(Editorial) Conflictos sociales e irresponsabilidad de presidentes regionales
Varias de estas autoridades, como ocurre hoy en el Caso Conga, se han involucrado irresponsablemente como promotores o agitadores políticos…
El paro indefinido en Cajamarca contra el megaproyecto minero Conga tiene raíces diversas que van desde el temor y la desinformación de la población, hasta la agitación que lidera Wilfredo Saavedra Marreros, un conocido miembro de la banda terrorista MRTA que fue sentenciado por tales vínculos.
En el contexto crítico, resulta inexplicable que el presidente regional Gregorio Santos Guerrero –antes aliado del partido de gobierno– se enfrente al presidente Ollanta Humala y le exija una reunión el lunes para “dialogar”, en medio del caos que, siendo autoridad, ha contribuido a generar.
Vale recordar que Santos guarda estrechas relaciones con Cuba y a mediados del año viajó a ese país supuestamente para gestionar el apoyo de especialistas en salud para un nuevo hospital. Ya un opositor chavista alertó en la campaña electoral sobre el peligro de la cercanía de un sector de Gana Perú con los servicios de inteligencia cubanos y su posible presencia y operación en el Perú. Un dato por tomar en cuenta, en la escalada antiinversión cajamarquina, es su nivel logístico y de organización, que parece previsto con perfecta antelación.
En el caso de los conflictos sociales no puede soslayarse la responsabilidad de las autoridades regionales y municipales, a las que se les ha transferido mayores funciones, y recursos del canon minero, entre otros tributos. Más allá de las cuestionables agendas políticas soterradas y de la posible y muy peligrosa interferencia de personajes ideologizados –vinculados a países extranjeros–, es un hecho que estas autoridades generan descontento en la población por su incapacidad de diseñar proyectos y ejecutar sus presupuestos para las obras que sus regiones demandan y requieren.
Varias de estas autoridades, como ocurre hoy en el Caso Conga, se han involucrado irresponsablemente como promotores o agitadores políticos en campañas y movilizaciones contra proyectos de inversión. Distorsionan, así, la función pública para la que fueron elegidos y violan el principio de unidad del Perú como república y nación, alteran la paz social y son un freno para el desarrollo con inclusión que promueve el régimen humalista.
Según el MEF, faltando un mes para que termine el año, la ejecución presupuestal de las regiones no llega siquiera en promedio al 45%. El dinero sigue guardado en los bancos, mientras la población más pobre sigue clamando por obras y dinamismo económico.
Este tipo de situaciones no puede permitirse, pues desvirtúan el proceso descentralizador. Si por un lado las autoridades regionales deben asumir su responsabilidad de fomentar el desarrollo, como parte del Estado, urge que el Gobierno reactive el espacio de diálogo permanente que se había establecido en el Consejo Nacional de Descentralización (CND) como bisagra de coordinación, planificación y prevención de conflictos entre autoridades regionales, municipales y el Gobierno Central.
En el caso de Conga urge restablecer el orden mediante el diálogo, pero de ninguna manera bajo chantaje como pretenden los agitadores. La minera tiene también su cuota de responsabilidad. No era difícil prever que el traslado de tres lagunas –en una zona de vocación agrícola y ganadera y altamente informada y sensibilizada sobre la importancia del recurso hídrico, en un escenario de cambio climático global– podría ser fácilmente utilizado como excusa para movilizar a la población contra la necesaria inversión minera.
Pero, si un condenado por terrorismo no puede dictar la agenda nacional, coludido con un presidente regional, una empresa tampoco puede dar señales de intransigencia cuando debe mostrar disposición al diálogo y a una eventual y pequeña modificación de sus planes originales. Es necesario llegar a una situación donde ambas partes ganen, y con ello el Perú entero, y las futuras megainversiones.
