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martes, 25 de septiembre de 2012


juristas advierten de táctica proterrorista
CIDH ignora soberanía, anula sentencia y dice que es delito de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su decisión de anular la sentencia del Poder Judicial que calificaba como “homicidio” la matanza de Barrios Altos, a fin de que se incluya la figura de “delito de lesa humanidad”. El jurista Marcos Ibazeta señaló que esto solo es consecuencia lógica de fallos anteriores que debilitaron al Perú frente al terrorismo.
Solo diez días después de la audiencia oral en San José, la CIDH consideró que ha habido avances en el cumplimiento de las reparaciones ordenadas a las víctimas por sentencias anteriores, pero que éstas incluyen “investigar los hechos”, lo cual se considera no hizo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Según los jueces internacionales, debe incorporarse “la figura jurídica que resulte más conveniente” para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que no haya sido sustentada por el Ministerio Público, como sucedió en este caso.
Asimismo, se ordena al PJ aprobar la acción de amparo del Poder Ejecutivo contra la sentencia, recusar a Javier Villa Stein y otros magistrados, se cita el informe de la Comisión de la Verdad –a pesar de que legalmente no era vinculante- y se basa en la posición del Estado Peruano que esgrimió el Ministerio de Justicia, de rechazo a las sentencias judiciales.
Ejecutivo se allanó
El exdecano del Colegio de Abogados, Marcos Ibazeta, recalcó que los argumentos que usa la Corte Interamericana para alterar los procesos legales en nuestro país ya se podían esperar, en vista de que este organismo tiene la costumbre de ser severo con el Estado, a diferencia de su actitud con los terroristas.
“Era lo previsible, por la forma en que el Gobierno actuó contra la sentencia del Poder Judicial, otorgándole el valor de verdad absoluta al informe de la CVR. La corte no ha esperado que se resuelva la acción de amparo en nuestro país, sino simplemente ya ha anulado la sentencia. Es lo mismo que ya hicieron antes, cuando nos impusieron reglas flexibilizando las leyes antiterroristas”, subrayó.
Por su parte Villa Stein indicó que el fallo genera un precedente terrible para la justicia peruana al decirle al país lo que tiene que hacer. Agregó que la sentencia es una afrenta a la soberanía, por lo el presidente Ollanta Humala debe pronunciarse