Tiros y Trabados
 |
| Fidel Sánchez Alayo (al centro) pasó de ser “testigo” a “investigado” en el caso de la matanza de Ica. |
El contencioso millonario entre Manuel Sánchez Paredes y sus hijos por el control de Minera San Simón ha pasado recientemente al Primer Juzgado de Familia de Ica, que despacha la doctora Nancy Payat Muñante. La designación resulta novedosa porque Payat suele ventilar casos de divorcio y maltrato familiar. Ahora, sin embargo, deberá resolver un litigio que ha costado ya tres muertos en las inmediaciones del propio Poder Judicial de Ica, el pasado 3 de febrero.
Desde hace un año, el expediente era visto por el Tercer Juzgado Civil de Ica. Pero un día antes de la matanza, como si se tratara de una clarividencia, el nuevo presidente del tribunal, Eliot Ríos Contreras, se apartó del caso “por decoro”. Payat mantiene paralizado el proceso y solo se ha limitado a trasladar los actuados al fiscal de Ica, José Luis Herrera, quien lleva casi dos meses investigando el tiroteo. Lo extraño es que hasta hoy no es interrogado el abogado Gonzalo Alzamora Ruiz, personaje clave en ambos casos.
Alzamora, quien trabaja para Manuel Sánchez Paredes desde hace más de 20 años, sobrevivió y huyó del escenario del triple crimen, el jueves 3 de febrero. Y es también el que gatilló el contencioso entre padre e hijos.
El 5 de mayo de 2010, Alzamora demandó ante el Tercer Juzgado Civil de Ica a los hermanos Fidel y Miguel Sánchez Alayo, y también al propio Manuel Sánchez Paredes. Alzamora exigió la remoción de éste último de la Gerencia de San Simón, la disolución del directorio y que se le nombre a él como único administrador judicial.
Según el expediente del caso, No 722-2010, Manuel Sánchez Paredes no es accionista de San Simón, empresa que figura en el top 20 del ranking de auríferas a nivel nacional del Banco de Crédito del Perú. Son sus seis hijos los propietarios de la compañía con el 16.6% de las acciones cada uno.
Una semana después, el 13 de mayo, la jueza Norka Monzón, entonces titular del Tercer Juzgado Civil de Ica, concedió una medida cautelar a favor del demandante y lo nombró administrador judicial de la mina.
Cuatro meses después, el 11 de octubre de 2010, la misma jueza Monzón dispuso la remoción de Alzamora de la administración de la compañía y nombró en su lugar a un “comité” conformado por Carlos, Lola, Manuel Andrés y Simón Agapito Sánchez Alayo. La medida no se pudo hacer efectiva hasta el pasado 24 de enero, cuando los hermanos Sánchez Alayo tomaron posesión del Campamento Minero La Virgen, ubicado en Santiago de Chuco, La Libertad.
La cosa, sin embargo, no quedó allí. Una semana después, el 31 de enero, la jueza Fabiola Ortega declaró procedente una nueva medida cautelar formulada por Alzamora y su socio, el abogado Juan Temístocles García, y repuso al primero como administrador judicial.
El martes 1 de febrero, Alzamora se disponía a recibir el exhorto para ejecutar la cautelar, cuando se le informó que el documento había sido sustraído del Tercer Juzgado Civil. La jueza Ortega fue removida y en su lugar se nombró al doctor Eliot Ríos.
El miércoles 2 de febrero, Alzamora acudió al despacho de Ríos para recibir un nuevo cuaderno de exhorto, pero el juez decidió apartarse del proceso.
La sangre no tardaría en llegar al socavón. Al día siguiente, el cuerpo de seguridad de Alzamora asesinó a balazos a tres custodios de los Sánchez Alayo que merodeaban por su oficina.
La sangre no tardaría en llegar al socavón. Al día siguiente, el cuerpo de seguridad de Alzamora asesinó a balazos a tres custodios de los Sánchez Alayo que merodeaban por su oficina.
Han pasado casi dos meses y los asesinos continúan prófugos. Alzamora acudió al Ministerio Público el pasado lunes 14, pero se negó a declarar.
Por su parte, el abogado Juan Temístocles García declaró a la Policía el mismo día de la matanza que no portaba armas ni hizo disparos el pasado 3 de febrero. Sin embargo, la prueba de absorción atómica que le practicó la Dirección de Criminalística de la PNP dio “positivo para restos de disparo por arma de fuego” (CARETAS 2173).
Del mismo modo, Manuel Sánchez Paredes aseguró al fiscal Herrera que Alzamora trabaja para él desde hace más de 20 años, pero que interpuso la demanda a título personal. Su hijo Fidel Sánchez Alayo declaró que desconoce las razones que motivaron a Alzamora a exigir la administración judicial de la mina. Un expediente en poder del fiscal Herrera podría resolver el misterio. El documento indica que, en abril de 2010, se produjo un intento de conciliación que acabó a golpes entre Miguel y Manuel Andrés Sánchez Alayo en Santiago de Chuco. La bronca ocurrió porque Miguel fue acusado por sus hermanos de desviar dinero de la empresa a cuentas bancarias de las Islas Vírgenes. Ese sería el detonante de un litigio que arrancó a patadones y culminó a balazos. (Américo Zambrano)
