sábado, 27 de noviembre de 2010
POR SER DE INTERÉS NACIONAL COMPARTO ESTE MENSAJE
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PRESIDENTE Y MINISTRA DE TRABAJO FIRMARON “DESPIDO” DE BARRIOS
Fernando Barrios Ipenza, quien podría hoy acudir –o no- a la citación que le ha hecho la Comisión de Fiscalización del Congreso a fin de explicar el criticado cobro de 90 mil soles por “despido injustificado” en EsSalud, debería comparecer acompañado de los responsables de validar tamaña sinvergüencería: la ministra de Trabajo, Manuela García Cochagne, y hasta el mismo presidente de la República, Alan García, aunque el mandatario tiene una prerrogativa especial que lo eximiría de este trance.
La Resolución Suprema Nº 023-2010-TR, publicada el 15 de setiembre del 2010 en el diario oficial El Peruano, es el documento por el cual oficialmente se “da por concluida la designación del Sr. Pío Fernando Barrios Ipenza en el cargo de Presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud”, y que firman la titular de Trabajo y el presidente.
Queriendo o no, con su rúbrica refrendaron la decisión de “dar por concluida” la gestiónde Barrios, cuando el procedimiento que correspondía era aceptar la renuncia del funcionario, como han observado los laboralistas independientes consultados en los últimos días.
LA LEGULEYADA
Asimismo, Diario 16 obtuvo, en exclusiva, el informe legal del abogado Ricardo Herrera, elaborado a pedido del gerente central de personal de EsSalud, Julián Berrocal Flores, y que avala legalmente la figura del “despido injustificado”, que permitió la activación de la indemnización.
Este documento, de fecha 15 de setiembre, consta de siete numerales para argumentar que Barrios fue despedido. Destaca, en el numeral 6, cuando se señala: “El ingeniero Barrios fue cesado antes del cumplimiento de su mandato, sin haberlo solicitado o manifestado expresamente su consentimiento”, y en el numeral 7, la increíble conclusión: “fue cesado efectivamente el 13 de setiembre de 2010, sin haber concluido con su mandato y sin haber cometido falta disciplinaria alguna ni serle imputada como sustento de su cese anticipado. Entonces, sin duda, estamos ante un despido injustificado que automáticamente genera el derecho al pago de la indemnización por despido”.
Cabe anotar que en la administración pública el informe legal se elabora por la Oficina de Asesoría Jurídica y el informe legal privado no puede sustituirlo e, incluso, no tiene efectos obligatorios.
DIRECTORIO DE ESSALUD APROBÓ INDEMNIZACIÓN
Confirmado. El directorio en pleno de EsSalud dio el visto bueno para que el saliente ministro del Interior, Fernando Barrios, cobrara una indemnización de 198 mil soles.
Al mando de dicho directorio está su amigo, Félix Ortega; como gerente general, Javier Rosas Santillana, y como secretaria general, Leonor Ponce Luyo. También la integran Celia María Peláez, representante del Ministerio de Trabajo, y Elías Arce Rodríguez, representante del Ministerio de Salud.
Además de José Antonio Velarde, Pablo Manuel José Moreyra Almenara, Gianna Macchiavello Casabonne, Elías Grijalva Alvarado, Carmela Sifuentes de Holguín y Marco Ubillús Carriazo, estos últimos puestos por la Confiep.
¿Por qué todas estas personas callaron? Todosellos deberían renunciar en el acto.
Essalud gastó S/.200 millones en 500 “despidos arbitrarios”
Del 2004 al 2010. Entre los beneficiados aparecen los que se fueron al Mininter. Mientras jefe actual del Seguro insiste en que pagos fueron legales, congresistas piden que se conforme una comisión investigadora. Barrios no fue a cita.Luis Velásquez C.
Una frase de la congresista Martha Acosta resumió con crudeza la exposición hecha por el presidente de Essalud, Félix Ortega, y el gerente de RRHH, Julián Berrocal. “Lo que ha habido en el Seguro es un festín de liquidaciones”.
La upepista reaccionó así cuando tuvo en sus manos una lista de más de 500 personas que obtuvieron elevadas compensaciones económicas de Essalud, bajo el argumento de haber sido cesadas arbitrariamente, entre los años 2004 y 2010, recibiendo en conjunto más de 200 millones de soles.
