Ciudadanía demanda más inversión en educación

Voz popular. El 79.7% de los encuestados así lo cree. El aumento del sueldo mínimo es otra de las principales expectativas (76.5%) de la población, según encuesta de Imasen.

Belén Delgado.

Los ciudadanos son conscientes de que, en las actuales condiciones económicas del país, las autoridades pueden hacer mucho más para elevar las condiciones de vida de la población.

Según el último sondeo nacional urbano-rural de Imasen, el 79.7% de los encuestados cree que es posible invertir más en educación, el 76.5% piensa lo mismo sobre aumentar el sueldo mínimo y el 74.5% sobre crear más puestos de trabajo. Unas reivindicaciones legítimas que el economista Humberto Campodónico interpreta como una “gran preocupación” por que el crecimiento económico se traduzca en una mejora de los asuntos sociales.

“Sin educación no podemos aspirar a una mejor inversión”, sostiene Campodónico, quien también resalta el interés del 59.2% de encuestados en que se garantice la pensión a los mayores de 65 años.

Crecen las expectativas

La directora de Imasen, Giovanna Peñaflor, considera que el próximo gobierno “no va a vivir una luna de miel” y tendrá que afrontar estos retos con rapidez. En ese contexto, asegura que “las expectativas sobrepasan incluso las propuestas de los candidatos”.

Peñaflor hace hincapié en que la encuesta supone una dura evaluación a las autoridades.

“El país puede desarrollarse mucho más y quienes ejercen el poder tienen los recursos necesarios para invertir en beneficio social”, explicó la analista política. 

Peñaflor responsabilizó a los  gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García de haber enfatizado el aumento de recursos antes que la dimensión de las demandas.

Entre los puntos que no aparecen en los principales planes de gobierno destaca cualquier aumento al salario mínimo. 

En cuanto a educación, según la directora de Imasen los encuestados han priorizado su inversión por delante de otros aspectos. 

“Las cifras hacen pensar que es posible invertir en todo a la vez, lo que no quiere decir que sea cierto”, sentencia Peñaflor..

“Son propuestas interesantes”

El jefe de campaña y candidato al Congreso de Perú Posible, Carlos Bruce, destacó que las propuestas incluidas en la encuesta son “interesantes” para el país.

Bruce hizo hincapié en que la revolución educativa –uno de los puntos del plan de gobierno de Perú Posible y una de las principales demandas– es “factible” ya que hay candidatos que la pueden poner en marcha. 

En cuanto el aumento del salario mínimo, el congresista opinó que la inclusión de este punto en la encuesta le da seriedad a la propuesta. “Hay un deseo por que eso ocurra, pero también requiere un sentido de la responsabilidad”, anotó.

Según Bruce, es lógico pensar en recibir una pensión a partir de los 65 años, aunque hay otras prioridades.

El Parlamento en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción Por: Henry Pease García*

POR UNA PROPUESTA CONCERTADA

El Parlamento en la lucha contra el narcotráfico y la corrupciónPor: Henry Pease García*

Martes 8 de Marzo del 2011

El narcotráfico es la fuente de los más graves casos de corrupción en el país y es la amenaza más grave para la sociedad peruana. Hemos pasado de ser productores de pasta básica a ser productores y exportadores de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) entre el año 2000 y el 2008 se incrementó esta exportación en 214%. Sigue aumentando el sembrío de hoja de coca, ahora en por lo menos 13 departamentos del país. Pero el Parlamento parece mirar a otro lado y estos no parecen ser sus problemas.

Con el narcotráfico aumentan los crímenes y ajustes de cuentas. Ya vemos en Lima hechos de este tipo además de los sicarios que cuidan a los mochileros que ejecutan parte del tráfico de estupefacientes, y hoy junto con los restos de Sendero Luminoso atacan a nuestras FF.AA. y PNP. Este es uno de los más graves problemas del país y amerita concertar propuestas para que el próximo gobierno sea eficaz en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Debemos detener el crecimiento de los cultivos de coca. Eso solo es posible con una gran inversión pública y privada que construya alternativas para esa población. Hoy el Estado tiene recursos y debe emplearlos para este objetivo. Pero el gobierno tiene que ser eficaz en la represión del tráfico ilícito de drogas y sus insumos químicos para que esa inversión tenga sentido.

No lo está siendo y es casi seguro que lo impide la corrupción como se refuerza en un reciente informe de IDL-Reporteros que dice: “Parecía una gran incautación de kerosene destinada al narcotráfico. Pero cuando un peritaje encontró que por lo menos parte de lo incautado era combustible para las aeronaves del VRAE, la posibilidad de que el turbo para el vuelo de los helicópteros termine utilizado para los vuelos de la cocaína demanda la investigación a fondo de lo que, si resulta cierto, sería un enorme delito”.

