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miércoles, 18 de julio de 2012


Tarata y La Cantuta

 
Hace veinte años ocurrieron dos crímenes de lesa humanidad (no uno solo): en medio de una escalada Sendero Luminoso hizo explotar un coche bomba en el centro de Miraflores causando 25 muertos, muchos heridos y gran destrucción. Anteayer se han hecho las conmemoraciones recordando este terrible acontecimiento. 

  
  

 
Raúl Wiener
Raúl Wiener
POLITIKAAnalista
Pero, apenas unas horas después del bombazo, el Grupo Colinaentraba a la Universidad de Educación bajo la cobertura del toque de queda y secuestraba a nueve alumnos y un profesor, para asesinarlos al filo de la madrugada en la carretera Ramiro Prialé. Era el vuelto del gobierno Fujimori por el golpe recibido.

Para los servicios de inteligencia, algunos de los estudiantes de La Cantuta eran cercanos a Sendero Luminoso y utilizaban la logística de la casa de estudios para la alimentación, hospedaje y refugio de sus cuadros. Habrá que esperar ciertamente ver los diarios de hoy para ver si todos los caídos injustamente son tratados de la misma manera.

Pero, a propósito de esto, el perseguido político más notorio de las redes sociales, acaba de inventar otro capítulo de la saga la “derecha calumniada”. En resumen, y para variar, son los caviares los que crearon la versión tan repetida según la cual Lima recién tomó nota del terrorismo con el atentado de Tarata. 


Bueno, eso es una mentira de mitómano, porque los que confesaron este sentimiento fueron políticos, empresarios, periodistas y otros que nunca habían sentido la muerte cerca en doce años de guerra por vivir en barrios que parecían invulnerables.

Claro, el cándido de la revocatoria es diferente, a él, como lo cuenta en varios artículos, lo buscaban las bombas por vivir cerca a embajadas o por hacer de cuidante de sus amigos que hacían el amor en un parque de San Isidro. Entonces él se dio cuenta del peligro y se las picó para España.

Pero hoy mismo cuando se hace el recuento de dos décadas, las expresiones siguen siendo que con Tarata el Estado reaccionó y se decidió a acabar con Sendero (Guzmán fue detenido en septiembre de ese año), lo que implica decir que la subversión había desafiado el centro del poder burgués y había que acabar con ella.

O sea decenas de atentados en Villa el SalvadorVilla María del Triunfo, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, Ate y otros distritos populares, no terminaron de conmover al poder, como sí lo hizo Tarata.

Por supuesto, para qué hablar de Ayacucho y otras regiones que perdieron un alto porcentaje de sus miembros. Aunque le duela, al que le duela, hay un desdén implícito por el sufrimiento de los pobres que se repite en muchos otros aspectos de la vida.

En el curso de la guerra yo tuve que confirmar que el hombre acribillado en una calle de Vitarte era el dirigente textil Castilla, miembro del Comité Central del PUM. Estuve en riesgo en muchos viajes al interior, tanto por la represión como por los senderistas. Tuve que contar amigos muertos.

En noviembre del 89, la izquierda marchó sola contra el paro armado de Sendero Luminoso que paralizóLima. Pero de lo que más me enorgullezco es de la serie de artículos polémicos que intercambiamos entre la revista Amauta que yo dirigía y El Diario de Sendero, que luego se reunieron en el libro “Guerra e Ideología” (año 1990), que es como entendemos hasta hoy la “lucha ideológica”. De eso y de nunca haber perdido de vista que al lado de Tarata existió La Cantuta, que otros olvidan.

Yo tenía 18 años cuando ingresé a la universidad, en tiempo de alta politización del movimiento estudiantil, y una de las primeras cosas que ganó mi atención fue la campaña por la amnistía para los presos políticos, que estaba dirigida a lograr La Libertad de los guerrilleros de 1965 y otros dirigentes de izquierda que estaban en la cárcel, entre ellos Hugo Blanco.

