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jueves, 10 de marzo de 2011

Candidatos se apuntan en lucha contra narcotráfico

 
Candidatos se apuntan en lucha contra narcotráfico
Candidatos coinciden en articular esfuerzos paracombatir este flagelo. Sus propuestas pasan por un rediseño de lapolítica antidrogas, el uso eficiente de recursos y entidades, medidas sociales y bases antidrogas.Cuadro de propuestas.
Inés Flores.
Los cinco principales candidatos presidenciales proponen, en sus planes de gobierno, unificar los esfuerzos y recursos para combatir el narcotráfico en el país.
Sin embargo, las propuestas de los aspirantes al sillón de Pizarro difieren en quién conducirá la lucha contra este flagelo. 
Por ejemplo, Alejandro Toledo, de Perú Posible, propone a la Presidencia del Consejo de Ministros.  Es decir, estaría a cargo de una institución que concentre los esfuerzos de todas las oficinas con responsabilidad en este caso
.
En cambio Luis Castañeda Lossio, de Solidaridad Nacional, aunque considera que este liderazgo le corresponderá al presidente de la República, otorga a Devida el carácter ejecutivo de esta política de gobierno.
El aspirante a la presidencia de la República por Gana Perú, Ollanta Humala, menciona la creación de la Oficina del Alto Comisionado Presidencial para la Paz y el Desarrollo en los principales escenarios donde confluyen lasubversión y el narcotráfico.
Pedro Pablo Kuczynski (Alianza por el Gran Cambio) y Keiko Fujimori no hablan de liderazgo alguno en este esfuerzo.
Monitoreo
Los candidatos también incluyen medidas y presupuesto para detectar esta actividad ilícita.
Toledo sugiere mejorar el control y monitoreo de las acciones contra el desvío de insumos químicos fiscalizados mediante un plan nacional de interdicción. A ello se suma el monitoreo de los cultivos de hoja de coca en todo el país por sistema satelital propio así como la instalación de tres bases antidrogas: dos en el VRAE (Pichari y Boca Mantaro) y una en el Huallaga (Monzón - Huánuco).
Castañeda incluye un control efectivo por tierra, aéreo y marítimo, pero no dice cómo lo hará.
Aunque no lo menciona en el plan de gobierno, Kuczynski declaró hace dos días, en sus recorridos proselitistas, que comprará  entre seis y ocho fragatas para el trabajo de interdicción.
Lavado de dinero
Para combatir el narcotráfico se ha puesto énfasis en el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Toledo ha decidido, mediante la modificación del marco legal, fortalecer las facultades de investigación de esta institución.
Igualmente, el aspirante presidencial por Solidaridad Nacional hace hincapié en la necesidad de crear y  “fortalecer el sistema antilavado de activos”, que incluye a la Policía Nacional, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Sunat, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Humala, por su parte, incorpora la decisión de separar la estrategia de enfrentamiento a los remanentes de la subversión de la política antinarcóticos.
Anexa a la política interdicción  el “derecho penal garantista y respetuoso de la libertad individual del debido proceso” para los productores, usuarios y microcomercializadores. Además, eliminará el monopolio de Enaco en la comercialización de la hoja de coca, realizará un nuevo empadronamiento de productores y promoverá una nueva Ley de la Coca.
Claves
Cifras. Se estima que son 70,000 campesinos (280,000 con sus familias) los involucrados en  esta actividad, y que hay entre  50 mil y 100 mil adictos a las drogas en Perú.
Valores. Se calcula entre US$ 1,500 y US$ 2,000 millones el ingreso por concepto de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se  exportan 280 toneladas  de cocaína. El valor de la cocaína a precios de consumidor en el extranjero llega hasta los US$ 25 mil millones, y a precio FOB US$ 4 mil por kilo.

