Jefe de Ejército de Chile admite que hay corrupción y los está dañando

Politica

Critica “exacerbación” por denuncias de fiscalizadores

El comandante en jefe del Ejército chileno, Juan Miguel Fuente-Alba, se refirió a las acusaciones de irregularidades en las Fuerzas Armadas en casos como la Regata Bicentenario, la casa del general Le Dantec y las faltas a la probidad en la Fuerza Aérea de su país, reconociendo que empañan el prestigio de sus instituciones militares.

“En mi modesto criterio la exacerbación en ciertas cosas relativas a fallas de procedimientos, a objeciones de la Contraloría a ciertos asuntos administrativos, la exacerbación de eso, en cierta medida daña instituciones que son enormemente grandes y esto no es lo fundamental de sus actividades”, indicó desde Lolol.

Luego de que se revelara un informe de la Contraloría General de la República que daba cuenta de anomalías en la compra de pasajes aéreos, fletes y viáticos entre 2007 y 2010, el Estado Mayor Conjunto decidió emprender una investigación por su cuenta.

Por su parte, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, intentó restarle importancia mayor a la situación, indicando que la confianza entre el gobierno de Sebastián Piñera y los militares chilenos “está más sólida que nunca”.

Cuestionamientos

En la Región de O’Higgins el secretario de Defensa recibió un informe detallado sobre la actuación militar durante la reconstrucción, en especial sobre el retiro de escombros, la construcción de viviendas de emergencia y operativos humanitarios en el ámbito social, de salud y desarrollo.

Otras denuncias son por las asesorías comunicacionales en la Regata Bicentenario, por el cual tuvo que renunciar el agregado cultural de Chile en España; el episodio del ex Jefe de Estado del Comando Conjunto, Cristián Le Dantec, quien había solicitado la compra de una casa por un millón de dólares y nepotismo.

La tensión en las Fuerzas Armadas por este tema es tal que incluso el ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet, se vio obligado a dimitir de su cargo por la polémica que se generó al negarse a transparentar la compra de un puente mecano en la región del Bío Bío. Estos temas también son investigados en la Cámara de Diputados chilena.

Cuculiza: El mundo se enterará que a Fujimori se le condenó sin pruebas

Politica

Afirma que ampliación de cargos para seguir judicializándolo pondrá en ridículo al PJ

El pedido que ha realizado el Poder Judicial para que se amplíen los cargos contra Alberto Fujimori para seguir judicializándolo, va a ser “la perfecta oportunidad” para que la comunidad internacional se entere que al ex presidente se le condenó sin pruebas, y que evalúe qué tan imparcial es un juez que consulta cómo meterlo preso cuando aún no ha escuchado sus descargos, aseguró la congresista Luisa María Cuculiza.

La legisladora hace referencia a la versión que difundió su colega fujimorista Rolando Sousa, en el sentido de que el juez que condenó a Alberto Fujimori, César San Martín Castro, recibió vía correo electrónico una opinión de expertos de la Universidad de Alicante sobre cuál debería ser el argumento jurídico para condenar al ex jefe de Estado.

“La justicia chilena va a tener que evaluar si todos estos acontecimientos irregulares con los que se le sentenció son propios de una justicia imparcial o propios de un organismo que se presta a la venganza, es obvio que después de esto nuestro Poder Judicial va a quedar en ridículo”, señaló Cuculiza.

Decretos entreguistas afectan Ley de Consulta

Instituto de Defensa Legal señala también inconstitucionalidad de dispositivos para exonerar certificaciones ambientales.

LA NOTICIA El presidente fomenta el entreguismo de bienes que no le pertenece. PREGUNTAS Según IDL el gobierno no ha respondido hasta el momento cuál es la urgencia de un gobierno saliente para acelerar la ejecución de determinados macroproyectos o si pueden realizarse cumpliendo el trámite legal establecido para ellos, como debería suceder con cualquier inversionista. Por el contrario, se dan explicaciones generales que no muestran por qué la situación actual sería excepcional, extraordinaria e imprevisible. Los decretos de urgencia 001 y 002, que disponen la entrega de puertos y aeropuertos, entre otras obras de infraestructura mediante la concesión de más de 30 megaproyectos de inversión, afectará el derecho a la consulta previa cuando las obras se realicen en territorios indígenas, afirmó Juan Carlos Ruiz,abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Según el jurista, un dispositivo de esa naturaleza no puede dejar sin efecto el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Perú, ni la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (TC). Estos decretos que promueven la concesión de obras -muchas de ellas en territorios nativos ancestrales-, han sido impuestos en momentos en que el Congreso tiene pendiente pronunciarse sobre la insistencia o el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo sobre la Ley de Consulta. El letrado explicó, además, que en el supuesto que se acepte la realización de la consulta previa, ésta no se podría realizar pues requiere que, antes del proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas se brinde a estos últimos, toda la información necesaria sobre posibles impactos, de manera que evalúen si les conviene o están de acuerdo con la decisión del gobierno. InconstitucionalesDe otro lado, el abogado enfatizó la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia que también están destinados a exonerar a determinados proyectos de inversión del estudio de impacto ambiental como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas. En tal sentido –según IDL-, esos dispositivos no cumplen con lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política, en el artículo 91 del Reglamento delCongreso de la República, y en el fundamento 60 de la sentencia 0008-2003-AI/TC del Tribunal Constitucional (TC). Entre los requisitos materiales que establece la Constitución, este tipo de decretos solo pueden ser expedidos cuando se legisla en materia económica y financiera, ante una situación excepcional e imprevisible, en una urgencia y en una circunstancia de interés nacional. En el caso de los decretos 001 y 002, esos requisitos no se cumplen, pues los decretos tienen un carácter administrativo y no económico ni financiero, tampoco se está ante una situación excepcional, extraordinaria, y menos imprevisible. De otro lado, estos decretos de urgencia también afectan derechos fundamentales que limitan la facultad legislativa del Congreso. En primer lugar, según el art. 2 inciso 22 de la Constitución, se viola el derecho a un medio ambiente equilibrado pues las certificaciones ambientales ya no serán requeridas al momento de solicitar las autorizaciones administrativas sino antes del inicio de la ejecución de la obra

