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viernes, 8 de julio de 2011

LA RECONCILIACIÓN NACIONAL: TAREA PEMDIENTE Autor: General de Brigada Wilson Barrantes Mendoza

LA RECONCILIACIÓN NACIONAL:  TAREA PEMDIENTE
Autor: General de Brigada Wilson Barrantes Mendoza
Reconciliación es el gran reto que    pone a prueba al Estado, el mismo que se encuentra de perfil, al no  movilizar sus recursos para hacer frente a la Guerra Interna no resuelta, agravada últimamente la simbiosis senderismo narcotráfico.

¿Cuántas Comisiones de la Verdad necesitamos para Reconciliarnos?,  Muchas, mientras no se solucionen los problemas estructurales del país;  esto se logrará en la medida que maduremos como nación los ciudadanos y el Estado. Se dice que reconciliar quiere decir volver a conciliar, a recomponer algo que esta mal. Así que la tarea es volver a unir algo que no esta bien entre nosotros mismos y con los demás. En el caso de la Reconciliación es necesaria la otra persona, es un acto de a dos o de muchos más. Si el otro no me perdona no puedo reconciliarla, reconciliación no es un acto mecánico, es un acto intencional, es uno el que se decide a hacerlo cuando tiene la suficiente libertad interna para optar realmente.
Cuando nuestra reconciliación es verdadera y profunda, nos lleva a nuevas búsquedas que expliquen la verdad y se tiene que tener la necesidad profunda de querer hacerlo y al comenzar a hacerlo nos pondremos en presencia de una fuerza muy potente que nos impulsa: el futuro. Reconciliarse abre el futuro y es allí donde esta toda la energía humana, todo resentimiento y todo fracaso desaparecen si encontramos un sentido en la vida, si le damos sentido a la vida pero como nos vamos a reconciliar si la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomienda exhortar a los Poderes del Estado a no utilizar discrecionalmente amnistías, indultos u otras gracias presidenciales, sino dentro del estricto marco establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que no prohíbe soluciones políticas para reconciliar al país.
El término "Reconciliación"  en el debate nacional se ubica en el contexto de la Guerra Interna y su aprobación o rechazo se ubica dentro de la polarización CVR  y los CONTRA CVR los primeros declaran la guerra como terminada y prefieren el término Reconciliación, los segundos se consideran en medio de la Guerra Interna y se niegan a utilizar un término que tradicionalmente pertenece a una etapa de post Guerra Interna, en ambos casos dejando de lado el análisis de la dinámica de la Guerra.

 Es claro que la figura del “Perdón” tiene connotaciones religiosas. Para Hannah Arendt, este carácter “libre” del acto del perdón es lo que hace que se rompa el ciclo de violencia: “el perdón es exactamente lo contrario de la venganza, que actúa reaccionado contra una culpa original y que, por eso, lejos de poner fin a las consecuencias de la primera culpa, ata a los hombres al proceso y deja que la reacción en cadena implícita en toda acción siga libremente su curso es la única reacción que actúa, de manera nueva e inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y que, por ello, libera de las consecuencias del acto a la vez a quien perdona, y a quien es perdonado” (en lefranc, 2004, 194).

La posición del Ejército de Chile, apeló en su momento a la estabilidad y a la seguridad como valores supremos, siendo estos, precisa y paradójicamente, los que se agravaron con el golpe militar, para las víctimas, y en una perspectiva de largo alcance, para todo el tejido social, fomentando así una estrategia basada en la lógica de que: “hablar de daño a nivel social como consecuencia de violaciones de los derechos humanos, genera sentimientos confusos de temor, culpabilización y desconcierto. Existe la idea de que revivir lo siniestro, el dolor y el miedo que se le asocia no es necesario, que es posible superar el sufrimiento vivido de manera no conflictiva, no contradictoria, así, aparece el deseo de un funcionamiento social armónico de “paz y tranquilidad” que implica una negación de la realidad presente, pasada y futura del significado real de la vulneración de los derechos humanos, aceptando que hay víctimas, pero sin reconocer el daño al que estamos y hemos estado expuestos” (ilas, 1989, 204)

El Estado, cuando ingresaba en las zonas de guerra, a través de sus Instituciones Armadas, lo hacía para reafirmar su presencia y la crítica fundamental dirigida por la CVR a los Partidos Políticos gobernantes era, precisamente, el haberle dado a los Militares la responsabilidad política en las zonas de guerra y después del Informe de la CVR la Fuerzas del Orden han sacado como conclusión que nos hemos encontrado frente a una Sociedad hipócrita donde autoridades y políticos así como los peruanos de las ciudades particularmente de Lima dentro de ellos, Empresarios, Partido Políticos,  Poder Judicial Ministerio Público y otras Instituciones vieron la forma de sacar el cuerpo en la responsabilidad que les compete, por eso si digo que no es que solo la Izquierda es quien  se haya puesto de perfil en el conflicto interno, fueron las grandes mayorías que por intereses políticos subalternos lo hicieron y resulta que hoy  estamos en el centro de este conflicto de   intereses y todavía sin ponerse de acuerdo en la necesidad de defensa del Estado para combatir frente a los remanentes “Narcosenderistas” presentes en el país.
  