Combustible para helicóptero era vendido como kerosene en el Vrae

 
Combustible para helicóptero era vendido como kerosene en el Vrae
Suboficial del Ejércitolo robaba del cuartel deSatipo. Dueño de grifo acepta entregarse a la justicia siempre que le ofrezcan garantías porque militares lo han amenazado de muerte si los identifica. Infografía
Doris Aguirre.
Peritos de Criminalística de la Policía Nacional confirmaron que un grifo de la localidad de Pichanaki, en Satipo, en la zona de los valles de los ríos Apurímac y Ene (Vrae), vendía ilegalmente combustible para los helicópteros Mi-17 del Ejército que operan en el área de combate contra Sendero Luminoso.
El pasado 17 de febrero, durante un operativo desplegado por efectivos de la Dirección Antidrogas, se descubrió en la estación de servicios “Moralitos” 2,270 galones de un producto que los propietarios del establecimiento afirmaron que se trataba de kerosene.
Fuentes de inteligencia habían informado a la policía que se trataba de gasolina Jet A-1 para las aeronaves Mi-17, pero los dueños de “Moralitos” reiteraron que se trataba de kerosene y que se lo había vendido el Ejército como excedente.
Enterado de los hechos, el ministro de Defensa, Jaime Thorne, encargó al inspector de su despacho, mayor general FAP (r) Jorge Kisic, que determinara el origen del combustible de “Moralitos”. Kisic descartó que fuera Jet A-1.
Escandaloso robo sistemático
Sin embargo, el fiscal antidrogas Erwin Rojas Trujillo dispuso el peritaje del combustible, determinándose sin duda alguna que era  el Jet A-1 o Turbo.
Con dicho resultado, el fiscal Rojas ordenó de inmediato la detención del propietario de “Moralitos”, Freddy Marcelo Hurtado, y de los empleados Dina Maldonado Bonieve, Santa Pardo Hidalgo, Kathy Araujo Cisneros y Rosmery Cahuana Vasco. Marcelo y Cahuana consiguieron evadirse.
Sin embargo, Freddy Marcelo ha presentado como abogado defensor a Miro Toledo Gutiérrez. De acuerdo con Toledo, su cliente le ha dicho que el combustible lo compraba al suboficial EP Otmar Canales Villar, que labora en el Cuartel de Satipo, donde precisamente se almacena el Jet A-1 para los helicópteros.
Según la versión del dueño de “Moralitos”, Otmar Canales se presentó en el grifo para ofrecer el combustible, indicándole que era parecido al kerosene y que se trataba de un excedente.
El suboficial Canales le vendió cada galón a 9 soles y Freddy Marcelo lo revendía a 16 soles.
Para abastecerse del Jet A-1, el propietario de “Moralitos” contrató un camión cisterna con capacidad para más de dos mil galones que ingresaba al cuartel militar en horas de la noche para recoger el combustible.
El robo sistemático del Jet A-1 se inició desde mayo del 2010. Durante nueve meses Freddy Marcelo y el suboficial Otmar Canales sustrajeron el vital combustible que estaba destinado a los helicópteros Mi-17. Sin embargo, en el cuartel nunca ejercieron control y el cisterna entraba y salía cuando quería.
Por intermedio de su abogado Miro Toledo, Freddy Marcelo afirmó que se presentará ante las autoridades siempre y cuando le ofrezcan garantías para su vida porque ha sido amenazado de muerte por militares si revela la identidad de los altos oficiales del Ejército que estaban confabulados con el suboficial Otmar Canales Villar.
El propietario del grifo “Moralitos” ha dicho que le preguntó a Otmar Canales cómo es que lograba extraer el combustible del cuartel sin problemas, a lo que respondió que el general EP Benigno Cabrera Pino, ex jefe del Frente del Vrae, le había autorizado a hacerlo. Las autoridades citarán al alto oficial para confirmar o desestimar la aseveración de Freddy Marcelo.
El abogado Toledo protestó porque el fiscal Erwin Rojas ha dispuesto la detención de sus empleados, pero no así del suboficial EP Otmar Canales que comercializaba el combustible.
A manos del narcotráfico
La administradora del grifo “Moralitos”, Rosmery Cahuana, confirmó que por orden del dueño del negocio, Freddy Marcelo, en dos ocasiones ingresó al cuartel de Satipo para recoger el combustible que le vendía el suboficial EP Odmar Canales. “Yo le pagaba a él por el combustible. Es más, tengo dos recibos firmados por el suboficial Canales”, dijo.
El fiscal antidrogas Erwin Rojas Trujillo investiga a por lo menos 12 efectivos del Ejército, entre oficiales y suboficiales, presuntamente implicados en el tráfico de combustible para helicópteros.
La policía antidrogas sospecha que los principales compradores del grifo “Moralitos” serían las mafias que procesan cocaína en el Vrae. Y no descarta que el dueño esté relacionado con el abastecimiento de insumos para el narcotráfico.
 
