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viernes, 13 de enero de 2012


(Editorial) Movadef: No al caballo de Troya contra la democracia

En este delicado contexto, debemos enfatizar la esencia antidemocrática de este movimiento prosenderista, que busca sobre todo la impunidad para los más crueles violadores de derechos humanos
Viernes 13 de enero de 2012 - 07:00 am
La ciudadanía ha recibido con indignación y sorpresa la resolución del pleno delJurado Nacional de Elecciones (JNE) que declara nula la resolución del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) (que había rechazado la inscripción delMovadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales) y dispone que emita un nuevo pronunciamiento.
¿Qué significa esto? Pues, que en principio se abrirían las puertas para que el movimiento de fachada del senderismo ingrese al engranaje democrático, lo cual es una absoluta contradicción con graves riesgos: ¿Cómo creer que aquellos que simpatizan con el grupo terrorista que desangró al país y promueven la amnistía para el cabecilla Abimael Guzmán y sus secuaces quieran someterse a las reglas de juego democrático y de la Constitución que antes pisotearon y ahora quieren cambiar?
Representantes de la sociedad civil, así como los ministros de Justicia y de Defensa, congresistas, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Salomón Lerner, la Coordinadora Nacional de DD.HH. y hasta el congresista Javier Diez Canseco, de conocida tendencia izquierdista han rechazado dicha pretensión. Este último ha calificado al Movadef como“expresión política del terror senderista responsable de infames y cobardes crímenes”.
Según el JNE, el ROP “tomó una decisión basado únicamente en la existencia de un defecto considerado insubsanable, como es el del ‘pensamiento Gonzalo’ como principio guía de la referida organización, sin tomar en cuenta otras observaciones en el acta de fundación, los estatutos y los comités partidarios”, como señala el art. 5 de la Ley de Partidos Políticos. Dicho artículo reseña los requisitos formales, pero no va al fondo del asunto: la doctrina y reales motivaciones y objetivos de un grupo que, a fin de cuentas y teóricamente, pretende ganar adherentes ¡y optar por ser gobierno!
En este delicado contexto, debemos enfatizar la esencia antidemocrática del Movadef, que busca sobre todo la impunidad para los más crueles violadores de derechos humanos, los senderistas. Y no puede equipararse su caso con el de grupos terroristas de otros países, pues este organismo de fachada del senderismo ni siquiera ha pedido perdón por los alevosos crímenes (entre 30 mil y 60 mil) causados en dos décadas, y le cuesta mucho hacer un deslinde claro con el pensamiento fratricida y antidemocrático de Guzmán.
La sociedad democrática tiene derecho a defenderse. Así como subrayamos la naturaleza antidemocrática del Movadef, enfatizamos la esencia democrática del JNE, como pilar fundamental del Estado de derecho, para garantizar que se exprese y garantice la voluntad de las mayorías expresada en el voto.
A propósito de ello, ¿acaso la abstención del presidente del tribunal del JNE, Hugo Sivina, al votar en la apelación mencionada, “por haber sido víctima del terrorismo”, no es un tácito reconocimiento de la naturaleza prosenderista del Movadef? ¿Y cómo olvidar que el comienzo de las acciones senderistas en Chuschi, en 1980, fue contra un local electoral? ¿Y qué decir del execrable atentado contra el ex presidente del JNE, Domingo García Rada, adalid de la democracia, a manos de criminales senderistas?
No podemos ser ingenuos. Para bloquear cualquier resquicio legal que pueda ser invocado por los enemigos de la democracia, el art. 14 de la misma ley de partidos acota: “La Corte Suprema de Justicia de la República, a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos”, por ejemplo “justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas” o apoyando “políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia”.
Dicho esto, y a la espera del nuevo pronunciamiento del ROP, y eventualmente del JNE y de la Corte Suprema, sobre el pedido de inscripción del Movadef, debemos recordar, sobre todo a aquellos que quieren confundir democracia con debilidad, que este noble sistema tiene que activar todos sus mecanismos para defenderse de aquellos que pretenden destruirla, incluso disfrazándose de partidos. Hay que identificar a estos caballos de Troya antidemocráticos, denunciarlos y cerrarles toda vía para evitar que sigan confundiendo y haciendo 