Y en especial cuando advirtió que en la lista estaban las personas que ingresaron a laborar al Ministerio del Interior junto con Barrios Ipenza. Es el caso, por ejemplo, de Carmen Barrantes Pérez, cuya renuncia al cargo de viceministra fue oficializada recién ayer.
Con ella aparecen los demás funcionarios del entorno del ex presidente ejecutivo de Essalud, así como los elevados montos que cobraron por cambiarse de trabajo. Por ejemplo, Christian Peralta Navarrete, quien dejó la gerencia de Imagen Institucional de Essalud para asumir la jefatura de Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior (Ocosmin).
Igualmente, Patricia Medina Linares, quien dejó su puesto en la Oficina de Administración General (OGA) de Essalud para trabajar en el despacho viceministerial de Carmen Barrantes. También Javier Menéndez Montañez, quien dejó la OGA de Essalud para ocupar un cargo administrativo en el Ministerio del Interior.
Del mismo modo, Marco Ravello Echevarría, quien dejó su lugar en la OGA-Essalud para trabajar en una oficina dependiente del despacho ministerial. En todos los casos cobraron su compensación por el tiempo de servicio prestado y una indemnización por despido arbitrario (ver infografía).
Y aun cuando el pago recibido por cada uno de estos ex servidores de Essalud se ampara en leyes laborales, no dejó de llamar la atención de los integrantes de la Comisión de Seguridad Social del Congreso la modalidad empleada por los mencionados funcionarios para recibir significativas cantidades.
Ante ello, Félix Ortega dijo que los pagos realizados a las personas que aparecían en el listado que llevó consigo y entregó a los parlamentarios estaban amparados en leyes laborales vigentes, por lo que, a su entender, “el tema no es legal, sino ético”.
Sin embargo, cuando se le preguntó si sabía de la liquidación que recibió su antecesor, Félix Ortega, entró en contradicciones.
Primero dijo que sí estaba al tanto, ya que era su asesor, pero después, en declaraciones a la prensa, aseguró haberse enterado del escandaloso pago a través de la prensa.
Comisión investigadora
En tanto, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar al Pleno el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, a fin de dedicarse a tiempo completo al caso Barrios, pues, según su presidente, José Vega Antonio, “solo con facultades especiales se puede acceder a información detallada de la gestión del señor Barrios y hacerlo comparecer de grado o fuerza”. El acuerdo fue firmado por diez legisladores, entre ellos Mauricio Mulder del Apra.
Barrios Ipenza, Carmen Barrantes, Félix Ortega y la ministra Manuela García fueron citados para el lunes 29, a las 3:00 pm.
El caso Chirinos
Misma situación, distinto proceder. José Luis Chirinos fue presidente de Essalud durante tres años, 6 meses y 4 días. Dejó el cargo antes de cumplir su periodo (4 años), pero no cobró una indemnización por despido arbitrario.
No cobró. Al igual que Fernando Barrios, Chirinos ingresó a trabajar a otra entidad del Estado (ONP), pero en su caso presentó su renuncia previamente, por lo que solo cobró su CTS.
Essalud separa de su cargo a gerente de RRHH
1] En horas de la noche, Essalud informó que ha separado temporalmente de su cargo al gerente de Gestión de Personas (RRHH), Julián Berrocal Flores, hasta que culminen las investigaciones.
2] La congresista Martha Acosta dijo que la ministra de Trabajo, Manuela García, tiene responsabilidad en la compensación por despido arbitrario que cobró Barrios, pues Essalud depende sectorialmente de su portafolio. Además dijo que la resolución de cese tiene su firma.
3] El abogado laboralista Freddy Jacinto Calixto explicó que para justificar un despido arbitrario se debe probar que se ha roto el vínculo laboral con el empleador, en este caso el Estado, y ello no ha ocurrido. Además, es inédito que una entidad pague sin negociar, y el pago se efectúe de manera inmediata.
Nadie controla a Esvicsac en Essalud
INVESTIGAN. Fiscalización PIDE SABER DÓNDE SE VAN INGRESOS DE ESA EMPRESA. Directora de Essalud señala que las utilidades de empresa de seguridad no ingresan al presupuesto de esa entidad. Pide auditoría internacional que incluya a Esvicsac.