Rápidamente nos identificamos con la idea sencilla de que los que estaban presos por razones políticas debían ser liberados, aunque nada parecía indicar que eso ocurriría durante el primer gobierno de Belaunde, contra el cual se había levantado la guerrilla de Luis de la Puente y Guillermo Lobatón.
Por esa época circulaba un folleto denominado “Las guerrillas en el Perú y su represión” (El libro Blanco), elaborado por el Ejército que en cada página descargaba las peores denuncias contra los hombres que estuvieron en la guerrilla y su supuesto entorno conformado por abogados, sindicalistas y otros que habían intervenido en momentos en que estaba vigente la pena de muerte para los insurrectos, la que nunca se aplicó.
El hecho es que muchos leímos ese documento, que en mi caso lo encontré en la sala de mi casa, y por supuesto no llegué a conocer a nadie que se sintiera tocado por sus denuncias.
Y no solo se trataba de la opinión militar, sino que la totalidad de medios arrancó a avisar que el radicalismo que se percibía en las universidades y campañas como la de amnistía era el comienzo de una nueva etapa de violencia.
En octubre de 1968, Fernando Belaunde fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general Velasco y en diciembre de 1970, los propios militares dictaron una amnistía amplia que estaba asociada a las reformas y nacionalizaciones de ese período.
A mí, el general Jorge Fernández Maldonado me dijo en los años 90 que los coroneles decidieron hacer una revolución para evitar que hubiese más enfrentamientos entre peruanos y la Fuerza Armada fuera obligada a matar campesinos.
Ya sabemos que la historia fue mucho más compleja, que Morales Bermúdez traicionó a Velasco, se alió a la derecha y se enfrentó a las masas. Ese fue el prolegómeno del levantamiento senderista que se insertó en las frustraciones de la sociedad y generó una etapa de violencia mucho más traumática que lo anterior.
Ahora lo que me pregunto es qué está pasando con los jóvenes del Movadef. Todo el mundo dice que lo que se tiene que hacer con ellos es hacerles ver videos de la guerra, revisar fotos y escribirles libros de historia para secundaria.
Pero me temo que para quienes nacieron después de esa época aciaga eso va a ser como el libro blanco de los militares de hace casi 50 años. Un columnista contó en estos días una anécdota sobre un debate que Sendero venía boicoteando desde la parte alta del auditorio.
Ante esta situación el maestro de ceremonias invitó a que alguien de los que gritaban pasara al frente y sustentara sus ideas. La intervención fue tan deficiente que el grupo senderista se retiró sigilosamente.
¿Se imaginan a Gonzalo Portocarrero enfrentado con Alfredo Crespo en el estrado? Porque lucha ideológica no es el retrato eterno de Tarata. Sobre todo si el Estado con el que se los enfrenta tiene la responsabilidad actual de muertos, heridos y otros crímenes que están a la vista.
Raúl Wiener

Terroristas se burlan de la justicia mientras PJ acosa a ex autoridades

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Procurador Galindo asegura que su despacho insistirá con cobro de reparaciones civiles.
CARLOS NAVEA P.
Monto insignificante. El procurador antiterrorista Julio Galindo informó ayer que de los 3 mil 783 millones de soles que debe la cúpula senderista y del MRTA al Estado, por concepto de reparación civil, solo se ha hecho efectivo –hasta el momento– el pago de 600 mil soles, monto que significa una burla para el país en vista del daño irreparable que estos terroristas nos causaron. A esto sumémosle que el Perú ha destinado más de US$ 16 millones 545 mil para el pago de indemnizaciones que fueron dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel de la CIDH se amortizaron US$ 976 mil 702 en soluciones amistosas con terceros (Lori Berenson, Castillo Petruzzi, Juárez Cruzat, y otros subversivos).
Galindo indicó a EXPRESO que la Procuraduría que representa está llevando a cabo el desarrollo de las reparaciones civiles de forma “progresiva y sostenidamente”. “La verdad hemos avanzado bastante”, agregó al destacar el apoyo que tiene del ministro Juan Jiménez en esta tarea.
Explicó que, por ejemplo, a la senderista Elena Iparraguirre se le ha embargado tres departamentos ubicados en la Residencial San Felipe, Cercado de Lima y la Residencial Santa Cruz. En tanto, a Aníbal Apari Sánchez, esposo de la terrorista Lori Berenson, se le ha sustraído una serie de patrimonios para hacer efectivo el cobro deS/. 20 mil que se le impuso como reparación.
El dato
Sobre la posibilidad de dar lugar al cobro a la reparación civil impuesta al sanguinario Abimael Guzmán, Julio Galindo señaló que  su oficina realizará prontamente el embargo de una propiedad.

Detienen a informante del Ejército en caso Pucará

Pucará. Las víctimas recibieron disparos en la cabeza.
Pucará. Las víctimas recibieron disparos en la cabeza.
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La Policía capturó a Roberto Cruzada Yalapoma, conocido como “Rompe”, el informante del Ejército que en los años 80 señaló a un grupo de pobladores de Pucará, en Huancayo, como integrantes de Sendero Luminoso.
En base a esa información, el Frente Político Militar del Centro realizó un operativo y ejecutó extrajudicialmente a los ocho pobladores sindicados por Cruzada Yalapoma como senderistas.
Justamente la detención de Cruzada Yalapoma, que se habría producido el viernes 13 de julio, fue informada ayer a la Sala Penal Nacional en audiencia pública del juicio que se realiza por este caso.
La Fiscalía ha acusado a 16 militares del delito de asesinato, y ha pedido para ellos una pena de 20 años de prisión y el pago de cien mil soles por concepto de reparación civil a favor de los familiares de las víctimas.
En la acusación, Cruzada  es considerado cómplice primario de múltiple homicidio. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) nunca se ha probado que las víctimas hubieran participado en actividades terroristas.
La matanza de Pucará ocurrió el 4 de noviembre de 1989 y habría sido ejecutada por personal militar del Batallón "Inclán", vestidos de civil y con armas con silenciadores.
Al juicio –a cargo de la Sala Penal Nacional e iniciado el 19 de noviembre del 2011– solo asisten 10 acusados, otros cinco están ausentes.

