“La aparición de este nuevo grupo subversivo es consecuencia de 11 años de descuido y desarticulación de los servicios de inteligencia… Ahora estamos en peligro de ser un narcoestado”.
Por: Gretta Mercado Gaggiani
¿Cuáles son los objetivos que perseguían los subversivos al secuestrar a los 36 trabajadores de las contratistas de Camisea?
En primer lugar, el objetivo político de este secuestro ha sido mostrarle al país y al mundo que ellos son una organización asentada en ese territorio. Es decir, marcar su territorio. Luego, engañar a la opinión pública haciendo notar que su actividad más importarte
para proveerse de fondos es el secuestro y curarse en salud con la denuncia de enriquecimiento ilícito.
El secuestro era un objetivo secundario, poco o casi nada les importaba conseguir dinero. Su objetivo principal era simplemente convertir este delito en un acto político, y lo han logrado. Han consolidado su acto político, nadie conocía quienes eran, ahora sabemos que existe el camarada Gabriel. Además, en una zona que el país no conocía y que ahora sabemos que existe también, donde hay clorhidrato de cocaína y son ellos quienes están controlando la zona.
Hay que tomar en cuenta que en la zona del VRAE se estuvieron haciendo operaciones y es ante esta presión militar, y ante los antecedentes de enriquecimiento ilícito, que no les ha quedado otra cosa que mudarse, salir y ampliar su radio de acción para que todos los medios militares que están en la zona del VRAE se trasladen a la margen derecha del rio Apurímac, y así las rutas de salida de la droga quedan libres. Ha sido magnifica su actuación porque los medios se mudan de un sector a otro e indudablemente hacen mayores las posibilidades de no tener presión para trasladar su droga. Han logrado varios objetivos, el político y el económico también porque les ha permitido sacar su droga por las rutas que dan a la costa.
Usted habla de antecedentes de enriquecimiento ilícito ¿de qué se trataría, qué información maneja al respecto?
De acuerdo a la información que manejamos, todo esto sería a raíz de las denuncias sobre lavados de activos que aparecen sobre el camarada José de 80 millones de dólares. Se reunieron los miembros de su comité central y le increparon y desde ese momento toman la decisión de irradiar su área de influencia y se dividen el territorio y le ceden una parte al camarada Gabriel y este con Alipio se trasladan para tomar posesión estratégica de su nuevo territorio que está en la margen derecha del río Apurímac y que comprende la provincia de La Convención, la provincia de Sandia, Carabaya y Puno y la Región Madre de Dios, esa zona ha recogido los dineros que provienen de la minería informal, y el narcotráfico está trabajando con la minería informal. Allí hay una necesidad mutua de hacer una nueva actividad, pues por esas zonas transita la droga que va a Bolivia y Brasil. Por eso la necesidad de controlar el territorio.
Se han escuchado audios sobre las negociaciones que habrían hecho los delincuentes con las empresas contratistas, pero se habla que también se hicieron con el Gobierno y que se habría pagado los 10 millones dólares que estaban exigiendo, cinco millones las empresas y los otro cinco el Gobierno, ¿usted qué piensa sobre estas posiciones?
Yo creo que el Gobierno no ha pagado nada. El tema de la negociación es irrelevante para ellos, si bien es cierto que el Estado no negocia con el terrorismo, es una necesidad para ir ganando tiempo para que las fuerzas del orden obtengan mayor información y puedan actuar de mejor manera, ese tipo de negociaciones que hace la empresa prácticamente ha permitido a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional conocer algunas vulnerabilidades y limitaciones y propósitos del secuestro. Porque si hubiera sido el propósito el secuestro en sí, no los hubieran soltado.
¿Usted cree que este secuestro tomó por sorpresa al Gobierno o estaba dentro de las previsiones de inteligencia?
Definitivamente al haberse producido el secuestro, los ha sorprendido, pero era parte de lo que ellos podían hacer. La opinión pública tiene que conocer que para trabajar en los territorios se dividen en dos: el estado de emergencia y el estado de derecho. La zona del VRAE está cubierta con la jurisdicción militar, lo que ha ocurrido fuera del ámbito de la zona del VRAE es responsabilidad de la Policía Nacional. Se ha conocido que en Kepashiato no hay estructura policial cercana, el Ejército no puede tener control de eso porque tendría que salir de su ámbito de responsabilidad y la ley no lo permite. Una patrulla no puede irse a actuar o enfrentar nada fuera de su zona porque generaría problemas.