Por Flor Huilca.
La empresa de seguridad privada que administra Essalud, Esvicsac, facturará este año cerca de 412.5 millones de soles, pero todo ese dinero no ingresará a las arcas de esta institución y solo la Presidencia Ejecutiva decidirá, sin rendir cuentas a su directorio, el destino final del dinero.
Este cuestionamiento lo hicieron representantes de los trabajadores ante el Directorio de Essalud, dirigentes sindicales de esta institución y parlamentarios.
Carmela Sifuentes, representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en el Directorio de Essalud, comentó que en el presupuesto de esta institución no se consignan partidas provenientes de Esvicsac, empresa de la cual son propietarios y que tiene un crecimiento considerable en sus ingresos.
“No conocemos del manejo del Esvicsac, mucho menos a dónde van los recursos que genera. Hemos pedido una auditoría internacional a Essalud que incluya también a Esvicsac”, refirió.
No beneficia a trabajadores
Cirilo Urbano, presidente de la Confederación de Trabajadores y ex trabajadores del Seguro Social, también dijo desconocer a dónde van los recursos que genera esa empresa. “Debería beneficiar a la institución y a los trabajadores, pero no es así”, afirmó.
Contraloría
El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde fue mucho más crítico. Señaló que Essalud, además de no obtener utilidades de su empresa, como cliente tampoco le representa una ventaja, porque paga por los servicios de seguridad que toma los precios más elevados del mercado.
“Si uno crea una empresa y toma sus servicios se supone que es para abaratar costos, pero Essalud paga el doble de lo que paga el Banco de Crédito y el Banco Continental por ese mismo servicio y por el cuidado de más locales”, refirió.
Demandó la presencia de Contraloría General de la República para investigar a esta empresa que, si bien es privada, se hizo con recursos de Essalud que son públicos. Paralelamente, señaló que se debe realizar una auditoría internacional a Essalud y las empresas privadas de las cuales es propietaria.
Indicó que el directorio de Esvicsac está formado por personas de confianza del ex ministro Fernando Barrios Ipenza, como Carmen Barrantes Pérez, quien fue jefa de la Oficina General de Administración en su gestión y se fue con él como viceministra de Gestión Institucional en el sector Interior. Ella fue suspendida anoche de sus funciones.
Los otros miembros del directorio de Esvicsac son Lili Soto Sotelo, José Carlos Flores Rubiños, Víctor Tovar Mendoza, Raúl Lanatta Lanatta y Sergio Bravo Orellana. Su situación se debe definir en las próximas horas.
Gerente elude cuestionamientos.
La República se comunicó con el gerente de Essalud, Jaime Sobrados, para pedirle información sobre el manejo de Esvicsac, y luego de consultar con el presidente de Essalud, Félix Ortega, se le escuchó decir: “Es La República, no le contesto, ¿no? ¿Les digo que vayan con Imagen Institucional?”. Luego este fue el diálogo con nosotros.
-"No vamos a hacer comentarios, comuníquese con Imagen Institucional.
-Queremos saber en qué se invierten las utilidades de Esvicsac.
-Como en toda empresa, en sus operaciones.
-Pero siendo Essalud la propietaria, ¿percibe ingresos por eso?
-No conozco ese tema.
-¿A dónde van entonces los ingresos de Esvicsac?
-Eso hay que preguntarle a sus directivos.
-¿Sabe Ud. entonces si Essalud va a cambiar a Carmen Barrantes del Directorio de Esvicsac?
-No sabría decirle, eso no conozco.
Minutos más tarde, sin embargo, Essalud informó sobre el retiro de Carmen Barrantes, ex viceministra de Gestión Institucional del Ministerio del Interior.
“No les rompa las piernas a las Fuerzas Armadas y a la Policía”
Politica
Parlamentarios exigen a Benavides
Jesús Molina
Críticas de todas las bancadas recibió el ministro de Economía durante el debate del Presupuesto General de la República para el 2011. El punto en que todos coincidieron, es que a través del recorte presupuestal, pretende quebrarle las piernas y los brazos a las Fuerzas Armadas y Policiales que están luchando con el narcotráfico en el VRAE. “¡Mírenos a la cara!”, tuvieron que exigirle los parlamentarios porque Ismael Benavides ante las críticas prefería hablar con sus asesores.
