Alerta. Electo fiscal de la Nación José Peláezhace advertencia.Según la autoridad, una amnistía o indulto a condenados porviolación de derechos humanos supondrá una ruptura con la Corte Interamericana.El electo fiscal de la Nación José Peláez Bardales expresó su preocupación por una posible amnistía que un eventual gobierno de Fuerza 2011, que lidera Keiko Fujimori,podría otorgar a un grupo de militares condenados por violación de derechos humanos.
En ese escenario, militares como el ex jefe del destacamento Colina Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingüe, Jesús Sosa Saavedra y los implicados en los casos emblemáticos como El Frontón, Cayara, Accomarca, Castro Castro, entre otros, podrían salir en libertad.
“Indudablemente preocupa (una posible Ley de Amnistía en un gobierno de Fuerza 2011) en la medida que hay antecedentes de que se dio en una oportunidad que permitió que todos los que estaban procesados y algunos sentenciados por delitos de violación de derechos humanos obtuvieran su libertad. Tenemos que estar atentos a eso”, sostuvo Peláez a Ideeleradio.
El magistrado respondió lo anterior al ser consultado por la presencia de Rafael Rey y de Jaime Yoshiyama en la plancha presidencial de Fujimori. El primero –se recuerda–promovió el Decreto Legislativo 1097 que en su momento fue calificado como una “amnistía disfrazada” a favor de militares que violaron derechos humanos.
Implica ruptura con la CIDH
Peláez subrayó que una amnistía supondría una ruptura con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya fijó una posición determinante sobre este tema, lo que será bastante problemático para el país.
Además, recordó que la sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema estableció que durante el gobierno de Alberto Fujimori hubo un aparato de poder ilegal encabezado por el ex mandatario y que Vladimiro Montesinos solo fue su subordinado.
“Quedó claramente evidenciado que (Fujimori) era, pues, el jefe del aparato y se puso en marcha una doble política: una, la que llevó a cabo la Dircote, y otra, es la política de eliminación o clandestina que fue responderle con las mismas armas al terrorismo. Es decir, la muerte clandestina sin ningún proceso judicial previo”, puntualizó.
Tras las declaraciones de Keiko Fujimori, quien pidió perdón por los delitos cometidos durante el gobierno de su padre, Peláez dijo que se debió tener más severidad con los militares que cometieron los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
“Con un ex asesor de esa naturaleza (Vladimiro Montesinos), tan identificado, tan vinculado a su jefe, era imposible que (Alberto Fujimori) no haya tenido conocimiento de esto”, agregó.
“No prosperará hábeas corpus”
Igualmente, consideró poco probable que pueda prosperar en el Tribunal Constitucional el hábeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori, recurso que pide la nulidad de la sentencia de 25 años de prisión.
“No existe ninguna causal ni violación al debido proceso, y entonces yo creo que el TC declarará infundado el pedido”, dijo.
Aclaró que Fujimori tampoco podría acceder a un indulto debido a que la ley prohíbe que los procesados por delitos de homicidio calificado, delitos graves y secuestro agravado tengan este beneficio.
Peláez demandó a los candidatos presidenciales a que manifiesten su compromiso por el respeto del Estado Constitucional de Derecho, “de lo contrario va a seguir persistiendo el temor de la ciudadanía”.
Cuidado con las amenazas
“Las sentencias o resoluciones expedidas por los órganos constitucionales pueden ser cuestionadas o criticadas, pero no significa que basándose en ello haya amenazas contra los órganos constitucionales. Viniendo de una persona (Martha Chávez) que es especialista en derecho debe tener mucho cuidado en sus críticas y en sus veladas amenazas”, declaró José Peláez sobre las declaraciones de la electa congresista fujimorista.
Agregó que estará alerta a cualquier tipo de menoscabo o intento de mellar la autonomía e independencia del Ministerio Público. “Rechazaremos muy severa y drásticamente cualquier intento de interferencia o de tratar de inmiscuirse en la autonomía e independencia del Ministerio Público”, anotó.
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