero la comisión objeta los plazos razonables y comete el mismo error. Lo segundo es que la comisión tiene un papel confrontacional con los estados. No plantea mecanismos de solución amistosa con estos. Hace un permanente pimpón entre el peticionario y el Estado. Eso dura un buen tiempo.
¿Las organizaciones de derechos humanos en el Perú no buscan una solución amistosa?
Sin duda que no. Cuando no había democracia era una forma eficiente de actuar. Ahora no lo es porque existen escenarios de solución amistosa. En el 2005 se creó en el Perú el Consejo de Reparaciones (CR). Para este año tenemos 120 millones de dólares…
Las víctimas y los organismos de DD.HH. critican al CR…
Pero estamos avanzando. Yo les diría a los organismos de DD.HH. que trabajemos juntos para reparar los daños y no busquemos al sistema interamericano para hacer lo mismo que realizamos acá. Mire el caso de Jeremías Osorio: fue desaparecido, está inscrito en el CR, pero la comisión interamericana entra por la ventana y pide una reparación. Su reparación se paralizará en el Perú hasta que la corte interamericana falle. Esto se lo hemos explicado a la comisión.
¿Lograremos cambios en la OEA?
Pienso que sí. Uno será la salida de Santiago Cantón, el secretario ejecutivo de la comisión. Es una pieza que genera muchos problemas a nivel interamericano.
¿Cuándo fallará el Poder Judicial sobre el proceso de ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar?
Habría que preguntarles a ellos. Se dijo en enero, ahora otra versión dice que en julio. Nuestro pronóstico es que la corte interamericana vería el caso en un año y medio.
¿Garantiza que los comandos Chavín de Huántar no volverán a los tribunales?
No puedo garantizar nada, y seguramente será su titular. Pero no soy el Poder Judicial.
El presidente de la corte interamericana, Diego García Sayán, declaró que el Perú puede perder varios casos en esta instancia.
Como ha perdido siempre. De los 29 casos que el Perú ha tenido solo ha ganado dos.
¿Eso es porque somos tontos?
Porque no ha habido un sistema de defensa adecuado. Para el Caso Chavín de Huántar contrataremos a un estudio de abogados peruanos, la Procuraduría Supranacional lo apoyará. En los próximos días se conocerá el nombre. Hasta el momento la comisión interamericana le ha metido tres casos al Perú: Chavín de Huántar y los de Mónica Feria y la emerretista Gladys Espinosa, quien denuncia violación sexual.
¿Contrataremos abogados para el Caso Mónica Feria?
No.
Ella alega torturas y violación sin mayor sustento ni pruebas. La comisión interamericana se maneja en función del amiguismo. Feria tiene una requisitoria por terrorismo en el Poder Judicial. La posición del Perú en el caso Espinosa es que no hubo violación.
CRÍTICA AL INFORME DE LA COMISIÓN
“CVR pudo tener conceptos de mayor ponderación”
¿El Perú es el país más denunciando ante la Comisión Interamericana de DD.HH?
Sí. Tenemos 349 peticiones de denuncias contra el Estado Peruano ante la comisión. Argentina tiene 209, Colombia 183, Venezuela 60, Cuba, 18. De las 349 peticiones, hay 68 casos admitidos contra el Perú. El 40% está vinculado a temas de terrorismo. De las 29 sentencias de la corte interamericana contra el Perú, ocho corresponden a temas de pensionistas, Sitramun, el Caso Ivcher y otros. El señor Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la comisión interamericana, decide cuál ‘mete’ a la corte. Eso ocurrió con el de Chavín de Huántar y los otros dos. Un Estado está al vaivén de la decisión de una persona. Se dirá que lo deciden los comisionados, pero ellos viajan por todo el mundo, se reúnen cada cierto tiempo. ¿Quién hace los informes? La secretaría ejecutiva, supongo que les pone la agenda a los comisionados.
¿Cuánto ha pagado el Perú en reparaciones ordenadas por la corte interamericana?
No tengo el monto total. En el caso de los trabajadores del Congreso fueron 3 millones 800 mil dólares. En el Caso Ivcher 20 millones de soles, en el Caso Cesti 9 millones de dólares.
¿Su ministerio ha denunciado a los dirigentes que organizaron el pasado paro en Cajamarca?
La Procuraduría de Orden Interno ha hecho tres denuncias penales en la fiscalía contra el señor
Wilfredo Saavedra y
Gregorio Santos y contra quienes resulten responsables por disturbios y daños a la propiedad. Esperemos que se resuelva pronto.
Han emitido una norma por la cual quien no paga su reparación civil no accede al beneficio de redención de pena. Por ejemplo, si la gente delgrupo Colina no paga…
No pueden acogerse a los beneficios, pero si ya salieron y no pagaron seguiremos cobrándoles. Y si dicen no tener dinero tendrán una muerte civil. El terrorismo nos debe 3.980 millones de soles. El doctor
Alfredo Crespo, del
Movadef, tiene una reparación civil de 30 mil soles. Solo ha cancelado 40 soles, en dos partes.
El Ministerio de Justicia recibe el pedido de indulto humanitario de Fujimori. ¿Decide el presidente Humala o la comisión de gracias presidenciales?
La comisión analiza el expediente sobre criterios técnicos. El gobierno del presidente Humala solo ha emitido cuatro indultos humanitarios a personas en un estado terminal. Por ejemplo, el caso de un holandés que tenía cáncer, sida y estaba con un respirador artificial. Otro es el de una persona que tenía metástasis y cáncer de pene, se lo habían extirpado.
¿Ese criterio permitirá acoger el pedido de Fujimori?
Solo me he referido a la ejecutoria que tenemos durante este gobierno. La comisión de indultos tiene una posición bastante estricta con relación a las condiciones de salud del reo. En los cuatro casos, además, hubo el patrocinio de obispos. Son personas que tenían una salud muy pero muy deteriorada.
¿No es el caso de Alberto Fujimori?
Por lo que hemos visto en la prensa, no.
¿El presidente puede ir en contra de la opinión de la comisión de indultos?
El reglamento se cambió con el caso Crousillat. Si la comisión dice que el indulto no va porque no reúne los requisitos técnicos, eso no se eleva al presidente.
Eso va en contra de la prerrogativa constitucional que tiene el presidente, le enmiendan la plana…
No porque estamos hablando de un tipo de indulto, el humanitario.
Lo critican por haber variado su posición frente a los DD.HH.
Yo estoy en una posición consistente. Creo que los DD.HH. no tienen precio, como ocurre en muchos casos. Por los montos que se piden se han convertido en negocio. Las organizaciones de DD.HH. deberían pensar que hay otros tipos de derechos que defender. Mire el Sitramun, que está en la corte y pide una indemnización de 1.300 millones de soles. Los de contraloría tienen una sentencia en la corte y aspiran a una indemnización de 240 millones. ¿Cuánto valen los derechos humanos?
¿Respalda usted el informe de la Comisión de la Verdad?
Creo que pudo tener mejores frases y conceptos de mayor ponderación y prudencia en su informe. Calificar de partido a Sendero Luminoso es un error.
¿El reglamento de la ley de consulta previa está detenido?
No. El 23 de febrero vence el plazo. No traerá problemas a la inversión. Se plantea un procedimiento bastante corto. Nadie se va a colar por la ventana. Las comunidades originarias son las que estaban antes de la Conquista.
