A pesar de los constantes anuncios gubernamentales de mano firme contra la minería ilegal, la realidad es que esta lacra sigue atentando contra los ecosistemas y envenenando grandes extensiones de nuestro territorio, como sucede en Madre de Dios. Esto a falta de normas realistas, precisas y firmes. En el penal San Francisco de Asís de Puerto Maldonado, por ejemplo, no hay un solo sentenciado por delito de minería ilegal, porque esta no está tipificada como tal.
Se ha visto cierta reacción gubernamental con el tema, principalmente con la destrucción y hundimiento de varias dragas. Sin embargo, hay áreas como La Pampa –ni más ni menos dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata–, a escasos kilómetros de lo que es considerado uno de los mayores centros de biodiversidad del planeta, donde las devastadoras invasiones mineras siguen operando impunemente.
Esta dañina actividad utiliza maquinaria conocida como ‘chupaderas’, que abren enormes agujeros en la llanura amazónica, y que son reemplazadas rápidamente cuando son decomisadas, pues estas mafias de buscadores de oro mueven millones de dólares diarios, en territorios que se están convirtiendo en zona de nadie.
La Policía Nacional no cuenta con instrumentos legales para frenar a quienes perpetran estos crímenes ecológicos, simplemente porque ¡la minería informal no está tipificada como delito! El Gobierno y el Poder Legislativo no han actualizado las leyes para luchar contra un delito que genera tanta destrucción ambiental y un circuito de tráfico de menores, de mujeres, prostitución, alcoholismo, evasión tributaria, entre otros excesos.
Actualmente se está tratando de regular el flujo de combustible que circula por la carretera Interoceánica, acelerar el proceso de formalización de los mineros e incrementar el número de efectivos policiales. Pero es poco lo que pueden hacer, pues los destructores del ambiente no pueden ser objeto de una denuncia contundente ni de la correspondiente sanción, por carencia y vacío de normas legales adecuadas.
Y lo que es peor, los policías se sienten atados de manos, como explica el coronel Miguel Navarrete, jefe de la región policial de Madre de Dios, ante el temor de ser denunciados por abuso de autoridad. El mundo al revés. Al final, las invasiones entre los kilómetros 103 y 117 de la carretera Puerto Maldonado-Cusco continúan siendo promovidas por seudoconcesionarios que albergan a empresarios a los que no se les puede responsabilizar por nada.
El Gobierno y el Congreso de la República tienen que actuar coordinadamente para enfrentar el grave problema de la minería ilegal, que demanda soluciones radicales. No solo porque deforesta y contamina con mercurio los ríos y afluentes, sino también porque perpetúa la informalidad económica y promueve ciclos denigrantes de prostitución, trata de personas y descomposición social y moral, como mencionamos en líneas anteriores.
Tal como se dio el Decreto de Urgencia 012-2010, para implementar vías de formalización en el llamado corredor minero, urge la aprobación de normas adecuadas y suficientes para tipificar este delito y erradicar a los mineros ilegales que actúan en Madre de Dios y en otras regiones del país, causando profunda destrucción ambiental.