La realidad  nos ha “demostrado  que las Fuerzas del Orden no actuaron como estructura organizada de poder aplicando una política sistematizada de violación a los derecho humanos ”     por que su accionar respondía a directivas del poder político y planes para aplicar una Estrategia basada en la Constitución y las Leyes, dentro de ello la Cadena de Mando, significa la  subordinación administrativa y  el Ejercicio del Comando la ejecución por los Órganos de Línea y  solo por ser organizaciones verticales deducen que todo lo que hacen los subordinados es de conocimiento de los Altos Mandos  por desconocimiento de responsabilidades que existen en los distintos niveles de la Cadena de Comando.

Las  Fuerzas Armadas al cumplir la Directiva de Gobierno para actuar en defensa del Estado, dentro de los llamados Estados de Excepción, lo hacen en defensa del Estado de Derecho, para favorecer el desarrollo normal del país y su accionar estuvo ceñida en el respeto de los derechos humanos  tal como consta en los innumerables reportajes periodísticos referentes a delincuentes terroristas capturados y los excesos singulares que existieron, no obedecieron a ningún plan sistemático, sino a conductas individuales producto de la tensión física y mental que vive todo combatiente. (shock post traumático)

Consideramos que lo más adecuado para reconciliarnos  es  dictar un conjunto de medidas que permitan eliminar los errores de la Justicia, empezando por crear salas especiales que ejecuten un rápido juzgamiento, con plazos determinados ya que estos casos no son comunes y que obedecen a situaciones muy complejas. Se debe partir ubicándose en el contexto que se vivía durante aquella época y de qué lado estaban cada uno de los militares que fueron enviados a las Zonas de Emergencia para velar por la seguridad y supervivencia de nuestra sociedad consecuentemente que no se busca la impunidad de los involucrados sino justicia y con justo derecho esperan el debido reconocimiento por la labor cumplida. Como nos vamos a reconciliar si la CVR exhorta a los Poderes del Estado a no utilizar discrecionalmente amnistías, indultos u otras gracias presidenciales, sino dentro del estricto marco establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CVR ha sido y es contraria a todo tipo de perdón legal por medio del cual se subordine la búsqueda de la verdad y la satisfacción de la justicia a razones de estado. La Reconciliación, como la entendemos según la CVR, supone descartar la intervención externa en lo que debe ser labor estrictamente jurisdiccional.
  
La verdad no puede ser una verdad arqueológica esta tiene que tener un contenido de futuro la necesidad de descentralización y autonomía es una gran demanda nacional la que se evidencia en  el conflicto social del 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 que se incrementó con un saldo de pérdidas de vidas humanas por ello es que éste sistema presidencial,  unitario y descentralista se ha agotado y es necesario ingresar a la federalización del Estado para hacer una real y autentica descentralización con autonomía política económica jurídica administrativa que reivindique al ciudadano de esta nación pluricultural, multilingue y multietnica y llegar a ser un país mas inclusivo y alejando el racismo que  se anidan en sus ciudadanos que desprecian a sus compatriotas del interior del país.

 El  Sumo Pontífice el PAPA BENEDICTO XVI al recibir en el Vaticano a los Prelados de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil al final de su visita "Ad Limina" manifestó “para restablecer una paz verdadera es necesaria la concesión de un perdón generoso y la reconciliación auténtica entre las personas y grupos afectados que entablen un diálogo valiente, examinando las causas que provocaron los conflictos",
  
Debido a una serie de arbitrariedades, excesos y omisiones que han impactado gravemente en la conducción de la organización militar y estando próximo a la resolución de un Contencioso ante la Corte Internacional de La Haya exhortamos al Congreso de la República, al nuevo Gobierno y a todos los grupos políticos dictar una Ley de Amnistía para iniciar una verdadera reconciliación entre todos.

 Por ello se han promulgado Leyes, para enjuiciar a los Militares y Policías, que no han respetado el rigor constitucional la que se observa en los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, estos tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático a una población  (víctimas a gran escala, que responde a un plan,  tienen que ir dirigidos contra una población civil, debe haberse cometido como parte de una política   de estado o de una organización) por tanto ¡no corresponde  aplicar el término de “delito de lesa humanidad” en el Perú a los actos aislados y circunstanciales que se produjeron en la lucha contra el terrorismo.


Por ello debemos establecer reformas constitucionales para:
 Establecer adecuadamente la Ley de Delitos de Lesa Humanidad, cambiar la condición de Jefe Supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional que ostenta el Presidente de la Republica por el de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, reorganizar  el Ministerio de Defensa y establecer el cargo de Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de la Fuerza Armada en vez de Jefe del COCOFA y establecer una subordinación mas efectiva de las Instituciones Armadas  desapareciendo el cargo de Comandantes Generales de las Instituciones Armadas para potenciar el valor en mayor medida del Comandante de los Comandos Operacionales profundizar en el conocimiento de la Doctrina Operacional Conjunta manteniendo el control operacional a la PNP a efecto de permitir la unidad de esfuerzos en la conducción de las operaciones y acciones militares.