En el Congreso debería formarse una comisión ordinaria de lucha contra el narcotráfico que revise toda la legislación y actualice los instrumentos contra delitos que vienen ya globalizados y operan con tecnología moderna. Ese grupo de trabajo debe hacer un seguimiento permanente de lo que va ocurriendo, de los resultados positivos y negativos de la gestión de las autoridades que tienen que enfrentar este problema. Debe ponerles reflectores porque solo con transparencia se combate la corrupción, y debe asegurar la oportuna asignación de recursos para este fin que aunque es tarea del Ejecutivo debe deliberarse en el Congreso y a tiempo.

Hay que reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera que este gobierno trasladó indebidamente a la SBS. Debe ser un órgano autónomo pero debe dar cuenta al país y al Congreso de los resultados de su gestión. La obvia reserva de los procesos no la excluye de la necesidad de rendir cuentas de su trabajo.

La lucha contra el narcotráfico es parte prioritaria de la lucha contra toda corrupción. Hay que revisar la legislación del Sistema Nacional de Control para que la contraloría pueda ser eficaz, y debe modificarse la forma de elegir al contralor porque nadie se fiscaliza a sí mismo y hoy se le designa únicamente al aprobar la iniciativa del presidente de la República. Podría elegirlo el Congreso previo concurso al cual presenten candidatos varios órganos especializados de alto nivel en la sociedad civil. Hay que premiar la transparencia y castigar el incumplimiento del deber inherente a todo órgano estatal.

Hay que modificar el procedimiento de investigación para que sea paralelo a la investigación fiscal o de la contraloría. Conocidas las denuncias contra los funcionarios, la comisión investigadora las traslada a la contraloría para que investigue y denuncie, o proceda a acusar constitucionalmente cuando corresponda. El informe establece responsabilidades políticas y modificaciones a las leyes pertinentes, cuando fuere necesario.

Para esto, el nuevo Congreso tiene que ser drástico e impedir que alguno de sus miembros resulte vinculado al narcotráfico. También debe espulgar al personal que trabaja en ese tema y acabar con el poder de congresistas que tienen asuntos pendientes con la justicia. De allí salen votos y maniobras que impiden que el Parlamento actúe con transparencia y eficacia.

(*) Ex presidente del Congreso y candidato al Congreso por Perú Posible.

Narco Mosquita Loca libre gracias al PJ

Correo
CAE EN COLOMBIA, PERO LO LIBERAN POR FALTA DE DOCUMENTOS DE EXTRADICIÓN

Narco Mosquita Loca libre gracias al PJ
08 de Marzo del 2011

LIMA | Otra del Poder Judicial. Carlos Enrique Cárdenas Guzmán, (a) Mosquita Loca, quien tenía orden de captura a nivel internacional por encabezar una mafia de narcotraficantes, fue atrapado en Colombia. Sin embargo, increíblemente, la falta de los documentos de extradición motivó que las autoridades de ese país dejaran en libertad a este peligroso narco.

Hace más de tres meses, personal de Inteligencia de la Policía Nacional venía coordinando con su similar de Colombia la captura de este traficante. Se trataba de la operación denominada "Centenario", que dio sus frutos el pasado 17 de febrero.

Esa fecha, la Policía Nacional del Perú recibió la confirmación de que el operativo había dado resultado en una céntrica calle de Cali. Mosquita Loca cayó junto a sus tres guardaespaldas colombianos, identificados como Freddy Suárez, Gilberto Montes y Nasser Peña.

LO INAUDITO. Debido a que Cárdenas Guzmán tenía orden de captura a nivel internacional, dictada en nuestro país por el Segundo Juzgado Supraprovincial por el delito de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, la Policía de Colombia lo trasladó a Bogotá con el fin de que se iniciara su proceso de extradición.

Sin embargo, tres días después tuvo que ser liberado porque las autoridades judiciales peruanas no habían cumplido con fundamentar su requisitoria en forma oportuna. Tal fue la información que recibieron los agentes de inteligencia peruanos, quienes habían trabajado durante meses para dar este gran golpe. 

38 ex militares y policías son candidatos

Al Congreso. Se disputan dos millones y medio de votos de electores de familiares. Las agrupaciones Adelante, Fonavistas del Perú y Cambio Radical son las que han lanzado a la mayoría de los ex miembros de las FFAA y la PNP. 