Que los tome de sorpresa tiene su historia, a partir del año 2000 el Estado considera que el Servicio de Inteligencia Nacional había sido parte del control político que ejerció Montesinos en contra del desarrollo democrático del país y lo sancionan desarticulando los servicios de inteligencia y sacando a todos los cuadros militares o policiales que tenían control y experiencia en esos quehaceres. Esta es la consecuencia, hemos perdido capacidades, porque la capacidad para un hombre de inteligencia o para un analista no se forma sacando gente de la escuela de inteligencia sino se forma a través de 20 ó 30 años.
Algunos analistas dicen que las bajas en la Policía Nacional, como la operación en general, demuestran falencias en las estrategias del operativo, ¿cómo lo ve usted?
Lo que critico yo es que son 11 años de conceder demasiadas posibilidades a estas organizaciones al no haber medidas concretas. No nos olvidemos que somos el primer productor de clorhidrato de cocaína, que somos el primer país en exportar clorhidrato de cocaína, el primer país en hectáreas cultivables de hoja de coca con la “virtud” de que esa coca geográficamente sembrada en las áreas del VRAE, Cusco, Apurímac y Ayacucho es la que tiene más alto valor por los alcaloides. Además, ahí se produce hasta cinco cosechas al año, es una área netamente rentable, y lo que se ha hecho es poco. Entonces veo que ha habido un descuido del Estado, no hablo de este gobierno, sino de 11 años de descuido del Estado, porque no ha sido contundente en asumir el control del problema, porque si así hubiera sido no podríamos ser el primero en todo lo que le he mencionado. Lo que en estos días hemos vivido, son las consecuencias de la improvisación de todos estos años.
¿Cree que este secuestro sería un inicio de una nueva etapa de violencia subversiva en nuestro país?
Ya no vamos a repetir lo que ocurrió en las décadas de los 80 y 90 en nuestro país, no. Estamos frente a un nuevo delito y lamentablemente en lo jurídico no estamos preparados, por eso hemos sugerido que se legisle sobre este nuevo delito que sería el narcoterrorismo. Hablamos mucho de narcoterroristas, pero no es un delito, por ello es necesario que el Congreso legisle sobre esto para aplicarles todo el peso de la ley a los narcotraficantes que además han puesto una ideología nueva muy seductora para la población pero que está engendrando la destrucción moral del país. Si nosotros no combatimos esto tenemos a puertas la posibilidad de que en cinco años –no más- convertirnos en México o Colombia. Habría grupos que tratarían de mover el tema de la droga internamente y de sacarla a los mercados lo que haría nacer los grandes cárteles de las drogas y habría proliferación de bandas, sicariato, secuestros y mayor consumo, si ahora mismo el consumo de drogas ya se inicia en los escolares desde los 13 años…
Lo que usted dice sería una sentencia de muerte para los peruanos, empezando desde los más jóvenes, causaría un gran daño al país….
Efectivamente, es un daño que le estamos haciendo al país y yo sindico al gobierno de Valentín Paniagua, al gobierno de Alejandro Toledo, al gobierno de Alan García Pérez, porque gracias a ellos es que hemos llegado a tener una narco-economía que aunque no quisiéramos reconocer, si van esas zonas (del VRAE) se van a dar cuenta que sí existe, y por supuesto su correlato aquí en Lima está en los edificios, casinos, visitas de los más inimaginables grupos musicales o cantantes que podrían llegar al país. Hay prostitución, hay trata de mujeres en mayor medida, todo eso es consecuencia de lo que viene con ese delito, es lavado de dinero. Pero si a eso le sumamos que ese narcotráfico ha ingresado a la generación de la minería informal entonces estamos convirtiendo al país en “tierra de nadie”, porque en realidad la ley y el orden está supeditado a estos varones de la droga y eso no sería un país que crezca con seriedad. ¡Dios nos libre!
Estamos alertando al país del peligro que existe, que estamos en camino a ser un narco-Estado si es que no ajustamos a tiempo las cosas, estamos en camino a consolidarnos en una narco-economía es decir que nuestra economía sea dependiente del narcotráfico y tener una narco-política y una narco-actividad sociológica del país.
¿Qué hay que hacer?
Primero, desarticular el aparato militar del narcotráfico, porque no es un tema policial. Esta experiencia ha dejado en claro que la policía ha ido con mucho entusiasmo, aunque no ha tenido una labor principal sin embargo ha tenido sus bajas. Meter a una fuerza que no tiene a la lucha armada como responsabilidad, es desnaturalizar su función. Por eso hay que hacer una inversión en inteligencia técnica, equipamiento y pedir ayuda a países como EEUU, Israel y Francia que pueden apoyarnos. Por otro lado, tenemos que iniciar una cruzada para acabar este tema, es hoy o nunca, y en forma simultánea hacer una estrategia desarrollista comprendida en un gran plan, como el Plan Perú que es una propuesta nuestra, que habla de la responsabilidad compartida entre el agricultor cocalero y el Estado para que sepa el agricultor que el sembrar las hectáreas de coca lo hace formar parte de la cadena de tráfico ilícito de drogas. Además, no habría droga si es que no hay insumos, por lo tanto debe haber una política de control de insumos.