Consideramos que lo más adecuado es un conjunto de medidas que permitan eliminar los errores de la justicia, empezando por crear salas especiales que ejecuten un rápido juzgamiento, con plazos determinados. No olvidemos que estos casos no son comunes y que obedecen a situaciones muy complejas. Se debe partir ubicándose en el contexto que se vivía durante aquella época y de qué lado estaba cada uno de los militares que fueron enviados a las zonas de emergencia, es decir de nuestra sociedad, de su seguridad y de supervivencia como tal. los involucrados no quieren impunidad sino justicia y con justo derecho esperan el debido reconocimiento por la labor cumplida


¿Cómo nos vamos a reconciliar si la CVR exhorta a los Poderes del Estado a no utilizar discrecionalmente amnistías, indultos u otras gracias presidenciales, sino dentro del estricto marco establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, la CVR es contraria a todo tipo de perdón legal por medio el cual se subordine la búsqueda de la verdad y la satisfacción de la justicia a razones de estado. La reconciliación, como la entendemos según la CVR, supone descartar la intervención externa en lo que debe ser labor estrictamente jurisdiccional.

Sin embargo debemos repensar en una salida honorable a la Guerra Interna que hemos vivido por mas de 20 años en el país donde existe una cantidad enorme
 de personal militar y policial involucrados en procesos judiciales por el concepto sesgado de Autoría Mediata y Cadena de Mando así como por las arbitrariedades judiciales presentadas en los procesos judiciales contra el Personal Militar Policial que participaron en la guerra interna y las cargas procesales que tiene el Poder Judicial en el Perú hacen que los procesos judiciales sean interminables y si a ello le sumamos  los problemas administrativos y operativos que se generan  en las FFAA  y PNP producto de  la gran cantidad de Personal en situación militar de actividad y en retiro procesados que  tiene que  garantizar la seguridad interna y externa del país donde el Estado tiene inherente a su naturaleza el “Poder” que se define como la facultad  para ejercer su autoridad de organizar la vida de una sociedad al amparo de las normas constitucionales que sumado a la difícil situación qué esta viviendo el país que nos chá la sensación de una ingobernabilidad:
Es deber del gobierno, garantizar la protección y tranquilidad pública reflejada en la paz social, a través de la confianza y respeto en sus instituciones, a fin de que éstas mantengan el Orden Público y el Orden Interno y la Seguridad Ciudadana reflejada en un conjunto de acciones de Política de Estado. Por todo ello consideramos necesario repensar en la Amnistía  y pensar en un nuevo país de cara a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional.
  
Solo cuando todos los peruanos pensemos que la Reconciliación es un problema que nos atañe a todos, quizás dejemos de buscar culpables cuando no resultan las cosas como queremos...

EL NARCOTRÁFICO UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Autor: General de Brigada Wilson Barrantes Mendoza

EL NARCOTRÁFICO UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
Autor: General de Brigada Wilson Barrantes Mendoza 
Hoy podemos afirmar que el Perú va camino a ser el primer productor de hoja de coca probablemente también a estas alturas lo sea de clorhidrato de cocaína del mundo, involucrando en esta actividad a más del 80% de los campesinos cocaleros dedicados al tráfico ilegal de drogas, proceso que lo vienen desarrollando en las mismas cuencas cocaleras y comercializada  por firmas peruanas, mexicanas o colombianas. Los laboratorios de clorhidrato de cocaína se encuentran usualmente en zonas urbanas o aledañas a zonas de producción y/o de tránsito de drogas, contando para ello con insumos transportados por vía terrestre. Por otro lado, la salida de la droga fuera de la zona de producción es transportada al exterior inicialmente a través de mochilero protegidos por un aparato militar narcosenderista, hasta los puertos del país Paita, Callao, Chimbote, Salaverry, Matarani y  Mollendo, así como por las fronteras del Ecuador, Colombia,   Brasil,  Bolivia y  Chile y en menor medida por los aeropuertos o pistas de aterrizaje clandestinas.

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2011 de fecha 23 de Junio del 2011 la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) señala que al cierre del 2010 en Perú, se registraron 61.200 hectáreas cultivada de hoja de coca; es decir; un 2,1% por encima de las 59.900 hectáreas reportadas en el 2009 con una  producción de hoja de coca seca de 128,000 a 131,000 toneladas. El decomiso de drogas ha sido casi nulo; de promedio de 328 toneladas producidas solo se incautaron 14  toneladas de clorhidrato de cocaína. Es de resaltar que a pesar de la disminución del consumo de los últimos años, el mayor mercado de la cocaína sigue siendo los Estados Unidos, con un consumo estimado en 157 toneladas, es decir, el 36% del consumo mundial, seguido de Europa, donde se estima que el consumo en la última década se ha duplicado hasta alcanzar las 123 toneladas de cocaína.
El 2 de Marzo 2011 la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) presentó en Viena, su último informe anual 2010 “Estrategias para el Control Internacional de Narcóticos”, denunciando que la  violencia y  la corrupción  son parte  integrante  de  los mercados de drogas ilícitas  observando con preocupación que los objetivos del Plan Antidrogas 2007-2011 no se están cumplen por el incremento de cultivos de hoja de coca en los últimos 10 años, de 38,700 a 59,900 hectáreas exhortándonos a poner más esfuerzos para reducirlos. Se señala que  el aumento de producción y tráfico de cocaína desde el 2000, de 141 a 302 toneladas nos obliga a adoptar medidas para fortalecer los niveles de incautación de drogas por lo que hemos sido incluidos en la lista de la JIFE de “Estados que merecen observación especial”.  El estudio le adjudica a Perú 62,296 hectáreas de cocales, y a Colombia, 62,308 hectáreas de coca, como resultado del fracaso de la lucha antidrogas en 2010. proyectándose  para el 2011 a  64,788 hectáreas de hoja de coca, teniendo en cuenta que de  317 toneladas de droga elaborada en 2009 se proyecta que para el  2011 la cifra record de 330 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Se conoce que la ONG Ciudad Nuestra presentó en  su libro “Inseguridad Ciudadana ¿Qué hacer?”Se afirma que el Ministerio Público no tomó en cuenta los 466 informes de transacciones sospechosas que suman 4462 millones de dólares, (84% de los cuales provienen del tráfico ilícito de drogas), formulado por la (2003) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo cual es preocupante. Respecto al terrorismo de 190 acciones terroristas que hubo en el 2000, se registraron 901  fines del 2009, con un saldo de 50 víctimas mortales de las Fuerzas del Orden en el  VRAE, mientras que ningún sedicioso fue detenido o cayó en alguno de los enfrentamientos,  de allí que el Barómetro de la América señala en su informe del 2010 que el Perú es el país con la mayor percepción de inseguridad en las Américas, inclusive sobre otras naciones tan convulsionadas como México, El Salvador y Brasil, en gran medida por que no existe los patrulleros, motos, vigilancia satelital, helicópteros, radios en cantidad suficiente, entre otros.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y la PNP, registran que el micro consumo de drogas se ha incrementado denunciándose que los escolares a partir de los 13 años consumen drogas lo que trae aparejado un incremento de las pandillas juveniles y mayor violencia en las ciudades las que en algunos casos han sido tomadas por estas hordas delincuenciales, Según Cedro, un millón y medio de peruanos son hoy enfermos drogodependientes, de los cuales 90% son varones y 10% mujeres. Este incremento se debe a que los insumos químicos ingresan incontroladamente a las cuencas cocaleras, no contándose a la fecha  con scaners ni garitas móviles de control. Asimismo, del dinero ilegal que ingresa al sistema formal, el 50% proviene del narcotráfico. De allí que mientras el Perú ha crecido económicamente a tasas muy altas en estos diez años, las condiciones de seguridad pública se han deteriorado.

