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viernes, 24 de febrero de 2012


(Editorial) El espejismo de la ayuda

No buscamos decir que la ayuda para el desarrollo no sirva para nada. Lo que estamos diciendo es que no alcanza (ni ha alcanzado jamás, en país alguno) para lograr el progreso
Viernes 24 de febrero de 2012 - 07:00 am
Las declaraciones de Bill Gates en España recomendando que ese país deje de destinar fondos para ayudar al Perú, por tratarse ya de una nación con ingresos medios, han levantado entre nosotros un embate de críticas.
Bien vistas las cosas, sin embargo, la posibilidad de perder fondos de la cooperación internacional para el desarrollo no debería generarnos tanta ansiedad. Las dádivas internacionales ayudan menos de lo que se suele creer a la superación de la pobreza y, de hecho, muchas veces la complican.
Ninguna región del mundo ha recibido más ayuda desarrollista internacional en los últimos 50 años que África (alrededor de US$600.000’000.000) y, sin embargo, el país promedio africano sigue siendo igual de pobre que hace medio siglo, habiendo incluso algunos que han empeorado su situación.
La razón por la que la ayuda para el desarrollo no suele lograr su cometido es que acostumbra partir de un error de base: concebir el desarrollo como la tenencia de bienes para satisfacer las necesidades básicas de una población y no como la capacidad de generar estos bienes. Recibir toneladas de pescado no garantiza nada que no sea efímero si uno no sabe o no tiene cómo conservar ese pescado y, más trascendentemente aún, cómo pescar más.
Ni siquiera cuando los envíos de quienes nos proveen de pescado son permanentes podemos decir que ya no somos pobres más que en un sentido falaz. La dependencia, después de todo, es la antítesis del desarrollo porque quien depende de otro para poder satisfacer sus necesidades es vulnerable en esta satisfacción. Solo puede salir realmente de la pobreza quien vive en un contexto que le permite generar por sí mismo, independientemente de la buena voluntad y medios de cualquier tercero, la riqueza que necesita. Y no importa para estos efectos si ese tercero benefactor es internacional o el propio Estado del beneficiario.
Por otro lado, las dádivas tienen un problema adicional: acostumbran y, al hacerlo, adormecen el empuje y la creatividad con las que se crea la riqueza.
Es cierto que existe una ayuda internacional desarrollista más sofisticada planeada para enseñar a pescar. Pero esa ayuda normalmente está sometida a una serie de incentivos perversos que dificultan que llegue de forma efectiva a nadie que no sea la propia burocracia dorada destinada a manejarla (de hecho, gran parte de la ayuda que recibe África sin mejorar duraderamente la vida de nadie es de este tipo). Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional por cada US$10 que se destinan a cooperación, otros US$7,5 se gastan en su propia burocracia. Y no es que esos US$10 se entreguen a los beneficiarios, sino solo a estados y ONG que a su vez tienen sus burocracias en el camino de estos beneficiarios. En el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, por su parte, se gasta US$10 en cooperación (entregada también a estados u ONG) por cada US$13 usados en la burocracia del programa.
No buscamos decir que la ayuda para el desarrollo no sirva para nada. Lo que estamos diciendo es que no alcanza (ni ha alcanzado jamás, en país alguno) para lograr el progreso. La ayuda puede paliar carencias duras e injustas mientras llega el desarrollo. Pero a este solo se le trae empoderando a las personas –a cada una de ellas– para que tengan cómo ser las dueñas y garantes de sus propios destinos. Si lo que nos importa es, entonces, la superación de la pobreza, a los peruanos tendría que preocuparnos hacer cosas como abrir nuestros mercados, reducir el costo de la formalidad, generar infraestructura y dar educación, en lugar de lo que va a suceder o no con la ayuda de alguien.