“Usted abusa de los policías y militares porque saben que si hablan los meten presos. No aumentar el sueldo es burlarse de ellos. Ustedes prometieron y no tienen la intención de cumplir. Con relación al Producto Bruto Interno las remuneraciones han bajado. Los policías reciben menos dinero que en el 2005”, le increpó Isaac Mekler.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana alertó que la lucha contra la delincuencia peligra en todo el país, toda vez que sin el menor criterio técnico se ha recortado en 63% el rubro de gasto de capital del presupuesto del Ministerio del Interior: “van a poner más policías en la calle, muy bien, pero sin radio, de qué nos sirve un policía sin coordinación. No se puede recortar en equipos, en patrulleros. La señal es: no nos importa la seguridad ciudadana”.
Al ver que a Ismael Benavides le importaba muy poco lo que los legisladores le expresaban, Luisa María Cuculiza le tuvo que levantar la voz para hacerlo poner atención. “¡Señor ministro!, le exijo que me preste atención. ¡Míreme! En el sector Defensa existe un recorte monstruoso de 650 millones de soles en relación al 2010. Con este presupuesto solo van a poder comer 72 días a partir de enero. Yo quiero preguntarle ¿usted puede comer con seis soles al día?” le increpó Cuculiza al titular del MEF, quien poco le importó, y luego volteó la cara.
“Míreme señor! Con qué derecho le han cortado ustedes la comida a las Fuerzas Armadas. ¡Le voy a pedir al ministro que me escuche! (levantó la voz Lourdes Alcorta). Usted le está rompiendo las piernas a las FFAA. No hay derecho que ese presupuesto le recorte la comida a los militares. Todavía el ministro de Defensa (Jaime Thorne) nos pide que hagamos un minuto de silencio por los muertos del VRAE ¿y, qué hagamos con eso? La gente no come con los minutos en silencio”, cuestionó la parlamentaria de Unidad Nacional.
Recorte presupuestal pone en riesgo a FFAA
Politica
| Frente a los enfrentamientos de los últimos meses en la zona del Vrae, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, advirtió que para el presupuesto del 2011, habría un recorte del 30%, lo cual pondría en mayor riesgo la operatividad de las Fuerzas Armadas, lo que generaría más pérdidas humanas y logísticas al sector Defensa. Montoya invocó al gobierno a que haya mayor coherencia en sus decisiones políticas. “Si el gobierno le dice al país que va a combatir el terrorismo, significa que va a dar más recursos a las FFAA, pero eso no está ocurriendo”, remarcó. |
El abrazo del oso
OPINIÓN | Sáb. 27 nov '10
Sería ingenuo de nuestra parte exigirle al Gobierno que se mantenga totalmente al margen del próximo proceso electoral. En realidad, en todo el mundo los gobiernos participan en las elecciones a favor de sus candidatos, basta ver el reciente caso de Lula, aunque, inevitablemente, los gobernantes que intervienen siempre son cuestionados.
Sin embargo, consideramos que es importante guardar ciertas formas y también un mínimo de neutralidad. Por una parte, el canciller y el presidente tienen todo el derecho de apoyar a Luis Castañeda y harían bien en decirlo abiertamente. Pero, por otro lado, lo que no deberían hacer es utilizar la Orden del Sol para promocionarlo.
Más aun, si el Gobierno consideraba que se justificaba el condecorarlo por su labor como burgomaestre, entonces lo correcto era esperar a que concluyera el período electoral antes de anunciarlo. Al final de cuentas, Castañeda renunció voluntariamente tres meses antes de cumplir su mandato como alcalde para poder postular a la Presidencia, por lo que esperar un período de tiempo similar para ser condecorado no parece ser, en modo alguno, un planteamiento mezquino o exagerado.
Incluso, es correcto darle una llamada de atención al Gobierno por este hecho, cuando la campaña recién se está iniciando, lo cual debería frenarlos, no vaya a ser que se repitan con frecuencia este tipo de cuestionados incidentes durante un proceso electoral que ya viene con todos los vistos de que será bastante cargado.
En realidad, tomando en cuenta la agresividad con la que ha empezado la campaña, lo adecuado sería que el Gobierno trate de enfriar el ambiente y tranquilizar la situación. Lo último que necesitamos es que en lugar de calmar los ánimos, la actitud gubernamental termine acalorándolos y convierta al proceso electoral en un elemento desestabilizador de la inversión o generando innecesario temor.