Los expedientes secretos de Santos, el 'camarada Marañón’

Miércoles 18 de julio del 2012 | 07:07

El presidente regional de Cajamarca tiene dos denuncias por homicidio y una por secuestro, pero también se le culpa por la muerte de 7 personas que dejaron los enfrentamientos contra la exminera Majaz.

Santos jamás quiso enfrentar a la justicia por los violentos desmanes en los que participó. (Nancy Dueñas)
Santos jamás quiso enfrentar a la justicia por los violentos desmanes en los que participó. (Nancy Dueñas)
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Lina Godoy
lgodoy@peru21.com
Tenía su faceta oculta. Perú21 tuvo acceso a un reporte de Inteligencia de la Policía Nacional que revela que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, comenzó sus actividades violentas y radicales en la década de los 80, cuando ya militaba en Patria Roja y se autoproclamaba como el ‘camarada Marañón’.
Es decir, la denuncia contra el exdirigente ronderil por secuestro, tortura y homicidio en agravio de Petronila Vargas y de su padre, Eliseo Vargas –como lo hizo público este diario–, y por la cual estaría a punto de perder su libertad, no es el único antecedente violento en su haber.
En 2004, el ‘camarada Marañón’ también fue denunciado por el secuestro de José Pérez Estela,quien luego apareció muerto. Tenía un balazo en el pecho y la cabeza destrozada, según consta en el expediente judicial 619-2004.
El Ministerio Público lo acusó y pidió 20 años de cárcel más S/.5 mil de reparación civil a favor de los deudos. Se realizó el juicio y acudieron los 20 acusados –entre ellos Santos–, quienes negaron los cargos y alegaron inocencia.
Sin embargo, al juicio oral no acudió Orlando Núñez Alvarado, testigo presencial del secuestro, y se frustró la confrontación con los acusados, a quienes el Poder Judicial absolvió a fines del 2006. Tres meses después se confirmó la sentencia.
SEMBRÓ LA DESGRACIA
Según Inteligencia de la Policía, el ‘camarada Marañón’ también estuvo implicado en la marcha y el ataque al campamento de la minera Río Blanco Cooper (ex-Majaz), ocurridos en agosto de 2005. El atestado que elaboró la comisaría de Huancabamba, y que incluyó a Santos, fue enviado a la Fiscalía y, luego, al juzgado mixto de esa ciudad.
En diciembre de 2009 se formalizó la acusación contra siete dirigentes de las comunidades Segunda y Cajas de Huancabamba, entre los cuales, inexplicablemente, no se incluyó a Gregorio Santos.
La investigación fue archivada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, y el fallo fue confirmado por la Corte Superior de Piura ante la apelación de la exminera Majaz.
Esta intervención de Santos fue la antesala de los violentos enfrentamientos contra la minera que dejaron el saldo de siete muertos entre los años 2005 y 2009.
PROMOTOR DE DESTROZOS
Como dirigente del Sute-Cajamarca, el ‘camarada Marañón’ también fue incluido en la denuncia fiscal Nº 719-2001 por el delito de coacción y daño a la propiedad pública. A Santos se le acusó de participar en el ataque y destrozo de la sede de la Municipalidad Provincial de Jaén en apoyo de las demandas del magisterio.
No obstante, en el 2009 –después de ocho años de juicio–, el caso fue archivado por el juez penal liquidador de Jaén, Juan Coronel Cardozo, por prescripción y sin pronunciarse sobre la responsabilidad de más de 20 acusados.
OTRAS DENUNCIAS
A raíz de las protestas contra Conga, Santos acumula 17 denuncias por disturbios, usurpación, abuso de autoridad, bloqueo de vías y transportes. Además, por desobediencia, resistencia a la autoridad y extorsión. Todas fueron presentadas entre diciembre de 2011 y febrero de 2012.
Una de las denuncias –por el uso de recursos públicos para financiar el paro del 9 de noviembre de 2011– ya está formalizada en el Poder Judicial.
Adicionalmente, la Contraloría investiga a Santos por entregar tres obras viales, valorizadas en S/.500 mil, a la empresa de su concuñado. Asimismo, ha puesto bajo lupa la entrega de una obra de S/.148 millones a tres pequeñas empresas.
Además, la Fiscalía Anticorrupción está por presentar otra denuncia por pagarles a los dirigentes radicales antimineros con dinero del Estado.
Finalmente, tiene ya un proceso abierto por secuestro, tortura y homicidio calificado contra Petronila Vargas y su padre, Eliseo Vargas, ocurrido en noviembre del 2005.