Ministro de Justicia pidió al JNE rechazar inscripción del Movadef

El titular Juan Jiménez anunció que el Gobierno planteará una ley que impida a grupos ligados al terrorismo participar en política
Viernes 13 de enero de 2012 - 07:04 am
El Ejecutivo endurecerá leyes contra grupos políticos ligados al terrorismo. (El Comercio / América TV)
(Andina). El Poder Ejecutivo prepara un proyecto que perfeccionará la legislación vigente y evitará que organizaciones consideradas como brazos políticos de grupos subversivos formen parte del sistema democrático nacional, anunció el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.
“No podemos permitir que grupos que todavía no han mostrado signos de arrepentimiento ingresen a la vida política formal, los brazos políticos de grupos armados no van a pasar en el país”, subrayó.
En declaraciones a la prensa, Jiménez dijo que este proyecto, que modificará la Ley de Partidos Políticos, se discutiría probablemente en la sesión del Consejo de Ministros a realizarse mañana viernes.
“Nosotros estamos evaluando en el Poder Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley (…) vamos a perfeccionar la ley de partidos en esta línea y ya lo verán mañana”, subrayó.
JNE DEBE SER CONTUNDENTE Y RECHAZAR PEDIDO DE MOVADEF
El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado como el “brazo político” de la organización terrorista Sendero Luminoso, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.
Dicho pedido generó el rechazo unánime de la opinión pública peruana por tratarse de una organización que reivindica los actos terroristas cometidos por Sendero Luminoso y cuyos miembros, en su mayoría senteciados por subversión, no han mostrado arrepentimiento.
Asimismo, Jiménez Mayor recalcó que el Ejecutivo considera que el JNE debe ser contundente y rechazar de plano la solicitud del Movadef.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el número de víctimas de la guerra antisubversiva en las dos décadas de violencia desde 1980, ascendió a 69 mil 280 muertos, y de los cuales se estima, que Sendero Luminoso, fue responsable de más de 31 mil fallecidos.

    El Perú tiene 360 denuncias en CIDH, afirmó el ministro de Justicia

    Juan Jiménez reitera que se hará una firme defensa de comandos Chavín de Huántar
    Viernes 13 de enero de 2012 - 07:44 am
    CIDH, Congreso de la República, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
    (Foto: Difusión)
    El Estado Peruano es uno de los países con mayor número de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor.
    Precisó que existen unas 360 denuncias, de las cuales han sido admitidas 68. Sin embargo, afirmó que la CIDH no archiva los casos que no son procedentes en materia de derechos humanos por lo que se convierten en litigios permanentes.
    También criticó la forma como dicho organismo supranacional lleva el caso de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, el cual se basa en supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la operación Chavín de Huántar.
    Jiménez se presentó ayer ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso, donde explicó en líneas generales la estrategia jurídica que tendrá el Estado ante la Corte de San José.
    “Hemos planteado una posición clara y firme de rechazo a la pretensión de la CIDH. No puede existir un caso en la corte ni en la comisión interamericana cuando en la jurisdicción interna hay aún un proceso abierto [...] Eso es una inconsistencia”, comentó.
    En esa línea sostuvo que el Gobierno hará una firme y contundente defensa de los comandos Chavín de Huántar ante la demanda presentada.
    La CIDH denunció al Perú en diciembre pasado ante la Corte de San José alegando que no se cumplió su recomendación de enjuiciar las presuntas ejecuciones de tres terroristas participantes en el secuestro de 71 personas, en la residencia del embajador del Japón.
    El ministro explicó que se han formado dos comisiones ad hoc para fortalecer la estrategia jurídica peruana. Una de ellas será multisectorial, integrada por los ministerios de Justicia, Interior, Defensa y la cancillería. La segunda será de carácter consultivo y reunirá a los representantes de los partidos políticos.
      Fuente: La Razón  13 – 1 – 2012
      FELIX CALDERON C.
      Es indignante ver que existan asociaciones civiles que se dedican a cuestionar y poner en tela de juicio el heroico accionar de los comandos Chavín de Huántar, pese a ser una de las operaciones más aplaudidas y exitosas a nivel mundial en cuanto a rescate de rehenes se refiere. Yo me encontraba en Holanda cuando todo ocurrió, y fui fiel testigo de cómo todos los medios europeos, sin excepción, elogiaban la minuciosa planificación del operativo “Chavín de Huántar” y el inteligente actuar de nuestras fuerzas armadas que llevó al rescate de los rehenes.
      Es más, desde un inicio, los medios internacionales pensaban que por ser nosotros un país del tercer mundo, el nivel de eficiencia y eficacia de nuestros comandos no pasarían de lo “amateur”. ¿Y por qué? Es sabido que nuestras fuerzas armadas no cuentan con la debida infraestructura, tecnología y apoyo logístico, lo cual hace que se nos vea como fuerza armada “limitada”. Demostramos al mundo entero que nuestros comandos pueden competir por igual con cualquier comando del primer mundo, pero con una diferencia: nosotros lo logramos sin tener el presupuesto, el armamento y la infraestructura que otros sí disponen. Ahí la gran diferencia. Por otro lado, del mismo modo que se pide “transparencia” al Estado Peruano con relación a las supuestas ejecuciones extrajudiciales, sería bueno que las ONG vinculadas a los derechos humanos, antes de exigir algo, empiecen por dar ejemplo de transparencia detallándole al Estado Peruano el origen de TODAS sus fuentes de financiamiento, cuántos miles de dólares perciben y quiénes son sus directos colaboradores. Si bien no están en la obligación de hacerlo, pues justamente de eso se trata, hacerlo por iniciativa propia; es ahí donde se verá la verdadera transparencia. Asimismo, me parece impropio de quienes se jactan de defender los derechos humanos, se dediquen a cuestionar o demandar legalmente a las fuerzas del ejército o policiales y no hagan lo propio cuando estos mismos son victimados por terroristas de la peor especie. Por citar un ejemplo, lo invito querido lector a ver la página web de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos- www.aprodeh.org.pe). Ingrese al link “Casos-Ayacucho” y podrá apreciar los 10 casos que dicha organización asesoró legalmente y defendió. Pues bien, de las 10 demandas que figuran ahí, no hay un solo caso que represente, defienda o denuncie penalmente, los inhumanos y cobardes emboscadas en el VRAE de nuestros miembros militares y policiales por parte de los narcoterroristas. Curioso ¿No? Hay una clara muestra de desigualdad y parcialidad en lo que respecta el enfoque del respeto de los derechos humanos con ciertas personas. ¿Por qué no se preocupan por los 25 comandos que quedaron discapacitados de por vida por culpa de los emerretistas? ¿O por los dos comandos que fallecieron en el operativo? La falta de tino de cierta gente es tal, que en vez de empezar por defender los derechos del héroe, se opta por defender los derechos del enemigo.