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A estos delincuentes deben juzgarlos como narcotraficantes.... lo malo de esto es que no c aen los peces gordos.... solo las anchovetas... el ejercito esta podrido... eso es un secreto a voces...


Como siempre los malos elementos en el ejercito, no creo que solo sea el suboficial quien se llevara toda la comision si vendia a 9 soles por 2000 galones son 18000 soles por camion cisterna, hay que dar con los oficiales y darles de baja por TRAICION A LA PATRIA por que ese combustible va al narcotrafico que envenena a la juventud peruana

(Editorial) ¿Protección a azucareras contra viento y marea?


La representación congresal en pleno no puede dejarse sorprender y tiene que asumir su responsabilidad, ya que…

Jueves 10 de marzo de 2011 - 07:00 am
Nuevamente, la majestad e institucionalidad del Congreso es afectada con maniobras realmente escandalosas y deleznables, contrarias al interés del país, que le enajenan aun más la confianza ciudadana y exigen un pronunciamiento de las máximas autoridades de los poderes públicos.
¿Cómo es posible que, de modo sorpresivo y saltándose con la garrocha los procedimientos parlamentarios, un grupo de congresistas del Apra y del humalismo unan fuerzas para aprobar en una comisión el proyecto de ley que establece medidas complementarias al Decreto de Urgencia 008-2001 y que daría un nuevo marco de protección patrimonial a un grupo de azucareras?
Más aun, resulta que, como el documento no pudo ser visto en la Comisión de Economía por falta de quórum, se pasó de inmediato a la Agraria, donde se aprobó fuera de agenda y hoy se pretendería imponerlo en el pleno. Ello a sabiendas de la inconstitucionalidad de un proyecto discriminatorio y con nombre propio, que implicaría un nefasto precedente no solo para la inversión agroindustrial y la competencia empresarial en igualdad de condiciones, sino también para las arcas del Estado. Finalmente todos los contribuyentes peruanos terminaríamos pagando la ineficiencia de un grupo empresarial, que quién sabe por qué sospechosas razones cuenta con el aval incondicional de un grupo de congresistas de bancadas aparentemente opositoras.
La versión previa del proyecto de protección patrimonial a dichas azucareras fue observada correctamente por el Ejecutivo. Pero, posteriormente, en una riesgosa solución a medias, el Gobierno decidió transferir las acciones que mantenía en las otrora cooperativas a favor de los empleados y jubilados de esas empresas como pago de sus acreencias laborales, con lo cual, según los expertos, el mayor beneficiario fue el Grupo Oviedo, que tiene a su cargo la administración de Pomalca y Tumán, y liberado de deudas laborales podría adquirir, dada su ascendencia sobre las cúpulas de trabajadores, las acciones mencionadas.
Mas, como lo advertimos entonces, “ni siquiera esta solución, presentada como alternativa a la desaparición de la protección patrimonial, satisface a los trabajadores que, actuando como mascarón de proa de grupos empresariales, insisten en que se les prolongue dicha protección”, con el apoyo de algunos congresistas. Es lo que está pasando, con el agregado absolutamente injustificable de que esta vez la prórroga sería por dos años, en los que los trabajadores no podrían vender sus acciones, con lo que se prevé un mayor control del grupo empresarial mencionado.
El país no puede aceptar la política de los hechos consumados, y menos cuando se transgrede las prácticas y usos parlamentarios de modo tan grosero. Por ello exige una explicación a los voceros del Apra –que en el Ejecutivo actúa de una manera y en el Legislativo de otra totalmente opuesta–así como del Partido Nacionalista, cuyo líder y candidato presidencial dice promover una economía de mercado, pero sus confalonieros en el Congreso hacen lo contrario.
La representación congresal en pleno no puede dejarse sorprender y tiene que asumir su responsabilidad, ya que se deben primariamente al país y no a grupos de interés.
En este trascendental período de transición democrática, lo que se necesita es una firme y unívoca voluntad política del Gobierno y del Congreso para despolitizar el tema azucarero, poner punto final al injusto sistema de protección patrimonial, reafirmar la estabilidad jurídica del país y dar –a los ciudadanos y los agentes económicos– señales claras de coherencia, estabilidad y reglas de juego claras y sin subterfugios. Ni más, ni menos.

