El Tribunal Supremo ha condenado a
Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el
«caso Gürtel» y sus abogados, han informado fuentes jurídicas. El Alto Tribunal lo ha inhabilitado por actuar «a la altura de regímenes totalitarios» con los imputados de la «Gürtel». La condena señala que el magistrado de la Audiencia Nacional
vulneró de forma «drástica e injustificada» el derecho de defensa de sus investigados, lo que le supondrá la «pérdida definitiva» del cargo.
El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.
La sentencia del Alto Tribunal, que se ha aprobado por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón por las escuchas, supone la «pérdida definitiva» de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión «sin razón alguna que pudiera resultar minimamente aceptable».
En el banquillo por dos causas
El tribunal está presidido por el magistrado Joaquín Giménez. La sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena -instructor del caso de los cobros de Nueva York- y Luciano Varela -instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo-.
Se trata de la
primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Ayer mismo quedó visto para sentencia el
segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al
investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello. Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir «todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad».
El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el «pinchazo» de las entrevistas entre presos y abogados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos
otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Una vida dedicada a la judicatura
Baltasar Garzón Real ingresó en la carrera judicial en 1981 y ejerció como magistrado instructor de la Audiencia Nacional durante casi 22 años,
desde 1988 hasta el 14 de mayo de 2010. Ese día Garzón bajó por última vez las escaleras de la Audiencia Nacional
con lágrimas en los ojos y entre el aplauso de los funcionarios de su juzgado, tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión del juez
Luciano Varela de dictar la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Garzón, segundo de una familia de cinco hermanos,
nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia de agricultores. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979, asumió su primer destino en el juzgado de la localidad onubense de Valverde del Camino. Su desembarco en la Audiencia Nacional se produjo el 29 de enero de 1988, fecha desde la que asumió el Juzgado Central de Instrucción Número 5. En sus primeros años en el tribunal centró su labor en la lucha contra la banda terrorista
ETA, siendo
el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a etarras, y la persecución del narcotráfico gallego, lo que comenzó a darle notoriedad gracias a operaciones como la "Operación Nécora".
En 1993, Garzón hizo un paréntesis en su carrera judicial y aceptó el encargo de Felipe González para entrar en política como número dos de las candidaturas del PSOE por Madrid. Tras las elecciones, que el líder socialista ganó tras centrar su discurso en la lucha contra la corrupción, Garzón fue nombrado secretario de Estado del Plan Nacional contra las Drogas. Decepcionado por su paso por la política, se reincorporó a la Audiencia Nacional en mayo de 1994, donde comenzó a investigar el terrorismo de Estado de los GAL por el que fueron condenados el ex ministro del Interior
José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad,
Rafael Vera.
En 1998 el magistrado saltó a la fama internacional cuando ordenó la detención del dictador chileno
Augusto Pinochet cuando se encontraba realizando una visita médica a Londres. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o países como China, Ruanda o Guatemala.
Convertido ya en juez estrella, Garzón inició entonces el cerco al entorno de la banda terrorista ETA, con
sumarios como los instruidos contra EKIN, KAS y XAKI (18/98) -las "entrañas" de la banda, según la sentencia de la Audiencia Nacional-, Batasuna y sus 'herriko tabernas' (35/02) y las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y SEGI.
Después de que en 2002
se promoviera su candidatura al Premio Nobel de la Paz, el juez decidió en 2005 abandonar la Audiencia Nacional y trasladarse a EE.UU. para dirigir dos cursos en la Universidad de Nueva York financiados por el Banco Santander. Su decisión de no abstenerse en el archivo de una querella presentada contra esta entidad motivó la apertura de la segunda querella contra el juez por parte del Tribunal Supremo.
Tras su vuelta a la sede judicial, que se produjo en 2006, Garzón investigó al aparato de extorsión de ETA y heredó la pieza que su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, abrió sobre el chivatazo que se produjo en el "bar Faisán" de Irún (Guipúzcoa) durante una operación policial desarrollada en pleno alto el fuego de la organización.