Presidente del PJ garantizó juicio justo en caso Chavín de Huántar

César San Martín indicó que la CIDH no debió abocarse al caso pues aún está abierto un proceso en la justicia peruana
Viernes 24 de febrero de 2012 - 07:08 am
César San Martín, Poder Judicial
(El Comercio / Archivo)
(Andina). El presidente del Poder Judicial, César San Martíngarantizó la independencia de los magistrados que se encargarán de abordar el caso Chavín de Huántar, y reiteró sus críticas a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de denunciar al Estado peruano ante la Corte de San José.
“Aquí hay un Poder Judicial independiente; que el caso Chavín lo estamos trabajando con seriedad, rigor, jueces independientes; yo soy garante de la independencia de los jueces”, subrayó.
San Martín expresó su malestar por la forma como plantea los casos la CIDH al señalar que una causa solamente puede ser internacionalizada cuando se cierra la vía interna, y esto no ha sucedido en el mencionado caso.
“He salido a sentar posición porque el núcleo de las dos últimas decisiones de la CIDH que han ido a la Corte de San José en forma de demanda, afectan directamente al Poder Judicial”, dijo en Global Televisión.
El magistrado indicó que el Perú no es un país de democracia limitada, intervenida o “seudo democracia”, en el cual se pueda poner en tela de juicio la independencia del Poder Judicial.
Explicó que el largo periodo de tiempo que el caso Chavín de Huántar permanece pendiente en el Poder Judicial se debe a su gran complejidad.
“Hay dos temas grandes que hay que trabajar: la legitimidad del operativo en sí, porque eso forma parte de la acusación, y luego el tema básico de que si efecto hubo o no ejecución extrajudicial”, explicó.
UN CASO COMPLEJO
En ese sentido, precisó que el caso Chavín de Huántar es un problema “básicamente de evidencias, factual de hechos” sobre si hubo una ejecución de personas rendidas.
De acuerdo a denuncias, por lo menos uno de los terroristas del MRTA que integró el comando que tomó por asalto la residencia del embajador del Japón en Lima en 1997, fue asesinado tras haber sido capturado con vida durante la operación de rescate “Chavín de Huántar”.
El caso ha motivado que la CIDH denunciará al Estado peruano ante la Corte de San José por la presunta ejecución de Eduardo Cruz Sánchez, el terrorista que habría sido asesinado.

    Por sus obras lo conoceréis

      La crítica del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, al sistema interamericano de derechos humanos, le ha costado una avalancha de agravios de la prensa vocera de las ONG que defienden a los terroristas y justifican la violencia.
    Es que San Martín ha cuestionado la esencia, la matriz del pensamiento de esas ONG, al señalar el sesgo político con que están impregnados los actos de la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH).
    Las ONG que convirtieron a San Martín en semidios del Olimpo, ahora le echan  lodo y los condenan porque se ha atrevido a poner en entredicho un sistema en el que mandan ellas y que es la columna vertebral de su forma de vida.
    Soy un crítico severo de César San Martín, pero mi vocación democrática me impide negarle el beneficio de la duda y me obliga a apoyarlo frente a los totalitarios que lo atacan. Lo apoyo, pero también le pido que plasme en hechos su discurso.
    Le hago porque, en su “anterior vida caviar”, ha tomado decisiones contrarias a la recta administración de justicia. La más grave es haber promovido que el informe final de la CVR sea asumido por algunos jueces como un referente vinculante.
    Otra decisión errada ha sido permitir que la Suprema anulara sentencias favorables a militares acusados por la CVR solo porque en ellas se ha soslayado el sesgo ideológico de la CIDH, y ordenara además que dichos procesos se reinicien aplicando ese sesgo, que induce a violar el Debido Proceso, el Principio de Legalidad, la Irretroactividad Benigna de las leyes y otros principios del Derecho.
    San Martín también debería apartar de los juzgados y salas de terrorismo y DDHH a los jueces “capacitados” por las ONG politizadas, pero con cuidado pues no todos los que han pasado por ese “lavado cerebral” se han tragado el cuento.
    Otra medida necesaria es anular los ascensos otorgados a jueces ineptos o incondicionales de las ONG politizadas, como Inés Villa Bonilla, quien ha sido ascendido a vocal suprema pese a que el Tribunal Constitucional la he reconocido como ineficiente, y a que ostenta el record mundial de ineptitud con procesos que han durado más diez años teniendo a los procesados privados de su libertad.
    Finalmente, San Martín debería cancelar el nuevo acuerdo de cooperación que ha firmado hace poco con la Universidad Católica, núcleo académico en el Perú del pensamiento sesgado de la Corte IDH, para que “capacite” a nuestros magistrados.
    En suma, si en verdad ha cambiado, César San Martín debe rescatar la independencia de su fuero, que desde hace 12 años está secuestrada por la misma red caviar que maneja a su antojo la CIDH y a la Corte IDH.
    El “tremendo fracaso” de San Martín sería que mantenga el statu quo actual del Poder Judicial. En cambio, si se atreve a ponerle fin, no solo se habrá enmendado en verdad, sino que, además, pasará a la historia como un gran reformador de la justicia.