Doris Aguirre.

Catorce ex miembros del Ejército, 12 de la Policía Nacional, 8 de la Marina y 4 de la Fuerza Aérea postulan por un escaño en el Congreso y buscan captar el voto no solo de los uniformados de las cuatro instituciones sino también de sus familiares que suman un potencial de más de 2.5 millones de electores.

En comparación con el pasado proceso electoral, esta vez se registra un mayor número de personal en retiro de las fuerzas del orden que postula al Parlamento.

La agrupación política que presenta más aspirantes es Adelante, que encabeza Rafael Belaunde Aubry, pues cuenta con 8 postulantes. Le sigue Fonavistas del Perú con 7 aspirantes, Cambio Radical con 6 candidatos, Fuerza 2011 con 5, Perú Posible con 4, Alianza por el Gran Cambio con 3, Fuerza Nacional con 3, Solidaridad Nacional con 1, Gana Perú con 1, y Juste también con 1.

En la lista de Cambio Radical, que encabeza Alexander Kouri Bumachar, llaman la atención el ex comandante general del Ejército Edwin Donayre Gotzch, quien afronta un juicio por el presunto uso indebido de combustible; y el vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas, quien también enfrenta un proceso por su participación en la compra de armamento durante el gobierno de Alberto Fujimori.
De todas las armas

En el caso de los fujimoristas de Fuerza 2011, destacan por sus antecedentes el general PNP (r) Juan Gonzales Sandoval, quien intervino en un operativo psicosocial de Vladimiro Montesinos y Laura Bozzo para afectar la candidatura de Alejandro Toledo, en 1999.  Se suma el ex ministro del Interior general PNP (r) Octavio Salazar, a quien se atribuye haber ofrecido facilidades y ventajas al recluso Alberto Fujimori en la Diroes durante su gestión como director de la PNP y titular del despacho. También postula la teniente PNP (r) Patricia Mormontoy Gonzales, quien cumplió funciones en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante el dominio de Vladimiro Montesinos. 

Hay ex militares y policías que  ocuparon importantes cargos públicos o protagonizaron situaciones extremas, que también buscan ganar el voto de la familia policial-militar, como el ex jefe de la Región Policial general PNP (r) César Jordán Brignole, quien postula por Perú Posible. Jordán fue destituido por el presidente Alan García por no haber impedido el ‘Moqueguazo’ el 2008. El jefe de Jordán fue entonces el general Octavio Salazar.

 El ex director de la PNP general PNP (r) David Rodríguez Segeú, también defenestrado por García y reemplazado por Salazar, postula por  Fonavistas del Perú. 

El general EP (r) Ricardo Milla Herrera, ex jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de la 32a. División, y ex coordinador de la jefatura del Estado Mayor General del Ejército, se ha lanzado por Alianza por el Gran Cambio.

Sorprendentemente, en la lista de Gana Perú, del comandante EP (r) Ollanta Humala Tasso, no postula ningún ex miembros de las Fuerzas Armadas sino únicamente un comandante en retiro de la policía, Nerio Sánchez Quiroz, dirigente del Cono Norte.
Por Solidaridad Nacional candidatea el técnico FAP (r) Rodman Souza Reátegui, fundador de la Cooperativa de Crédito y Ahorro Alas Peruanas, ex vicerrector de la Universidad Alas Peruanas y ex administrador de la Caja Municipal de Piura. 

El mayor general FAP Fernando Ordóñez Velásquez, ex jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto, postula por Adelante. Incluso el técnico de la Marina (r) Walter Chinchay Carbajal, ex abogado del espía Víctor Ariza, aspira a un escaño por Fonavistas del Perú.

El Perú Avanza… hacia la inseguridad

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La ONG Ciudad Nuestra presentó ayer su libro “Inseguridad Ciudadana ¿Qué hacer?” a todos los especialistas en seguridad y miembros de gobierno de los principales partidos políticos que están en contienda electoral para los próximos comicios del 10 de abril. El informe fue elaborado por Gino Costa y Carlos Romero, quienes se encargaron de su exposición.

Rubén Vargas, de Perú Posible; Rafael Rey y Marco Miyashiro, de Fuerza 2011; Jorge Ortiz, Renzo Chiri y César Sánchez del Solar por Solidaridad Nacional; Ricardo Soberón, de Gana Perú; Enrique Yépez, Juan Briceño y Mauricio Martínez, de Alianza por el Gran Cambio; Fernando Cubas, de Fuerza Social; y Ramses Pérez, de JUSTE, fueron los encargados de recibir el informe que revela las graves falencias sobre la seguridad ciudadana en nuestro país.