Piden 25 años para asesinos de Accomarca

LA NOTICIA La jusiticia que se acerca. El representante de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, Luis Landa Burgos, acusó de asesinato, secuestro y desaparición forzada a 28 exmilitares y oficiales del Ejército implicados en la muerte de 72 pobladores de la comunidad de Accomarca (Ayacucho), ocurrida el 14 de agosto de 1985. La Fiscalía acusó como autores materiales del asesinato a Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, Francisco Marcañaupa Osorio, Héctor Castro Ramos, Remo Daniel Salas Dávila, Víctor Julca Cayetano, Walter Delgado Rodríguez, Pedro Néstor Amaya Miranda, Vicente Dionicio Chupán Herrera y Hugo Arratea Pérez. En el mismo delito fueron comprendidos Bernal Flores Consuelo, Clider Venancio Ramírez, Hugo Aquiles Salcedo Gómez, Eugenio Cruz García, José Contreras Paulino, Roberto Contreras Matamoros, Víctor Andrés Sierra Poma y Teófilo Fortunato Amaru Rivera. Como autores mediatos del delito de asesinato fueron acusados Wilfredo Mori Orzo, Nelson Gonzales Feria, César Augusto Martínez Uribe Restrepo, Carlos Darío Pastor Delgado Medina, Manuel Enrique Aparicio Saldaña, José Daniel Williams Zapata, Helber Alejandro Gálvez Fernández y Ricardo Sotero Navarro. Por su parte Helber Alejandro Gálvez Fernández fue acusado de secuestro y desaparición forzada. Entre los coautores del delito de asesinato la Fiscalía inculpa además a Luis Armando Robles Nunura, David Eduardo Castañeda Castillo y Juan Manuel Elías Rivera Rondón. La condena solicitada fue de 25 años de pena privativa de la libertad y una reparación civil total de S/.14’400,000.00 nuevos soles, es decir S/. 200.000.00 nuevos soles para cada uno de los parientes más cercanos de los agraviados.

Historia de dos partidos

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Las graves y coincidentes crisis del PPC y del Apra.

Esta elección le ha producido al PPC –como también al Apra– un shock traumático que no es otra cosa que una expresión más de la necesidad de una profunda revisión de la estructura, visión y misión de los dos partidos políticos más antiguos del Perú con el fin de adaptarse a tiempos nuevos que todavía les son muy difíciles de asimilar.

El Apra y el PPC fueron derrotados en las recientes elecciones municipales y regionales, y tuvieron que conseguir candidatos presidenciales independientes para compensar su debilidad electoral ya sea por el desgaste institucional como por la falta de figuras propias que sean atractivas para el elector.

Pero hay más coincidencias. Ambos partidos se consiguieron como candidatos a un par de ex ministros de Economía, Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Aráoz, pero ninguno de los dos ha pasado del 5% de intención de voto en las encuestas.

Asimismo, Meche y PPK se enfrentaron por la conformación de la lista parlamentaria con aparatos partidarios que quisieron imponerse sobre los candidatos, en un contexto en el que es previsible que las bancadas del Apra y del PPC serán pequeñitas durante el siguiente lustro político.

Aráoz se opuso a que Jorge del Castillo integrara la lista aprista y, al final, terminó tirando la toalla al constatar que el ex premier estaría a bordo de todas maneras.

En el PPC, en cambio, el impasse es porque PPK ha invitado a Lourdes Alcorta para que –dentro de su cuota acordada– postule al Congreso, algo que incomoda mucho a algunos dirigentes como Javier Bedoya de Vivanco, quien ha amenazado con renunciar a la lista si se materializa esta postulación.

Es evidente que Bedoya Jr. y Alcorta no se tragan, pero ello no debiera ser un obstáculo para que el PPC se vea beneficiado por una ‘ampliación dirigida’ de su cuota en la lista por la decisión del candidato presidencial, algo que fue respaldado por la dirección política del partido así como por Lourdes Flores.

Pero al margen de si al final Bedoya se retracta y se queda en la lista, o de si la pataleta crece y le acaba diciendo a sus colegas del partido que, como se estila ahora, ‘se metan la curul al poto’, es obvio que estas disputas solo son expresiones de crisis mayores en dos de los principales partidos del país, no por sus votos, ciertamente, pero sí por presencia política.

Esto sugiere la necesidad de que, luego de su derrota previsible de abril, el PPC y el Apra  deben realizar una profunda ‘reingeniería’ que les permita mejorar su perspectiva futura y su posibilidad de realizar una contribución positiva al funcionamiento de la democracia peruana, lo cual le conviene, sin duda, al país.