    jueves, 23 de febrero de 2012

    La Corte IDH y su presidente

    SERGIO TAPIA TAPIA
    Han llamado la atención las declaraciones del abogado Diego García-Sayán sobre las causas por las que se pierden los procesos que el Perú ventila ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado Diego García-Sayán carece de autoridad para hacer tal crítica, por cuatro razones:
    Primera, porque es un juez “furtivo”, basta leer las sentencias emitidas desde que él es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca participa en los juicios contra el Perú, siempre se excusa, sin razones valederas. Opta por esconderse, antes de asumir su rol de juez, en las numerosas causas que contra el Perú pasan sobre su escritorio.
    Segunda, porque en algunos de los procesos sometidos a la decisión de la Corte Interamericana han participado contra los intereses del estado los funcionarios de mayor confianza de la ONG de la que García-Sayán es conspicuo fundador-conductor: la Comisión Andina de Juristas.
    Tercera, porque siendo ministro de Justicia durante la interina administración Paniagua, suscribió un compromiso en nombre del Estado peruano (sin previa aprobación parlamentaria) reconociendo responsabilidad estatal y nacional, precisamente en los casos que la Comisión Interamericana no había podido discutir ante la Corte Interamericana.
    Cuarta, porque García-Sayán fue ministro de Relaciones Exteriores de Toledo, y avaló el nombramiento de los agentes que se nombraron para defender al Perú, pero que en su lugar se allanaron reconociendo responsabilidades internacionales que han significado miles de dólares para los fondos públicos, y las más de las veces en causas muy discutibles.

    Ratifican inhabilitación a Garzón

    Jueves 23 de febrero del 2012 | 11:14

    La justicia española cumplió con la formalidad de confirmar la sentencia al juez, quien acudirá al Tribunal Constitucional para apelar la decisión.

    Garzón calificó la sentencia como gravísimamente errónea. (AP)
    Garzón calificó la sentencia como gravísimamente errónea. (AP)
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    El órgano de gobierno de los jueces españoles ratificó hoy la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial, después de haber sido inhabilitado durante 11 años por el Tribunal Supremo del país.
    “La ley es igual para todos, sean jueces o políticos, sea este magistrado o cualquier otro”, manifestó la vocera del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, al anunciar la medida, que calificó como una noticia “verdaderamente triste”.
    Garzón, de 56 años, dejó de ser juez oficialmente el lunes, cuando la comisión permanente del CGPJ le comunicó su expulsión. La decisión fue ratificada hoy por el pleno del órgano de gobierno de los jueces, una medida meramente formal.
    El Tribunal Supremo condenó a Garzón el pasado 9 de febrero a 11 años de inhabilitación por haber prevaricado cuando ordenó escuchar a presos y sus abogados en el marco del “caso Gürtel”, la trama de corrupción masiva que salpica al Partido Popular (PP) deMariano Rajoy desde hace tres años.
    Esa condena supone el final de una carrera judicial de más de 30 años, la mayoría de los cuales ha ejercido como juez instructor de la Audiencia Nacional española.
    El ya exmagistrado está decidido a acudir al Tribunal Constitucional para apelar una sentencia que considera “gravísimamente errónea”. El miércoles pidió al Supremo su nulidad, un primer paso con el que prepara el camino hacia el Constitucional. Garzón cree que el Tribunal Supremo construyó un delito para expulsarle de la carrera judicial.