(Editorial) Revocación: derecho democrático para ser responsablemente utilizado
Se trata de descartar la existencia de agendas individuales que pretendan promover intereses politiqueros o ideologizados…
En este primer año de gestión de los nuevos gobiernos regionales y municipales, varios grupos de ciudadanos han adquirido los kits electorales necesarios para iniciar la revocación de autoridades edilicias y regionales. En el caso de Lima, cuatro grupos –que conformarán una alianza– impulsan la remoción de la alcaldesa Susana Villarán.
Por encima de las reacciones iniciales, de las simpatías o de los intereses político-partidarios de las autoridades impopulares, debemos subrayar que la revocación es un mecanismo de la democracia directa, reconocido y garantizado por el ordenamiento constitucional de numerosos países, incluido el Perú.
En algunas naciones la figura permite inclusive revocar al presidente y a todas las autoridades elegidas. Es el modo como los votantes ejercen su derecho al control ciudadano, a expresar su disconformidad con la gestión o la conducta de sus autoridades y a sacarlas de sus cargos antes del fin de su gestión.
En un Estado de derecho, democrático y moderno, la figura se da dentro de un marco normativo. Para el caso de nuestro país la Ley 26300, o Ley de Participación y Control Ciudadanos, fija plazos y mecanismos. En Lima se exige, por ejemplo, la presentación de 400 mil firmas para convocar una consulta popular y la revocación solo puede ejercerse durante el segundo y tercer año de gobierno municipal o regional. Y es que sería incoherente remover a una autoridad al comienzo o al final de su gestión.
Un proceso de revocación genera, por cierto, crispación e inestabilidad política y social, por lo que debe ser planteado con responsabilidad y sensatez.
Los promotores de estas iniciativas han de ser lo más transparentes posible y explicar con claridad sus fundamentos, ámbito de representatividad y hasta sus fuentes de financiamiento. Se trata de descartar la existencia de agendas individuales que pretendan promover intereses politiqueros o ideologizados.
Queda claro que la razón y la responsabilidad deben prevalecer sobre la emoción al momento de pensar en plantear una revocación. Ha de evaluarse si la gestión de las autoridades responde a criterios de eficiencia y planeamiento; determinar si existe real voluntad política de servir a los ciudadanos, comprometerse con una agenda de gobernabilidad y promover consensos democráticos con los regidores o el consejo regional; y analizar si convoca a los mejores cuerpos técnicos para concretar sus planes de gobierno y promesas electorales. Con objetividad debe sopesarse también si el plazo transcurrido es suficiente para descalificar a la autoridad como para pensar en su remoción.
Si se avanza en un proceso revocatorio, no debe quedar duda de que su motivación es realmente democrática y que la autoridad ha demostrado flagrante ineficiencia o corrupción. Solo así no se desvirtuará este importante mecanismo de la democracia directa.