En efecto, el narcoterrorismo se ha fortalecido, la inseguridad ciudadana  se ha incrementado, así como la cantidad de casinos, salas de juegos, construcciones indiscriminadas, presentaciones semanales de artistas del exterior en las grandes ciudades, todo ello formas más usuales de lavar los dineros sucios, por supuesto que la responsabilidad recae en los gobiernos de turnos por no existir una política coherente, contando con la complicidad escondida de los gobiernos municipales que brindaron las licencias y autorizaciones debido a que esto genera mas rentas para la ciudad.

El nuevo Gobierno, a partir del 28 de julio del 2011 encontrará que existe además una narco economía con autoridades locales y congresales que se deben a los grupos que favorecen los cultivos de coca, al tráfico de los insumos  o los lavados de activos, por todo ello la seguridad pública será uno de los más grandes retos, sino estamos condenados a convertirnos en un Narco Estado. Bajo este panorama, estamos viendo una estrategia antidrogas que ha fracasado convirtiéndose  al narcotráfico en una amenaza al Estado, que distorsiona nuestra economía por ingreso del dinero ilegal estimándose que podría llegar al 2.5% del PBI, además de impactar negativamente el medio ambiente, desertificando nuestra selva incrementando los niveles de inseguridad aunado a una  gran corrupción con  niveles de violencia al estilo México y Colombia poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Podemos afirmar que este fracaso se debe a que la estrategia no ha cambiado en esencia, siendo que el problema es tratado solamente como narcotráfico es decir una actividad únicamente policial y siendo que los remanentes del senderismo cumplen funciones de aparato militar que da protección al narcotráfico y por tener  sus integrantes una extraordinaria experiencia de combate ha dado lugar a la senderización del narcotráfico para de esta manera irrumpir con su trasnochada predica, un mensaje a los campesinos cocaleros, dándoles facilidades no solo para que siembren mas hoja de coca sino para que elaboren clorhidrato de cocaína, hacen pues que este problema deba ser tratado como una amenaza global que debe combatirse con todo el poder del estado para dislocarlo del aparato militar que la proteje. 

Las razones aludidas por el Presidente de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro: Son  que “no hay recursos”, que “ha disminuido la cooperación internacional”, y que “es necesaria la participación de las autoridades y del Estado”,  la que nos esta llevando al incumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007-2011, que elaboró el 20 de diciembre de 2006: 1) Reducir en 40% la superficie de cultivos ilícitos de hoja de coca; 2) Incrementar a 40% el decomiso de drogas; 3) Incrementar a 25% el decomiso de insumos químicos; 4) Lograr la incautación del 20% de fondos provenientes el lavado de activos; y 5) Incrementar en 40% los beneficiarios del desarrollo alternativo.

