Lina Godoy
lgodoy@peru21.com
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Tenía su faceta oculta. Perú21 tuvo acceso a un reporte de Inteligencia de la Policía Nacional que revela que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, comenzó sus actividades violentas y radicales en la década de los 80, cuando ya militaba en Patria Roja y se autoproclamaba como el ‘camarada Marañón’.
Es decir, la denuncia contra el exdirigente ronderil por secuestro, tortura y homicidio en agravio de Petronila Vargas y de su padre, Eliseo Vargas –como lo hizo público este diario–, y por la cual estaría a punto de perder su libertad, no es el único antecedente violento en su haber.
En 2004, el ‘camarada Marañón’ también fue denunciado por el secuestro de José Pérez Estela,quien luego apareció muerto. Tenía un balazo en el pecho y la cabeza destrozada, según consta en el expediente judicial 619-2004.
El Ministerio Público lo acusó y pidió 20 años de cárcel más S/.5 mil de reparación civil a favor de los deudos. Se realizó el juicio y acudieron los 20 acusados –entre ellos Santos–, quienes negaron los cargos y alegaron inocencia.
Sin embargo, al juicio oral no acudió Orlando Núñez Alvarado, testigo presencial del secuestro, y se frustró la confrontación con los acusados, a quienes el Poder Judicial absolvió a fines del 2006. Tres meses después se confirmó la sentencia.
SEMBRÓ LA DESGRACIA
Según Inteligencia de la Policía, el ‘camarada Marañón’ también estuvo implicado en la marcha y el ataque al campamento de la minera Río Blanco Cooper (ex-Majaz), ocurridos en agosto de 2005. El atestado que elaboró la comisaría de Huancabamba, y que incluyó a Santos, fue enviado a la Fiscalía y, luego, al juzgado mixto de esa ciudad.
Según Inteligencia de la Policía, el ‘camarada Marañón’ también estuvo implicado en la marcha y el ataque al campamento de la minera Río Blanco Cooper (ex-Majaz), ocurridos en agosto de 2005. El atestado que elaboró la comisaría de Huancabamba, y que incluyó a Santos, fue enviado a la Fiscalía y, luego, al juzgado mixto de esa ciudad.
En diciembre de 2009 se formalizó la acusación contra siete dirigentes de las comunidades Segunda y Cajas de Huancabamba, entre los cuales, inexplicablemente, no se incluyó a Gregorio Santos.
La investigación fue archivada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, y el fallo fue confirmado por la Corte Superior de Piura ante la apelación de la exminera Majaz.
Esta intervención de Santos fue la antesala de los violentos enfrentamientos contra la minera que dejaron el saldo de siete muertos entre los años 2005 y 2009.
PROMOTOR DE DESTROZOS
Como dirigente del Sute-Cajamarca, el ‘camarada Marañón’ también fue incluido en la denuncia fiscal Nº 719-2001 por el delito de coacción y daño a la propiedad pública. A Santos se le acusó de participar en el ataque y destrozo de la sede de la Municipalidad Provincial de Jaén en apoyo de las demandas del magisterio.
Como dirigente del Sute-Cajamarca, el ‘camarada Marañón’ también fue incluido en la denuncia fiscal Nº 719-2001 por el delito de coacción y daño a la propiedad pública. A Santos se le acusó de participar en el ataque y destrozo de la sede de la Municipalidad Provincial de Jaén en apoyo de las demandas del magisterio.
No obstante, en el 2009 –después de ocho años de juicio–, el caso fue archivado por el juez penal liquidador de Jaén, Juan Coronel Cardozo, por prescripción y sin pronunciarse sobre la responsabilidad de más de 20 acusados.
OTRAS DENUNCIAS
- A raíz de las protestas contra Conga, Santos acumula 17 denuncias por disturbios, usurpación, abuso de autoridad, bloqueo de vías y transportes. Además, por desobediencia, resistencia a la autoridad y extorsión. Todas fueron presentadas entre diciembre de 2011 y febrero de 2012.
- Una de las denuncias –por el uso de recursos públicos para financiar el paro del 9 de noviembre de 2011– ya está formalizada en el Poder Judicial.
- Adicionalmente, la Contraloría investiga a Santos por entregar tres obras viales, valorizadas en S/.500 mil, a la empresa de su concuñado. Asimismo, ha puesto bajo lupa la entrega de una obra de S/.148 millones a tres pequeñas empresas.
- Además, la Fiscalía Anticorrupción está por presentar otra denuncia por pagarles a los dirigentes radicales antimineros con dinero del Estado.
- Finalmente, tiene ya un proceso abierto por secuestro, tortura y homicidio calificado contra Petronila Vargas y su padre, Eliseo Vargas, ocurrido en noviembre del 2005.
Hablan y hablan, es todo lo
Los gobiernos deben pagar primero lo que deben antes de cobrar cualquier cosa.