      Los amigos de Aprodeh (¡pobres comandos!) Victor Robles Sosa compartió un enlace .


      Los amigos de Aprodeh (¡pobres comandos!)

      Ex procurador Azabache
      En Aprodeh deben haber festejado con champán la decisión del gobierno de encargarle la defensa de los comandos Chavin de Huantar a un grupo de leales amigos de esa ONG que nació como apéndice del partido Vanguardia Revolucionaria (marxista-leninista).
      Aprodeh patrocina la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que los comandos –todos o algunos-  sean condenados por el supuesto asesinato de tres terroristas y así se reconozca oficialmente al MRTA como “víctima”.
      Aprodeh siempre ha defendido al MRTA.  Gloria Cano fue abogada de Jaime Castillo Petruzzi, sin importarle que éste asesinara con sus propias manos al empresario minero David Ballón, secuestrado por esa banda en los años 90’. Y Aprodeh le pidió al Parlamento Europeo que retirara al MRTA de la lista de organizaciones terroristas proscritas en ese continente.
      Pese a estos antecedentes, si alguien les preguntara a los “defensores” de los comandos qué opinan de Aprodeh, la elogiarían porque les une una larga amistad y una comunión de ideas.
      Estos son los amigos de Aprodeh, que hoy “hacen hora” mientras su amigo César San Martín apura una condena segura a los “gallinazos”, para hundir a los héroes:
      - JUAN JIMÉNEZ MAYOR, ministro de Justicia. Del 2000 al 2001 fue viceministro de Justicia con Diego García Sayán, hoy presidente de la Corte IDH y precursor de la política de impunidad penal para los terroristas, puño de hierro para los militares, “flexibilización” del régimen carcelario y beneficios penales para los terroristas presos. Jiménez ha sido además asesor de la CVR y consultor de ONG caviares.
      - JOSÉ BURNEO LABRÍN, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, miembro de la ONG caviar Fedepaz. Fue Jefe del Equipo Jurídico de la CVR, o sea principal promotor de la aplicación de doctrinas penales abusivas en los juicios a los militares y policías acusados por las ONG. En los años 80’ promovió la acusación penal contra los oficiales de la Marina que sofocaron un motín terrorista en El Frontón.
      -  CÉSAR AZABACHE CARACCIOLO, Procurador Especial ante la Corte IDH para el caso Chavin de Huantar.  Ha trabajado para el IDL y Comisión Andina de Juristas, y también para la CVR. O sea para todos los que promueven la persecución contra los militares. Siendo consultor del Poder Judicial y del Ministerio Público, y Procurador Anticorrupción, promovió la aplicación de la doctrina penal dura con los militares y blanda con los terroristas.
      - WALTER ALBÁN PERALTA, Representante Permanente del Perú en la OEA; fue Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, creado por Salomón Lerner Febres para hacer cumplir las recomendaciones de la CVR. También fue consultor de la CVR y Defensor del Pueblo. Siendo Defensor se produjeron los mayores abusos judiciales contra los militares sin que protestara por ello. Además, introdujo y consolidó en la Defensoría la doctrina caviar que considera a los terroristas luchadores sociales y a los militares violadores de DDHH. En los 80’ patrocinó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el personal de la Marina que sofocó el motín terrorista en El Frontón.
      ¿Quién ha nombrado a estos “defensores” de los comandos? El presidente Humala, quien algún día tendrá que rendir cuentas ante la historia, y entonces será reconocido como un TRAIDOR.

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