Esto nos lleva a plantear las siguientes recomendaciones:

Tener la Voluntad Política para asumir la lucha contra el TID a través de una estrategia integral de tolerancia cero a la corrupción,  constituyéndose esta política en el tema central del Gobierno, la que debe comprender el control de los insumos químicos, cultivos de hectáreas de coca, lavados de activos, equipamiento y tecnificación adecuados a las Fuerzas del Orden, un marco legal adecuado a fin de definir el delito de narcoterrorismo para combatir al aparato militar de los narcoterroristas conjugado con una estrategia desarrollista que vise construcción de carreteras, sustitución de cultivos y una presencia del estado en los sectores de salud educación y transporte en las cuencas cocaleras; proponiendo para ello el “Plan Perú” que plantee una respuesta multilateral más firme contra las drogas evocando al principio de la "responsabilidad compartida" y la necesidad de desplegar esfuerzos en el ámbito nacional, regional e internacional, para elaborar una estrategia integral a fin de combatir el cultivo, la producción y el tráfico de drogas materia del “Narcoterrorismo”, que involucre a países consumidores y productores     haciendo uso de la Cooperación internacional  solicitando asistencia  técnica para  desarrollar su capacidad para combatir la corrupción, visando la sustitución de cultivo y el desarrollo de las cuencas cocaleras

En el aspecto de Seguridad y Defensa, conformar un Comando Único (militares, policías utilizando la organización comunal de los Comités de Autodefensa y convertirlos en Comités del Desarrollo) dependiente del Presidente de la República con rango Ministerial y comprenda en forma simultanea una estrategia represiva mediante la implementación de un estado de guerra en las áreas involucradas y simultáneamente construir carreteras, ferrocarriles, exigir mayor presencia del estado en el sector salud, educación, producción, medio ambiente, agricultura,  sustitución de cultivos, créditos, establecimiento de mercado mediante la presencia de un estado promotor del desarrollo, caso contrario lo que sucederá en el VRAE se asemejaría a colocar a cinco doberman cuidando un plato de bistec o cinco pumas cuidando una oveja.

Adoptar una Política de Estado coherente de lucha contra la corrupción de organismos y funcionarios formulando leyes para optimizar el combate al TID las que deben comprender medidas concretas para prevenir toda forma de corrupción de funcionarios, promoviendo prácticas  transparentes  en la contratación,  adiestramiento, despliegue  y supervisión del personal, fortaleciendo los mecanismos de investigación interna la supervisión ciudadana, y  protección segura de informantes y testigos.

Ejercer un efectivo  control de los insumos químicos estableciendo el control conjunto entre el Ministerio Público, Policía Nacional, SUNAT, SUNAD, Ministerio de Industria y  Defensa entre otros. 

Fortalecer la Unidad de Investigación Financiera estableciendo  procedimientos que permitan obtener información confidencial sobre transacciones comerciales y bancarias sospechosas, prestando atención a la supervisión ciudadana.

Sumarse a los esfuerzos internacionales para fortalecer las medidas de combate del lavado de  capitales concentrándose en  decomisar  el producto de la  corrupción relacionada con las drogas.

Recurrir a la cooperación internacional así como a la capacidad de los organismos  encargados de la aplicación coercitiva de la ley para cooperar entre sí, particularmente  en  lo que   concierne  a  la prevención, erradicación de la corrupción.  

García miente: conoció a Ponce antes de 2006 | Especial | Diario La Primera

García miente: conoció a Ponce antes de 2006 | Especial | Diario La Primera

García miente: conoció a Ponce antes de 2006


(1) Gianpietri en el centro de la relación entre García y Ponce.

Que sigan hablando y digan lo que quieran, desafió el presidente con la temeridad que todos le conocemos. Pero no pudo evitar admitir que efectivamente había tratado con Ponce Feijoó durante la campaña del 2006.

Preguntado Exebio Reyes para que explique está afirmación tan sorprendente, lo que nos dijo es que Giampietri hizo la conexión a comienzos de los 2000, entre el líder aprista y Ponce, para darle tranquilidad sobre la información que este y el almirante Arriarán, tenían acerca del caso Rodrigo Franco
En junio de 2003 un exmiembro de Comando Rodrigo Franco reveló que Ponce trabajaba para García, quien tras el escándalo BTR negó conocerlo y esta semana admitió haber tenido contacto con él en 2006 y alegó no haberlo tomado en serio.

En su primera declaración ante el Tribunal que lo juzga, el capitán de navío Manuel Elías Ponce Feijoó, confirmó la versión de que entre los audios que escuchaba el coronel Morán, por encargo del general Hidalgo, durante la intervención de BTR, se oyó una voz grabada que todos identificaron como la de Alan García, lo que obligó a detener el procedimiento y acallar las reproductoras, en medio de llamadas telefónicas de emergencia para saber lo qué había que hacer con la evidencia, que finalmente desaparecería de los archivos del caso.

Pero en la siguiente sesión, el marino se retractó de lo dicho indicando que no oyó la característica voz del presidente, sino que se confundió con otra, aunque mantuvo el resto de sus declaraciones, entre ellas las que comprometen a Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Luis Nava y otros.

De inmediato la prensa alanista y “georgista” (que no son lo mismo), subrayaron la incoherencia, llevando la cosa hacia un concluyente: no se le puede creer nada; que abarcaba también las revelaciones de todos los demás acusados: Tomasio, Giannotti y Fernández Virhuez, que no se habían contradicho.

Fernández no sólo mantuvo la afirmación de que sí habían grabaciones de Alan García que fueron eliminadas del paquete de las pruebas, sino que emplazó a su antiguo jefe militar a que dijera la verdad. Muchos pensaron entonces que Ponce estaba actuando bajo presión o canjeando sus palabras por algún beneficio.

García, por su parte, esperó unos días y como en un guión ensayado volvió a la cantaleta de los delincuentes que lo quieren involucrar para darle sabor político a sus procesos, reeditando lo que hizo con la famosa declaración sobre las ratas de los petroaudios, los miserables del SIS, y otros epítetos con los que se quiso librar de las pesadas sombras de Mantilla, Rómulo León, Químper, Barrios, Espinoza, Crousillat y otros.