Por otro lado, considerando la poca fortuna que han tenido los candidatos a los cuales el presidente ha apoyado, sería prudente para el propio Castañeda guardar la mayor distancia posible del mandatario. Menos aún ser visto como su candidato favorito, ya que es muy probable que el ocupar esa posición no le traiga buenos resultados, sino todo lo contrario. Posiblemente consciente de ello es que se está aliando con quien le arrebató el sólido norte al Apra, alianza que no será bien vista por los demás compañeros
Sin embargo, consideramos que es importante guardar ciertas formas y también un mínimo de neutralidad. Por una parte, el canciller y el presidente tienen todo el derecho de apoyar a Luis Castañeda y harían bien en decirlo abiertamente. Pero, por otro lado, lo que no deberían hacer es utilizar la Orden del Sol para promocionarlo.
Más aun, si el Gobierno consideraba que se justificaba el condecorarlo por su labor como burgomaestre, entonces lo correcto era esperar a que concluyera el período electoral antes de anunciarlo. Al final de cuentas, Castañeda renunció voluntariamente tres meses antes de cumplir su mandato como alcalde para poder postular a la Presidencia, por lo que esperar un período de tiempo similar para ser condecorado no parece ser, en modo alguno, un planteamiento mezquino o exagerado.
Incluso, es correcto darle una llamada de atención al Gobierno por este hecho, cuando la campaña recién se está iniciando, lo cual debería frenarlos, no vaya a ser que se repitan con frecuencia este tipo de cuestionados incidentes durante un proceso electoral que ya viene con todos los vistos de que será bastante cargado.
En realidad, tomando en cuenta la agresividad con la que ha empezado la campaña, lo adecuado sería que el Gobierno trate de enfriar el ambiente y tranquilizar la situación. Lo último que necesitamos es que en lugar de calmar los ánimos, la actitud gubernamental termine acalorándolos y convierta al proceso electoral en un elemento desestabilizador de la inversión o generando innecesario temor.
Por otro lado, considerando la poca fortuna que han tenido los candidatos a los cuales el presidente ha apoyado, sería prudente para el propio Castañeda guardar la mayor distancia posible del mandatario. Menos aún ser visto como su candidato favorito, ya que es muy probable que el ocupar esa posición no le traiga buenos resultados, sino todo lo contrario. Posiblemente consciente de ello es que se está aliando con quien le arrebató el sólido norte al Apra, alianza que no será bien vista por los demás compañeros
Apra quiso ampliar el gasto por la ‘puerta falsa’
ECONOMÍ A | Sáb. 27 nov '10
Adicionar más de 72 disposiciones al presupuesto de 2011 costaría S/.10,000 millones.
Tal como ocurría en décadas pasadas, un grupo de congresistas intentó meter ‘por la puerta falsa’ una serie de disposiciones que terminaría aumentando el gasto del Presupuesto de la República de 2011. En la noche del jueves, la relatora de la mesa directiva inició la lectura de 72 medidas presentadas por José Carrasco, presidente de la Comisión de Presupuesto, pero la sesión tuvo que suspenderse ante la protesta del ministro de Economía, Ismael Benavides. El funcionario aseguró que no tenía conocimiento del gasto adicional y anotó que prefería que el proyecto regrese a la Comisión de Presupuesto para hacer una revisión de cada artículo.
Ayer por la tarde, el presidente del Congreso, César Zumaeta, acompañado de Carrasco y de Javier Velásquez visitaron en su despacho al ministro. Al término de la reunión, dijeron que buscaron “aclarar” las disposiciones adicionales e informaron que los técnicos del ministerio ‘depurarán’ una lista de lo que podría financiarse sin problemas fiscales.
Sin embargo, fuentes del sector comentaron que la visita fue tomada como una medida de presión de los parlamentarios.
En breves declaraciones a la prensa, Carrasco afirmó que “el ministro Benavides estaba confundido con tantos dispositivos”.
EL ‘CONTRABANDO’. Los temas que se quisieron incluir fueron más contrataciones de personal en el aparato estatal (Sunarp, Sutran, INPE, Sierra Exportadora, Essalud y Petroperú), el pago de pensiones (cédula viva) para 315 ex congresistas, dietas para funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), un bono de productividad para el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros.