El informe muestra cifras documentadas en diversos aspectos de la seguridad ciudadana. Narcotráfico, terrorismo, violencia social, delincuencia, entre otros, son abordados por Ciudad Nuestra aunque también ahonda en los problemas que tienen el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el sistema carcelario del país.

“Mientras el Perú ha seguido creciendo económicamente a tasas muy altas durante la segunda administración de Alan García, las condiciones de seguridad pública se han deteriorado. En efecto, el narcotráfico ha avanzado, los remanentes del terrorismo se han fortalecido, las protestas sociales se han hecho más violentas y la seguridad ciudadana se ha debilitado. La nueva administración, que se inaugurará el 28 de julio del 2011 y gobernará el país hasta el 2016, tendrá en la seguridad pública uno de sus más grandes desafíos”, señala al inicio el informe.

Según el documento, el narcotráfico ha tenido un “significativo” avance en los últimos años. Desde el año 2000 las hectáreas cultivadas de hojas de coca aumentaron en 38% mientras que en Colombia estos cultivos se redujeron en un 58%. En el 2011 estamos cerca de igualar al vecino país norteño.

Asimismo se señala que la producción de cocaína creció en 214% pues de las 141 toneladas métricas que se elaboraban en el año 2000 se pasó a un incremento de 302 en el 2008. Además el libro informa que si bien Colombia sigue siendo el primer productor del narcótico en el mundo, el Perú se ha convertido en el primer país exportador “pues su tasa de incautación es significativamente menor que la colombiana”. Inclusive en los años 2007 y 2008 nuestro país incautó menos drogas cocaínicas que Venezuela, Bolivia y Ecuador.

El caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es preocupante. El documento afirma que “tampoco existe sentencia alguna recaída sobre los 466 informes de transacciones sospechosas comunicadas al Ministerio Público por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde el inicio de sus funciones, en el 2003. Estas transacciones suman 4462 millones de dólares, 84% de los cuales provienen del tráfico ilícito de drogas”.

En el tema del terrorismo las preocupaciones no son menores. De las 190 acciones terroristas que hubo en el 2000, a fines del 2009 se registraron 901, el nivel más alto desde 1995. Inclusive el documento informa que en el VRAE las fuerzas del orden tuvieron bajas que superaron las 50 víctimas mortales mientras que ningún sedicioso fue detenido o cayó en alguno de los enfrentamientos.

a delincuencia también ha aumentado en los últimos años tal y como se desprende del documento. Los homicidios que entre el 2000 y 2004 tenían una tasa de 5 asesinatos por cada cien mil habitantes se elevaron desde el 2005 al 2009 en 120% incrementándose a 11 dicho promedio.

Un dato curioso lo dan las estadísticas del 2009 en los departamentos sureños de Arequipa y Moquegua que tienen las cifras de homicidios más altas del Perú: 30 y 25 asesinados por cada 100 mil pobladores mientras que Lima, siendo la ciudad más poblada del país, tiene un promedio de 7.

El Barómetro de la Américas señala en su informe del 2010 que el Perú es el país con la mayor percepción de inseguridad en las Américas, inclusive sobre otras naciones tan convulsionadas como México, El Salvador y Brasil. Será por ello que en la encuesta hecha por Apoyo a encargo de Ciudad Nuestra, en 17 ciudades del país la población aprueba con un pobre 13 al serenazgo mientras que a la Policía Nacional la desaprueba con 08.

El informe también señala que el propio personal de las comisarías indica que para un buen trabajo policial deben contar con un patrullero y medio, dos motocicletas y el doble de las municiones con las que cuentan actualmente. Sin embargo el año 2010, el Ministerio del Interior ejecutó el 94,4% de su presupuesto, el mismo que ascendió a los mil 782 millones de dólares. Con ese 6,6% devuelto al erario se pudo haber comprado el segundo patrullero para todas las comisarías del Perú, afirma Gino Costa.

El incremento de la delincuencia se ve reflejado en el aumento de la población penal del país. A inicios del 2000 eran 28 mil los presos del Perú mientras que en el 2010 la población penitenciaria bordeaba las 45 mil personas distribuidas en 67 penales. El incremento es de 62%. Ciudad Nuestra considera que la actual política penitenciaria es ineficiente pues los delincuentes ingresan a los recintos penitenciarios para especializarse como criminales. Al final, el costo para el Estado es mayor porque son delincuentes que no se resocializaron sino que, por el contrario, se volvieron más avezados y salieron a las calles para delinquir.