Que sigan hablando y digan lo que quieran, desafió el presidente con la temeridad que todos le conocemos. Pero no pudo evitar admitir que efectivamente había tratado con Ponce Feijoó durante la campaña del 2006, en una sesión de media hora, tiempo que le bastó para saber que el tipo vendía humo, y desecharlo como interlocutor válido, en la cara del presentador que todos suponen era el almirante Giampietri.

Antes había negado toda relación y pretendido que el periodista Gustavo Gorriti era en verdad un novelista, en referencia a la mención que realiza en su libro “Petroaudios” de las conversaciones García-Ponce en las que el candidato encarga al marino chuponear al comandante, mientras él se encarga de la gorda. O sea, García también cambia de versión de una declaración a otra.

Nada encaja, todo acusa
La colosal soberbia y grandilocuencia de García no le permite ver, por cierto, la serie de cabos sueltos que está dejando con sus palabras, enredándose cada vez más en la maraña de elementos que lo involucran como el animador principal del chuponeo masivo de los últimos cinco años, y paradójicamente como la pieza principal de los descubrimientos de BTR, lo que explica tantas idas y vueltas en este asunto desde que se empezaron a escuchar los primeros petroaudios.

Veamos. LA PRIMERA gran cuestión es determinar para qué le habrían llevado en plena campaña electoral a un chuponeador experto, que además tenía abiertos todos los vínculos con la Inteligencia Naval y sus archivos, y con las empresas privadas deseguridad regentadas por otros marinos retirados.

Un tipo de ese vuelo, con imagen de superhombre en su institución, no llega como un pobrecito busca chamba, para que el candidato lo mande de regreso. Más bien parece al revés.

Ponce Feijoó era un capital extraordinario para las necesidades de campaña y el nuevo gobierno, y es posible que Giampietri lo haya llevado como una de las piezas para lograr una colocación principal en la lista de García que insólitamente aparecía configurada como una alianza del APRA con el marino, lo que no acarreaba votos, pero sí poder real.

Si García no vio en Ponce más que humo, es decir más que un tipo sin contenidos, debe haber sido porque estaba ciego. Basta ver nomás los estragos que su actividad causó en la credibilidad del gobierno y los daños que produjo en personajes que parecían imbatibles.

Entonces, o está reconociendo que no tiene la perspicacia que alardea, o está mintiendo cínicamente. Todos los que conocen de antes al “Chito Ponce”, saben de sus habilidades y del alto nivel de información que manejaba. ¿Sólo García no se dio cuenta?

Pero la coartada termina de desplomarse cuando se establece que el 18 de octubre del 2006, a los 40 días de haber jurado como presidente, García le devolvió a Ponce Feijoó el ascenso a Contralmirante, que le había quitado Paniagua en el 2000.

Fue el primer ascenso militar del actual gobierno, dispuesto en uso de las atribuciones omnímodas que Fujimori consignó en la Constitución de 1993, que permiten que el presidente defina por cuenta propia y sin consultar con nadie los ascensos y pases a retiro de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y la Policía.

García, además, sobrepasó todos los límites al ascender a un oficial en retiro. ¿Por qué esa deferencia hacia un sujeto que unos meses antes le había parecido un gran mecedor con informaciones de inteligencia?

Feria de chuponeos
Pero ahí no acaban los desajustes entre los hechos y las palabras de García. Por ejemplo, en el estudio de las comunicaciones de Ponce Feijoó que obran en el archivo del Congreso, se encuentra que hubo 124 llamadas con el celular de Meche Cabanillas, 12 de ellas en el primer semestre del 2006, en plena campaña electoral (Informe de la Comisión sobre Interceptaciones Telefónicas).

Habría que preguntar si el presidente no le advirtió a su compañera de partido sobre el “vendedor de humo”, y si a ésta también la buscó el mismo presentador que llevó al capitán de navío al presidente. No hay que olvidar que Cabanillas ordenó a BTR hacer un barrido electrónico en los teléfonos del Congreso, para lo cual los marinos trabajaron en horarios insólitos (después de la media noche) y que mientras hacían sus trabajos se conectaban con la entonces presidenta del Congreso para hacer coordinaciones.

En la lista de las grabaciones realizadas que forman pate del expediente judicial del caso figura un gran número de llamadas desde teléfonos del Congreso.

Entre agosto del 2006 y noviembre del 2008, el almirante Giampietri intercambió con Ponce Feijoó, a su vez, 161 llamadas por celular y teléfono fijo, lo que demuestra que no se trataba de cualquier clase de amigos.

De otra parte existe el registro de visitas del marino reascendido al vicepresidente, en su despacho. Entre las llamadas y visitas aparecen algunas que se producen después de reventado el escándalo de los petroaudios, cuando no se sabía que García había encargado al general Hidalgo y al coronel Morán de la Dirandro (dirección contra lasDrogas) la investigación sobre la empresa chuponeadora.

Otras llamadas sospechosas conectan a Ponce Feijoó con la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigida por Jorge del Castillo; la Contraloría de Genaro Matute, el gobierno regional del Callao, la Marina de Guerra y otros. ¿Cómo explicar todo este movimiento y la inmensa cantidad de contratos del Estado con la empresa del “Chito Ponce”, si el presidente tenía tan penosa opinión sobre él?