Wikileaks evidencia detalles del proceso de Alberto Fujimori en Chile


Fernán Altuve fue el principal operador del ex presidente desde su salida del Japón. Gobierno Peruano temía que conspiración chileno-japonesa

Jueves 10 de marzo de 2011 - 07:27 am
Imagen
(Archivo de El Comercio)
Para ver los cables sobre este tema, haga CLIC AQUÍ
Ocho cables entregados por Wikileaks empiezan a revelar los secretos detrás de la sorpresiva llegada del ex presidente Alberto Fujimori a Santiago de Chile el 6 de noviembre del 2005. Ayer el portal chileno Centro de Investigación Periodística (Ciper) publicó un extenso reportaje que da cuenta de las tensas negociaciones para lograr la detención inmediata de Fujimori y de la convicción del Gobierno Peruano de que una conspiración chilena y japonesa se tejía contra sus intereses. Todo esto bajo un fondo de revancha por la reciente promulgación de la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú.
El cable N° 44640, elaborado el 7 de noviembre del 2005, revela el alboroto político que causó Fujimori cuando abandonó Japón y aterrizó de improviso en el aeropuerto de Santiago de Chile. Los reportes periodísticos informaban que habría realizado una escala técnica en México y otros mencionaban a la ciudad de Atlanta, en EE.UU. Sea como fuere, el entonces presidente Alejandro Toledo no perdió el tiempo y llamó a La Moneda, pero su homólogo Ricardo Lagos no le contestó.
Según el diplomático chileno acreditado en Lima Fernando Velasco, Lagos estaba molesto porque apenas unos días antes el Gobierno Peruano había promulgado la ley de líneas de base, hecho que consideró inamistoso. El mandatario chileno solo atendió las llamadas del canciller Óscar Maúrtua, quien “presionó para que Fujimori sea inmediatamente extraditado al Perú”. Lagos le aclaró que “esa no era una opción” y a Maúrtua no le quedó otro remedio que informar que iniciaría la petición de extradición.
Velasco le indicó a la delegación diplomática estadounidense en Lima que, considerando la pobre calidad de las solicitudes de extradición enviadas por el Perú a Chile (en el 2002 la justicia chilena negó la extradición del publicista Daniel Borobio y en el 2004 la del ex director de “Expreso” Eduardo Calmell del Solar), el caso podría alargarse y no tendría éxito.
En otro cable identificado con el N° 44747, del 8 de noviembre del 2005, Velasco le informó a la Embajada de EE.UU. en Lima que, luego de conversar con funcionarios diplomáticos japoneses en la capital, estos se mostraban “extremadamente aliviados” al no ser más el foco de atención del Gobierno Peruano. Al ser Fujimori un ciudadano japonés solo le prestarían asistencia consular y mantendrían un perfil bajo.
El documento revela que, mientras una delegación oficial peruana viajaba a Chile para presentar el caso, Toledo y el entonces embajador estadounidense James Curtis Struble sostenían una conversación telefónica en la que el diplomático le preguntó sobre “el plan de juego” de Fujimori. “Es sofisticado y complejo”, contestó Toledo. Struble lo interpretó como “otra forma de decir que aún no lo habían descifrado por completo”.
Tres días después del arribo de Fujimori a Chile, Struble se reunió con Toledo y lo primero que le preguntó el presidente fue si el Gobierno de EE.UU. tenía información sobre nexos entre Chile y Japón, ya que sospechaba que ambos países eran cómplices en la llegada del ex mandatario a Santiago de Chile. Struble consideró que ambos gobiernos habían sido sorprendidos con la guardia baja, pero esto perturbó aun más a Toledo, quien seguía sospechando de una confabulación y al mismo tiempo renegaba por la falla de “su amigo”, el presidente mexicano Vicente Fox, quien no le avisó a tiempo que el avión que traía a Fujimori había hecho una escala en Tijuana.
Según la conversación recogida en el cable N° 45227, la idea de una conspiración antiperuana por parte de Chile y de Japón parecía ser compartida por los “más altos niveles del gobierno”. Esto se refleja en las declaraciones del asesor político de Toledo, Juan de la Puente, quien en una conversación con un funcionario norteamericano indicó que “el Gobierno Chileno o las autoridades judiciales podrían hacerle una mala jugada a la administración de Toledo” por el tema marítimo y el proceso judicial contra el empresario chileno Andrónico Luksic.