¿Qué debería hacer el presidente Ollanta Humala?
El Presidente debe tomar una decisión muy seria y debe hacer un acuerdo nacional. Este tema lo tiene que haber hecho reflexionar, el primer paso lo he visto con la reunión sostenida con las bancadas del Congreso ayer (lunes pasado) y eso está bien porque debe haber una articulación entre el Legislativo y el Ejecutivo. La operación no ha terminado, el tema no es los secuestros, el objetivo principal es la fuerza narco-guerrillera. Estamos al borde de iniciar la campaña militar operacional. Aquellos operadores políticos que no son militares deben aconsejar en ese tema al Presidente y todos debemos entender que estamos enfrentando a una fuerza narco-guerrillera que avanza en forma “animalesca”.
Se escuchan diferentes opiniones sobre si fue una liberación o si fue un rescate, ¿qué opina usted?
Me llamó la atención cuando los rescatados dijeron que los subversivos los habían liberado por voluntad propia, esa actitud hay que evaluarla, yo creo que han sido presas del síndrome de Estocolmo porque las simpatías se van dando y es natural que eso ocurra.
Creo que en el tema táctico ha sido una liberación pero el Estado se ha preparado para un rescate, tampoco podemos ningunear el esfuerzo que el Estado peruano ha hecho, lo digo en forma fría como analista, se ha hecho un planeamiento a cargo del comando conjunto, ha habido una movilización de recursos y medios logísticos para la zona y se han movilizado personas, además se han sembrado patrullas a lo largo de las rutas. Ahora, ellos consolidaron su objetivo político y los liberaron pero eso no significa que el Estado haya sido inepto pusilánime, no, no, no. El Estado ha tenido una respuesta rápida. Los subversivos internacionalizaron su presencia con la Cumbre de las Américas, los medios le han dado cobertura en todo el mundo y ellos se consideran reconocidos, entonces para qué seguir con la carga logística de llevarse 36 personas, por ello decidieron liberarlos, preservar su ejército y aprovechan el hecho de ser buenos con ellos, sólo están actuando dentro del plan de ganarse la adhesión de la gente.
El Perú tiene una nueva organización alzada en armas: El Partido Militarista Marxista Leninista Maoista, con una nueva modalidad: La guerra de guerrilas.
Los analistas hablan de que se trata de narcoterroristas, de Sendero Luminoso de una nueva agrupación alzada en armas, ¿frente a quién nos estamos enfrentando?
Ya no estamos hablando del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso que conocimos que encabezaba Abimael Guzmán y que fue responsable de la guerra interna de las décadas de los 80 y 90. A partir del año 99 con la captura de Feliciano todos esos remanente de SL que se quedaron en lo que hoy es el VRAE como en el Huallaga comenzaron en forma propia a generar una nueva visión de lo que estaban haciendo. A partir de ese momento hemos visto en forma pública el camarada José Quispe Palomino anunciar la conformación de una nueva estructura distinta del pensamiento Gonzalo. Es decir no tiene nada que ver con SL, no significa que no sea una organización alzada en armas, es una organización con nueva ideología, nueva organización alzada en armas que se denomina Partido Militarista-Marxista-Leninista-Maoísta.
¿Cuál es la principal actividad de esta organización?
Es la guerra de guerrillas. Sendero Luminoso privilegió el terrorismo que es una modalidad que trata de generar terror a la población mediante la muerte violenta de las personas y así logra su objetivo político; esta organización privilegia la guerra de guerrillas que es lograr su objetivo político a través de las acciones de fuego y movimiento contra las fuerzas del orden, y prueba de esto es que en toda el área de influencia que tienen -la zona del VRAE- son aceptados porque se constituyen en una firma de narcotráfico y están presentes en todo el circuito de la droga, siembran la hoja de coca, elaboran el clorhidrato de cocaína, la transportan hacia los mercados nacionales e internacionales, pero además dan protección a los cocaleros, a las firmas del narcotráfico y cobran cupos de guerra
¿Se sabe cuánto cobran por cupos?
Estos cupos son de dos dólares por kilo. Si consideramos que alrededor del 70% de clorhidrato de cocaína que se produce en el Perú sale del VRAE estaríamos hablando de 200 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína que se producen en esa área y eso significaría el orden de unos 4 millones de dólares más o menos anuales por cupos que les cobran a todos los narcotraficantes. Independientemente de lo que cobran ellos de su propio negocio de la comercialización de la droga. Se trata de mucho dinero.