En Palacio de Gobierno
Según lo declarado por Ponce Feijoó a IDL-Reporteros, hacia el final del año 2006 se produjo una reunión en Palacio con toda la gente de inteligencia, que estaban trabajando con las Fuerzas Armadas, a la que lo invitan.

Lo recibe Luis Nava y lo hace sentar al lado de Giampietri y de Luis Gonzales Posada. En un momento se habría cruzado con García que le dijo: “Oiga, qué pasó, yo siempre esperándolo”.

No hay que olvidar que precisamente en ese fin de año, García y Giampietri organizaron una reunión de emergencia sobre un supuesto atentado que se preparaba contra el presidente, en el que participaría una nueva organización subversiva denomina “Todas las Voces” que se encontraba integrada a la llamada Coordinadora Bolivariana.

En la reunión estaban los directivos de la empresa Forza, de actividad similar a la deBTR y la informante principal fue la analista Giselle Gianotti, que explicó los nuevos vínculos de la subversión en el país. Todo esto resultó un gran bluff, pero el experto en detectar vendedores de humo, no se percató del gas venenoso que le estaban encajando.

El hecho es que reventó un escándalo que terminó en pocos días cuando la policía admitió que no había la menor prueba sólida sobre el pretendido atentado y la participación de los jóvenes dirigentes del grupo acusado.

Meses después hubo otras detenciones arbitrarias y por varios meses, relacionadas con la misma información de inteligencia de entidades privadas, y denuncias periodísticas que se disiparon luego como verdadero humo inventado para crear una sicosis de violencia.

En una entrevista publicada por LA PRIMERA en abril pasado, Ponce explica que en una conversación con Alan García tiempo después de las elecciones del 2006, el presidente le aseguró que tenía “jodido” a Ollanta Humala manteniendo abierto el caso Madre Mía y obligándolo a atender asuntos judiciales.

Ponce señala que la actitud de García correspondía a un modus operandi contra sus enemigos. El presidente podrá decir que son “afirmaciones de un delincuente”, pero ocurre que son mucho más coherentes que sus coartadas, que más bien dejan la sensación de que el propio gobernante habría estado mucho más comprometido con los actos delictivos que condena, de lo que ha reconocido hasta hoy.

Una vieja relación
El 5 de junio del 2003, se crea la empresa Business Track SAC, inscrita ese mismo día en la Sunat como especializada en “servicios de asesoramiento”, teniendo como gerente general y representante legal al capitán de navío en retiro, Manuel Elías Ponce Feijoó, y como domicilio fiscal Avenida Salaverry 2007, frente a la Universidad del Pacífico.

El objetivo de Business Track (según su página Web) era “elevar el nivel de seguridadde (las) empresa(s) a través de la implementación de un efectivo sistema de gestión de seguridad de información”. En el 2006, BTR y su conexión con los chuponeos eran conocidas en ambientes empresariales y políticos.

También el 2003, el día 3 de julio, en sesión reservada ante la “Comisión encargada de cumplir las conclusiones y recomendaciones de las cinco ex comisiones investigadoras respecto al período de gobierno del ex presidente Alberto Fujimori”, presidida por Ernesto Herrera, se presenta el testimonio de Miguel Exebio Reyes, ex integrante del Servicio de Inteligencia Naval y del Comando Rodrigo Franco, colaborador eficaz de la Justicia cifrado con el código WPM 20028, que hace la siguiente declaración:

“Y lo que sí estoy enterado y puedo confirmarlo, que gente de Montesinos, como decir el contralmirante Arriarán que ha sido Director de Inteligencia, el capitán de navío Elías Ponce Feijóo, que había ascendido a contralmirante y cuando entra el gobierno de Valentín Paniagua anulan esos ascensos y lo pasan al retiro con el grado de capitán de navío están coordinando, trabajando actualmente con Alan García.

“Entonces yo he dicho, para mí es un riesgo potencial que esos señores estén trabajando con García, toda vez que es gente de Montesinos y qué va a ser de mí después, porque más que seguro me desaparecen. Es un riesgo y es confirmado” (pag. 20 de la transcripción)

Preguntado Exebio Reyes para que explique está afirmación tan sorprendente, lo que nos dijo es que Giampietri hizo la conexión a comienzos de los 2000, entre el líder aprista y Ponce, para darle tranquilidad sobre la información que este y el almirante Arriarán, tenían acerca del caso Rodrigo Franco –grupo paramilitar aprista que operó en el primer gobierno de García- y que Ponce le aseguró que la tenía bien guardada y no iba a ser utilizada, lo que habría establecido una base de confianza para una mayor cooperación.