Se indica que mientras Maúrtua alababa públicamente el accionar del Gobierno Chileno en el caso, un diplomático de ese país reveló que en un encuentro privado con el embajador de Chile en Lima, Juan Lira, el canciller le entregó “una lista de 10 preguntas hostiles y acusatorias en relación al rol del Gobierno Chileno en el vuelo de Fujimori”. Lira precisó que, si se quería una cooperación mutua, ninguno podía empezar asumiendo la mala fe del otro. La postura de Maúrtua fue aun más dura contra Japón.
Ante el embajador Ishira le aclaró que no aceptarían visitas consulares a Fujimori y las calificó de “interferencia inaceptable”.
A tal punto llegó la tensión que dos días después el Perú retiró a su embajador en Tokio aduciendo que había cumplido su ciclo.

El recorrido de los cables
Dentro del material entregado a El Comercio por Wikileaks se encontraban los cables 49210, 64626, ambos elaborados en el 2006, y los documentos 100839 y 115102 del 2007.
La revisión de los documentos no mostraba un contenido significativo hasta que adquirieron sentido y se complementan con los cables del 2005, que fueron revelados ayer por el portal chileno Centro de Investigación Periodística (Ciper). Cabe recordar que este Diario solo tiene en sus manos los cables correspondientes al período 2006-2010.
Los ocho cables diplomáticos presentados en este informe salieron desde las embajadas de EE.UU. en Lima y en Santiago de Chile, y fueron remitidos a las delegaciones en ambos países. Por eso, los cables, entregados por Wikileaks, están en poder de medios de comunicación de Chile y el Perú.
Altuve habría planeado el viaje a Chile
El diplomático chileno Fernando Velasco, destacado en Lima, reveló a la Embajada de EE.UU. que en una reunión con el ex congresista fujimoristaFernán Altuve este afirmó haber tenido contacto regular con el ex mandatario en Japón.
Según refiere el cable N° 44640, elaborado el 7 de noviembre del 2005, Velasco quedó impresionado con la información al detalle que manejaba Altuve sobre los procedimientos legales en Chile. “Esto lo llevó a concluir que Altuve había estado involucrado desde algún tiempo en el planeamiento del viaje de Fujimori a Chile”.
Ayer El Comercio conversó en Trujillo con Altuve, quien negó haber intervenido en el viaje. Dijo que Fujimori nunca le consultó al respecto, pero que si lo hubiera hecho no habría nada de malo. “Pero por secreto profesional no lo hubiera revelado”.
Lo que sí admitió fue haberlo asesorado en Derecho Internacional. Reconoció que en mayo del 2005 lo visitó en Japón, pero nunca fue a Chile.