Una fuente del Ejecutivo reveló que todas las disposiciones aumentarían el gasto del presupuesto del próximo año en al menos S/.10 mil millones.
El congresista Zumaeta informó que, en la reunión, el Ministerio de Economía rechazó la disposición que asigna una pensión a congresistas jubilados, así como la ampliación de planillas. “La idea no es generar un desbalance presupuestal, sino un consenso entre todas las partes”, manifestó
Ayer por la tarde, el presidente del Congreso, César Zumaeta, acompañado de Carrasco y de Javier Velásquez visitaron en su despacho al ministro. Al término de la reunión, dijeron que buscaron “aclarar” las disposiciones adicionales e informaron que los técnicos del ministerio ‘depurarán’ una lista de lo que podría financiarse sin problemas fiscales.
Sin embargo, fuentes del sector comentaron que la visita fue tomada como una medida de presión de los parlamentarios.
En breves declaraciones a la prensa, Carrasco afirmó que “el ministro Benavides estaba confundido con tantos dispositivos”.
EL ‘CONTRABANDO’. Los temas que se quisieron incluir fueron más contrataciones de personal en el aparato estatal (Sunarp, Sutran, INPE, Sierra Exportadora, Essalud y Petroperú), el pago de pensiones (cédula viva) para 315 ex congresistas, dietas para funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), un bono de productividad para el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre otros.
Una fuente del Ejecutivo reveló que todas las disposiciones aumentarían el gasto del presupuesto del próximo año en al menos S/.10 mil millones.
El congresista Zumaeta informó que, en la reunión, el Ministerio de Economía rechazó la disposición que asigna una pensión a congresistas jubilados, así como la ampliación de planillas. “La idea no es generar un desbalance presupuestal, sino un consenso entre todas las partes”, manifestó
(Editorial) Urgente: ordenar salarios y escalafón estatal
Viernes 26 de noviembre de 2010 - 07:04 am
Por enésima vez debemos llamar la atención sobre el extremo desorden de la planilla pública. ¿Tendremos que esperar un nuevo escándalo de remuneraciones o liquidaciones indebidas para que los poderes Ejecutivo y Legislativo reaccionen y asuman su responsabilidad?
Efectivamente, desde el retorno de la democracia todos los gobiernos y congresos –también el actual– han prometido poner orden en la empleocracia estatal, pero finalmente todo quedó en promesas de balcón. Seguimos conviviendo con un sistema público tan confuso como inequitativo, despilfarrador, ineficiente y que además es caldo de cultivo para la corrupción.
Nadie sabe cuántos empleados públicos hay, lo que se explicaría –mas no justificaría– en el voluntarismo y arbitrariedad de los últimos gobiernos, sea por razones clientelistas (creando nuevos puestos para pagar favores políticos), o por facilismo o indolencia, ante lo complejo y monumental del problema.
Esto ha dado lugar a que el Estado Peruano opere por lo menos con tres regímenes laborales, donde algunas entidades se someten al marco laboral privado, en tanto que otras recontratan cada tres meses a los trabajadores, con diversas bandas salariales, lo que además de desordenado es sumamente injusto.
En cuanto a eficiencia, en lugar de reforzar las iniciativas para captar a profesionales de primer nivel, estas han sido relegadas por un equivocado discurso populista que puso topes a las remuneraciones. Así hoy un buen gerente, al que el sector privado le paga 10 veces más, difícilmente será atraído por el sector estatal.
A esto se agrega otro elemento distorsionante: la intervención de entidades internacionales, como el PNUD y otras, que cubren remuneraciones discrecionales para un sector de empleados, lo que constituye un atajo para burlar el corsé legal, pero finalmente tendrá que ser asumido por el Estado con comisiones extras.
Como puede verse, los criterios de orden, unidad, transparencia, servicio al ciudadano, eficiencia y meritocracia, que debían ser los puntales de la reforma de la empleocracia, continúan siendo totalmente vapuleados. El Estado, entonces, pierde su razón de ser y se mueve en un mar de inercia y mediocridad, donde la falta de supervisión y fiscalización promueve la corrupción.