En todo caso quedaba otra vez claro que García mintió totalmente sobre su relación con los chuponeadores.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación.
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FFAA y PNP no recibirán una pensión similar a su sueldo
Cédula Viva es la madre de la crisis, según el gobierno. El gobierno señala que la crisis se debe a que cuando uniformados pasan al retiro se les abona una pensión cuyo monto es parecido a su sueldo.
Ángel Páez.
De entrar en vigencia el proyecto de ley del Ejecutivo que modifica el sistema previsional para el personal y los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, significará la sepultura de la renovación, homologación o nivelación de las pensiones con las remuneraciones.
Es decir, cuando los uniformados pasen al retiro ya no percibirán nunca más una pensión similar al monto del último sueldo que ganaban cuando se encontraban en actividad, como es en la actualidad. El gobierno de Alan García ha propuesto, a pocas semanas de su término, la eliminación del “efecto espejo”, o más claramente, la muerte de la llamada Cédula viva.
“La causa principal del problema que actualmente afronta el régimen previsional de los militares y policías consiste en que las remuneraciones del personal activo están relacionadas con las pensiones mediante el mecanismo de nivelación conocida como ‘efecto espejo’”, argumenta el gobierno. “Esto acrecienta la carga económica financiera de la Caja de Pensiones y el Estado”.
Además de las obligaciones financieras con 35 mil 700 pensionistas de la Caja, el Estado tiene otras con 65 mil pensionistas del montepío.
Fuentes de los institutos armados que han estudiado el proyecto y que han comunicado su desacuerdo con el mismo ante la Comisión de Transferencia del Ministerio de Defensa del próximo gobierno de Ollanta Humala explicaron que otros de los aspectos más graves de la propuesta, además de la desaparición de la Cédula Viva, es que solo reconocerá el derecho a pensión a los efectivos que acrediten un mínimo de 20 años de servicios y efectivos, lo que no incluiría los cinco años de formación en la academia militar o policial, como ocurre en la actualidad.
Además, el gobierno ha previsto la desaparición de la Caja de Pensiones Militar Policial, ya que el proyecto dispone que en un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de la ley, dicha institución deberá traspasar a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) toda la documentación sobre sus aportantes y pensionistas.

Caja de Pensiones
Las fuentes militares manifestaron que la desactivación de la Caja de Pensiones tiene como propósito la venta del Banco de Comercio y de los bienes inmobiliarios de la institución.
El Ejecutivo señala la necesidad de modificar la tasa de aporte que es de 12% (6% lo pone el uniformado y el otro 6% el Estado), porque considera que es muy bajo. Indica como referencia que originalmente, cuando se diseñó el sistema previsional, la tasa era de 27%.
Para el gobierno, otro de los factores que originaron la crisis de la Caja de Pensiones es que los efectivos con 15 años de servicios y de aporte pueden tener derecho a una pensión durante 49 años, una suerte de privilegio que no existe en otros ámbitos.
A todo esto se añade que dentro de la remuneración pensionable de militares y policías se incluye beneficios como combustible, chofer y mayordomo, cuando estos conceptos no son pensionables.
Las fuentes militares, sin embargo, defendieron el sistema bajo el argumento de que dichos montos les permite nivelar sus bajos sueldos.
Cifras
144 mil aportantes tiene la Caja de Pensiones Militar Policial a diciembre 2010.
35 mil son los pensionistas a los que abona la Caja Militar, 10% más que el 2009.
228 millones de soles en inmuebles tiene la Caja Militar, hoy en insolvencia.

¿Quién elaboró el proyecto?
Para la reforma del sistema previsional y de pensiones, el Ministerio de Defensa contrató los servicios de la empresa colombiana Asesorías Actuariales Limitada, por 775 mil 556 soles, según el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado.
Asesorías Actuariales no ha entregado su informe final, de acuerdo con fuentes del Mindef, sin embargo el proyecto de ley ya lo presentó el Ejecutivo ante el Congreso. No es que la compañía colombiana se ha retrasado sino que el gobierno se adelantó en elevar el proyecto, básicamente formulado por el MEF.
 
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QUE MAS NOS PUEDE LLAMR LA ATENCION DE ESTE GOBIERNO, A LEGUAS SE NOTA LA DEMAGOGIA.....ESPERO QUE LOS MILITARES DIGAN NO!!!..ESTE GOBIERNO YA SE VA SOLO LO HACE POR FASTIDIAR NO ENCUENTRO OTRA RAZON


Ya sabemos que el Apra siempre quiso desarticular a las FFAA y FFPP, no es justo lo que pretende hacer Alanillo, asi que mis queridos descendientes de Bolognesi y Grau que esperan deben tomar accion inmediata al respecto....


Las FFAA y la PNP, deben tener un tratamiento especial, trabajamos mas de 8 hrs. al dia, tenemos responsbilidades diferentes comparadas con la via civil estamos expuestos a perder la vida en cumplimiento del deber y no es justo que se relicen proyectos sin tener la mayor consideracion y respeto se tiene conocimiento que estamos en crisis pero no se debe poner un lado la opinion de los institutos involucrados y hacer las cosas a la ligera por un interes politico, estamos mal reconocidos economicamente no juegen con el tema gracias



“Misiva evidencia la gran incomodidad que generan proyectos mal hechos”

Militares retirados respaldan a comandantes generales, dice Montoya
El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante AP (r) Jorge Montoya, afirmó que la carta remitida por los altos mandos de las FFAA al ministro de Defensa, Jaime Thorne, evidencia la gran incomodidad que existe al interior del fuero castrense, por lo que resulta necesario que el tema sea sometido a revisión en el próximo gobierno.
Explicó que “no es común que los altos mandos militares remitan este tipo de oficios al ministro y ello evidencia que se trata de una situación delicada. Ante una carta de esta naturaleza queda claro que existe incomodidad en las FFAA frente a proyectos que afectan seriamente a los militares, que carecen de varias cuestiones legales y técnicas y que pese a ello el Gobierno quiere que se aprueben”.
Consideró que “ante las condiciones que estamos viendo, los proyectos deben ser reevaluados pero con la participación de las FFAA y PNP”.
Indicó que este nuevo análisis debe desarrollarse en el próximo gobierno y el nuevo Congreso. “Durante estos cinco años, el Ej