Como se informó en la reciente CADE, entre el 10% y 15% de las compras estatales se encarece por las coimas, lo que es escalofriante. ¿Y qué pasó con el anunciado sistema de compras unificadas sectoriales y con los portales web de transparencia, que muy pocas dependencias actualizan?
Tal estado de cosas, que amenaza la viabilidad del Estado y la gobernabilidad, no puede continuar. Se necesita voluntad política del Gobierno para empoderar a Servir, de modo que pueda hacer un mapeo, exacto y preciso, de la situación actual y sugiera un plan de mejoras. A partir de allí este Congreso debe abordar la postergada reforma del escalafón y la política salarial del Estado, que tiene que ser retomada por el nuevo gobierno y la nueva representación parlamentaria el 2011 con absoluta prioridad.
Al respecto, se espera un deslinde firme de los candidatos en los debates de la campaña presidencial. Ningún proyecto de desarrollo nacional podrá fructificar con un Estado tan confuso e inepto como el que tenemos hoy.
(Editorial) Caso Barrios: gestión pública, corrupción y segur
Jueves 25 de noviembre de 2010 - 07:02 am
La abrupta y escandalosa salida de Fernando Barrios del Ministerio del Interior motiva una seria reflexión sobre lo que puede estar pasando en un sector de un gobierno a punto de finiquitar.
Desde el punto de vista moral y ético, sorprende que un político de trayectoria –cuyas dotes de gestor público eran reiteradas por el oficialismo desde su nombramiento como presidente de Essalud en el 2006– haya aceptado o, peor aun, promovido una indebida liquidación de 180 mil soles por concepto de ‘despido intempestivo’. Más sospechoso aun es que su eventual aceptación de culpa se haya producido solo después de que el caso fuera denunciado por el diario “Perú.21”. ¿Y qué hubiera pasado si la prensa no publicitaba la denuncia? A propósito, ayer se anunció la salida de la viceministra Edelmira Barrantes, que recibió 64 mil soles por el mismo concepto y cuya permanencia era insostenible.
Más allá del caso particular, se abre aquí un abanico de sospecha sobre la gestión en entidades como Essalud y el sector Interior. Con buenos reflejos, la contraloría ha anunciado que iniciará una operación de fiscalización, cuyos resultados deben ser publicados. Es urgente investigar y determinar si el mismo esquema de ‘liquidación’ podría estar aplicándose en otros organismos públicos, lo que ameritaría denuncia penal y sanción severa.
Como telón de fondo aparecen la lacra de la corrupción y la postergada reforma del Estado, que debe retomarse para encauzar la carrera pública, de modo que los trabajadores tengan trayectoria profesional, formación ética y vocación de servicio. Complementariamente, tiene que revisarse el nombramiento de funcionarios de confianza y relanzar el programa de formación de técnicos de primer nivel, a cargo de Servir.
En cuanto al Ministerio de Interior, resulta sintomático que sea el sector con mayor recambio de timón: 6 ministros en 52 meses, es decir un ministro cada 8 meses y medio. Esto confirma que se trata de un sector complejo, pero también que el Gobierno no ha sabido escoger bien a los ministros ni tampoco trazar una política de Estado integral, coherente y efectiva para afrontar el gravísimo problema de la inseguridad que, junto con la corrupción, es la mayor preocupación de la mayoría ciudadana.
Hemos visto con estupor cómo cada ministro ha ensayado programas con nombres rimbombantes y se ha enfrascado en deshacer lo hecho por su antecesor, mientras la violencia criminal arrecia, al punto de convertir Lima en una de las ciudades más inseguras de la región, con grave riesgo para la vida y la propiedad.
En tal escenario, se ha nombrado como ministro al general Miguel Hidalgo, de notable trayectoria profesional, pero a quien se ha involucrado en casos de inconducta por uso de un vehículo oficial para fines particulares y en el escándalo de BTR y ‘petroaudios’, lo que deberá aclarar en las instancias correspondientes.
¿Qué podrá hacer en el poco tiempo que resta de gestión? ¿Solo visar la transición al próximo gobierno? Lo que la ciudadanía reclama es una urgente y firme reacción, coordinada con regiones y municipalidades, para devolver rumbo y consistencia al sector, con lo que se puedan desarticular las bandas de ladrones y secuestradores que siguen operando con indignante impunidad
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